La Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador inició el proceso de inscripción para seleccionar a los candidatos que aspiran a integrar el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) durante el período 2026-2031.

La convocatoria está dirigida a profesionales del derecho interesados en participar en la elección que permitirá conformar las ternas que posteriormente serán enviadas a la Asamblea Legislativa.

El período de inscripción permanecerá abierto del 9 al 19 de junio, según informó la organización gremial.

Votación convocará a miles de profesionales del derecho

La elección está programada para el próximo 11 de julio. Ese día, alrededor de 30,000 abogados habilitados podrán votar por los aspirantes de su preferencia.

Una vez concluido el proceso, la federación remitirá el listado de personas electas al órgano legislativo.

Posteriormente, la Asamblea Legislativa realizará la elección y juramentación de los integrantes del Consejo Nacional de la Judicatura para los próximos cinco años.

Instituciones participan en la conformación de propuestas

La legislación salvadoreña establece que la Asamblea debe elegir siete consejeros propietarios y siete suplentes.

Para ello, recibe propuestas de distintos sectores vinculados al sistema de justicia y la educación superior.

Entre los participantes figuran la Federación de Asociaciones de Abogados, la Universidad de El Salvador, las universidades privadas, el Ministerio Público y representantes de la judicatura nacional.

Cada sector presenta ternas de candidatos para integrar el organismo encargado de la selección y evaluación de jueces.

Aspirantes deberán acreditar experiencia y autonomía política

Las autoridades de la federación señalaron que los postulantes deben cumplir varios requisitos legales.

Entre ellos se encuentra haber ejercido la profesión de abogado durante al menos diez años antes de la elección.

Además, deben ser salvadoreños por nacimiento, mayores de 40 años y contar con reconocida moralidad y competencia profesional.

Asimismo, los candidatos no pueden tener afiliación partidaria. Para acreditarlo, deberán presentar una constancia emitida por el Tribunal Supremo Electoral.

Gremio destaca transparencia del procedimiento

Representantes de la organización aseguraron que el proceso se desarrollará conforme a la normativa vigente.

La federación indicó que la convocatoria busca garantizar una participación amplia de la comunidad jurídica y fortalecer los mecanismos de selección para uno de los órganos clave del sistema judicial salvadoreño.

La Corte Suprema de Justicia recordó los requisitos que deben cumplir los profesionales del derecho que necesiten modificar su tarjeta de identificación de la abogacía debido a un cambio de firma.

El trámite se realiza a través de la Sección de Investigación Profesional y exige completar previamente una gestión ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Registro previo constituye un paso obligatorio

Antes de solicitar la nueva tarjeta de identificación profesional, los abogados deben registrar la modificación de su firma ante la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Este requisito se fundamenta en el artículo 144, inciso cuarto, de la Ley Orgánica Judicial.

Una vez completado ese procedimiento, los profesionales pueden iniciar la gestión para actualizar su documento de identificación.

Documentación necesaria para presentar la solicitud

La Sección de Investigación Profesional informó que los interesados deben presentar un escrito dirigido a esa dependencia en San Salvador o en sus oficinas regionales de Santa Ana y San Miguel.

Además, deben adjuntar una copia del Documento Único de Identidad certificada por un notario, en la que ya aparezca la firma modificada.

Como alternativa, también pueden presentar el documento original junto con una copia simple para su respectiva confrontación.

Si el cambio de firma ya fue registrado ante la Secretaría General, el solicitante deberá anexar la certificación correspondiente.

Entrega se realizará en la oficina donde inició el trámite

La institución indicó que notificará a cada profesional cuando la nueva tarjeta esté lista para ser retirada.

La comunicación se realizará mediante los datos de contacto proporcionados en el escrito de solicitud.

Posteriormente, la entrega se efectuará en el área de carnetización de la Sección de Investigación Profesional donde se presentó la gestión.

Para recibir el nuevo documento, el abogado deberá entregar la tarjeta anterior.

Sedes regionales brindan orientación a los usuarios

La Corte Suprema de Justicia mantiene canales de atención para resolver consultas relacionadas con el procedimiento.

Los profesionales pueden solicitar información en las oficinas de San Salvador, Santa Ana y San Miguel.

La actualización de la tarjeta de identificación permite mantener la información profesional vigente y garantizar la correspondencia entre la firma registrada y los documentos oficiales utilizados en el ejercicio de la profesión.

Las pruebas de ADN han permitido confirmar 544 casos de paternidad en El Salvador durante los últimos dos años, según datos de la Procuraduría General de la República. Estas evaluaciones científicas buscan establecer vínculos familiares y respaldar procesos relacionados con derechos de la niñez.

Las cifras corresponden al período transcurrido desde la entrada en vigor de un convenio entre la Procuraduría General y la Corte Suprema de Justicia, que facilita la gestión directa de estas pruebas ante el Instituto de Medicina Legal.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la institución ha tramitado 840 solicitudes de pruebas de ADN. De ese total, 544 arrojaron resultados positivos y confirmaron la relación biológica entre padres e hijos. En contraste, 91 exámenes resultaron negativos.

Además, las autoridades reportan 165 pruebas pendientes de resultado, 28 casos que aún intentan concretar el procedimiento y 12 evaluaciones realizadas que esperan notificación oficial.

Herramienta científica para garantizar derechos familiares

Kevin Escobar, coordinador de la Unidad de Familia de la Procuraduría General, explicó que las pruebas genéticas permiten establecer con certeza el vínculo entre un padre y un hijo o hija.

Según el funcionario, estos resultados no solo sirven para determinar obligaciones alimentarias. También contribuyen a garantizar otros derechos, como el cuidado personal, la comunicación familiar, la convivencia y los derechos hereditarios.

Escobar destacó que el análisis de ADN constituye una herramienta científica confiable para determinar la verdad biológica y esclarecer relaciones familiares cuando existe controversia sobre la filiación.

Nuevo mecanismo reduce tiempos de trámite

Antes de marzo de 2024, los exámenes solo podían ser ordenados por los tribunales. Sin embargo, el convenio vigente permite que la Procuraduría solicite directamente las pruebas al Instituto de Medicina Legal.

La institución señaló que este mecanismo ha agilizado los procedimientos de establecimiento de paternidad y ha reducido los tiempos de espera para las familias involucradas.

Autoridades invitan a iniciar procesos de reconocimiento

La Procuraduría hizo un llamado a las madres cuyos hijos no han sido reconocidos por sus padres para que acudan a cualquiera de sus 18 oficinas auxiliares en el país.

Asimismo, Escobar indicó que, si un padre se niega a reconocer la paternidad pese a existir una prueba positiva, las autoridades pueden promover acciones legales. Estas medidas incluyen el reconocimiento obligatorio y posibles indemnizaciones por daño moral para la madre y el hijo afectado.

Con información de Diario El Salvador

El Consejo Nacional de la Judicatura, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, inauguró un programa de formación especializada dirigido a funcionarios judiciales con competencia en materia criminal en El Salvador.

La capacitación se desarrolla a través de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo”. Además, busca preparar a jueces y personal técnico ante las recientes reformas a la Ley Orgánica Judicial y los cambios en el sistema penal.

El programa incluye cinco módulos especializados. La primera jornada abordó el tema “Diseño Procesal Penal y Procedimiento Especial en la Competencia de lo Criminal”.

Jornadas abordarán reformas legales y funciones judiciales

Durante el primer módulo, los participantes analizaron las reformas constitucionales relacionadas con la materia penal. También estudiaron la conversión de juzgados, las reglas de transferencia de procesos y las funciones de los tribunales con competencia criminal.

Asimismo, los ponentes explicaron el papel del juez en la dirección del proceso penal y los criterios técnicos para aplicar el nuevo modelo procesal.

La capacitación estuvo a cargo del magistrado de la Sala de lo Constitucional, Ramón Iván García, y de los magistrados de cámara Salomón Landaverde y Wilfredo Jovel.

Personal técnico recibió preparación previa en todo el país

Antes del inicio oficial del programa, el Consejo Nacional de la Judicatura desarrolló actividades formativas para secretarios, colaboradores y personal técnico judicial.

Las jornadas se realizaron en las zonas occidental, central, paracentral y oriental del país. Según las autoridades, el objetivo fue fortalecer conocimientos sobre la normativa vigente y mejorar la aplicación de las nuevas disposiciones legales.

Además, las instituciones buscan unificar criterios de trabajo en los tribunales que ahora tienen competencia en materia criminal.

Autoridades destacan coordinación institucional en reforma judicial

El acto inaugural reunió a magistrados de distintas salas de la Corte Suprema de Justicia y a representantes del Consejo Nacional de la Judicatura.

El presidente de la Corte Suprema, Henry Alexander Mejía, destacó el trabajo técnico realizado por las comisiones de enlace entre ambas instituciones para diseñar el programa académico.

Por su parte, el magistrado Alejandro Antonio Quinteros Espinoza explicó que los contenidos fueron elaborados por especialistas en derecho penal, derecho constitucional y razonamiento probatorio.

Las autoridades señalaron que el programa busca fortalecer la calidad de la administración de justicia y responder a los retos derivados de las reformas judiciales aprobadas recientemente en El Salvador.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador inauguró la tercera edición del programa “Integridad Pública y Cumplimiento Normativo Anticorrupción”, dirigido a jueces, magistrados y personal judicial de la zona oriental del país.

La actividad fue organizada por la Dirección de Talento Humano Institucional con el objetivo de fortalecer las capacidades para prevenir y combatir la corrupción dentro del Órgano Judicial salvadoreño.

Además, la jornada reunió a funcionarios judiciales encargados de aplicar normas vinculadas con transparencia, ética pública y cumplimiento anticorrupción.

Magistrado expone sobre consecuencias jurídicas y sociales de la corrupción

Durante la inauguración, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez García, impartió el primer módulo de la capacitación.

El funcionario también coordina la Comisión de Prevención Contra el Lavado de Dinero y Activos del sistema judicial salvadoreño.

En su exposición, Martínez García abordó las definiciones y consecuencias de la corrupción desde perspectivas jurídicas, éticas y sociales.

Asimismo, explicó herramientas básicas para interpretar y aplicar correctamente las disposiciones legales relacionadas con el combate a la corrupción.

“El propósito de esta ponencia es facilitarles competencias y herramientas básicas para que sepan interpretar y aplicar adecuadamente las disposiciones de la ley”, expresó el magistrado durante la actividad.

Programa analiza normas internacionales contra la corrupción

La capacitación también incluyó el estudio de disposiciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

De esta manera, el programa busca reforzar el conocimiento sobre estándares internacionales vinculados con transparencia institucional, prevención de delitos y cumplimiento normativo.

Las autoridades judiciales señalaron que este tipo de jornadas forma parte de los esfuerzos para fortalecer la integridad pública dentro de las instituciones del sistema de justicia.

Además, la iniciativa pretende mejorar las prácticas internas relacionadas con la ética judicial y la prevención de actos irregulares.