Josué Otoniel Guevara Alemán fue detenido por orden de la Fiscalía General de la República (FGR) tras ser acusado de ejercicio ilegal de la profesión y despacho indebido de medicina.

La intervención de las autoridades se produjo después de una inspección rutinaria realizada el 10 de junio por el Consejo Superior de Salud Pública, en la que se constató que Guevara no contaba con las credenciales necesarias para ejercer la medicina.

Durante la inspección, el Consejo encontró que la clínica operada por Guevara no cumplía con los estándares requeridos, lo que llevó al cierre inmediato del establecimiento.

Posteriormente, las irregularidades fueron reportadas a la FGR, que procedió con la detención del acusado.
“Al momento del allanamiento (en la colonia Granillo) se incautaron medicamentos, cheques, equipo médico y otros objetos”, dijo la Fiscalía.

Ejercer la medicina sin la debida licencia y credenciales no solo pone en riesgo la salud de los pacientes, sino que también tiene graves consecuencias legales.

En El Salvador, el ejercicio ilegal de la profesión médica puede resultar en penas que incluyen multas significativas y, en casos extremos, prisión.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) emitió una nueva advertencia dirigida principalmente a los abogados, aunque aplica en términos generales a diferentes profesiones, instándolos a estar atentos a diversas señales de alerta en el ejercicio profesional.

Este llamado busca fortalecer la prevención de actividades ilícitas, como el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La CSJ señaló que ciertas acciones pueden considerarse atípicas y fuera de lo normal en la práctica legal, y es crucial que los profesionales estén atentos a ellas sean para identificarlas.

Entre las principales señales de alerta destacan:

Factores relacionados con el cliente: Los abogados deben prestar especial atención a las operaciones que no coinciden con la capacidad económica y el perfil del cliente. Esto incluye casos donde los ingresos o la actividad económica del cliente no justifican las transacciones que están realizando.

Factores relacionados con el servicio ofrecido: Se han identificado riesgos en situaciones donde los clientes realizan la compra de bienes inmuebles y efectúan el pago inicial en efectivo. Esta práctica, que puede parecer inusual, debe ser evaluada detenidamente, ya que podría ser indicativa de intentos de ocultar la procedencia de los fondos.

Factores geográficos: La CSJ también advierte sobre el origen de los clientes. Aquellos que provienen de países considerados de alto riesgo deben ser objeto de un escrutinio más riguroso. Las transacciones que involucran a personas de estas naciones pueden estar más propensas a actividades delictivas.

La advertencia de la CSJ insiste en la responsabilidad que tienen los abogados no solo de asesorar a sus clientes, sino también de actuar como guardianes del sistema legal, protegiendo la integridad del mismo al detectar y reportar posibles irregularidades.

El llamado a la vigilancia no es solo una medida preventiva, sino una obligación ética y legal que busca preservar la confianza en el sistema judicial de El Salvador.

La Corte Suprema enfatiza que la colaboración de los abogados es fundamental en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción.

En un contexto donde la seguridad y la transparencia son prioridades, este recordatorio de la CSJ pone de manifiesto la necesidad de que los profesionales del derecho mantengan altos estándares en su práctica y estén alerta ante cualquier señal que pudiera comprometer la integridad del sistema.

La Corte Suprema de Justicia emitió un mensaje dirigido a los abogados y notarios del país, enfatizando la necesidad de implementar buenas prácticas para evitar su instrumentalización en el delito de lavado de dinero y activos.

Este llamado se enmarca en el contexto de un creciente enfoque en la prevención de actividades ilícitas que socavan la integridad del sistema financiero y legal.

Los abogados y notarios, como profesionales del derecho, desempeñan un papel crucial en la estructura legal del país, pero también pueden ser utilizados, sin saberlo, como herramientas para facilitar el lavado de dinero.

La Corte ha identificado varias prácticas comunes que podrían poner en riesgo la integridad de estos profesionales y, por ende, del sistema judicial.

Una de las formas más alarmantes de instrumentalización es la constitución de sociedades como negocios de fachada. Estos profesionales pueden, mediante sus oficios notariales, crear entidades que sirven únicamente como un vehículo para la entrada de fondos ilegales, ocultando así el verdadero origen del dinero.

Además, la creación de estructuras legales complejas puede dificultar el rastreo de los beneficiarios finales de las transacciones.

Este tipo de maniobras no solo compromete a los abogados y notarios, sino que también representa un desafío significativo para las autoridades en su labor de investigación y prevención del delito.

El asesoramiento legal también puede ser un punto crítico. Si bien es parte de su función ofrecer orientación, algunos abogados podrían inadvertidamente ayudar a sus clientes a llevar a cabo transacciones que aparentan ser legales, pero que en realidad están diseñadas para encubrir actividades ilícitas.

Finalmente, la compra y venta de inmuebles es otro ámbito de riesgo. Los notarios, al llevar a cabo escrituras de compraventa de bienes a precios inusuales, pueden facilitar la legitimación de dinero proveniente de actividades delictivas, lo que refuerza la necesidad de que estos profesionales ejerzan un control riguroso sobre las operaciones que manejan.

La Corte Suprema ha subrayado que la aplicación de buenas prácticas es esencial para mitigar estos riesgos.

Esto incluye la capacitación constante de los profesionales del derecho en materia de prevención del lavado de activos, así como la adopción de medidas que garanticen la transparencia y la legalidad en sus operaciones.

Con este mensaje, la Corte busca no solo proteger a los abogados y notarios de ser cómplices involuntarios en el lavado de dinero, sino también salvaguardar la confianza pública en el sistema judicial y financiero del país.

La prevención del lavado de activos es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos los actores involucrados en el ejercicio de la ley.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de una “Ley de ciberseguridad y seguridad de la información”. Esta iniciativa busca establecer un marco regulatorio para vigilar y fiscalizar las medidas de ciberseguridad en las instituciones públicas.

El proyecto, presentado el 15 de octubre, fue recibido por el pleno de la Asamblea el 30 de octubre y ha sido asignado a la Comisión de Seguridad Nacional, que se reunirá el próximo lunes a las 2:00 de la tarde.

La ley propone la creación de una Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), cuyo director general será nombrado por el presidente de la República.

La propuesta tiene como objetivo establecer principios y políticas que regulen la protección de la información estatal, ante el creciente riesgo de compromisos a la confidencialidad e integridad de los sistemas informáticos de las entidades gubernamentales.

Villatoro advirtió sobre la «amenaza de ciertos comportamientos» que ponen en peligro el bienestar de la ciudadanía y la continuidad de las funciones del Estado. Entre las atribuciones de la nueva agencia se incluyen la facultad de requerir información a las entidades estatales en caso de incidentes de ciberseguridad y la creación de un Registro

Nacional de Amenazas e Incidentes. Asimismo, se prevé la posibilidad de sancionar a empleados o funcionarios por infracciones, que pueden ir desde despidos hasta multas que oscilan entre uno y 100 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la falta.

La ley también contempla sanciones severas para quienes obstaculicen las medidas de ciberseguridad o presenten información incorrecta a la agencia.

Esta iniciativa es parte de los esfuerzos del Gobierno para mitigar los riesgos cibernéticos y garantizar la seguridad de la información en el sector público.

El presidente Nayib Bukele anunció que El Salvador ha ofrecido asistencia humanitaria al gobierno español a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, para ayudar a las víctimas de las inundaciones en Valencia, que han dejado más de 155 fallecidos.

La ayuda consiste en el envío de 300 rescatistas y paramédicos, así como 20 toneladas de equipos médicos y suministros básicos, para apoyar a Valencia, que ha sido severamente afectada por inundaciones.

Bukele informó en su cuenta oficial de X que la oferta de ayuda ya ha sido realizada.

Entre las víctimas no figuran salvadoreños, pero el gesto de Bukele es parte de la solidaridad internacional con un país que históricamente ha contribuido con diferentes programas y proyectos sociales.