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Entrevista principal con Oscar López Jerez

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hace 5 años

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Preguntas introductorias.

  • ¿Cómo calificaría el estado actual del Órgano Judicial?

Lo califico, en lo administrativo, deficiente, pero considero que es factible que pueda mejorar de cara al servicio y atención al público, incluyendo los tiempos de respuesta a las peticiones que se planteen; y en lo que respecta al trabajo jurisdiccional, al menos en el área constitucional, se ha mejorado sensiblemente, pues en un período de dos meses, (los últimos dos meses) se han resuelto una cantidad considerable de procesos constitucionales, tanto antiguos como recientes, sin selección alguna de casos, y brindando a todos igual importancia y celeridad en su trámite, sin distingo alguno, programándose como meta, extinguir la mora existente por completo, al menos esa es la intención y propósito, para el año en curso, o en último caso, reducirla drásticamente.    

  • ¿Considera necesarios hacer cambios estructurales dentro de la Corte Suprema de Justicia?

Sí, y más específicamente en el área de tecnología de información y de comunicación, debe mejorar e incrementarse la atención al público, mediante el servicio de manera virtual, desde la notificación electrónica, hasta la presentación de demandas y recursos  contra resoluciones; así también, la designación de personal debida y plenamente capacitados, en las distintas jefaturas y Direcciones de la Corte Suprema de Justicia, ello, encaminado a mejorar la calidad de trabajo y resultados en todos los servicios que dicha institución presta, a fin de lograr una plena eficiencia y eficacia de los mismos.

  • ¿Cuáles    son sus consideraciones sobre la asignación presupuestaria otorgada al Órgano Judicial?

Considero que la actual asignación presupuestaria asignada a la Corte Suprema de Justicia es baja, pues, esta necesita, requiere y debe adaptarse a los cambios tecnológicos que hoy en día se demandan, y que son indispensables para lograr prestar un ágil, adecuado y completo servicio a los usuarios del órgano judicial, servicio que de momento no puede ser prestado satisfactoria y completamente, por gran parte de los tribunales de todo el país, dado que no se cuenta con los recursos tecnológicos necesarios, lo que hace indefectiblemente procedente que el presupuesto de dicha institución, sea sensiblemente incrementado.

  • ¿Cómo el presidente del Órgano Judicial puede fomentar una mejora en la gestión de los diferentes juzgados en el país?

Puedo y deseo fomentar una sensible mejora en la gestión de todos los tribunales del país, mediante la innovación tecnológica en los servicios que se prestan en todas las sedes judiciales, aunado claro,  a la respectiva total y óptima capacitación, tanto de jueces y magistrados, como del personal de cada tribunal, en materia de elaboración y redacción de resoluciones judiciales.

Debo, sí, señalar que la infraestructura tecnológica con que cuenta actualmente la institución tiene muchas oportunidades de mejora, se requiere priorizar la introducción de herramientas tecnológicas al área jurisdiccional  a fin de contar con la información oportuna que responda  a las necesidades de la población salvadoreña, en temas  de justicia.

Es por eso que, se ha establecido como prioridad institucional el fortalecimiento de los proyectos tecnológicos ya existentes, tales como la incorporación de nuevos proyectos que, en un enfoque más agresivo, permita la transformación digital del órgano judicial, y ésta contempla el desarrollo del expediente electrónico en los tribunales, una gestión del Notariado totalmente digital, crear las condiciones para el uso de firma electrónica, digitalización de los expedientes judiciales existentes, un sistema de gestión moderno en el Instituto de Medicina Legal, incrementar el alcance de la realización de audiencias por videoconferencia (virtuales) a todas las sedes judiciales, IML, y demás instituciones del Sector Justicia, y en general, fortalecer la infraestructura tecnológica (acceso a red interna/internet) en cada una de las dependencias del Órgano Judicial, para que puedan acceder a los sistemas informáticos y hacer uso de las herramientas tecnológicas desarrolladas.

El proyecto de transformación digital del Órgano Judicial busca que en un corto y mediano plazo, se logre contar con un modelo de justicia electrónica en el país, para contribuir a una justicia más cercana y eficiente, de cara a los nuevos retos y exigencias que demanda la sociedad salvadoreña.

  • ¿Cuál considera que debe ser la relación de la Corte Suprema de Justicia con los sindicatos de la institución?

La relación entre la Corte Suprema de Justicia y los distintos sindicatos que actualmente existen dentro del Órgano Judicial, debe ser estrecha y cordial, pero sobre todo, debiéndose tomar como punto de partida, el factor humano, y las necesidades principales de los trabajadores de dicho Órgano, buscando ambas partes la mejor solución a los problemas que se susciten, ello, a traves de negociaciones lógicas y justas, en las que ambas partes cedan, a fin de lograr consensos y acuerdos de beneficio para las mismas.

Debiéndose tomar en cuenta, prioritariamente, la protección de los derechos constitucionales de los trabajadores del referido Órgano, sin caer tampoco, en el exceso o abuso de tales derechos, a fin de lograr una correcta administración de justicia, en beneficio de los usuarios de esta última, y para la consecución de tal fin, fomentaré conversaciones periódicas con los representantes de dichos sindicatos, encaminadas a mantener un cordial y transparente entendimiento con los mismos, de las que se obtengan los mejores resultados para ambas partes.

Preguntas estructurales.

  • ¿Considera necesario realizar cambios en el funcionamiento de la Sección de Probidad?

Es total y urgentemente necesario efectuar cambios dentro de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, pues, desde hace ya varios años, aquella ha venido presentando sensibles atrasos en la tramitación y finalización de los informes preliminares de las distintas y numerosas investigaciones que en la misma se llevan a cabo, ello, debido al exiguo número de empleados que en la misma actualmente existen, siendo por ello necesario dotar de más personal a dicha Sección, pues, es significativamente enorme la carga laboral que en materia de análisis, recolección de información y documentos que en esa sección se realizan, respecto de cada funcionario, lo que en muchos casos llevó a la prescripción de éstos.

Siendo también necesario que los magistrados miembros de la Comisión de Probidad, desempeñen un papel protagónico, acompañando el trabajo de la referida Sección en todos los casos que se diligencian las investigaciones de funcionarios con el fin de evitar la prescripción de los casos que se tramitan, y en tal sentido, se lograría que los informes sean conocidos de manera pronta, y luego sometidos al pleno de la Corte, para su definición, dentro del tiempo establecido.  

  • ¿Cuáles son sus consideraciones sobre el actual procedimiento sancionatorio de los jueces?

Primero, debe decirse que la actual normativa que contiene y regula el procedimiento sancionatorio que debe seguirse contra jueces y magistrados, es decir, la Ley Orgánica Judicial, adolece de falta  de claridad en la definición de las distintas infracciones atinentes a dichos funcionarios, pues, estas con la confusa actual redacción, permiten que resulte fácil atribuir la comisión de una infracción a un funcionario judicial, lo que termina deviniendo en una posterior exoneración que desgasta al sistema y no permite una correcta administración de justicia, ante ello, es necesario y urgente revisar dicha normativa, efectuando una correcta y clara definición del catálogo de infracciones en las que podrían incurrir tales funcionarios, a fin de que la comisión de estas no quede impune.

También se debe realizar un estudio de las distintas sanciones a imponer al funcionario infractor, a efecto de establecer la conveniencia de incrementar dichas sanciones, pues, ello conllevaría a que éste sea más cuidadoso en realizar un óptimo desempeño de sus labores tanto jurisdiccionales como administrativas, de su respectivo tribunal, eso sí, respetándose, obligatoriamente, los derechos constitucionales del investigado, a lo largo de todo el procedimiento sancionatorio, dentro del cual, debe recolectarse todas las pruebas con las que cuente aquél, y recibidas éstas, juntamente con las del denunciante, en su caso, analizando las mismas en forma imparcial y objetiva, dentro de un legal y debido proceso, aplicándose la referida normativa, y las que la complementan, no debiendo importar las relaciones de amistad o enemistad, entre el investigado y el magistrado que deberá imponer la respectiva sanción.

Y de haberla, mejor apartarse este último, a fin de que la sanción sea impuesta objetivamente, todo a fin de que se emita en dicho procedimiento, la decisión más próxima a la justicia.   

  • ¿Cómo se podría mejorar el trabajo de la Sección del Notariado? ¿Apoyaría descentralizar las funciones de la Sección?

Antes de pasar a analizar cómo se podría mejorar el trabajo de la Sección del Notariado, es importante señalar que debe mejorarse la comunicación y el trato entre dicha Sección y los notarios, ello, mediante capacitaciones constantes a impartirse a estos últimos, lo que conllevaría a advertir, prevenir y reducir drásticamente el cometimiento de infracciones y graves errores notariales, mismos que ulteriormente, afectan a los particulares que pagan por los servicios notariales, y a su vez, disminuiría significativamente, el inicio y número de procedimientos contra notarios.

Ahora, ya en lo concerniente al funcionamiento de dicha Sección, como lo es, principalmente, la legalización y fiscalización de libros de protocolo, teniendo como meta el cumplir con los plazos de respuesta, ante una creciente y significativa demanda de dichos servicios, misma que ha llevado a una lenta y prolongada respuesta a las solicitudes formuladas, tanto por notarios como por los intervinientes en los instrumentos que ante aquellos se otorgan, o de terceros interesados, y habiendo reconocido tal problemática, se está claro que la solución a ésta, debe ser integral, a partir de la reingeniería de sus procesos y la promoción de acciones que permitan un mejor control de su actividad.

Actualmente se ha dado marcha a un plan piloto de digitalización de libros de protocolo, asimismo, se han modificado algunos de los sistemas que operativiza su trabajo, se ha potenciado la labor de estudiantes de horas sociales y práctica jurídica para equilibrar las funciones administrativas y jurídico-administrativo de dicha dependencia, y finalmente, existe en estudio una nueva normativa que aproxime la función pública notarial a las necesidades actuales de la sociedad, también que se evalúe -entre muchos puntos- el soporte electrónico del libro de protocolo como medio de resguardo y el acercamiento progresivo de los servicios prestados, para el favorecimiento de la regionalización.

Sobre la última pregunta, en principio, apoyo la creación de regionales de la oficina que gestiona la función pública notarial en el territorio nacional, pero, bajo la idéa de la desconcentración, más que la descentralización, de tal suerte que sea una entidad superior de la misma institución responsable de sus actuaciones; y es que, en definitiva, es necesario potenciar la cercanía de los servicios que presta la Sección del Notariado a todo usuario, fortaleciendo las pautas de equidad, justicia, objetividad, imparcialidad, tiempos razonables de respuesta, todo al servicio de la dignidad humana.

Para terminar, considero oportuno y necesario señalar, que para mi gusto, aboliría la entrega y vigilancia de libros de protocolo por parte de jueces de primera instancia, pues, dado el excesivo trabajo jurisdiccional que éstos afrontan diariamente, es muy difícil que puedan ejercer una labor de estricta vigilancia sobre el manejo que los notarios hacen de los libros de protocolo que les son entregados.

Una deuda que tanto la Sección y la propia Corte Suprema tiene para con el usuario, es la entrega expedita de los testimonios que le son solicitados a dicha Sección, misma que puede lograrse mediante la modificación de los criterios para su otorgamiento, y la reducción de requisitos para la entrega de tal instrumento, para lo cual se necesita de reformas  a la Ley Orgánica Judicial y de la propia Ley de Notariado, siendo la meta que me he propuesto, que dichos testimonios sean entregado en un plazo máximo de diez dias hábiles.     

  • ¿Cuál es su opinión sobre el actual mapeo judicial para la distribución de recursos en los tribunales?

Considero que el mapeo judicial ya está bastante obsoleto, y en defecto de este, debe realizarse una visita in situ, para conocer la real  carga laboral de cada tribunal, sus necesidades, y así, distribuir los recursos, tanto de personal, como de equipo, a nivel nacional, lo que devendría en una optimización de todos los recursos, y en una mejor administración de los mismos, favoreciendo ello, la buena y correcta utilización de recursos económicos, tanto locales, como aportaciones o donaciones de instituciones y organismos extranjeros, como de países amigos.  

  • ¿Cómo la Corte Suprema de Justicia puede proteger a los jueces ante sus resoluciones?

Sobre tal punto, considero, y lo quiero decir con total franqueza, que la única forma existente de proteger a los jueces y magistrados respecto de las resoluciones que al efecto emiten, es a través de los proveídos que en materia de medios de impugnación son controladas por los tribunales superiores respectivos, es decir, que éstos realicen un análisis objetivo y exhaustivo de las resoluciones que les son remitidas, todo a fin de salvaguardar y garantizar la calidad de las resoluciones impugnadas, no revocando éstas por caprichos, enemistad o incomodidad existentes entre aquéllos, y el juez impugnado.   

Preguntas sobre gremio.

  • ¿Cuál es su opinión sobre la colegiación de abogados?

Sí, me gustaría la idea de una colegiación de abogados, siempre y cuando se garantice una correcta, estricta y ordenada vigilancia de las actuaciones de éstos, lo cual me parece, triste, que sería poco probable que ello fuese logrado, dado a las relaciones de amistad que al efecto existirían entre las autoridades superiores de dicho ente y los abogados. Pero tampoco es muy feliz que sea la Corte Suprema quien tenga que estar sancionando abogados, pues, aquella se convierte en juez y parte al mismo tiempo.

  • En su momento existió una propuesta dentro de la Asamblea Legislativa de facultar a la CSJ de cobrar para poder realizar el examen del notariado, ¿usted apoyaría esa propuesta?

En principio, la administración de justicia es gratuita -art.181 Cn- desde todas sus facetas, mismas cuyo sustrato general tiene por postulado, asegurar a cada individuo su realización personal, para el caso, gozar de la calidad de notario; sin embargo, tal seguranza no es absoluta, pudiendo limitarla siempre que tales condiciones -para el caso en particular pecuniarias- Se basen en razones suficientes como para justificar la implementación, posibilitando así dar a cada individuo lo que le corresponde, dentro de pautas de interés general; es decir, tendría que valorar los argumentos que motivaron la posibilidad de cobro para el examen de notariado, para dar una respuesta concreta.

Una circunstancia a tomar en cuenta también, respecto de la procedencia de tal cobro, es recordar que los notarias son delegados del Estado, por lo que sería ilógico y hasta contradictorio que aquellos paguen por la realización de un examen para poder ejercer, por delegación estatal, una función pública.

  • En su momento usted apoyó una propuesta de Código Procesal Laboral, sin embargo, este fue recientemente archivado, aunque se llegó a contar con dictamen, ¿se volverá a presentar una iniciativa de esa naturaleza por parte de la CSJ?

Definitivamente sí, aunque mi persona ya no forma parte de la Sala de  lo Civil, en la que dentro de las ramas del derecho que se conocían, estaba la del Derecho Laboral, siendo necesario acotar, que en esta nueva ocasión, previo a elaborar un nuevo anteproyecto, como Corte Suprema, se harán las consultas pertinentes, tanto de sindicatos, como de los sectores involucrados en materia laboral, ello a fin de presentar ante la Asamblea Legislativa, una herramienta e insumo, útil y lo más completo posible, dejando claro si, que ello no es excluyente de las gestiones que al efecto realice dicha institución.

  • ¿Considera que hay aspectos a mejorar en el funcionamiento de las practicas judiciales al interior de los tribunales?

Totalmente, hay que efectuar sendos cambios y modificaciones en materia de prácticas judiciales, y es más, actualmente se está incrementando las mismas en forma exponencial.

Preguntas generales.

  1. ¿Por qué se solicitó suspender el examen del notariado este año?

Como funcionario público, participo por mandato constitucional de los fines del Estado, mismos que se resumen en el artículo 1 de nuestra Carta Magna, siendo la persona el fin de la actividad del Estado y su dignidad, la afirmación positiva de su personalidad, en ausencia de condiciones que garantizaran la integridad de los profesionales del derecho que se someterían a la logística del examen de suficiencia para ser autorizados como notarios, ante el contexto de pandemia que aun vive el país, se ponderó solicitar la suspensión de la referida prueba, hasta obtener una opción que llene tal garantía para su seguridad.

Aparte de ello, ninguna institución educativa quiso brindar sus instalaciones para tal actividad, y tampoco se pudo contar con el personal que participaría en la logística de dicha prueba de suficiencia.

  • ¿Considera viable realizar el examen del notariado de manera virtual? Como el examen de prácticas judiciales.

Siempre que la tecnología a utilizar, garantice la autenticidad, integridad, confidencialidad y equivalencia funcional del conjunto de datos que conformen la estructura de tal modalidad de la prueba de suficiencia, considero que podría ser viable; pero existe una gama de variantes a considerar, más allá de la herramienta tecnológica misma.

Estoy considerando seriamente realizar la prueba de suficiencia de manera virtual, con un programa que vaya exigiendo que no pueda pasarse a la siguiente pregunta, mientras no haya sido respondida la anterior, estableciéndose un tiempo límite para responder a cada pregunta, y que cada respuesta dada, inmediatamente sea calificada tal como actualmente lo está realizando el Consejo Nacional de la Judicatura, en los exámenes de los aspirantes a jueces del país.

Debe señalarse que en la modalidad de exámenes electrónicos, la dificultad mayor es la falta de certeza de la identificación de la persona que realiza la prueba.

En el caso específico de las prácticas jurídicas, se ha realizado como prueba piloto en la institución, para evaluar las herramientas tecnológicas con que se cuenta actualmente y considerando en este caso particular, que existe una coordinación con las unidades que colaboran a identificar a la persona.

En el caso del examen de notariado, la institución cuenta con la herramienta tecnológica necesaria para realizar la prueba y aunado a ello, ya se alcanzó el 74% en la carnetización de abogados, lo que nos permite tener mayor certeza del profesional a evaluar.

La dificultad en un examen virtual o a distancia, es que se tendría que exigir al evaluado la capacidad tecnológica de poderse identificar y que para realizar la prueba tendrá que contar con una laptop o computadora de escritorio con cámara como mínimo e internet  estable, capaz de mantener la comunicación todo el tiempo que se desarrolle la prueba, todo esto para garantizar que el abogado que realice el examen, sea el que digitalmente ha dicho y así poder avalar que los aprobados sean capaces de ejercer como notarios.

Tecnológicamente el Órgano Judicial está listo, pero se necesita que los evaluados tengan las condiciones técnicas ya antes descritas.

  • ¿Qué prácticas judiciales fomentará para disminuir la mora judicial dentro de los tribunales de El Salvador?

De hecho, ya sostuve una reunión con los magistrados presidentes de las restantes tres Salas de la Corte Suprema de Justicia, en la que se tomaron acuerdos para reducir drásticamente la mora existente en cada una de ellas, y para ello se incrementará el número de resolutores, y un mejor salario para los mismos, como una motivación para obtener mejores resultados y un sensible incremento en la producción de proyectos de resoluciones, lo cual también se evaluará a nivel de todo el Órgano Judicial. También se ha programado, como meta, lograr la realización del ciento por ciento de las audiencias de toda naturaleza o materia, de forma virtual a fin de que ya no se frustren, debido al no traslado de los reos a las sedes judiciales.

  • ¿Cuál es su consideración sobre la implementación de tecnologías dentro de los tribunales?

El uso de la tecnología en el Órgano Judicial se ha implementado lentamente, y existen esfuerzos que poco a poco se han ido desarrollando, ya que, históricamente, el área tecnológica ha sido relegada a un trabajo de soporte técnico, sin embargo, a raíz de la crisis sanitaria mundial, producto de la pandemia por COVID-19, queds, genere los resultados deseados electro esta visique serlas cuales se puede mencionar: La adopción dejó demostrado que el desarrollo tecnológico es indispensable para que las instituciones puedan continuar realizando sus funciones ininterrumpidamente, y el Órgano Judicial no es la excepción, por lo que ya se están ejecutando cambios y ajustes estratégicos dentro de la institución, siendo uno de éstos el desarrollo tecnológico como eje principal, para la modernización tecnológica del Órgano Judicial, entre las cuales se puede mencionar: la adopción de nuevas tecnologías facilitará la gestión en los tribunales, permitirá brindar servicios de mayor calidad, dará a la sociedad salvadoreña un Órgano Judicial actualizado, moderno e innovador, que será capaz de afrontar cambios en poco tiempo y lo hará de forma ágil, eficaz y eficiente, esto proporcionará mayor acceso a la justicia a los salvadoreños.

Durante los últimos meses, se ha buscado fortalecer proyectos bajo esta visión, tales como la implementación de servicios electrónicos  en unidades como investigación judicial, notariado, así como la digitalización de archivos de notariado, la carnetización de abogados de la república, lo cual permite la identificación y actualización de información, logrando un insumo importante para implementar la firma electrónica y la recepción de documentos electrónicos en las sedes judiciales.

Es necesario considerar que para que la tecnología funcione adecuadamente y que genere los resultados deseados, se debe fortalecer la inversión en la infraestructura tecnológica de todo el Órgano Judicial, garantizándose el acceso a la red, y que las sedes judiciales cuenten con el equipo idóneo, capacitar al personal técnico en las nuevas tecnologías y sobre todo, sensibilizar y capacitar al personal del área jurisdiccional en el uso de las herramientas tecnológicas. Asimismo, es de suma importancia que los usuarios del sistema de justicia conozcan dichas herramientas y se les oriente en el uso de éstas.

  • ¿Cómo mejorar la transparencia de las decisiones judiciales dentro del Órgano Judicial?

La transparencia de las decisiones judiciales se puede lograr por medio del área de tecnología, y es más, tal transparencia se puede mejorar fortaleciendo a corto y mediano plazo, las secciones tecnológicas en la institución, esto generaría las condiciones necesarias para poner a disposición las consultas públicas en línea, datos, información, videos, transcripciones, mismas que por cierto, ya algunas se realizan.

La divulgación de las resoluciones que diariamente se dictan, favorecería sensiblemente la publicidad y trasparencia del quehacer jurisdiccional, y por mi parte, es un deseo enorme que mi persona tiene, que todas las resoluciones emitidas sean de dominio público, y que así, el pueblo salvadoreño, y la comunidad internacional, revisen la calidad de aquellas, siendo para la consecución de tal fin, un bastión invaluable e indispensable, el soporte tecnológico.

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El Derecho Laboral frente a la digitalización y transformación tecnológica

Escrito: Daniel Alberto López | Asociado en GarciaBodan

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Publicado

hace 4 días

el

9 de abril de 2026

Por

En el ámbito del derecho laboral, estos avances ya forman parte de la  realidad práctica y, sin duda, continuarán evolucionando en el corto plazo, incidiendo en la  forma en que se estructuran, desarrollan y extinguen las relaciones de trabajo, y generando  nuevas dinámicas de seguridad jurídica tanto para empleadores como para trabajadores.  

En pleno 2026, y frente a los avances globales en materia de digitalización y nuevas implementaciones de las tecnologías de la información, así como de situaciones conexas,  tales como el uso de soportes o archivos documentales electrónicos, las relaciones  comerciales entre clientes y proveedores de forma virtual y las estructuras organizativas  empresariales que cada día tienden más a entornos digitales, resulta indispensable hacer  hincapié en la transformación de las relaciones laborales, las modalidades de trabajo y la  manera en que estas se documentan con el transcurso del tiempo. 

El punto de partida de toda relación laboral continúa siendo el contrato de trabajo,  documento mediante el cual se formaliza el vínculo y se establecen las condiciones bajo  las cuales el trabajador prestará sus servicios. De conformidad con el artículo 18 del Código  de Trabajo, este debe suscribirse en triplicado y remitir un ejemplar a la Dirección General  de Trabajo. Sin embargo, en la práctica el cumplimiento de esta obligación ha evolucionado:  se ha pasado de la entrega física del documento a su carga digital a través de la plataforma  habilitada por el Ministerio de Trabajo. 

Este cambio nos lleva a cuestionar si la exigencia formal de la suscripción en triplicado sigue siendo estrictamente necesaria o si resulta conveniente armonizar el Código de Trabajo con  la realidad tecnológica actual. En este contexto cobra especial relevancia la Ley de Firma  Electrónica, que establece el marco jurídico de los documentos electrónicos y regula la  firma electrónica simple y certificada. Estas herramientas no solo permiten formalizar  contratos en formato digital, sino que además ofrecen mayores garantías de control,  trazabilidad y resguardo documental. 

Por otro lado, contamos con una Ley de Regulación del Teletrabajo, la cual establece el  marco normativo para la organización y prestación de labores de manera no presencial, aprovechando las ventajas y facilidades que ofrecen las tecnologías de la información. Esta  normativa introduce distintos niveles de flexibilidad, tanto en relación con el lugar de  ejecución de las labores como respecto a las formas de comunicación pactadas dentro de  la relación laboral. 

La ley define obligaciones especiales para empleadores y trabajadores bajo esta  modalidad, que se suman a las disposiciones generales del Código de Trabajo. No se trata  de un régimen aislado, sino de una adaptación de la normativa laboral a un entorno  tecnológico que ya forma parte de la realidad empresarial. 

Desde una perspectiva práctica, el teletrabajo puede convertirse en una herramienta clave  para mejorar la operatividad de las empresas, siempre que la naturaleza de las funciones lo  permita. Entre las obligaciones del empleador se encuentra proporcionar los equipos,  herramientas y conexiones necesarias para la ejecución de las labores, o compensar la  depreciación cuando el trabajador utilice equipo propio. Si bien esto puede implicar una  carga económica inicial, en muchos casos se compensa con la reducción de costos  asociados al mantenimiento de oficinas físicas, servicios básicos y mobiliario. 

Es importante señalar que el teletrabajo es voluntario para ambas partes. Puede  implementarse de forma segmentada según la naturaleza de los puestos o departamentos,  y debe formalizarse mediante un contrato específico o una adenda al contrato individual de trabajo cuando la relación haya iniciado de manera presencial. Además, la ley reconoce el  derecho del trabajador que migre a teletrabajo a solicitar su reincorporación a la modalidad  presencial dentro de los treinta días siguientes al inicio de la nueva modalidad, reforzando  así el carácter consensual de la figura. 

Junto a estos avances normativos, también resulta fundamental analizar la evolución  jurisprudencial en materia de prueba electrónica, especialmente en los procesos laborales.  La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido la creciente frecuencia con  la que se aportan pruebas originadas en soportes digitales, atendiendo a su similitud con el  concepto tradicional de documento.

La Sala ha señalado que elementos como correos electrónicos, mensajes de texto y páginas  web poseen carácter documental, pues lo que varía es el soporte en el que se almacena la  información y no su naturaleza. Aunque se trate de soportes electrónicos, intangibles por  definición, estos pueden reproducirse en medios tangibles para efectos de su valoración  judicial. 

Bajo este criterio, los elementos provenientes de fuentes digitales pueden incorporarse  válidamente como medios de prueba en los procesos judiciales, a fin de acreditar los  hechos alegados por las partes. Asimismo, la jurisprudencia ha establecido que no es  indispensable aportar exclusivamente el dispositivo de almacenamiento original; también  es admisible su presentación en formatos tradicionales, como impresiones en papel. La  exhibición del soporte original solo resulta exigible cuando exista petición expresa de la  contraparte, conforme al artículo 397 del Código Procesal Civil y Mercantil. 

Estos documentos pueden hacer plena prueba siempre que su autenticidad no sea  oportunamente impugnada. Tal postura se fundamenta en los principios de veracidad,  lealtad, buena fe y probidad procesal que rigen el sistema salvadoreño. En consecuencia,  la falta de autenticidad no puede presumirse de oficio por el juzgador; corresponde a la  parte contraria alegar y demostrar mediante los mecanismos probatorios pertinentes.  De no hacerlo, se entiende que consiente tácitamente su autenticidad y validez. 

Ahora bien, no puede desconocerse que el constante avance tecnológico que permea  nuestra vida cotidiana también conlleva riesgos potenciales, particularmente en lo relativo  a la posible alteración de elementos contenidos en soportes exclusivamente electrónicos.  La edición, manipulación o falsificación de mensajes, correos electrónicos u otros  documentos digitales constituye un riesgo real, especialmente en un contexto en el que  herramientas como la inteligencia artificial permiten generar contenidos con alto grado de  sofisticación. Así como la tecnología facilita la producción y almacenamiento de  información, también abre la puerta a nuevas formas de distorsión o simulación  documental.

Por ello, resulta fundamental que las partes dentro de una relación laboral adopten medidas  adecuadas de resguardo y conservación de la información generada durante el vínculo de  trabajo, garantizando su integridad, disponibilidad y confidencialidad, a fin de prevenir  pérdidas, alteraciones o divulgaciones indebidas que puedan afectar sus derechos. 

Podemos concluir que, en el contexto actual, la tecnología desempeña un papel crucial y  determinante en nuestra vida diaria: desde las relaciones personales más básicas hasta los  vínculos comerciales y laborales. En consecuencia, los distintos sectores de la sociedad  deben prepararse para implementar de manera responsable las herramientas tecnológicas  disponibles, maximizando sus beneficios operativos sin desatender los riesgos que estas  pueden implicar. 

En el ámbito del derecho laboral, estos avances ya forman parte de la  realidad práctica y, sin duda, continuarán evolucionando en el corto plazo, incidiendo en la  forma en que se estructuran, desarrollan y extinguen las relaciones de trabajo, y generando  nuevas dinámicas de seguridad jurídica tanto para empleadores como para trabajadores.  

El desafío hacia el futuro no radica únicamente en incorporar nuevas herramientas  tecnológicas, sino en lograr una armonización coherente entre la normativa vigente y la  realidad digital, garantizando seguridad jurídica tanto para empleadores como para  trabajadores. La transformación del derecho laboral ya está en marcha, y su evolución  continuará marcada por el ritmo acelerado de la innovación tecnológica.

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La evolución de la prueba electrónica en materia laboral salvadoreña: un análisis integral de transformación jurídica

Escrito por: Carlos David Aguirre | Especialista en derecho laboral empresarial y litigio
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hace 6 días

el

6 de abril de 2026

Por

La pregunta ya no es si la prueba electrónica llegará a los juzgados laborales salvadoreños, sino cuán rápido y efectivamente se implementará y estas sean resueltas de manera correcta. Los abogados y empresas que se preparen hoy estarán mejor posicionados para aprovechar las oportunidades de esta transformación inevitable.
Para comprender la magnitud de esta transformación, es necesario contextualizar el sistema judicial laboral salvadoreño. El Código de Trabajo, promulgado en 1972, ha sido la columna vertebral de la protección laboral en el país durante más de cinco décadas. Aunque ha sufrido reformas puntuales, su estructura fundamental permanece anclada en procedimientos analógicos diseñados para una era donde la documentación física era la norma indiscutible. 

Durante décadas, los juzgados laborales salvadoreños funcionaron con expedientes de papel, pruebas documentales impresas y procesos que dependían de la presencia física de las partes. La Corte Suprema de Justicia, máxima autoridad judicial del país, ha mantenido una postura conservadora respecto a la admisibilidad de pruebas, priorizando la seguridad jurídica sobre la innovación tecnológica. Sin embargo, la realidad empresarial y comercial ha avanzado exponencialmente, creando una brecha cada vez más evidente entre la práctica judicial y la práctica corporativa. 

La incorporación de la prueba electrónica en los procesos judiciales laborales en El Salvador representa una transformación fundamental del derecho laboral. Por lo que es necesario abordar los criterios judiciales emergentes, riesgos legales y oportunidades de modernización que enfrentan empresas y abogados laboralistas. 

CRITERIOS JUDICIALES EN LA PRUEBA ELECTRÓNICA: 

Los tribunales laborales salvadoreños han adaptado sus criterios de valoración probatoria para reconocer documentos electrónicos válidos. La jurisprudencia exige que la prueba electrónica cumpla con: 

1. INTEGRIDAD DEL DOCUMENTO 

El primer requisito es que el documento no haya sido alterado desde su creación. Los sistemas de auditoría digital que registran cada cambio son cruciales para demostrar integridad. Criterio judicial: Los tribunales exigen evidencia de que el documento ha permanecido íntegro desde su generación. Esto puede demostrarse mediante: Certificados de autenticidad digital; registros de auditoría del sistema; respaldos de seguridad. 

2. AUTENTICIDAD DEL DOCUMENTO 

El segundo requisito es verificar la identidad de quien creó o envió el documento. Las firmas digitales certificadas juegan un papel fundamental. Criterio judicial: La Corte Suprema ha establecido que la autenticidad debe demostrarse mediante: Firmas digitales certificadas; Certificados de autenticidad

emitidos por autoridades competentes; Pericia informática que verifique procedencia; Cadena de custodia documentada. 

Implicación práctica: Un documento electrónico sin firma digital certificada puede ser aceptado, pero requiere pericia informática adicional para demostrar autenticidad. 

3. CONFIABILIDAD DEL DOCUMENTO 

El tercer requisito es que existan mecanismos técnicos que garanticen que el documento proviene de donde se afirma que proviene. Criterio judicial: Los tribunales exigen demostración de: Sistemas de autenticación robustos; Protocolos de seguridad implementados; Procedimientos de control de acceso. 

Los juzgados han empezado a aceptar correos electrónicos, mensajes, registros digitales de asistencia y documentos firmados digitalmente como prueba válida, siempre que cumplan estos estándares; La Corte Suprema de Justicia, ha establecido que la prueba electrónica es admisible cuando se demuestre autenticidad mediante pericia informática, exista cadena de custodia documentada y se respeten derechos fundamentales como la privacidad. 

RIESGOS LEGALES 

● Vulneración de derechos fundamentales 

La Constitución salvadoreña protege la inviolabilidad de comunicaciones privadas. Los tribunales rechazan pruebas obtenidas sin consentimiento mediante acceso no autorizado a correos, interceptación de mensajes o vigilancia digital. Las empresas enfrentan rechazo de prueba, demandas por daño moral y violación de derechos. 

● Manipulación y falsificación 

La facilidad para alterar documentos digitales presenta desafíos: manipulación de contenido, falta de peritos especializados y cadena de custodia deficiente. Un tribunal puede desestimar prueba electrónica si existen dudas razonables sobre su integridad. 

● Responsabilidad penal y civil 

Conforme al Código Penal, acceder sin permiso a sistemas informáticos es punible. Las empresas enfrentan responsabilidad por: Delito de acceso no autorizado; Violación de leyes de protección de datos; Sanciones laborales agravadas si la prueba fue obtenida ilícitamente. 

● Incompatibilidad normativa 

Existe brecha entre el Código de Trabajo (1972), normas procesales civiles, leyes de firma electrónica y estándares internacionales, generando incertidumbre sobre requisitos técnicos exigibles.

OPORTUNIDADES DE MODERNIZACIÓN PARA EMPRESAS 

● Eficiencia procesal 

La prueba electrónica permite la presentación inmediata de documentos, reducción de diligencias presenciales y agilización de procesos. Las empresas que adopten sistemas de gestión documental digital pueden resolver conflictos laborales en plazos significativamente menores.

 ● Preservación de evidencia 

Sistemas modernos permiten registros automáticos, auditoría digital completa y respaldo automatizado, generando documentación robusta difícil de impugnar. 

● Cumplimiento normativo 

La adopción de prueba electrónica obliga a implementar políticas de privacidad, capacitación del personal, protocolos de cadena de custodia y estándares internacionales. 

DESAFÍOS DEL CONTEXTO SALVADOREÑO 

El Poder Judicial salvadoreño enfrenta infraestructura tecnológica limitada, falta de sistemas integrados de expedientes electrónicos y personal judicial con capacitación insuficiente. La transición será gradual y desigual entre tribunales; el Código de Trabajo carece de disposiciones específicas sobre requisitos técnicos, estándares de autenticación, protección de datos laborales y privacidad en comunicaciones corporativas, creando oportunidad legislativa para reforma legal; tanto jueces como abogados requieren formación en tecnología forense, ciberseguridad, estándares internacionales y actualización continua. 

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS 

Para empresas: 

  • Implementar sistemas de gestión documental con estándares internacionales. 
  • Establecer políticas claras de privacidad y uso de datos. 
  • Documentar procedimientos de cadena de custodia. 
  • Capacitar al personal sobre manejo de información sensible. 
  • Asesorarse legalmente antes de utilizar la prueba electrónica. 

Para abogados laboralistas: 

  • Especializarse en prueba electrónica mediante cursos y certificaciones. 
  • Desarrollar relaciones con peritos informáticos confiables. 
  • Crear servicios de asesoría preventiva. 
  • Participar en espacios de reforma legal.
  • Adoptar herramientas digitales en su práctica. 

Para el Estado: 

  • Reformar el Código de Trabajo con disposiciones sobre prueba electrónica. 
  • Invertir en infraestructura tecnológica del poder judicial. 
  • Capacitar a jueces en tecnología forense. 
  • Establecer estándares técnicos para admisibilidad. 
  • Crear registros de peritos informáticos certificados. 

La incorporación de la prueba electrónica en los procesos judiciales laborales en El Salvador representa una transformación inevitable y necesaria del derecho laboral. Aunque presenta riesgos legales significativos —especialmente en materia de privacidad, manipulación de datos y responsabilidad penal— las oportunidades de modernización superan con creces estos desafíos. 

Para las empresas, la adopción de sistemas digitales robustos no solo mejora su posición en litigios, sino que fortalece su cumplimiento normativo y reduce costos operacionales. Para los abogados laboralistas, la especialización en prueba electrónica abre nuevas líneas de negocio y posiciona a El Salvador en estándares internacionales de práctica legal. 

Sin embargo, esta transformación requiere de un esfuerzo coordinado: reforma legal que armonice la normativa laboral con los avances tecnológicos, inversión estatal en infraestructura judicial, y capacitación continua de operadores del sistema. Solo así, la prueba electrónica se convertirá en una herramienta que fortalezca la justicia laboral, garantice derechos fundamentales y modernice el acceso a la justicia en El Salvador. 

La pregunta ya no es si la prueba electrónica llegará a los juzgados laborales salvadoreños, sino cuán rápido y efectivamente se implementará y estas sean resueltas de manera correcta. Los abogados y empresas que se preparen hoy estarán mejor posicionados para aprovechar las oportunidades de esta transformación inevitable.

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La oficina en el bolsillo: riesgos empresariales por hiperconectividad

Escrito por: Natalia Barbier, asociada junior de Romero Pineda & Asociados
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Publicado

hace 7 días

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6 de abril de 2026

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En El Salvador, enfrentamos el desafío de pasar de modelos de supervisión tradicionales a una salud organizacional integral, donde la protección de la sociedad ante posibles problemas legales y la protección del empleado contra el desgaste digital se unen en un solo objetivo: la eficiencia operativa. 
La oficina tradicional ya no se limita a cuatro paredes. Ahora, está representada por la pantalla de un teléfono inteligente, una tablet o el monitor de una laptop. En el actual entorno corporativo de El Salvador, el teletrabajo ha evolucionado. Dejó de ser una medida temporal a raíz de una emergencia sanitaria y se ha consolidado como un componente esencial en la estrategia de atracción y retención de talento. Sin embargo, esta transformación ha traído un efecto secundario silencioso y peligroso: ahora, la oficina cabe en el bolsillo del trabajador, junto con la expectativa de que siempre estará disponible. 

A medida que las empresas digitalizan su trabajo, los departamentos legales y de recursos humanos enfrentan un escenario donde los límites están marcados por una delgada y borrosa línea. El Código de Trabajo salvadoreño, diseñado para abordar situaciones que surgieron durante la revolución industrial, choca con una realidad laboral saturada de aplicaciones, correos a medianoche y plataformas en la nube. En este contexto, el derecho a desconectarse digitalmente y a controlar el tiempo de trabajo ha dejado de ser solo un debate teórico. Ahora son riesgos importantes que pueden resultar en contingencias legales, además de ser una fuente significativa de pasivos laborales ocultos. 

El teletrabajo se popularizó a gran escala con la promesa de más flexibilidad y conciliación entre la vida familiar y laboral. Sin embargo, la realidad ha demostrado que borrar las fronteras físicas entre la oficina y el hogar ha difuminado los límites de tiempo. Aplicaciones digitales como WhatsApp, Microsoft Teams, Zoom y el correo electrónico corporativo en dispositivos personales son utilizados como herramientas de trabajo, son propensas a crear una cultura incorrecta de disponibilidad constante y permanente. Esta nueva dinámica no solo afecta a los trabajadores, sino que también coloca a las empresas en una situación de vulnerabilidad legal sin precedentes. 

Desde el punto de vista legal, el contrato de trabajo se basa en una relación entre dos partes, en la cual la remuneración es la contraprestación directa por el tiempo efectivo de servicio y la subordinación al patrono. Sin embargo, el entorno remoto ha facilitado comportamientos que distorsiona esta relación, se observa el uso de software para emular actividad, conocidos como “mouse jigglers“, o mantener artificialmente el estado “activo” en plataformas de mensajería para simular una disponibilidad que no existe. Para el patrono, esto representa un incumplimiento de la jornada laboral normal, lo que puede llevar a un pago indebido o a una remuneración por servicios no prestados. 

La falta de supervisión física directa disminuye la capacidad para verificar el trabajo efectivo, esto genera una asimetría que afecta directamente la rentabilidad y el logro de objetivos corporativos. 

Además de esto, los empresarios enfrentan el riesgo de la extensión unilateral de la jornada laboral. En El Salvador, las horas extraordinarias deben ser acordadas por ambas partes. Sin embargo, la cultura de disponibilidad constante permite a los trabajadores demostrar actividad fuera de los límites legales (8 horas diurnas o 7 nocturnas diarias, y 44 horas diurnas o 39 horas nocturnas semanales) sin necesidad de una instrucción de parte del empleador. 

El riesgo para el comerciante social es que cualquier interacción digital, como un correo, una edición en la nube o un mensaje de texto profesional, puede ser prueba documental del tiempo efectivamente trabajado. Ante una inspección del Ministerio de Trabajo y Previsión Social o un proceso judicial, si la entidad no tiene una política que prohíba explícitamente el trabajo extraordinario sin autorización previa por escrito, este rastro digital se convierte en una posible obligación laboral. La compañía podría ser condenada a pagar horas extras, recargos por trabajo nocturno y multas, basándose solo en registros que los mismos trabajadores generaron voluntariamente. Sin embargo, estos obligan legalmente a la parte empleadora por haber “permitido” o “aprovechado” el servicio. 

El gran problema para la seguridad jurídica empresarial es que la Ley de Regulación del Teletrabajo se encamina a quedar desfasada ante los crecientes escenarios que han surgido desde su aprobación y publicación. A diferencia de otras legislaciones en la región, la ley salvadoreña no establece ni regula explícitamente el derecho a la desconexión digital. 

El artículo 7 de esta ley menciona que el teletrabajador tiene los mismos derechos que los trabajadores que están físicamente presentes y el artículo 11 obliga al empleador a proporcionar las herramientas y estabilidad necesarias, pero estos no establecen nada sobre el derecho de los trabajadores a desconectarse fuera de su tiempo de trabajo. Esta omisión legislativa no beneficia a los empresarios, por el contrario, representa un riesgo. 

Al no haber parámetros claros, estos quedan expuestos a interpretaciones judiciales amplias, ante el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, donde cualquier vacío legal se resolverá bajo el principio in dubio pro operario. La falta de un reglamento que defina las formas de medición válidas para el adecuado control de la jornada digital o los límites del contacto telemático deja a las compañías en una situación de vulnerabilidad. 

Cabe resaltar que, el uso de herramientas de supervisión puede ser considerado acoso o violación de la intimidad, mientras que la falta de control puede resultar en los pasivos financieros mencionados anteriormente. La gestión del tiempo de trabajo en la era digital no debe verse como una lucha de intereses opuestos. Se trata de buscar un equilibrio técnico y legal que garantice la sostenibilidad de los comerciantes sociales. 

En El Salvador, enfrentamos el desafío de pasar de modelos de supervisión tradicionales a una salud organizacional integral, donde la protección de la sociedad ante posibles problemas legales y la protección del empleado contra el desgaste digital se unen en un solo objetivo: la eficiencia operativa. 

El verdadero blindaje empresarial no proviene de la supervisión constante, sino de la claridad en las normas internas. Una empresa que define bien sus límites de conexión resguarda su patrimonio de reclamaciones por horas extra no autorizadas y al mismo tiempo protege a su capital humano del agotamiento. 

Así, la salud organizacional se convierte en una ventaja competitiva: un equipo equilibrado es un equipo productivo, y una estructura con normas digitales claras es una organización con riesgos legales reducidos. 

En última instancia, el éxito de los nuevos modelos de trabajo en nuestra economía no se medirá por la cantidad de horas de conexión, sino por la capacidad de los líderes para convertir el vacío regulatorio actual en un sistema de gobernanza empresarial fuerte y equilibrado. Al institucionalizar protocolos que aseguren una desconexión efectiva y un control de jornada verificable, los comerciantes sociales salvadoreños van más allá del simple cumplimiento administrativo. Pueden construir una cultura de alto rendimiento. En este nuevo contexto, la seguridad jurídica de la entidad y el bienestar de su capital humano dejan de ser conceptos conflictivos. Se convierten en las dos caras de una misma moneda.

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La transformación del derecho laboral mediante prueba electrónica

Escrito por: Douglas Vladimir Zapata | Socio de la firma DZMiAbogado / Consultor en Derecho Laboral.

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Publicado

hace 2 semanas

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27 de marzo de 2026

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Esto significa que un despido puede justificarse con registros electrónicos de asistencia, que un reclamo de acoso puede sustentarse en mensajes de WhatsApp, o que una negociación colectiva puede documentarse en correos electrónicos

El derecho laboral en El Salvador vive una transformación acelerada, impulsado por la digitalización y la incorporación de la prueba electrónica en los procesos judiciales. Lo que impacta directamente en las relaciones laborales: contratos, comunicaciones internas, registros de asistencia y procesos disciplinarios pueden gestionarse de manera digital con plena seguridad jurídica.

Este aceleramiento digital, nos ha obligado a adaptarnos a un entorno donde los correos electrónicos, mensajes instantáneos, registros biométricos y plataformas digitales se convierten en medios de prueba válidos, creando criterios judiciales que se han van consolidando, los riesgos legales emergentes y las oportunidades de modernización que enfrentan las empresas, los empleadores, los departamentos de recursos humanos y los abogados laboralistas.

La prueba electrónica en el ámbito laboral

La prueba electrónica se entiende como todo medio de acreditación de hechos sustentado en soportes digitales: documentos electrónicos, correos, grabaciones digitales, registros de sistemas biométricos, mensajes de textos, entre otros. En El Salvador, la jurisprudencia laboral ha comenzado a reconocer su validez, pero para ello, deben de cumplirse con requisitos de autenticidad, integridad y fiabilidad.

Esto significa que un despido puede justificarse con registros electrónicos de asistencia, que un reclamo de acoso puede sustentarse en mensajes de WhatsApp, o que una negociación colectiva puede documentarse en correos electrónicos. La clave está en que los jueces evalúan la cadena de custodia digital y la posibilidad de verificar que la información no ha sido manipulada.

La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, a través de su jurisprudencia ha determinado que los documentos referidos “no ofrecen por sí solos, elementos de seguridad comprobable en el proceso, tal y como lo advierte el doctrinario español Fermandinho Domingos Sanca, “Revista de Derecho Privado y Social, Sala de lo Civil, Corte Suprema de Justicia, El Salvador; número 2, año 2017, pág. 247”; quien al desarrollar el tema “Seguridad en el Comercio Electrónico”, consideró que la comunicación electrónica, por lo menos debe cumplir con los requisitos básicos siguiente: 1) Autenticación: certeza e identificación de los que intervienen. 2) Confidencialidad: evitar que la comunicación sea interceptada por un tercero. 3) Integridad: que la información no sea alterada ilícitamente. 4) El no rechazo o repudio: el hecho que las partes intervinientes no nieguen haber participado en la comunicación” (sentencia clasificada bajo el número de referencia 22-CAL-2022, de las once horas veintiocho minutos del veintiocho de abril de dos mil veintidós).

En ese sentido, bajo esos parámetros doctrinarios, los abogados que propongamos como prueba documentos electrónicos, correos, grabaciones digitales, registros de sistemas biométricos, mensajes de textos, entre otros, en un principio, al presentarse una demanda o en la contestación, no es obligatorio que los acompañemos del medio de almacenamiento que los contiene, para que sea analizado y considerado como prueba (art. 397 CPCM). Únicamente en cuanto que la otra parte impugne su autenticidad, es que estamos obligados a presentarlo al tribunal. Y aquí deviene en otro dilema, cómo,  con qué o de qué manera impugnare la autenticidad de ese soporte de almacenamiento. En mis palabras, la única manera es, auxiliándose de otro medio probatorio – el peritaje –, a través de un profesional especialista en el área, para que dé esa autenticidad al soporte de almacenamiento; esto con el objeto de determinar su origen, nexo o invariabilidad, entre otros.

Los tribunales laborales salvadoreños han comenzado a establecer criterios relevantes tomando o auxiliándose de la ley de firma electrónica, en cuanto a sus principios: (art. 4 LFE): a) autenticidad, b) integridad, c) confidencialidad, d) equivalencia funcional, e) no repudiación, f) neutralidad tecnológica, g) seguridad, h) inalterabilidad del derecho preexistente. 

Estableciendo que, la aplicación de los principios y regulaciones de la firma electrónica, no implican una modificación sustancial del derecho existente que regula las relaciones jurídicas de cada materia en especial. Es decir, deja a criterio del juez siempre y cuando no haya contradicción. 

Oportunidades de modernización

La incorporación de la prueba electrónica en los procesos laborales en El Salvador debe ser amplia y estratégica. La digitalización de la justicia laboral no solo agiliza los juicios, sino que también fortalece la transparencia y la seguridad jurídica, con el cual tanto trabajadores como patronos se sientan resguardados por un juez que está actualizado con la información digital.

La prueba electrónica abre oportunidades significativas:

  • Eficiencia procesal: Los juicios laborales pueden resolverse más rápido al contar con pruebas digitales verificables.
  • Transparencia en las relaciones laborales: Los registros electrónicos reducen la discrecionalidad y fortalecen la confianza entre empleador y trabajador.
  • Mejor gestión de recursos humanos: Sistemas digitales permiten documentar asistencia, desempeño y cumplimiento normativo de manera más precisa.
  • Fortalecimiento de la práctica legal: Los abogados laboralistas podemos especializarnos en derecho tecnológico, ampliando nuestro campo de acción.
  • Adaptación empresarial: Las empresas que invierten en sistemas seguros y confiables se posicionan mejor frente a litigios laborales.

Impacto en los actores clave

Empresas y empleadores

  • Deben implementar políticas claras de uso de medios electrónicos.
  • Invertir en sistemas de seguridad digital y capacitación en gestión documental.
  • Garantizar que la recolección de datos respete la legislación de privacidad.

Departamentos de recursos humanos

  • Utilizar plataformas digitales para registrar asistencia y desempeño.
  • Establecer protocolos de conservación de pruebas electrónicas.
  • Capacitar al personal en el manejo responsable de información digital.

Abogados laboralistas

  • Desarrollar competencias en informática forense y derecho digital.
  • Asesorar a empresas sobre la validez de pruebas electrónicas.
  • Defender a trabajadores frente a posibles abusos en el uso de datos.

Tribunales y jueces

  • Continuar consolidando criterios jurisprudenciales claros.
  • Promover la capacitación en valoración de pruebas digitales.
  • Garantizar equilibrio entre modernización y protección de derechos fundamentales.

Conclusión

La transformación del derecho laboral en El Salvador mediante la incorporación de la prueba electrónica es un proceso irreversible. Los tribunales ya reconocen su validez, aunque con cautela, y los actores del mundo laboral deben adaptarse rápidamente. Los riesgos legales —manipulación, privacidad, desigualdad tecnológica— son reales, pero también lo son las oportunidades de modernización y eficiencia.

El reto está en encontrar un equilibrio entre innovación y protección de derechos, asegurando que la digitalización del derecho laboral fortalezca la justicia y no la debilite. En este nuevo entorno normativo y tecnológico, quienes logren adaptarse estarán mejor preparados para enfrentar los desafíos del futuro.

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¿Está preparado el Derecho Laboral para la era digital?

Escrito por: Froilán Alberto García |Abogado en Derecho Laboral
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Publicado

hace 3 semanas

el

25 de marzo de 2026

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“La prueba ya no descansa exclusivamente en el papel, sino en datos. Y este cambio no es meramente instrumental: impacta directamente en la teoría del caso, en la prevención de riesgos empresariales y en la estrategia probatoria tanto del trabajador como del empleador”

La transformación tecnológica no solo ha cambiado la manera en que trabajamos; ha redefinido la forma en que se construyen y se defienden los conflictos laborales. Durante décadas, el proceso laboral giró en torno a testigos, recibos físicos y contratos impresos. Hoy, en cambio, los litigios se sostienen sobre correos electrónicos, registros de conexión, conversaciones digitales, archivos almacenados en la nube y sistemas biométricos de control de asistencia. 

La prueba ya no descansa exclusivamente en el papel, sino en datos. Y este cambio no es meramente instrumental: impacta directamente en la teoría del caso, en la prevención de riesgos empresariales y en la estrategia probatoria tanto del trabajador como del empleador.

Frente a este nuevo escenario surge una pregunta inevitable: ¿puede un Código de Trabajo promulgado en 1972 responder con suficiencia a las complejidades del trabajo digital del siglo XXI? 

El texto salvadoreño, aunque reformado en múltiples ocasiones, fue concebido en una realidad económica y tecnológica radicalmente distinta. En aquel momento, la presencia física en el centro de trabajo y la documentación escrita tradicional eran la regla, un claro ejemplo es la exigencia a los patronos en el Código de Trabajo de mantener en físico las boletas de pago y firmadas por los trabajadores, cuando actualmente únicamente consta los comprobantes de transferencia. Hoy, la dinámica laboral se desarrolla en entornos virtuales, plataformas colaborativas y sistemas de almacenamiento digital que no formaban parte del horizonte normativo original.

Sin embargo, el propio Código contiene herramientas que han permitido cierta adaptación. El artículo 19 establece que el contrato individual puede probarse por cualquier medio cuando no exista documento escrito. Esta amplitud probatoria, coherente con el principio protector reconocido en el artículo 14, ha permitido a la judicatura admitir nuevas formas de evidencia. No obstante, la digitalización introduce desafíos no previstos expresamente por el legislador de 1972: autenticidad de archivos electrónicos, integridad de metadatos, validez de capturas de pantalla y correcta preservación de la evidencia digital. La libertad probatoria permanece, pero su aplicación exige ahora criterios técnicos más sofisticados.

Este fenómeno se vuelve aún más evidente cuando analizamos la subordinación, elemento esencial del contrato de trabajo según el artículo 17. Tradicionalmente, la dependencia se manifestaba mediante supervisión directa y control presencial. Hoy, las órdenes se transmiten por correo electrónico, los reportes se entregan a través de plataformas digitales y el rendimiento se mide mediante sistemas automatizados. La subordinación no desaparece; se transforma. Ya no siempre se observa físicamente, pero deja rastro electrónico.

Esa trazabilidad digital adquiere especial relevancia en los procesos por despido injustificado. El artículo 414 establece la presunción de despido cuando el trabajador reclama oportunamente y el empleador no logra desvirtuar los hechos. En el entorno actual, la discusión suele centrarse en determinar si un mensaje electrónico constituye o no una manifestación inequívoca de voluntad de terminar la relación laboral. Un correo que comunica la cancelación de accesos o la instrucción de no presentarse a labores puede convertirse en pieza central del litigio. Sin embargo, su eficacia probatoria dependerá de demostrar su autenticidad, su integridad y la legitimidad de quien lo emitió.

En este punto cobra relevancia el artículo 3 del Código de Trabajo, que presume representantes del patrono a quienes ejercen funciones de dirección o administración. En la era digital, esta disposición adquiere una dimensión tecnológica: no basta con identificar el contenido del mensaje, sino también el perfil desde el cual se emite. Si proviene de un gerente con facultades directivas, la presunción opera; si surge de un usuario ambiguo dentro de la estructura organizativa, la controversia se traslada al ámbito técnico. La identificación del emisor deja de ser un asunto formal para convertirse en un elemento probatorio estratégico.

A esta evolución se suma la regulación del teletrabajo. La Ley de Regulación del Teletrabajo, Decreto Legislativo No. 600 de 2020, reconoce modalidades conectadas y desconectadas, establece obligaciones en materia de equipos y seguridad, y garantiza igualdad de derechos respecto del trabajador presencial. La misma ley prevé la emisión de un reglamento que facilite su aplicación técnica. Actualmente, dicho desarrollo reglamentario se encuentra pendiente, lo que demuestra que el proceso de consolidación normativa continúa en evolución. No existe un vacío absoluto, pero sí un espacio donde la interpretación jurídica y la gestión empresarial cobran especial importancia.

En la práctica, cada conexión remota, cada entrega de informe digital y cada registro en plataformas corporativas genera huellas electrónicas susceptibles de convertirse en prueba. Pero la abundancia de información no equivale automáticamente a seguridad jurídica. Una simple impresión de correo electrónico puede resultar insuficiente si su autenticidad es cuestionada. En tales casos, será necesario recurrir a respaldos técnicos o peritajes que acrediten la integridad del documento. El proceso laboral, tradicionalmente ágil y sencillo, incorpora ahora debates propios de la informática forense.

La gestión de la jornada en teletrabajo ilustra con claridad esta tensión. Los registros de conexión pueden demostrar cumplimiento, pero también evidenciar excesos. Sin políticas internas claras sobre horarios y derecho a la desconexión, la misma tecnología que facilita el control puede convertirse en elemento adverso para la empresa. La trazabilidad digital es una herramienta poderosa; mal gestionada, puede transformarse en riesgo.

Desde la perspectiva empresarial, el desafío no radica únicamente en cumplir la ley, sino en poder demostrar ese cumplimiento. Pagos electrónicos, recibos digitales, constancias de capacitación y comunicaciones preventivas deben conservarse bajo estándares que garanticen su disponibilidad futura e integridad. La organización documental deja de ser una función administrativa secundaria y se convierte en un eje estratégico de defensa jurídica.

Por ello, los departamentos de recursos humanos asumen un rol central en esta transformación. La elaboración de reglamentos internos que regulen el uso de herramientas tecnológicas, el monitoreo razonable y la conservación de información no solo fortalece la gestión organizacional, sino que reduce contingencias legales. La tecnología no puede implementarse de forma aislada; debe integrarse dentro de un marco normativo claro y coherente.

Para el abogado laboralista, el reto es igualmente significativo. Ya no basta con conocer las causales de terminación o los plazos procesales; es indispensable comprender nociones básicas de autenticación digital, trazabilidad y preservación de evidencia. La pericia informática deja de ser excepcional y se convierte en aliada frecuente en litigios complejos. La argumentación jurídica contemporánea exige diálogo entre derecho y tecnología.

En definitiva, la digitalización del trabajo y la expansión del teletrabajo evidencian que el derecho laboral salvadoreño posee capacidad de adaptación, pero también áreas susceptibles de mejora y actualización. La pregunta planteada al inicio permanece abierta: ¿hasta qué punto un diseño normativo concebido hace más de cinco décadas puede abarcar integralmente la complejidad del entorno digital actual? La respuesta no implica abandonar los principios tradicionales, sino fortalecerlos mediante interpretación evolutiva y desarrollo normativo progresivo. Mientras ese proceso continúa, una certeza se impone: en el litigio laboral contemporáneo, la gestión estratégica de la prueba digital ya no es opcional, sino determinante.

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