Politica
El Salvador extiende por 30 días el régimen de excepción por 55ª vez
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles la 55.ª prórroga del régimen de excepción, que continuará vigente durante otros 30 días.
La extensión comenzará el 28 de septiembre y finalizará el 27 de octubre, según la decisión legislativa.
El régimen de excepción entró en vigor el 27 de marzo de 2022, tras una ola de violencia atribuida a las pandillas.
El oficialismo destaca la reducción de los homicidios
La prórroga recibió 57 votos de 60 en la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas.
La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra. Los diputados de Alianza Republicana Nacionalista (Arena) no participaron en la votación.
El Gobierno atribuye al régimen parte de la reducción de los homicidios y otros delitos.
Según cifras oficiales, El Salvador acumula 1,212 días sin homicidios desde la implementación de la medida. De ellos, 224 corresponden a 2026.
La tasa de homicidios pasó de 106.3 por cada 100,000 habitantes en 2015 a 1.3 en 2025, según datos oficiales.
Más de 93,000 capturas desde marzo de 2022
Las autoridades reportan 93,162 capturas de presuntos pandilleros desde el inicio del régimen de excepción.
Además, contabilizan el decomiso de 5,574 armas de fuego, 12,247 vehículos y 25,568 teléfonos celulares.
Los registros oficiales también incluyen incautaciones de drogas valoradas en 1,735 millones de dólares.
El diputado Caleb Navarro, de Nuevas Ideas, destacó que varias comunidades recuperaron espacios que antes estaban afectados por las pandillas.
Su compañero de bancada Walter Alemán recordó las décadas de violencia que precedieron a la aplicación de la medida.
Sin embargo, organizaciones salvadoreñas e internacionales han cuestionado el régimen de excepción por denuncias de arrestos arbitrarios y torturas.
El Gobierno de Nayib Bukele rechaza esos señalamientos. Sin embargo, ha reconocido la existencia de un “margen de error” en las detenciones.
La nueva extensión mantiene vigente la suspensión de determinadas garantías constitucionales mientras las autoridades continúan las operaciones contra las estructuras criminales.
