Legal
¿Cuál será el proceso para expropiar inmuebles?
La Asamblea Legislativa aprobó regular el proceso judicial de expropiación de terrenos a favor de la nueva Dirección Nacional de Obras Municipales, dicho proceso será competencia del juez de primera instancia con jurisdicción en materia civil, del domicilio del demandado o del lugar donde se encuentra situado el inmueble.
Según la normativa el proceso judicial deberá seguirse según las regulaciones generales del proceso abreviado establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, cualquiera que sea su cuantía y con las especificaciones establecidas en los artículos siguientes.
La demanda que el representante legal o apoderado de la Dirección Nacional de Obras Municipales presente ante el juez competente, deberá contener, además, de los requisitos establecidos en el artículo 418 del Código Procesal Civil y Mercantil, lo siguientes:
- La identificación inequívoca del inmueble o inmuebles que se necesite adquirir.
- La relación del título bajo el cual el propietario o poseedor ejerce derechos de propiedad sobre el inmueble.
- La individualización de las personas que tengan inscritos a su favor derechos reales o personales que deban respetarse.
- Si entre las personas a demandar hubiere ausentes o incapaces, deberá expresar los nombres y domicilios de sus representantes legales, si fueren conocidos.
- Ficha catastral del inmueble y certificación extractada, o en su caso, constancia de no tener antecedente inscrito.
- Copia de los planos correspondientes y descripción técnica del inmueble del cual pretende el dominio eminente, o plano y descripción técnica de la parte a desmembrar del inmueble general.
- Proposición de peritos para realizar el valúo del inmueble o la porción de interés.
- Declaratoria del inmueble o porción del cual se pretende el dominio eminente, como de utilidad pública o de interés social.
- Determinación estimada de una justa indemnización.
Admitida la demanda, el Juez a petición de la Dirección Nacional de Obras Municipales autorizará la ejecución de los trabajos correspondientes a las obras o proyectos que se requiera ejecutar, previo a lo que se dispone en los siguientes incisos, extendiendo la certificación del auto pertinente.
Si hubiere personas ausentes o incapaces que deban ser oídas y carecieren de representantes, el Juez les nombrará un curador especial para el juicio
La demanda se anotará preventivamente en el Registro de la Propiedad, esto para evitar cualquier otra tipo de enajenación posterior a la anotación y duran sus efectos hasta que, por decreto judicial, se ordene la cancelación.
En la audiencia señalada dentro del procedimiento, en la fase probatoria, el juez recibirá el dictamen de dos peritos que serán nombrados de oficio o a propuesta de parte. Dichos peritos valuarán detalladamente los bienes incluyendo todos los accesorios del predio y deberán pronunciarse sobre el importe de la indemnización a pagar por cada uno de los inmuebles.
Terminada la audiencia, el juez podrá dictar sentencia en el acto, si es procedente. Si no lo es, deberá anunciar verbalmente el fallo, decretando el dominio eminente sobre el inmueble para obras municipales, determinando el valor de la indemnización, la forma y condiciones del pago.
El inmueble o porción de terreno objeto de dominio eminente, se adquirirá libre de gravámenes. No obstante, sobre ellos podrán conservarse servidumbres, siempre que resulten compatibles con el nuevo destino del bien y exista acuerdo entre la Dirección Nacional de Obras Municipales y el titular del derecho de servidumbre.
Cuando sobre el inmueble objeto de dominio eminente pesen gravámenes, el juez separará, del monto de la indemnización, la cantidad necesaria para cancelarlos y girará los montos respectivos, a quien corresponda, previa audiencia al anterior propietario o poseedor y a los terceros con interés legítimo.
Contra la sentencia que decrete el dominio eminente sobre un inmueble o porción de terreno para obras municipales, se admitirá el recurso de apelación. Cuando la parte recurrente sea el propietario o poseedor de un inmueble, el mismo solo procederá respecto del monto de la indemnización decretada o justiprecio.
Notificada la sentencia definitiva que decrete el dominio eminente sobre el inmueble para obras municipales, quedará transferida la propiedad de los bienes a favor de la Dirección Nacional de Obras Municipales y se inscribirá en el Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas correspondiente, como título de dominio, la ejecutoria de dicha sentencia.
En cuanto a los derechos inscritos a favor de terceros, quedarán extinguidos por efecto del dominio eminente sobre el inmueble para obras municipales.
Si notificada a ambas partes, la sentencia estimatoria a favor de la Dirección Nacional de Obras Municipales, ésta no hubiere recibido, por renuencia de los propietarios, poseedores u ocupantes, el o los terrenos objeto del litigio, dentro del plazo que el Juez hubiese señalado para el cumplimiento de la sentencia; el Juez de la causa o un Juez de Paz que él comisione al efecto, dará posesión material de los predios al representante legal o apoderado de la institución, con sólo el pedimento del mismo, aun cuando no se hubieren hecho las inscripciones correspondientes.
Colaboradores de la Sala de lo Contencioso Administrativo y de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos participaron en un curso sobre control de la gestión estatal.
La capacitación abordó las vías de hecho y la inactividad material de la administración pública. Además, buscó fortalecer las competencias jurídicas del personal que participa en estos procesos.
Capacitación aborda límites de la actuación estatal
El curso tuvo como objetivo profundizar en los mecanismos de control jurisdiccional aplicables a las actuaciones de la administración pública.
También buscó consolidar criterios sobre la legalidad que deben regir las decisiones y actuaciones del Estado.
Durante la jornada, los participantes analizaron herramientas relacionadas con la protección de los derechos de las personas frente a posibles actuaciones administrativas.
El proceso forma parte de la actualización técnica del personal vinculado con la jurisdicción contencioso administrativa.
Sala destaca equilibrio entre poder público y derechos
José Ernesto Clímaco Valiente, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, destacó la importancia de esta jurisdicción.
Según explicó, su función permite mantener un equilibrio entre las potestades de las instituciones públicas y la protección efectiva de los derechos ciudadanos.
“La administración pública tiene una función esencial y sus decisiones inciden diariamente en la vida, obligaciones y actividades de los ciudadanos”, señaló.
La formación busca aportar herramientas especializadas para evaluar las actuaciones de las entidades estatales conforme al marco legal.
Participan magistrados y personal jurídico
En la actividad también participaron los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo Vicente Alexander Rivas Romero, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.
El curso reunió a colaboradores de esa Sala y de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos.
La actualización técnica apunta a modernizar el trabajo jurídico relacionado con el control de la administración pública.
Además, busca reforzar los conocimientos necesarios para atender controversias vinculadas con las actuaciones y omisiones de las instituciones estatales.
Facilitadores judiciales y jueces de paz de la zona occidental recibieron capacitación para identificar personas con posibles necesidades de protección internacional.
El taller busca brindar herramientas prácticas para reconocer perfiles en situación de vulnerabilidad y facilitar su referencia a las instancias correspondientes.
Formación para mejorar la atención comunitaria
La jornada se denominó “Fortalecimiento de capacidades para la identificación y referencia de personas con necesidades de protección”.
La Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales organizó la actividad con apoyo de ACNUR, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados.
Durante la capacitación, los participantes conocieron conceptos básicos sobre protección internacional y respuesta humanitaria.
Además, abordaron mecanismos para reconocer situaciones que pueden requerir atención y referencia especializada.
El papel de los facilitadores en las comunidades
La formación busca fortalecer el trabajo que los facilitadores judiciales realizan directamente en las comunidades.
Estos colaboradores apoyan el acceso a la justicia, la promoción de los derechos humanos y la prevención de conflictos.
También contribuyen a promover la convivencia pacífica y orientar a personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.
La magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, Elsy Dueñas Lovos, destacó la importancia de aplicar lo aprendido.
“Que estos conocimientos se conviertan en conversaciones, orientación, prevención, referencias oportunas y, sobre todo, en ayuda para las personas”, afirmó.
La capacitación busca que los conocimientos adquiridos tengan aplicación directa en las comunidades y mejoren la identificación de personas que puedan necesitar protección.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador lanzó este viernes un servicio en línea para solicitar testimonios.
La nueva herramienta permite iniciar el trámite de manera remota, sin acudir personalmente a las oficinas de la institución.
El servicio está disponible para la población salvadoreña que reside en el país y para quienes viven en el extranjero.
La plataforma forma parte del proceso de digitalización de servicios del Órgano Judicial.
La plataforma utiliza identificación y código de acceso
Para ingresar al sistema, el usuario debe proporcionar su documento de identidad en el formato establecido.
Después, debe solicitar un código de acceso para completar el proceso de autenticación.
Una vez dentro de la plataforma, podrá gestionar la solicitud del testimonio correspondiente.
El sistema está integrado al servicio de trámites en línea de la Corte Suprema de Justicia.
Qué documentos pueden solicitarse
En el ámbito notarial, un testimonio es una copia certificada o transcripción oficial de un instrumento público.
Estos documentos pueden corresponder a escrituras públicas, testamentos, donaciones y otros actos notariales registrados.
La Sección de Notariado de la CSJ atiende este tipo de solicitudes.
Hasta ahora, estos trámites podían requerir gestiones presenciales o la intervención de representantes, según cada caso.
La medida facilita gestiones desde el extranjero
El nuevo servicio elimina la necesidad de trasladarse físicamente para iniciar la solicitud.
Esto permite que los salvadoreños residentes en otros países puedan gestionar el trámite de manera remota.
La Corte Suprema presentó la plataforma durante un acto oficial.
Un total de 142 profesionales del derecho fueron juramentados este miércoles en El Salvador y quedaron habilitados para ejercer la abogacía en sus distintas ramas.
La ceremonia marcó el ingreso formal de los nuevos abogados al ejercicio profesional. El acto estuvo a cargo de la Corte Suprema de Justicia.
Los profesionales asumieron el compromiso de cumplir las leyes y ejercer la defensa de sus representados con responsabilidad.
Preparación como requisito profesional
Durante la ceremonia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, destacó la necesidad de mantener una formación jurídica sólida.
El magistrado llamó a los nuevos abogados a fortalecer sus conocimientos sobre teoría del derecho, principios generales y jurisprudencia.
También mencionó la importancia de conocer las decisiones de tribunales nacionales y extranjeros.
“Los exhorto este día a estar preparados con conocimientos sólidos en la teoría del derecho”, afirmó Mejía.
El funcionario vinculó esa preparación con el compromiso asumido durante la juramentación.
Participación de magistrados
En el acto participaron magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y miembros de la Comisión de Abogacía y Notariado.
Entre ellos estuvieron José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.
También asistió Rubén Atilio Meléndez, jefe de la Sección de Investigación Profesional.
Legal
Corte Suprema fortalece capacitación judicial para valorar pruebas en casos de violencia contra mujeres
El sistema judicial de El Salvador concluyó una formación especializada sobre valoración de pruebas con enfoque de derechos humanos para mejorar la atención de casos de violencia contra mujeres.
La capacitación se desarrolló durante seis jornadas y reunió a jueces, colaboradores judiciales y personal del Instituto de Medicina Legal.
También participaron profesionales de equipos multidisciplinarios que atienden a mujeres en distintas zonas del país.
La actividad abordó criterios técnicos para valorar pruebas testimoniales y periciales especializadas. Además, incluyó análisis sobre la respuesta judicial en contextos de desigualdad y discriminación.
La Dirección de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia impulsó el proceso de formación.
El objetivo es mejorar la valoración de pruebas
Durante las jornadas, los participantes intercambiaron experiencias y revisaron criterios para fortalecer las decisiones judiciales.
La formación también buscó mejorar la respuesta de las jurisdicciones especializadas en violencia contra las mujeres, familia y paz.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional Luis Javier Suárez Magaña destacó la importancia de aplicar los conocimientos adquiridos en las resoluciones judiciales.
Según el funcionario, las decisiones deben contar con fundamentos jurídicos y evitar prejuicios y estereotipos.
Cooperación internacional respaldó el proceso
En la actividad participaron representantes de la Dirección de Atención Integral a las Mujeres y de Canadá.
También asistió Ximena Díaz, coordinadora de proyectos de Abogados Sin Fronteras Canadá.
Al cierre del proceso, Díaz recibió un diploma de reconocimiento por el apoyo de esa organización a la capacitación.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos para fortalecer las capacidades técnicas de funcionarios judiciales y especialistas que intervienen en casos relacionados con mujeres.
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