La Procuraduría General de la República emitió un recordatorio a todas las personas obligadas al pago de pensiones alimenticias sobre los plazos establecidos para la remisión de los pagos adicionales correspondientes a los “aguinaldos” de diciembre.

De acuerdo con el Decreto Legislativo número 140 de 1997, reformado en el año 2000, todos los responsables del pago de cuotas alimenticias deben realizar un pago adicional durante el mes de diciembre.

Este “aguinaldo” tiene características específicas dependiendo del tipo de ingreso de quien realiza el pago.

Para los asalariados, el pago adicional corresponde al 30% de su compensación económica o aguinaldo. Lo mismo aplica para aquellos que entregan personalmente o mediante depósito las cuotas alimenticias.

En el caso de las personas no asalariadas, el pago adicional debe ser equivalente al monto de la cuota alimenticia mensual que ya se haya establecido a favor de sus hijos o hijas.

Plazo para el pago y consecuencias legales

El plazo para la remisión de estos pagos adicionales es hasta el 1 de diciembre de 2024. La PGR advirtió que el incumplimiento de esta obligación puede generar responsabilidades legales tanto en el ámbito del Código de Familia como del Código Penal, lo que podría acarrear consecuencias jurídicas para quienes no cumplan con el pago en tiempo y forma.

Las instituciones públicas, autónomas, municipalidades, empresas privadas y personas naturales que están obligadas a realizar estos pagos deberán cumplir con esta normativa para evitar sanciones.

Atención al público y horarios de atención

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, la PGR ha dispuesto un horario de atención especial en sus Unidades de Control de Fondos de Terceros, que estarán abiertas de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, sin interrupción al mediodía.

Además, las unidades también estarán abiertas los sábados 30 de noviembre, y los 14 y 21 de diciembre de 2024, en horario de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, para atender a los pagadores de las cuotas alimenticias.

El gobierno de El Salvador está preparando una emisión de bonos internacionales por $1,000 millones, según informó la agencia Bloomberg, como parte de sus esfuerzos por asegurar la estabilidad financiera del país antes de la próxima visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) programada para diciembre.

De acuerdo con fuentes cercanas al proceso citadas por Bloomberg, la agencia explicó que dos miembros del FMI, incluido Raphael Espinoza, jefe de la misión técnica de El Salvador, participaron de manera “inusual” en una conferencia telefónica con inversionistas organizada por el gobierno salvadoreño. La presencia de los funcionarios del FMI en la llamada fue interpretada por los inversionistas como una señal de que un acuerdo con el organismo internacional está cerca.

La emisión de bonos de $1,000 millones sería la segunda que realiza el gobierno de Nayib Bukele en 2024, después de que en abril pasado el país también colocara una cantidad similar en el mercado internacional. La nueva emisión está estructurada con un vencimiento a 30 años, lo que sugiere una estrategia de deuda a largo plazo para financiar las necesidades fiscales del país.

Visita del FMI y avances en el acuerdo

Bloomberg también detalló que los técnicos del FMI han informado a los inversionistas que una misión del organismo visitará El Salvador a principios de diciembre para continuar las negociaciones sobre un acuerdo preliminar alcanzado en agosto.

Dicho acuerdo contempla un paquete de medidas en áreas clave como la gobernanza, la transparencia y el clima de inversión, así como un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) durante los próximos 3 años.

Según funcionarios del gobierno citados por Bloomberg, el acuerdo con el FMI se espera que se cierre a mediados de diciembre, aunque no se han proporcionado detalles sobre el tamaño o la duración del programa de asistencia financiera.

El gobierno salvadoreño ha manifestado su intención de mejorar las condiciones económicas del país y mantener el apoyo de la comunidad financiera internacional.

Un proceso complicado con el FMI

Las negociaciones entre El Salvador y el FMI han estado marcadas por dificultades a lo largo de los últimos años. Tras un anuncio inicial de colaboración en marzo de 2021, el diálogo se estancó debido a las controversias internas, incluyendo la destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general por parte de la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista.

Además, la aprobación de la Ley Bitcoin, que convirtió a la criptomoneda en moneda de curso legal en el país, provocó un nuevo obstáculo en las negociaciones con el FMI, que consideró que esta medida representaba riesgos para la economía y el sistema financiero del país.

A pesar de estos obstáculos, el gobierno de Bukele ha continuado buscando acuerdos con el FMI, y en la emisión de bonos de abril, el gobierno se comprometió con los inversionistas a tener un acuerdo formal con el FMI o mejorar la calificación de riesgo soberano del país en dos puntos antes de octubre de 2025.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Alexander Mejía, y la directora País de Misión Internacional de Justicia (IJM, por sus siglas en inglés), Marla González Martínez, firmaron un convenio de cooperación orientado al fortalecimiento institucional y del talento humano en el sistema judicial.

Este acuerdo tiene como objetivo principal mejorar la atención y protección a víctimas de violencia física y sexual, especialmente mujeres, niños y adolescentes.

El convenio establece una serie de compromisos mutuos entre ambas instituciones, destacando el apoyo técnico y jurídico para el desarrollo de herramientas específicas que faciliten la valoración de riesgos.

Estas herramientas estarán diseñadas para permitir la emisión de medidas de protección más efectivas y adaptadas a las necesidades de las víctimas. Además, se incluirá el diseño de mecanismos para asegurar la notificación oportuna de las medidas y su seguimiento.

Uno de los aspectos clave del acuerdo es el fortalecimiento de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, así como el respaldo a los Facilitadores Judiciales en la atención a víctimas y sobrevivientes.

En este sentido, se busca incorporar enfoques informados sobre trauma y derechos humanos en la atención de niños, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Con este convenio, la CSJ y la IJM unen esfuerzos para garantizar un acceso a la justicia más eficaz, a través de la implementación de estrategias y acciones que mejoren la atención a las víctimas de violencia sexual y física, promoviendo una respuesta judicial más especializada y sensible a las necesidades de las personas afectadas.

En la firma del convenio, estuvieron presentes también el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros, y la directora de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, Vanessa Margarita Leiva.

Con el objetivo de fortalecer las competencias de los empleados del sistema judicial, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), inició el itinerario formativo sobre gestión del despacho judicial.

Esta capacitación se centra en la “Dirección del Juzgado y del Proceso” y está dirigida especialmente a secretarios y colaboradores judiciales que desempeñan funciones en el área penal.

El programa busca mejorar las habilidades de estos profesionales y contribuir a una mayor eficiencia en la administración de justicia.

El itinerario formativo está orientado a los empleados judiciales que laboran en las regiones central y paracentral del país.

La iniciativa tiene como principal objetivo asegurar que los participantes adquieran los conocimientos y herramientas necesarias para optimizar la gestión de los despachos judiciales.

A través de esta capacitación, el CNJ pretende avanzar hacia la excelencia en el servicio judicial, brindando a los empleados las habilidades requeridas para desempeñar su labor de manera más efectiva.

El Consejo Nacional de la Judicatura destacó que este tipo de programas son esenciales para la mejora continua de los procesos judiciales y para el fortalecimiento de la estructura del sistema de justicia.

La formación tiene un enfoque práctico que facilitará la implementación de mejores prácticas dentro de los juzgados, contribuyendo así a una mayor celeridad y transparencia en la resolución de casos penales.

El Ministerio de Hacienda recordó que la amnistía fiscal 2024, que permite a los contribuyentes con deudas tributarias ponerse al día sin recargos, intereses o multas, está por concluir.

El plazo de gracia vence el próximo 1 de diciembre.

La amnistía es una oportunidad única para aquellos que aún tienen pendientes declaraciones o pagos ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y la Dirección General de Tesorería (DGT).

Marvin Sorto, director general de Impuestos Internos, destacó que, a través de esta amnistía, los salvadoreños pueden regularizar su situación tributaria de forma voluntaria y sin sanciones adicionales.

El funcionario subrayó que para facilitar el proceso, el Ministerio ha habilitado más de 17 Centros de Atención Express en todo el país, donde se brinda asesoría especializada y gratuita a los contribuyentes. Esta medida busca garantizar que todos tengan acceso a la información necesaria para aprovechar el beneficio antes de que termine el plazo.

La amnistía cubre una variedad de impuestos, incluidos aquellos gestionados por la DGII, DGA y los pagos pendientes ante la DGT cuya fecha de vencimiento haya sido antes del 31 de julio de 2024.

Además, se extiende a los intereses generados por multas de tránsito, aunque es importante aclarar que las multas en sí mismas no se exoneran. En su lugar, el contribuyente podrá eliminar los recargos por intereses si se pone al día con el pago de la deuda. Para quienes tengan multas de tránsito, también existe la posibilidad de fraccionar el pago en hasta nueve cuotas mensuales.

Sorto también informó que, para mayor comodidad, los contribuyentes pueden optar por un plan de pagos flexible, que permite saldar la deuda en hasta nueve cuotas.