El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, pidió a la Asamblea Legislativa la aprobación de una “Ley de ciberseguridad y seguridad de la información”. Esta iniciativa busca establecer un marco regulatorio para vigilar y fiscalizar las medidas de ciberseguridad en las instituciones públicas.

El proyecto, presentado el 15 de octubre, fue recibido por el pleno de la Asamblea el 30 de octubre y ha sido asignado a la Comisión de Seguridad Nacional, que se reunirá el próximo lunes a las 2:00 de la tarde.

La ley propone la creación de una Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), cuyo director general será nombrado por el presidente de la República.

La propuesta tiene como objetivo establecer principios y políticas que regulen la protección de la información estatal, ante el creciente riesgo de compromisos a la confidencialidad e integridad de los sistemas informáticos de las entidades gubernamentales.

Villatoro advirtió sobre la «amenaza de ciertos comportamientos» que ponen en peligro el bienestar de la ciudadanía y la continuidad de las funciones del Estado. Entre las atribuciones de la nueva agencia se incluyen la facultad de requerir información a las entidades estatales en caso de incidentes de ciberseguridad y la creación de un Registro

Nacional de Amenazas e Incidentes. Asimismo, se prevé la posibilidad de sancionar a empleados o funcionarios por infracciones, que pueden ir desde despidos hasta multas que oscilan entre uno y 100 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la falta.

La ley también contempla sanciones severas para quienes obstaculicen las medidas de ciberseguridad o presenten información incorrecta a la agencia.

Esta iniciativa es parte de los esfuerzos del Gobierno para mitigar los riesgos cibernéticos y garantizar la seguridad de la información en el sector público.

Hasta el 20 de octubre en este año, la Defensoría del Consumidor (DC) logró recuperar $30 millones a favor de más de 31,000 consumidores que presentaron denuncias sobre irregularidades en el ámbito comercial.

El presidente de la DC, Ricardo Salazar, destacó que estas recuperaciones reflejan el compromiso de la institución en proteger los derechos de los consumidores salvadoreños.

Los sectores más denunciados en lo que va del año incluyen inmobiliarias, servicios financieros, turismo y servicios generales. Según Salazar, la mayoría de las devoluciones se ha dado en el sector inmobiliario, con más de $18 millones destinados a 2,417 personas.

En el sector financiero, se recuperaron más de $8.1 millones para 11,527 consumidores, mientras que en turismo se devolvieron $877,000 a 476 personas y en servicios generales, $755,000 a 13,281 ciudadanos.

De los $30 millones recuperados, el 63% se procesó a través de casos colectivos, que equivalen a más de $19 millones, y el 37% corresponde a casos individuales, sumando más de $10.9 millones.

Este enfoque ha permitido a la Defensoría atender de manera más efectiva las demandas de los consumidores, que han aumentado significativamente.
Salazar también subrayó que la confianza de la población en la Defensoría se refleja en el registro de más de 24,000 denuncias hasta la fecha, cifra que ya supera el total de denuncias recibidas en todo 2023.

“Este incremento indica una mayor confianza de los consumidores en nuestra institución y nuestro compromiso por ofrecer un servicio efectivo y oportuno», afirmó.

De cara al cierre del año, la DC dijo que mantendrá una vigilancia activa sobre la actividad comercial, especialmente durante eventos como el Viernes Negro y las festividades de Navidad y Año Nuevo.

«Continuaremos con los esfuerzos de verificación para asegurar que las ofertas y promociones sean justas y se respeten las garantías», concluyó Salazar.

La amnistía fiscal de 3 meses decretada por la Asamblea Legislativa, que permite a los contribuyentes saldar sus deudas con el Ministerio de Hacienda sin enfrentar multas ni recargos, continúa vigente y es la oportunidad para saldar esas inquietantes deudas con el fisco.

El decreto vence el 2 de diciembre de 2024 y otorga a los deudores la posibilidad de establecer planes de pago de hasta nueve meses. Durante este período, cualquier contribuyente puede solicitar un plan a la Dirección de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas o la administración pública. La primera cuota del plan debe ser el 10% de la deuda, a partir de la resolución de la solicitud.

Esta amnistía es especialmente relevante para aquellos con procesos pendientes en varias fases, incluyendo la jurisdicción contenciosa administrativa y la Fiscalía General de la República. Además, pueden beneficiarse aquellos que hayan declarado saldos a favor o que hayan presentado declaraciones fuera de plazo antes del 31 de julio de 2024.

Pero, ¿qué ocurre si alguien no salda esa deuda con el Estado? Es fundamental recordar que no cumplir con las obligaciones tributarias puede acarrear serias consecuencias legales.

En El Salvador, la evasión de impuestos se clasifica como un delito, lo que puede resultar en penas de prisión que van de cuatro a ocho años, dependiendo del monto evadido. Las autoridades fiscales están facultadas para iniciar acciones penales contra quienes no cumplan con sus deberes tributarios, incluso si han sido sujetos de fiscalización.

Por tanto, aquellos que opten por no pagar sus impuestos podrían enfrentarse a procesos judiciales que no sólo comprometen su libertad, sino que también pueden afectar su situación económica y social.

Asimismo, la falta de cumplimiento tributario no sólo tiene repercusiones legales, sino que también puede perjudicar la reputación del contribuyente. Las sanciones impuestas pueden incluir multas significativas, que agravan la carga financiera de los deudores y dificultan su capacidad para regularizar sus deudas en el futuro.

En un contexto donde la amnistía fiscal ofrece una vía de escape, la decisión de ignorar estas obligaciones podría resultar en consecuencias duraderas que impacten en la vida personal y profesional de los ciudadanos salvadoreños.

En un esfuerzo por combatir la corrupción en la región, se llevó a cabo esta semana un curso intensivo sobre anticorrupción y recuperación de activos en las instalaciones de Academia Internacional para la Aplicación de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés).

Este programa fue posible gracias al apoyo de la Oficina del Departamento de Justicia (OPDAT) de los Estados Unidos, que se comprometió a fortalecer las capacidades de los funcionarios encargados de la ley.

Fueron 43 de cuerpos de seguridad de Aruba, Belice, Curazao, Guyana, República Dominicana y El Salvador participaron activamente en esta capacitación, la cual se desarrolló a lo largo de 5 días.

El curso tuvo como objetivo mejorar las técnicas de los funcionarios para enfrentar la corrupción pública y facilitar la recuperación de los recursos que han sido desviados por este tipo de delitos.

La ceremonia de clausura, que se celebró el viernes, fue presidida por autoridades de ILEA, quienes hicieron entrega de las certificaciones a los participantes. Durante el evento, se resaltó la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra la corrupción y la necesidad de seguir fortaleciendo las capacidades de los funcionarios en la región.

La participación de delegaciones de Aruba, Belice, Curazao, Guyana, República Dominicana, San Martín y El Salvador demuestra el compromiso colectivo de estos países en la erradicación de la corrupción y en la promoción de una gobernanza más transparente.
Este curso no solo representa un avance en la capacitación de los funcionarios, sino que también subraya la urgencia de una acción coordinada y efectiva en la lucha contra la corrupción, un fenómeno que afecta gravemente el desarrollo y la estabilidad de las naciones.

De manera oficial, el Área Metropolitana de San Salvador crece considerablemente con la aprobación en la Asamblea Legislativa de la inclusión de los municipios de La Libertad Costa y La Libertad Este a este territorio que por años estuvo delimitado por las fronteras urbanas con la capital.

Con 59 de 60 votos, los diputados avalaron la inclusión y, con ello, los permisos de construcción, urbanización, parcelación y cualquier proyecto quedan regidos por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss).

Huizúcar, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva, Zaragoza (todos de La Libertad Este), Chiltiupán, Jicalapa, La Libertad, Tamanique y Teotepeque (La Libertad Costa) ahora son parte del Área Metropolitana.

Sí, ahora la gran ciudad incluye a la zona costera de mayor demanda turística del momento, algunas de las playas de La Libertad. Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, La Libertad Este y La Libertad Sur, respectivamente, llevaban décadas integrados al Área Metropolitana.

Antes, el AMSS era conformado por San Salvador, Soyapango, Apopa, Mejicanos, Santa Tecla, Ciudad Delgado, Ilopango, Tonacatepeque, San Martín, Cuscatancingo, San Marcos, Antiguo Cuscatlán, Ayutuxtepeque y Nejapa, antiguos municipios cuya característica era netamente urbana.

En los municipios cuya integración fue aprobada, los permisos urbanísticos no serán tramitados por la recién creada Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), sino por la OPAMSS, que en los últimos meses, con la llegada de Luis Rodríguez a la dirección ejecutiva, ha recobrado protagonismos.

Políticos como el oficialista Salvador Chacón, diputado, dijo que “poder explotar tanto los municipios de La Libertad Costa como La Libertad Este en el ámbito del desarrollo económico” y darles herramientas “para que puedan explotar la capacidad técnica que tiene una oficina como la OPAMSS”, se convierte en una oportunidad muy importante de avances que repercutirá positivamente en la economía.