El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, anunció que la comisión política llevará a cabo una serie de entrevistas a los 11 candidatos inscritos para ocupar la presidencia de la Corte de Cuentas de la República (CCR), tras la vacante dejada por Roxana Soriano.

La elección del nuevo titular de la institución contralora será para completar el período para el que fue seleccionada Soriano y que finaliza en agosto de 2026.

En su declaración, Castro detalló que las entrevistas se realizarán en dos jornadas, los días jueves 14 y viernes 15 de noviembre, a partir de las 2:00 de la tarde.

Los candidatos serán evaluados por los miembros de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa y las entrevistas estarán disponibles para ser seguidas en tiempo real a través de las redes y medios oficiales del Legislativo. “En la Comisión Política acordamos entrevistar, en dos jornadas, a los candidatos a presidente de la Corte de Cuentas”, dijo Castro por medio de su cuenta en la red social X.

Desde el 27 de septiembre de 2024, la presidencia de la Corte de Cuentas está vacante, luego de que Roxana Soriano asumiera el cargo de presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Actualmente se encuentra bajo la dirección de dos magistrados: Guillermo Bendek Panameño y José Rodrigo Flores, quienes ocupan los puestos de primer y segundo magistrado, respectivamente.

Los 11 candidatos a la presidencia

Son 11 aspirantes para liderar la Corte de Cuentas. Los candidatos provienen de diversos campos del derecho, la contaduría y la administración pública:

Carol Beatriz Murcia Carrillo: Abogada y notaria, especializada en derechos de la mujer, niñez y adolescencia. Actualmente se desempeña como inspectora general de Seguridad Pública.

Julio César Chacón Flores: Abogado y notario.

Gonzalo Octavio Ayala López: Abogado conocido por su postulación anterior como fiscal general. En 2019, pidió la cancelación del partido ARENA ante el Tribunal Supremo Electoral.
Julio César Figueroa Grande: Exmagistrado suplente de la CCR durante el periodo 2020 – 2023

Harold Iván Córdova Solís: Juez Segundo de Instrucción, conocido por su trabajo en el Tribunal Contra Crimen Organizado.

Lila Margarita Rosa de Lemus: Especialista en derecho administrativo, con experiencia en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Educación.

Sigfredo Alexis Ventura Bonilla: Licenciado en contaduría pública, actual jefe de equipo de auditores gubernamentales de la CCR.

Walter Salvador Sosa Funes: Licenciado en Ciencias Jurídicas con maestría en Derecho de Familia, ha laborado en el Ministerio de Trabajo.

José Luis Montalván Martínez: Maestro en gerencia pública.

María Del Carmen Martínez Barahona: Exmagistrada de la CCR.

José Arnoldo Gaitán Castro: Actual juez de cuentas de la Corte de Cuentas.

Con 57 votos de 60 posibles, la Asamblea Legislativa aprobó las leyes de Ciberseguridad y Seguridad de la Información y la de Protección de Datos Personales, un paso considerado significativo hacia la modernización del marco legal en un mundo cada vez más digitalizado.

Las nuevas legislaciones tienen como objetivo proteger la información de los salvadoreños en un entorno digital cada vez más vulnerable a ciberataques y delitos informáticos.

Ambas leyes establecen un marco normativo robusto que regulará el manejo y la protección de los datos en poder de las instituciones públicas y privadas, así como los datos personales de los ciudadanos en diversas plataformas.

Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información

Esta tiene como propósito principal garantizar la protección de los sistemas informáticos e infraestructuras críticas del país. La ley obliga a las instituciones que manejan datos a adoptar medidas de seguridad adecuadas para proteger la información de los salvadoreños, un paso importante para mantener al país a la vanguardia en tecnología.

La legislación, de acuerdo al diputado oficialista Walter Coto, combina aspectos de ciberseguridad con la protección de datos personales, lo que la convierte en un marco integral y moderno.

También obliga a la creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado, que será responsable de elaborar y supervisar la política nacional de ciberseguridad, crear un registro de amenazas e incidentes, y auditar las instituciones que manejan información sensible.

Ley de Protección de Datos Personales

Establece las normativas para el tratamiento, almacenamiento y uso de la información personal de los ciudadanos. Esta legislación busca garantizar la privacidad de los salvadoreños y fortalecer su confianza en los servicios digitales proporcionados por el Estado.

Caleb Navarro, subjefe de la fracción de Nuevas Ideas, destacó que esta ley no solo protegerá los derechos de los ciudadanos, sino que también alineará a El Salvador con los estándares internacionales, lo cual es crucial para fomentar la inversión extranjera.

Asimismo, los ciudadanos tendrán el derecho de acceder a sus datos personales, solicitar correcciones o eliminaciones si estos son inexactos o innecesarios.

“El derecho a la privacidad es fundamental, y con esta ley lo estamos garantizando en la era digital”, afirmó la diputada Alexia Rivas. Con estas leyes, El Salvador se suma a países como Argentina, Brasil y Chile que ya cuentan con normativas similares y se consolida así como un líder regional en términos de protección de datos y ciberseguridad.

La creación de una agencia estatal para supervisar y regular estos temas muestra el compromiso del país por crear un entorno digital seguro y confiable.

Además de proteger a los ciudadanos de los ciberdelitos como fraudes y suplantación de identidad, la legislación establece un régimen sancionador para aquellos que incumplan las normas, lo que refuerza la confianza tanto de los usuarios como de las empresas.

Las leyes entrarán en vigor 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, y con ello, El Salvador se prepara para enfrentar los desafíos del siglo XXI en el ámbito digital.

El plazo para la entrada en vigencia del protocolo digital fue prorrogado hasta el 31 de mayo de 2025 por los diputados de de la Asamblea Legislativa.

La decisión modifica el plazo original, que establecía su entrada en vigor el 15 de noviembre de 2024, y responde a una solicitud presentada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para tener más tiempo para cumplir con los requisitos técnicos y operativos.

El protocolo digital, establecido por reformas a la Ley de Notariado aprobadas en noviembre de 2022, tiene como objetivo modernizar el sistema notarial mediante el uso de tecnologías digitales y la firma electrónica para la conservación y resguardo de los libros notariales. Estos protocolos son fundamentales en la práctica notarial, ya que dan fe pública de los instrumentos autorizados por los notarios.

Según explicó la Corte, aún es necesario realizar una serie de preparativos, incluyendo la compra de equipos y la capacitación del personal, para asegurar que los notarios y los servidores públicos involucrados puedan cumplir con los nuevos requerimientos establecidos en la reforma. Por ello, se solicitó una modificación al artículo 12 del Decreto Legislativo 555, que regula la Ley de Notariado, para prorrogar el plazo de implementación.

El pedido fue respaldado por la mayoría de los diputados, quienes aprobaron la prórroga con 58 votos a favor.

Inicialmente, la Corte había solicitado una prórroga hasta el 1 de febrero de 2025, pero finalmente se acordó la nueva fecha límite de mayo de 2025.

Este cambio beneficiará a más de 18,500 notarios en el país, quienes podrán contar con un sistema digital más ágil y eficiente para procesar los diversos trámites, con un enfoque en la seguridad jurídica, la transparencia y la protección de los datos. La implementación del protocolo digital tiene como objetivo modernizar los procesos notariales, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar altos estándares de seguridad tanto jurídica como informática.

La CSJ destacó que, aunque la reforma busca acelerar y tecnificar el trabajo notarial, también es esencial contar con el tiempo necesario para completar la infraestructura tecnológica, realizar las inversiones presupuestarias necesarias y garantizar que la transición hacia el sistema digital se haga de manera efectiva y segura para todos los involucrados.

Los diputados de la Asamblea Legislativa ratificaron con 59 votos a favor un convenio internacional para la gestión de cobros de cuotas alimenticias a favor de niños y familiares, aún cuando los responsables del pago se encuentren fuera del país.

La ratificación fue aprobada tras el dictamen emitido por la comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno.

El acuerdo, ya suscrito por 52 países, permitirá que las cuotas alimenticias sean reclamadas a nivel internacional.

La Procuraduría General de la República (PGR) será la encargada de gestionar las solicitudes de cobro con las autoridades de otros países, reemplazando al Ministerio de Relaciones Exteriores en este proceso.

Durante la sesión, representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores expusieron los beneficios que este convenio traerá para los salvadoreños, entre los que se destacan la simplificación de los procesos, reduciendo tanto los tiempos como los costos, así como la posibilidad de recibir asistencia jurídica gratuita. Además, se garantizó la seguridad alimentaria y una mejor coordinación en la ejecución de resoluciones alimenticias.

La Asamblea Legislativa ratificó este martes un convenio de asistencia mutua con el gobierno de Estados Unidos, destinado a fortalecer la lucha contra la corrupción aduanera.

Esta fue aprobada con 58 votos de 60 durante la sesión plenaria, luego de que la comisión de salvadoreños en el exterior, legislación y gobierno emitiera el dictamen favorable el miércoles pasado.

El acuerdo, firmado el 7 de octubre de este año, tiene como objetivo mejorar la transparencia y eficiencia en los procesos aduaneros en ambos países.

Entre sus principales propósitos se encuentran la identificación de infracciones y la correcta tasación de los derechos aduaneros, así como la implementación de medidas para enfrentar el contrabando y otras actividades ilícitas relacionadas.

El convenio busca una cooperación estrecha en diversas áreas clave, incluyendo:

• El intercambio de métodos y técnicas para el tratamiento de pasajeros y carga.
• La aplicación de técnicas coercitivas para hacer cumplir las normativas aduaneras.
• La represión de infracciones aduaneras y la identificación de nuevos métodos utilizados para cometer delitos en este ámbito.
• La obtención de información sobre la importación ilegal de mercancías y la supervisión de personas y bienes sospechosos de estar involucrados en actividades ilícitas.
• La facilitación mutua de información relacionada con medidas provisionales, decomisos y acciones conjuntas para abordar infracciones aduaneras.

Además, establece la creación de canales de comunicación entre ambos gobiernos para coordinar operaciones específicas y mejorar la efectividad en la lucha contra el tráfico ilícito.
Como parte de los compromisos del convenio, se prevé la mejora de la infraestructura de la Dirección General de Aduanas en El Salvador.