La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador mantiene una campaña para reforzar el papel de abogados y notarios en la prevención del lavado de dinero.

La institución busca que estos profesionales identifiquen riesgos y eviten que fondos de origen ilícito ingresen a la economía formal.

La iniciativa incluye herramientas prácticas, capacitaciones y orientación sobre las obligaciones que deben cumplir dentro del sistema nacional de prevención.

Profesionales del derecho deben detectar señales de riesgo

La Corte explica que abogados y notarios pueden intervenir en operaciones jurídicas y comerciales susceptibles de ser utilizadas para ocultar fondos ilícitos.

Por ello, deben aplicar medidas de debida diligencia durante sus relaciones profesionales.

Estas acciones incluyen conocer al cliente, determinar el propósito de las operaciones e identificar señales de alerta.

La Corte también señala que los profesionales deben prestar atención a los beneficiarios finales de las operaciones.

El lavado busca ocultar el origen de los fondos

La campaña explica que el lavado de dinero busca ocultar el origen ilícito de recursos obtenidos mediante actividades delictivas.

El proceso suele dividirse en tres etapas: colocación, encubrimiento e integración.

Primero, los recursos ingresan a la economía formal. Después, distintas operaciones buscan dificultar su rastreo.

Finalmente, los fondos adquieren una apariencia de legalidad y pueden utilizarse para comprar bienes o invertir en empresas.

Por ello, la debida diligencia debe mantenerse durante toda la relación profesional.

El Salvador sí cuenta con una ley contra el lavado

El país cuenta con la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, que establece obligaciones para los sujetos comprendidos en su ámbito.

La normativa contempla medidas de prevención y controles para detectar operaciones vinculadas con fondos de origen ilícito.

Además, la Asamblea Legislativa ha impulsado la actualización del marco legal para fortalecer el sistema contra el lavado de activos y otros delitos financieros.

En este contexto, abogados y notarios que realizan determinadas actividades forman parte de los sectores sujetos a controles de prevención.

La Corte amplía la capacitación del sector legal

La Corte Suprema desarrolla jornadas específicas para fortalecer las capacidades de abogados y notarios.

En marzo de 2026, realizó un programa sobre mejores prácticas de prevención y elaboración de reportes de operaciones sospechosas.

Además, en abril informó sobre nuevas actividades para mejorar la detección y reporte oportuno de operaciones sospechosas.

La institución también trabaja con la Unidad de Investigación Financiera y otros organismos para fortalecer la supervisión.

La prevención alcanza al ejercicio profesional

La Corte sostiene que cumplir estas obligaciones no solo responde a exigencias legales.

También busca impedir que los servicios jurídicos sean utilizados para facilitar operaciones con recursos ilícitos.

Por ello, la campaña incorpora formación sobre prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La estrategia incluye además herramientas para mejorar la aplicación de controles y el reporte de operaciones que presenten señales de riesgo.

La Procuraduría General de la República (PGR) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) acordaron coordinar acciones para prevenir y mediar conflictos durante los comicios de 2027.

El procurador general, René Escobar, y la presidenta del TSE, Roxana Soriano, firmaron el convenio de cooperación interinstitucional.

El acuerdo permitirá a la Procuraduría General de la República intervenir en la prevención, atención y mediación de controversias electorales.

La PGR acompañará momentos clave del proceso, desde la jornada de votación hasta el procesamiento de los resultados.

También participará durante los escrutinios preliminar y final, según la información divulgada por el TSE.

Escobar confirmó que el convenio incluye la transmisión, procesamiento y escrutinio de los resultados electorales.

Personal especializado recibirá capacitación

El TSE capacitará al personal que la Procuraduría designe para cumplir estas funciones.

Además, el organismo electoral proporcionará herramientas para su formación y acreditación.

El tribunal también ofrecerá apoyo logístico para facilitar la participación de los funcionarios de la PGR.

De esta manera, ambas instituciones buscan establecer mecanismos de coordinación ante posibles disputas durante las elecciones de 2027.

El acuerdo busca prevenir disputas electorales

El convenio contempla la atención de conflictos entre distintos actores del proceso electoral.

Entre ellos figuran partidos políticos, organismos electorales temporales, juntas de vigilancia y ciudadanos.

La presidenta del TSE destacó la prevención y el diálogo como mecanismos para resolver controversias de manera pacífica.

Soriano afirmó que el acuerdo crea un espacio institucional para fortalecer la mediación y el diálogo durante el proceso electoral.

Las instituciones señalaron que ya cuentan con experiencias previas de coordinación en procesos electorales.

El nuevo convenio amplía esa cooperación de cara a las elecciones de 2027 en El Salvador.

Una delegación de expertos de Belice conoció la experiencia de El Salvador en ciencias forenses durante una visita al Instituto de Medicina Legal.

El encuentro forma parte del proceso de diseño de un nuevo complejo para el Servicio Nacional de Ciencias Forenses de Belice.

Durante la jornada, especialistas salvadoreños presentaron los servicios, instalaciones y prácticas que desarrolla la institución.

El proyecto busca ampliar las capacidades forenses

La delegación beliceña recibió información sobre el funcionamiento del Instituto de Medicina Legal y sus áreas especializadas.

El objetivo del intercambio es aportar elementos técnicos para el desarrollo de la nueva infraestructura forense en Belice.

Además, ambas partes identificaron oportunidades para fortalecer la cooperación y la asistencia en ciencias forenses.

Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, presidente de la Sala de lo Penal y del Consejo Directivo del instituto, destacó el valor del intercambio.

El funcionario señaló que la institución busca compartir aspectos técnicos de su trabajo y su experiencia en infraestructura especializada.

Expertos presentan seis áreas de trabajo

Las jefaturas técnicas del Instituto de Medicina Legal realizaron presentaciones sobre los servicios periciales que ofrece la institución.

Entre las áreas expuestas figuran Patología Forense, Antropología Forense y Biología Forense.

También presentaron los servicios de Química Forense y Clínica Forense. Además, explicaron el trabajo de Atención a Víctimas y Usuarios.

Estos servicios forman parte del apoyo técnico que el instituto brinda a la administración de justicia.

Cooperación apunta a capacidades médico-legales

Pedro Hernán Martínez Vásquez, director general del instituto, destacó la posibilidad de ampliar la cooperación entre las instituciones.

El funcionario señaló que el intercambio puede generar nuevas oportunidades para desarrollar capacidades médico-legales y forenses.

La visita también permitió conocer aspectos relacionados con infraestructura especializada y organización de servicios periciales.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) de El Salvador acordaron trabajar de forma conjunta para modernizar procesos y fortalecer la gestión pública.

Ambas instituciones formalizaron la cooperación mediante una Carta de Entendimiento que incluye capacitación, intercambio técnico y desarrollo de herramientas para mejorar los procesos normativos y administrativos.

Capacitación abordará nuevas herramientas de gestión

El acuerdo permitirá que funcionarios y empleados del CNJ reciban formación en áreas vinculadas con la mejora regulatoria.

Entre ellas figura el análisis de impacto regulatorio, una herramienta que permite evaluar los posibles efectos de nuevas normas antes de su aplicación.

También contempla capacitación sobre herramientas tecnológicas y modernización de procesos.

El personal del CNJ y de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo” podrá incorporarse a actividades formativas organizadas por el OMR.

También habrá intercambio entre ambas instituciones
La cooperación no se limitará a programas de capacitación. El documento contempla talleres, jornadas técnicas y espacios académicos para compartir experiencias.

Además, ambas entidades podrán intercambiar metodologías, documentación y buenas prácticas relacionadas con sus áreas de trabajo.

El CNJ también facilitará que servidores del OMR participen en las actividades académicas de su Escuela de Capacitación Judicial.

Estas acciones podrán desarrollarse de forma presencial, virtual o híbrida, según la planificación de cada institución.

Acuerdo incorpora herramientas para procesos digitales

La Carta de Entendimiento incluye además proyectos de innovación tecnológica y programas de enseñanza.

Uno de los puntos contempla la acreditación de personal del CNJ para utilizar el sistema “DiagramadorSV”, disponible en la plataforma “SIMEJORA”.

La herramienta forma parte de las iniciativas vinculadas con la modernización de procesos y la gestión regulatoria.

El acuerdo fue firmado por el presidente del CNJ, Miguel Ángel Calero Ángel, y la directora ejecutiva del OMR, Mariana Carolina Gómez Vásquez.
Con este entendimiento, las dos instituciones establecen un marco para desarrollar nuevas actividades técnicas y formativas, de acuerdo con sus planes y recursos disponibles.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador continúa ampliando el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales con la incorporación de nuevos líderes comunitarios.

Los nuevos miembros fueron juramentados en el distrito de San Matías, La Libertad. Con ellos, el programa supera los 800 integrantes, según la información difundida por el Órgano Judicial.

La iniciativa busca acercar orientación básica y mecanismos de solución de conflictos a comunidades donde opera el servicio.

Líderes comunitarios sirven de enlace con la justicia

Los facilitadores judiciales son líderes comunitarios que colaboran de forma voluntaria con los juzgados de paz.

Su trabajo incluye orientar a los habitantes sobre derechos y deberes. También ofrecen charlas y apoyan la búsqueda de soluciones pacíficas para conflictos comunitarios.

Además, reciben capacitación continua de los jueces de paz de sus localidades. Esa formación incluye leyes básicas, mediación y funcionamiento del servicio.

La Corte Suprema define el programa como un mecanismo para acercar la justicia a comunidades vulnerables y de difícil acceso.

Un modelo que funciona desde hace más de una década

El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales surgió por iniciativa de la Corte Suprema en 2013. Su implementación comenzó en 2014.

En septiembre de 2014, la Corte aprobó el reglamento que estableció las reglas para su funcionamiento.

Desde entonces, el programa ha crecido mediante su coordinación con los jueces de paz. En 2018, la Corte creó una unidad especializada para coordinar y fortalecer el servicio.

Durante 2025, los facilitadores apoyaron 4,124 actividades en 91 juzgados de paz. Las acciones incluyeron asesorías, acompañamientos, charlas y mecanismos alternos para resolver conflictos.

La expansión continúa mientras la Corte impulsa una iniciativa para establecer un marco legal específico para los facilitadores judiciales.