El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) inició al módulo VI del Programa de Especialización Continua en Justicia Penal Juvenil (PEC), una iniciativa clave en el fortalecimiento del sistema judicial del país. Este módulo, titulado “Sana Crítica y Razonamiento Probatorio”, está enfocado en mejorar las competencias de los funcionarios judiciales en el ámbito de la justicia juvenil.
La formación, que tiene como objetivo potenciar la capacidad de los participantes para aplicar criterios adecuados en la formulación de razonamientos probatorios, se encuentra alineada con los principios fundamentales de la sana crítica.
Según el CNJ, este enfoque busca reforzar las habilidades de los jueces, fiscales y defensores públicos en la evaluación de pruebas y la toma de decisiones en casos juveniles, garantizando así que los fallos sean más justos, equitativos y basados en un análisis sólido de la evidencia.
Este módulo es parte de un esfuerzo continuo por profesionalizar el sistema de justicia en el país, contribuyendo al desarrollo de un marco judicial que respete los derechos de los jóvenes y promueva una justicia más eficaz y especializada.
A través de este tipo de programas, el Consejo Nacional de la Judicatura reafirma su compromiso con la formación continua y el perfeccionamiento de los operadores de justicia, un componente esencial para avanzar hacia un sistema judicial más transparente y competente.

El 23 de noviembre de 2024 entraron en vigor la Ley para la Protección de Datos Personales y la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información.
Ambas buscan regular y mejorar la protección de datos en el país, aunque se aplican de manera diferente a la población y a las instituciones del Estado.
Las disposiciones de estas leyes se hicieron públicas 8 días antes, el 15 de noviembre, y comenzaron a regir de inmediato.
La Ley para la Protección de Datos Personales afecta a todos los individuos y entidades, tanto públicas como privadas, que manejen datos personales.
Según esta ley, los sujetos obligados deben nombrar un delegado de protección de datos personales. Este será el encargado de gestionar las solicitudes relacionadas con los derechos de los titulares de datos, como la rectificación, cancelación o acceso a la información.
Los sujetos obligados tendrán un plazo de 6 meses, hasta mayo de 2025, para implementar las medidas de protección de datos personales que serán establecidas por la nueva Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE).
En este sentido, la ACE tendrá hasta febrero de 2025 para elaborar las políticas y procedimientos necesarios para garantizar la seguridad de los datos personales y facilitar el ejercicio de los derechos de los titulares.
Por otro lado, la Ley de Ciberseguridad, que también entró en vigor el 23 de noviembre, se centra en las instituciones públicas y sus obligaciones para proteger la privacidad de los ciudadanos dentro de los sistemas informáticos del Estado.
Esta obliga a las instituciones gubernamentales a contar con planes de ciberseguridad aprobados por la ACE y a seguir sus lineamientos y directrices. La ACE será la encargada de supervisar la implementación de estas medidas y de imponer sanciones en caso de incumplimiento.
La creación de la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE) es uno de los principales componentes de ambas leyes. La ACE tendrá 90 días, hasta el 21 de febrero de 2025, para desarrollar los protocolos, normativas y procedimientos que guiarán la implementación de las leyes. El presidente de la República será responsable de nombrar al director de la ACE, quien a su vez designará a un director de Protección de Datos Personales. Esta agencia tendrá la facultad de sancionar a quienes infrinjan las normativas relacionadas con los datos personales.
El nombramiento de delegados de protección de datos ha sido uno de los puntos más criticados por organizaciones no gubernamentales, que señalan que esta obligación puede resultar especialmente onerosa para las pequeñas y microempresas en un contexto económico difícil.
Los delegados tendrán que gestionar las solicitudes de los ciudadanos relacionadas con el manejo de sus datos personales, lo que incrementaría los costos operativos de muchas empresas, según estas organizaciones.
En cuanto a la ley de ciberseguridad, se señala que la ACE tendrá la capacidad de imponer sanciones a las instituciones públicas que no cumplan con las regulaciones establecidas.
La agencia también será responsable de resolver cualquier controversia que surja respecto al tratamiento de datos personales en las instituciones del Estado, un proceso que podría incluir la clasificación y desclasificación de datos sensibles.

La Procuraduría General de la República (PGR) promueve un servicio innovador para facilitar el acceso de la población a diversos trámites legales. Los salvadoreños que enfrenten dificultades para movilizarse a las 18 sedes que la institución tiene a nivel nacional pueden recibir atención directa en su vivienda.
Este servicio es gratuito y está especialmente dirigido a quienes necesitan gestionar trámites como la solicitud de cuota alimenticia para personas mayores o realizar gestiones notariales.
Este modelo de atención busca acercar los servicios de la Procuraduría a aquellos que por razones de salud, edad avanzada o cualquier otra limitación no pueden trasladarse a las oficinas de la institución.
De esta manera, la Procu, como muchos llaman a la institución, ofrece una alternativa cómoda y accesible para que los ciudadanos puedan resolver sus necesidades legales sin la necesidad de desplazarse, garantizando la inclusión de todos los sectores de la población.
La PGR destacó que, además de la solicitud de cuota alimenticia para personas mayores, el servicio a domicilio también está disponible para quienes requieran asesoría legal o la realización de otros trámites notariales.
La medida responde a la necesidad de garantizar el acceso a la justicia y los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin que existan barreras físicas que impidan el acceso a estos servicios.

La magistrada Elsy Dueñas Lovos, miembro de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ), inauguró el II seminario internacional titulado “Sistemas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas: Los archivos históricos y las herramientas científicas al servicio de la búsqueda de las personas desaparecidas en Iberoamérica”.
El organizado por la CSJ, a través del SNFJ, la Procuraduría de Derechos Humanos, CNB Conabúsqueda, la UNODC, con el apoyo del Fondo para la Consolidación de la Paz, tiene como objetivo contribuir a una sociedad más justa y equitativa, promoviendo el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas de desaparición forzada.
En su intervención, la magistrada Dueñas destacó la relevancia del seminario, subrayando que se abordarán temas cruciales como el manejo y conservación de archivos históricos, una herramienta fundamental en los procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Además, destacó la importancia de las bases de datos científicas y genéticas, que, gracias a los avances en la ciencia y la tecnología, han convertido a estas herramientas en instrumentos poderosos para la identificación de personas desaparecidas.
El seminario, que se desarrollará a lo largo de 3 jornadas, contará con la participación de expertos nacionales e internacionales de Iberoamérica.
Las temáticas abordadas incluirán el uso de archivos históricos y bases de datos en la búsqueda de desaparecidos, el papel de la investigación forense y las bases de datos genéticos, así como los avances y buenas prácticas en la colaboración entre instituciones para resolver estos casos.
A la inauguración del seminario asistieron importantes autoridades, como los magistrados de la CSJ, Héctor Nahun Martínez y José Ángel Pérez Chacón de la Sala de lo Constitucional, y José Fernando Marroquín Galo de la Sala de lo Contencioso Administrativo. También estuvieron presentes jueces que implementan el SNFJ, el director del Instituto de Medicina Legal, Pedro Hernán Martínez, y Benjamín Chicas, jefe de la Unidad Coordinadora de Facilitadores Judiciales, entre otros representantes de países iberoamericanos.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo una jornada académica enfocada en el estudio y análisis de la Observación General 24 (2019) y su relación con la Observación General 10 (2007) del Comité de los Derechos del Niño, en un esfuerzo por actualizar y profundizar el conocimiento en torno a los derechos de la niñez en el contexto de la justicia penal.

La actividad, dirigida a secretarios, colaboradores de la Sala de lo Penal y miembros de equipos multidisciplinarios, tuvo como objetivo analizar las diferencias y las implicaciones de estas observaciones, fundamentales para garantizar la protección de los derechos de los menores en el sistema de justicia. 

La jornada permitió un intercambio enriquecedor de ideas, en el que se discutieron los cambios significativos desde la emisión de la Observación General 10 en 2007, en particular los avances derivados de las normas internacionales y regionales, así como la evolución de la jurisprudencia del Comité.

Uno de los aspectos centrales de la actividad fue el análisis de la Observación General N.º 24 (2019), la cual pone un énfasis particular en los derechos de los niños involucrados en el sistema de justicia juvenil. 

La Observación N.º 24 proporciona directrices clave sobre cómo los sistemas judiciales deben abordar la situación de los niños que son reclutados por grupos armados, así como aquellos involucrados en sistemas de justicia no estatal.

A través de estas orientaciones, se busca asegurar que los menores no sean objeto de violaciones de derechos humanos y reciban un trato adecuado, acorde con su condición de vulnerabilidad.

El CNJ destaca que estas jornadas académicas son parte de un esfuerzo continuo por fortalecer la formación de los operadores de justicia, promoviendo una mayor comprensión de los estándares internacionales en la protección de los derechos de la niñez. 

Con ello, se busca asegurar que el sistema judicial pueda responder de manera más efectiva y humanitaria frente a las situaciones que afectan a los menores en conflicto con la ley.

Este tipo de actividades refuerzan el compromiso del Consejo Nacional de la Judicatura con la protección de los derechos fundamentales de los niños y la mejora constante del sistema de justicia penal, alineándose con los principios establecidos por organismos internacionales y con los estándares nacionales en materia de derechos humanos.