La Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales y Misión Internacional de Justicia realizaron la primera reunión de seguimiento.

El encuentro permitió revisar los resultados obtenidos entre abril y junio en 13 distritos de El Salvador.

Durante ese período, los equipos identificaron casos de violencia en sus diferentes manifestaciones. Además, establecieron mecanismos de respuesta según las necesidades de cada persona.

El programa reúne a jueces, facilitadores judiciales y equipos técnicos. Su objetivo consiste en acercar los servicios de justicia a las comunidades.

Asimismo, el modelo busca ofrecer atención física, emocional y legal a víctimas de violencia.

El modelo busca acercar la justicia a las comunidades

La magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, Elsy Dueñas Lovos, destacó el alcance del proyecto.

Según Dueñas, el plan representa una oportunidad para fortalecer la atención judicial en las comunidades.

Además, señaló que el modelo busca ofrecer respuestas más efectivas a quienes necesitan orientación, apoyo y protección.

Entre los distritos incluidos figuran La Libertad, Tamanique, Zaragoza, San Miguel y Chinameca.

También buscan fortalecer la denuncia

El programa contempla acciones para promover la denuncia de hechos de violencia.

De igual forma, pretende fomentar una cultura de paz y mejorar la convivencia en las comunidades.

La evaluación del primer trimestre permitirá ajustar el modelo de atención durante las siguientes etapas del plan piloto.

La Sala de lo Constitucional estableció que las alcaldías no pueden crear cobros municipales sin definir un servicio concreto a cambio. El criterio surgió de una tasa de $100 aplicada por San Rafael Cedros a postes y torres.

El cobro figuraba en una ordenanza del distrito de San Rafael Cedros, perteneciente al municipio de Cuscatlán Sur.

La norma establecía un pago de $100 por derechos de uso de suelo para postes o torres de electricidad y telecomunicaciones.

Sin embargo, la Sala concluyó que la disposición violaba la reserva de ley en materia tributaria. El tribunal consideró que la ordenanza no establecía una contraprestación municipal.

Una tasa requiere que la municipalidad entregue un servicio, permiso, licencia o autorización específica al contribuyente.

El caso llegó desde un tribunal administrativo

El proceso comenzó ante el Juzgado Tercero de lo Contencioso Administrativo de San Salvador.

Ese tribunal declaró inaplicable la disposición al considerar que el cobro tenía características de un impuesto.

La Fiscalía General de la República coincidió con ese criterio durante el proceso.

Por su parte, la alcaldía defendió la medida. El gobierno local argumentó que actuaba dentro de su autonomía municipal y conforme a la Ley General Tributaria Municipal.

La Asamblea tiene competencia sobre los impuestos

La discusión se centró en diferenciar una tasa municipal de un impuesto.

La Constitución reserva a la Asamblea Legislativa la creación de impuestos. Por ello, una alcaldía no puede establecerlos mediante una ordenanza.

En cambio, los municipios pueden cobrar tasas cuando existe un servicio o actividad específica que justifique el pago.

Con ese criterio, la Sala declaró inconstitucional el cobro incluido en la ordenanza de San Rafael Cedros.

El concejo deberá modificar la disposición

La Sala concedió tres meses para que el concejo municipal corrija el aspecto formal señalado en la sentencia.

El tribunal también estableció que la decisión no afectará los pagos realizados antes del fallo.

La Sala resolvió el caso el 22 de julio de 2026. El Diario Oficial publicó la resolución el 13 de agosto.

El fallo se suma a una serie de cuestionamientos

La decisión sigue a otro pronunciamiento de la Sala sobre cobros municipales a instituciones financieras de ahorro y crédito en La Unión.

En ese caso, el tribunal también cuestionó que una obligación tributaria se estableciera mediante una ordenanza municipal.

Los dos fallos colocan nuevamente bajo análisis los límites de la potestad tributaria de los gobiernos locales.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador juramentó a 134 nuevos abogados de la República, quienes quedaron autorizados para ejercer la profesión.

El acto estuvo encabezado por el presidente de la CSJ, Henry Alexander Mejía. Los profesionales cumplieron previamente los requisitos legales para su incorporación.

El presidente de la Corte llamó a ejercer con ética

Durante la ceremonia, Mejía pidió a los nuevos abogados ejercer con ética, responsabilidad y profesionalismo.

Además, los exhortó a contribuir a recuperar la confianza y credibilidad de la sociedad salvadoreña.

El funcionario también señaló que los profesionales del derecho deben actuar como agentes de cambio y mantener altos estándares durante el ejercicio de su profesión.

Magistrados participaron en la ceremonia

En el acto participaron magistrados de distintas salas de la Corte.

Entre ellos estuvo Luis Javier Suárez Magaña, magistrado de la Sala de lo Constitucional.

También participaron José Ernesto Clímaco Valiente, Vicente Alexander Rivas Romero, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.

Los cuatro integran la Sala de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, asistió Rubén Atilio Meléndez, jefe de la Sección de Investigación Profesional.

La incorporación permite ejercer la abogacía

La Corte Suprema de Justicia es la institución encargada de habilitar el ejercicio de la abogacía en El Salvador.

Estos actos de juramentación se realizan periódicamente durante el año, después de que los profesionales cumplen los requisitos establecidos.

Entre los nuevos profesionales estuvo un abogado con discapacidad visual.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) iniciará el 1 de septiembre un ciclo de videoconferencias sobre justicia digital y protección de derechos.

La primera sesión abordará los estándares de protección de derechos digitales y la prevención de la violencia digital. El encuentro se desarrollará de 10:00 a.m. a 12:00 m.

Expertos analizarán los retos jurídicos

La sesión contará con la participación de Marcos Antonio Vela Ávalos, jurista e investigador de Administrative Law Center, de El Salvador.

También participará Jazmín Ruíz Díaz Figueroa, coordinadora de proyectos de género y tecnología de la organización TEDIC, de Paraguay.

Ambos ponentes abordarán experiencias y desafíos relacionados con la protección de derechos en entornos digitales. Además, analizarán respuestas jurídicas frente a distintas formas de violencia en internet.

El ciclo tendrá respaldo regional

El CNJ organiza la actividad con apoyo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). También colaboran ORMUSA, CICAM y ONU Mujeres.

La Unión Europea financiará el ciclo de videoconferencias. La iniciativa busca generar espacios de formación sobre los desafíos jurídicos asociados con el entorno digital.

El programa se denomina “Justicia digital y protección de derechos: retos y respuestas jurídicas frente a la violencia digital”.

La primera sesión se realizará de manera virtual el martes 1 de septiembre. Las personas interesadas podrán inscribirse mediante el enlace habilitado por los organizadores Inscríbete
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El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) de El Salvador realizará una videoconferencia sobre los efectos legales de la tokenización de activos y los retos que plantea esta tecnología.

La actividad se desarrollará el 28 de agosto de 2026, de 10:00 de la mañana al mediodía.

La conferencia forma parte de las actividades de regulación digital impulsadas por el organismo encargado de apoyar la formación de funcionarios judiciales.

La sesión abordará el marco legal de los activos digitales

La videoconferencia se denomina “Implicaciones jurídicas de la tokenización de activos”.

Durante la jornada, los participantes analizarán el marco legal establecido por la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador.

Además, la actividad abordará la relación entre los activos tokenizados y los derechos de propiedad.

Otro de los temas será el uso de smart contracts, o contratos inteligentes, y su validez dentro del derecho civil.

La sesión busca analizar los desafíos jurídicos que surgen cuando bienes o derechos se representan mediante tokens digitales.

Especialista de la Escuela de Capacitación Judicial dirigirá la actividad

La ponencia estará a cargo de la doctora Reyna Verónica Jaime Bermúdez, capacitadora de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo”.

La actividad está dirigida a analizar los cambios que introduce la tecnología digital en las relaciones jurídicas.

Además, permitirá revisar los posibles efectos de la tokenización sobre la propiedad y los derechos reales.

La inscripción continúa abierta

El Consejo Nacional de la Judicatura habilitó un proceso de inscripción para participar en la videoconferencia.

La actividad se realizará en línea y forma parte de la agenda de formación relacionada con regulación digital (para inscripción: https://tinyurl.com/2y94r4h2)

El encuentro permitirá abordar cómo el marco jurídico salvadoreño responde a nuevas formas de representar activos y ejecutar acuerdos mediante tecnología digital.