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Corte Suprema capacita a facilitadores judiciales en Morazán para promover paz y justicia comunitaria

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En el corazón de Arambala, Morazán, un taller centrado en la Resolución Colaborativa de Disputas se llevó a cabo con el propósito de fortalecer las habilidades de los facilitadores judiciales, quienes desempeñan un papel fundamental en la solución pacífica de conflictos en las comunidades. Este evento, coordinado por la magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ), Elsy Dueñas Lovos, fue posible gracias a la colaboración con el Consejo Noruego para Refugiados (NRC).

Un compromiso con la justicia comunitaria 

La magistrada Elsy Dueñas Lovos inauguró la actividad y subrayó la importancia de este taller como una oportunidad para reforzar los conocimientos y habilidades prácticas de los facilitadores judiciales. “Este taller no solo es una oportunidad para el aprendizaje, sino también para reafirmar nuestro compromiso con las comunidades más alejadas, donde la justicia accesible es clave para promover una verdadera transformación social”, expresó la magistrada Dueñas.

El rol de los facilitadores judiciales: agentes de cambio

La presencia de Alexis Iglesias Amaya, juez de Paz de Arambala, enriqueció el evento con su reflexión sobre el impacto transformador que tiene la mediación en la vida de las personas. Iglesias destacó que los facilitadores judiciales no solo son mediadores, sino líderes comunitarios que construyen puentes hacia el acceso a la justicia, desempeñando un papel fundamental en la prevención de disputas mayores y promoviendo una cultura de paz.

“El facilitador judicial es más que un mediador. Es un líder en su comunidad, un agente de cambio que impulsa el diálogo y la empatía como herramientas para construir una sociedad más justa y pacífica”, enfatizó el juez de Paz.

Colaboración estratégica para el bien común

El taller fue dirigido por Julio Martínez, coordinador del programa de Información, Orientación y Asistencia Legal (ICLA) del NRC. Durante su intervención, Martínez destacó la sinergia entre el SNFJ y el NRC, dos instituciones que buscan promover una cultura de paz y fortalecer el acceso a la justicia en las zonas más vulnerables. “El trabajo comunitario y participativo es esencial para construir una cultura de paz que permita prevenir conflictos y resolver disputas de manera pacífica”, comentó.

Material didáctico y herramientas para el cambio

El taller incluyó la entrega de material didáctico y souvenirs a los facilitadores judiciales, como parte de un esfuerzo para apoyar su labor diaria en la resolución de conflictos en sus comunidades. Además, estuvieron presentes jueces de paz de localidades cercanas, representantes del NRC y el jefe de la Unidad Coordinadora del SNFJ, Benjamín Chicas, quien acompañó a su equipo técnico en el evento.

Un futuro promisorio para resolución de conflictos

El taller realizado en Arambala representa un paso más hacia el fortalecimiento de las capacidades de los facilitadores judiciales, quienes, con el apoyo de instituciones como el SNFJ y el NRC, están contribuyendo a la creación de comunidades más cohesionadas, con un acceso a la justicia más efectivo y pacífico.

La resolución colaborativa de disputas es, sin duda, una herramienta poderosa que no solo mejora la convivencia en las comunidades, sino que también promueve un cambio social profundo, basado en el respeto, la empatía y el diálogo.

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Corte Suprema inaugura programa que busca fortalecer la prevención de la corrupción en el sistema judicial

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La Corte Suprema de Justicia de El Salvador inauguró la tercera edición del programa “Integridad Pública y Cumplimiento Normativo Anticorrupción”, dirigido a jueces, magistrados y personal judicial de la zona oriental del país.

La actividad fue organizada por la Dirección de Talento Humano Institucional con el objetivo de fortalecer las capacidades para prevenir y combatir la corrupción dentro del Órgano Judicial salvadoreño.

Además, la jornada reunió a funcionarios judiciales encargados de aplicar normas vinculadas con transparencia, ética pública y cumplimiento anticorrupción.

Magistrado expone sobre consecuencias jurídicas y sociales de la corrupción

Durante la inauguración, el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez García, impartió el primer módulo de la capacitación.

El funcionario también coordina la Comisión de Prevención Contra el Lavado de Dinero y Activos del sistema judicial salvadoreño.

En su exposición, Martínez García abordó las definiciones y consecuencias de la corrupción desde perspectivas jurídicas, éticas y sociales.

Asimismo, explicó herramientas básicas para interpretar y aplicar correctamente las disposiciones legales relacionadas con el combate a la corrupción.

“El propósito de esta ponencia es facilitarles competencias y herramientas básicas para que sepan interpretar y aplicar adecuadamente las disposiciones de la ley”, expresó el magistrado durante la actividad.

Programa analiza normas internacionales contra la corrupción

La capacitación también incluyó el estudio de disposiciones contenidas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

De esta manera, el programa busca reforzar el conocimiento sobre estándares internacionales vinculados con transparencia institucional, prevención de delitos y cumplimiento normativo.

Las autoridades judiciales señalaron que este tipo de jornadas forma parte de los esfuerzos para fortalecer la integridad pública dentro de las instituciones del sistema de justicia.

Además, la iniciativa pretende mejorar las prácticas internas relacionadas con la ética judicial y la prevención de actos irregulares.

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Consejo Nacional de la Judicatura realiza charla sobre inteligencia artificial aplicada al Derecho

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El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) desarrolló este viernes la jornada académica “Una aproximación a la Inteligencia Artificial aplicada al Derecho”, enfocada en el uso de nuevas tecnologías dentro del sistema judicial y administrativo.

La actividad reunió a magistrados de Cámara, jueces de Primera Instancia y de Paz, además de personal jurídico de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y representantes de otras instituciones vinculadas al organismo.

Durante la jornada, los participantes conocieron aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico y analizaron su impacto en la administración de justicia.

CNJ destaca impacto de la inteligencia artificial

El consejero propietario Santos Guerra Grijalba señaló que estos espacios académicos permiten fortalecer el conocimiento tecnológico del funcionariado judicial.

Además, explicó que la capacitación ayuda a comprender el alcance de la inteligencia artificial en procesos legales y administrativos.

Según indicó el funcionario, las nuevas herramientas digitales pueden apoyar distintas tareas relacionadas con el análisis jurídico y la gestión institucional.

Participaron jueces, magistrados y personal jurídico

En la actividad participaron magistrados de distintas competencias judiciales, jueces de Paz y de Primera Instancia, así como personal especializado de instituciones que mantienen acuerdos de cooperación con el Consejo Nacional de la Judicatura.

El organismo explicó que estas jornadas buscan actualizar conocimientos y promover el intercambio académico sobre tecnologías aplicadas al Derecho.

Además, el CNJ mantiene iniciativas de formación para fortalecer capacidades técnicas dentro del sistema judicial salvadoreño.

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Corte Suprema y Consejo de la Judicatura inauguran programa de formación especializada para servidores judiciales en materia criminal

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La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) inauguraron el Programa de Formación Especializada para Servidores Judiciales con Competencia en lo Criminal.

La iniciativa está dirigida a magistrados, jueces, secretarios y colaboradores judiciales que integrarán las nuevas sedes especializadas en materia criminal.

Las jornadas académicas iniciaron de forma simultánea en la Escuela de Capacitación Judicial Dr. Arturo Zeledón Castrillo y en Santa Ana. Además, las actividades para la zona oriental comenzarán este jueves en San Miguel.

El programa forma parte de un trabajo coordinado entre la Corte Suprema de Justicia y el CNJ. También participaron expertos en derecho penal, derecho constitucional y derecho procesal penal.

Cinco módulos especializados

La formación especializada contempla cinco módulos principales. Entre ellos destacan el diseño procesal penal, el derecho penal sustantivo y el razonamiento probatorio en materia criminal.

Asimismo, el programa abordará temas como evidencia digital, operaciones encubiertas, litigación oral y ejecución de la pena perpetua. También incluirá contenidos sobre audiencias judiciales, redacción de sentencias y protección de víctimas vulnerables.

Según las autoridades, el objetivo es fortalecer las capacidades técnicas de los operadores judiciales ante las recientes reformas constitucionales y legales.

Reformas penales impulsan nueva estructura judicial

Durante el acto inaugural, el presidente de la Sala de lo Penal, Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, afirmó que las reformas procesales y constitucionales generaron nuevas competencias jurisdiccionales para
delitos graves.

Entre esos mencionó homicidio, feminicidio, violación y otros casos que afectan bienes jurídicos fundamentales.

El magistrado señaló que el nuevo modelo penal exige preparación técnica y coordinación institucional permanente. Además, destacó que la capacitación judicial busca mejorar la calidad de las decisiones judiciales y fortalecer la seguridad jurídica.

En el evento participaron magistrados de distintas salas de la Corte Suprema, autoridades del CNJ y representantes de la Escuela de Capacitación Judicial.

Las instituciones indicaron que el programa contribuirá al fortalecimiento de una justicia penal especializada, moderna y eficiente

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Notarios: no olviden que el trámite de sus sellos es en línea, dice la Corte Suprema de Justicia

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La Corte Suprema de Justicia de El Salvador recordó a los notarios que deben tramitar por primera vez su sello a través de su plataforma oficial en línea.

La institución indicó que el proceso debe realizarse en el sistema digital habilitado para abogados y notarios. Además, reiteró que el trámite cumple pasos específicos y requisitos obligatorios.

Este recordatorio busca ordenar el proceso y garantizar que los notarios cumplan con la normativa vigente.

Pasos para solicitar el sello de notario por primera vez
Según la Corte, el proceso inicia en el Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados y Notarios.

El usuario debe ingresar con su número de DUI y contraseña.

Luego, el solicitante debe seleccionar la opción de trámite de autorización de sellos. En ese apartado, debe completar los datos requeridos en la solicitud.

Posteriormente, debe adjuntar en formato digital la constancia de publicación en el Diario Oficial del acuerdo que lo acredita como notario.

Plazo de respuesta y descarga de autorización

La Corte informó que la autorización estará disponible en un plazo de tres días hábiles. Esto aplica siempre que no existan observaciones en la solicitud.

Después, el usuario puede verificar el estado del trámite en la opción de consulta. Para ello, debe ingresar nuevamente su número de DUI.

Una vez aprobada, la autorización debe descargarse y guardarse en una memoria USB. La institución aclaró que este documento no debe imprimirse.

Uso del documento y validación final

La autorización emitida tiene validez para una sola elaboración de sellos notariales. Por tanto, el solicitante debe presentarla en formato digital en la imprenta correspondiente.
Finalmente, el notario debe asistir a una cita para registrar su sello y firma. Este proceso se realiza en el libro de la Oficialía Mayor.

La sede indicada es el Palacio Judicial, ubicado en el Centro de Gobierno en San Salvador.

Corte refuerza cumplimiento de requisitos

Con este aviso, la Corte busca que los notarios sigan el procedimiento establecido sin errores.

Además, promueve el uso de herramientas digitales para agilizar los trámites.
El organismo reiteró que cumplir cada paso evita retrasos y observaciones en la solicitud.

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Procuraduría General acredita 28 nuevos mediadores de conflictos y refuerza servicios de resolución 

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La Procuraduría General de la República (PGR) acreditó a 28 nuevos mediadores de conflictos. Ellos apoyarán la resolución pacífica de disputas sin acudir a procesos judiciales.

La institución informó que los mediadores trabajarán en distintas sedes del país. Su función será facilitar el diálogo y promover acuerdos entre las partes.

Mediación busca evitar procesos judiciales

La PGR impulsa la mediación como una herramienta para resolver conflictos de forma rápida. Este mecanismo evita que los casos escalen al sistema penal.

El procurador general, René Escobar, destacó la importancia de este proceso. Señaló que la mediación promueve una sociedad más justa y pacífica.

Además, explicó que este enfoque transforma los conflictos en oportunidades de entendimiento. Por ello, la institución fortalece su equipo con nuevos profesionales.

Cobertura nacional con nuevos mediadores

Con esta acreditación, la PGR suma 388 mediadores en todo el país. Estos atienden en la sede central y en 18 procuradurías auxiliares.

Los nuevos mediadores serán asignados a oficinas en San Miguel, Usulután, Morazán, La Unión, Ahuachapán, Cuscatlán y Soyapango. Así, la institución amplía su cobertura territorial.

Alta demanda de servicios de mediación

Durante el primer trimestre de 2026, la Unidad de Mediación y Conciliación recibió 4,023 casos. Las personas buscaron apoyo para resolver conflictos patrimoniales y familiares.

También se registraron disputas vecinales, cuotas alimenticias y custodias. Estos casos reflejan la demanda de soluciones rápidas y accesibles.

Mediación promueve acuerdos sostenibles

La procuradora especializada, Jeanneth Marconi, explicó el impacto del programa. Indicó que la mediación facilita acuerdos duraderos entre las partes.

Asimismo, destacó que este mecanismo reduce costos y tiempos. También fortalece el acceso a la justicia mediante el diálogo y la comprensión mutua.

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