La Fiscalía General de la República (FGR) reiteró su llamado a evitar la conducción peligrosa y evitar el manejo de vehículo bajo efectos de bebidas embriagantes o estupefacientes.
Por medio de sus cuentas en redes sociales, la FGR, además de informar sobre la condena de conductores sorprendidos infringiendo la disposición legal de la “cero tolerancia”.
De acuerdo con el artículo 147-E del Código Penal, “el que mediante conducción peligrosa de vehículo de motor transgrediere las normas de seguridad vial, poniendo en peligro la vida o la integridad física de las personas, será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años”, recordó la Fiscalía.
En casos donde la condena sea igual o menor a tres años y el único delito cometido sea la conducción bajo los efectos del alcohol, sin provocar lesionados ni pérdidas humanas, la pena podrá ser reemplazada por trabajos de utilidad pública, aclaró.

Otra condena
En este marco, la FGR informó que logró una condena de tres años de prisión contra Rigoberto Pérez por el delito de conducción peligrosa.
Este ciudadano fue detenido en un control antidoping realizado en el kilómetro 12 de la carretera Troncal del Norte. Durante el operativo, las autoridades determinaron que conducía bajo los efectos del alcohol, infringiendo las normas de seguridad vial.
El mensaje de la FGR es claro: “El alcohol al conducir solo te traerá problemas. Tú decides: tomar o tu libertad”. Este caso destaca la importancia de los controles vehiculares para prevenir accidentes y proteger la vida de todos los salvadoreños.
Ley para salvaguardar vidas
La FGR enfatiza que estas medidas son esenciales para salvaguardar la vida y la integridad de la población. Conducir bajo los efectos del alcohol representa un riesgo significativo para los conductores, pasajeros y peatones. La aplicación de la ley refuerza el compromiso de las autoridades con la seguridad vial y el bienestar de la sociedad.
El llamado es a la responsabilidad. No mezcles alcohol y volante: evita sanciones y contribuye a mantener seguras las calles de El Salvador.

En un esfuerzo por facilitar el acceso a la justicia para todos los salvadoreños, la Procuraduría General de la República (PGR) de El Salvador brindó el apoyo a más de 2,500 personas durante el año 2024 mediante su Unidad de Servicios Itinerantes.
Esta iniciativa ha sido clave para acercar servicios legales y asistencia integral a comunidades vulnerables, eliminando barreras geográficas y económicas que históricamente han limitado el acceso a estos derechos fundamentales.
La Unidad de Servicios Itinerantes juega un papel estratégico al coordinar la participación de la PGR en las Ferias Integra, espacios diseñados para ofrecer servicios gratuitos en distintas comunidades del país.
Estas jornadas representan un puente directo entre las instituciones del Estado y la ciudadanía, llevando soluciones concretas a quienes más lo necesitan.
Gracias a estas jornadas, cientos de salvadoreños han podido acceder a asesoría legal, atención psicosocial y servicios de mediación sin tener que desplazarse grandes distancias ni incurrir en costos adicionales.
Esto ha permitido atender conflictos familiares, resolver problemas legales y brindar apoyo emocional a personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

Eliminando barreras al acceso a la justicia
El modelo de servicios itinerantes ha sido fundamental para reducir las desigualdades en el acceso a la justicia, especialmente en comunidades rurales y zonas de difícil acceso.
Al trasladar sus servicios directamente a estas áreas, la PGR ha logrado responder de manera efectiva a las necesidades de la población, brindando soluciones rápidas y adaptadas a cada contexto.
El impacto de estas jornadas no solo se refleja en la cantidad de personas atendidas, sino también en la transformación social que generan. La presencia de la PGR en las comunidades fortalece la confianza en las instituciones públicas y fomenta la cultura de la legalidad y la resolución pacífica de conflictos.
Además, la atención psicosocial complementa la labor legal, ofreciendo contención emocional y orientación a personas que atraviesan situaciones complejas, como violencia intrafamiliar, conflictos de convivencia o problemas económicos.

El Gobierno de El Salvador oficializó la disolución del Instituto de Legalización de la Propiedad (ILP), transfiriendo todas sus funciones al Ministerio de Vivienda. Esta medida busca centralizar los procesos relacionados con la legalización de propiedades para mejorar la coordinación y eficiencia administrativa.
La disolución del ILP fue formalizada mediante el decreto ejecutivo 31 del 17 de diciembre de 2024 y vigente desde el 1 de enero de 2025. La liquidación total del ILP debe completarse antes de marzo de 2025.
Durante este periodo, la institución transferirá al Ministerio de Vivienda todos sus archivos, expedientes, bases de datos, sistemas informáticos, documentos y activos.

Nueva estructura y atribuciones de Vivienda
El Ministerio de Vivienda asume ahora nuevas funciones clave que antes estaban a cargo del ILP:
Garantizar seguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra a familias de escasos recursos.
Proveer asistencia técnica a instituciones para la legalización de inmuebles.
Facilitar la regularización de propiedades en tugurios y lotificaciones no autorizadas.
Ejecutar procesos de legalización de derechos de propiedad.
Estas atribuciones fueron aprobadas por el Consejo de Ministros mediante la reforma al Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, el mismo día de la emisión del decreto.

Impacto en el personal y recursos
El ILP contaba con aproximadamente 80 empleados, quienes serán evaluados por el Ministerio de Vivienda para determinar su continuidad según las competencias requeridas.
Los empleados no indispensables recibirán indemnizaciones conforme a la normativa vigente. Además, el patrimonio y los recursos financieros del ILP, que en 2024 ascendieron a $1,545,941, también serán transferidos a Vivienda.

Historia del ILP
Fundado en 1991 como una entidad descentralizada adscrita a la Presidencia de la República, el ILP nació para apoyar en la legalización de propiedades de familias de escasos recursos mediante el programa “El Salvador país de propietarios”.
A lo largo de los años, el ILP fue adquiriendo nuevas facultades, incluyendo la regularización de derechos de propiedad y la calificación de proyectos de interés social. En reformas posteriores, la institución pasó a ser parte del Ministerio de Vivienda.
Durante 2023, el ILP realizó 1,214 escrituraciones individuales, además de brindar servicios de mediciones de inmuebles, elaboración de planos y mantenimiento catastral.
Con la absorción de sus funciones, el Ministerio de Vivienda busca fortalecer los procesos de legalización y regularización de propiedades, beneficiando a más familias y contribuyendo al desarrollo urbano del país.

Con información de Diario El Mundo

Eluzur Rumpler, un ciudadano israelí acusado de someter a sus alumnos a prácticas tortuosas entre 2009 y 2011, permanecerá en prisión preventiva en El Salvador a la espera de ser extraditado a Israel, donde enfrentará cargos por estos delitos. 

La decisión fue tomada por el Juzgado 5° de Paz de San Salvador, según informó la Fiscalía General de El Salvador.

Rumpler, quien era director de una escuela en Israel, está señalado de infligir tormentos físicos y psicológicos a los estudiantes bajo su responsabilidad. Los hechos por los que se le acusa ocurrieron durante su gestión en la institución educativa en los años mencionados.

El fiscal del caso detalló que el Estado de Israel requiere la extradición de Eluzur Rumpler para que enfrente la justicia por los abusos cometidos contra los menores bajo su tutela. La acusación ha causado gran indignación tanto en Israel como en el ámbito internacional.

Por su parte, las autoridades israelíes trabajan en la preparación de la solicitud formal de extradición, que se espera sea presentada en los próximos días.

Mientras tanto, Rumpler continúa bajo custodia en El Salvador, a la espera de que se resuelva su situación legal y se determine si será enviado a Israel para enfrentar los cargos que se le imputan.

En el marco del mes del adulto mayor, celebrado en enero, la Procuraduría General de la República (PGR) recordó que cuenta con servicios especiales y asistencia para este sector vulnerable de la población.
A través de su Unidad de Servicios Itinerantes, la PGR ofrece atención legal gratuita directamente en los hogares de personas mayores o con discapacidad que enfrentan dificultades para desplazarse a alguna de sus 18 sedes distribuidas a nivel nacional.
La PGR es una institución fundamental en la defensa de los derechos e intereses del Estado y de las personas vulnerables.
Desde su creación, ha trabajado en la protección de grupos prioritarios, incluyendo niños, adolescentes, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores. Su función principal es representar legalmente al Estado y brindar asistencia jurídica gratuita a quienes más lo necesitan.
Históricamente, la PGR ha desempeñado un papel clave en la defensa de derechos fundamentales y en la promoción de programas sociales orientados a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Iniciativas como los Servicios Itinerantes han sido diseñadas para eliminar barreras de acceso a la justicia y garantizar que ningún ciudadano quede excluido de recibir orientación y apoyo legal.
Durante este mes del adulto mayor, la PGR intensifica sus esfuerzos para acercar sus servicios legales a quienes más lo requieren.
La Unidad de Servicios Itinerantes no sólo facilita trámites legales, sino que también ofrece asesoría en temas de derechos patrimoniales, pensiones alimenticias y protección contra abusos o negligencias.