Noticias
Comisión Especial para investigar fondos otorgados a oenegés acuerda solicitar auditores
Durante su primera sesión la comisión especial para investigar la entrega de fondos de la Asamblea Legislativa a oenegés acordó pedirle al Ministerio de Hacienda que designe a auditores para buscar información relacionada a los fondos entregados.
Los auditores ayudarán en la verificación de los archivos y documentos financieros que entregará la Unidad de análisis y seguimiento del presupuesto de la Asamblea Legislativa. También, acordaron pedir al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que informe de las transferencias financieras que la Asamblea aprobó a las oenegés, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro.
Así también, acordó solicitar a la Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto de la Asamblea Legislativa que entregue el archivo histórico de los fondos públicos que fueron aprobados por las anteriores legislaturas para dárselos a organizaciones no gubernamentales.
Los diputados que conforman la Comisión explicaron que no solo investigaran los últimos cinco o diez años, como inicialmente se había manejado, sino que revisará todo el registro de las asignaciones monetarias.
Asimismo, la comisión pidió que el Ministerio de Gobernación proporcione una copia de la personería jurídica de cada organización que recibió fondos públicos producto de la asignación presupuestaria que hicieron los diputados. De hecho, también ha solicitado que la Asamblea Legislativa prepare el informe de quiénes fueron los diputados de las legislaturas anteriores que hicieron la petición o mediaron para darle fondos del presupuesto general de la nación a las organizaciones.
La diputada Alexia Rivas, presidenta de la comisión que investiga a las ONG, indicó que investigarán “hasta las últimas consecuencias” y realizarán acciones penales en contra de las instituciones y posibles diputados involucrados en el uso inapropiado de fondos del Estado.
Por su parte, la diputada Lorena Fuentes expresó que: «Es lamentable lo que estamos a punto de investigar, pero tengo la confianza de este equipo, porque no nos debemos a nadie. Le garantizamos al pueblo salvadoreño que esta comisión va a ser transparente».
Además, la Comisión Especial presentará requerimiento para que un equipo de abogados penalistas lleve a cabo el proceso en contra de las ONG, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro involucradas en actos de corrupción.
También solicitarán el nombramiento de un equipo de abogados como asesores permanentes, quienes darán el seguimiento y ejecución de las decisiones que tome la Comisión Especial, así como de sus consecuencias.
La comisión acordó que sesionará de manera permanente, es decir, la presidenta de la comisión especial y diputada de Nuevas Ideas, Alexia Rivas puede convocar a los diputados a reunión en cualquier día y hora.
Politica
Rodolfo Delgado seguirá como fiscal general de 2025 al 2028
Rodolfo Delgado fue reelecto como fiscal general para el período 2025-2028 con 57 votos de diputados del oficialismo de Nuevas Ideas y sus aliados.
En la votación en la sesión plenaria, la número 36 de esta legislatura, hubo un voto en contra y 2 abstenciones.
En una decisión que se daba por sentada, el abogado, en el cargo desde mayo de 2021, era el más fuerte aspirante al cargo en una competencia en la que su rival fue Gonzalo Octavio Ayala López.
Delgado, que larga data en la Fiscalía, ha sido un actor clave en la política estatal de seguridad, marcada por un régimen de excepción que ha permitido el arresto, desde marzo de 2022, de casi 84,000 pandilleros.
El funcionario cuenta con una amplia experiencia en la investigación de delitos complejos, especialmente aquellos relacionados con el crimen organizado.
Sus colaboradores más cercanos sostienen que su enfoque es pragmático y esto le permite una toma de decisiones “ágiles”.
Economía
Precios de combustibles disminuirán hasta $0.03 para cerrar el año
Los precios de referencia de los combustibles tendrán una ligera disminución, de hasta $0.03 por galón desde este 24 de diciembre, informó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
La DGEHM, que actualiza cada quincena los precios de las gasolinas y el diésel, reportó que desde este martes los combustibles registrarán una disminución de $0.02 a $0.03 en todo el país. Estos precios se mantendrán vigentes hasta el 6 de enero de 2025.
Precios detallados por región
La gasolina regular costará $3.65, $3.66 y $3.69 en las zonas central, occidental y oriental, respectivamente, tras una reducción general de $0.02 por galón.
Además, el galón de gasolina regular tendrá una baja específica de $0.02 en el centro y occidente, con precios de referencia de $3.54 y $3.55, mientras que en oriente el descenso será de $0.03, fijándose en $3.58.
En cuanto al diésel, el precio también disminuirá $0.02 por galón a nivel nacional, con un costo que oscilará entre $3.40 y $3.44, dependiendo de la región.
Tendencias recientes
Según los datos de la DGEHM, esta es la cuarta quincena consecutiva en que la gasolina regular registra una baja en su precio.
Por otro lado, la gasolina superior verá su primer descenso tras un incremento de hasta y $0.02 ocurrido entre el 10 y el 23 de diciembre.
En el caso del diésel, la reducción se produce después de un leve aumento en la quincena anterior.
La DGEHM explicó que esta disminución en los precios de los combustibles está relacionada con una mayor disponibilidad de productos en el mercado. Informes de la Agencia Internacional de Energía (AIE) destacan un incremento en las reservas de gasolina y diésel desde la segunda quincena de noviembre, tendencia que se ha mantenido durante los primeros 15 días de diciembre.
Politica
Asamblea Legislativa aprueba Ley General de Minería Metálica en medio de polémica
Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa daprobó este lunes la Ley General de Minería Metálica, derogando la prohibición vigente desde 2017. La decisión generó protestas dentro y fuera del recinto, con fuertes acusaciones por parte de opositores al gobierno y el rechazo de sectores de la sociedad civil, incluidos líderes religiosos.
La nueva normativa fue discutida en comisión legislativa durante el fin de semana y presentada a votación en sesión plenaria este 23 de diciembre.
Diputados de la bancada oficialista Nuevas Ideas y aliados del PCN y PDC respaldaron la ley, mientras que los partidos Arena y Vamos votaron en contra, calificando la decisión como un retroceso ambiental y social.
A las afueras de la Asamblea, grupos opositores manifestaron su rechazo. Dentro del recinto, diputados de partidos minoritarios alzaron rótulos con mensajes como “No a la minería”, destacando la creciente preocupación por el impacto ambiental y en la salud pública que podría traer la reactivación de esta industria en el país.
La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, defendió la medida argumentando que la ley busca proteger los recursos naturales y el bienestar del país a largo plazo. Según explicó, la normativa incluye estudios técnicos para identificar áreas donde la minería puede desarrollarse sin comprometer el medio ambiente ni los recursos hídricos.
Sin embargo, diputadas como Cesia Rivas, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, cuestionaron estas afirmaciones.
Rivas aseguró que la ley prioriza intereses económicos y políticos sobre la salud y el bienestar de los salvadoreños. Por su parte, Villatoro acusó al oficialismo de aprobar una normativa que, según ella, «envenenará el agua y afectará gravemente a la población».
William Soriano, diputado oficialista, argumentó que la minería podría generar beneficios económicos significativos, citando estimaciones del Banco Mundial que sugieren que cada dólar invertido en minería produce entre tres y cuatro dólares en retorno. Soriano destacó que los ingresos derivados de esta actividad podrían destinarse a proyectos de infraestructura, educación y salud.
Reynaldo Carballo, del PDC, añadió que los metales son esenciales para el avance tecnológico y que los procesos actuales de extracción pueden realizarse con menos impacto ambiental. Aseguró que la ley es necesaria para garantizar el acceso a recursos indispensables para la vida moderna.
Por su parte, la diputada Dania González insistió en que esta ley representa una oportunidad para impulsar el desarrollo de las economías locales y prometió que el gobierno no repetirá los errores del pasado, asegurando un equilibrio entre explotación minera y cuidado ambiental.
Finalmente, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, sometió la ley a votación, la cual fue aprobada con los 57 votos de la bancada oficialista y sus aliados. Los diputados celebraron con aplausos, mientras persisten las críticas y el rechazo por parte de la oposición, organizaciones civiles y sectores religiosos, que consideran que esta decisión compromete el futuro ambiental y social del país.
Noticias
Mauricio Gutiérrez Castro recibe medalla al mérito cívico de parte de magistrados y jueces salvadoreños
El doctor Gabriel Mauricio Gutiérrez Castro recibió la medalla al mérito cívico de parte de la Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador (AMJUES), en reconocimiento a su labor como jurista destacado.
Por décadas, como abogado, ha figurado en el ámbito jurídico y político y sus aportes han contribuido al desarrollo del país en diferentes momentos y coyunturas históricas. Por ello, es reconocido por su contribución a la sociedad.
La medalla al mérito cívico fue entregada en durante el convivio navideño de AMJUES, durante el fin de semana, en donde decenas de colegas de Gutiérrez Castro se fundieron en aplausos y felicitaciones para el profesional y al que muchos consideran su maestro y mentor.
El hombre y el funcionario
Nacido el 18 de marzo de 1942 en Santa Ana, Mauricio Gutiérrez Castro se ha destacado como una de las figuras más relevantes en el ámbito jurídico y político de El Salvador.
Es licenciado en derecho y profesor de derecho público de la Universidad de El Salvador y ha dedicado su vida al servicio público y al fortalecimiento de las instituciones democráticas y judiciales del país.
Su carrera política comenzó en la década de 1970, cuando en 1973 fue designado gobernador del departamento de Santa Ana. Posteriormente, de 1974 a 1977, fue miembro de la Asamblea Legislativa de El Salvador, donde su trabajo sentó bases para reformas significativas.
En el ámbito ejecutivo, Mauricio Gutiérrez Castro ocupó el cargo de segundo vicepresidente de El Salvador entre el 2 de mayo de 1982 y el 1 de junio de 1984, durante la administración del presidente Álvaro Magaña.
Este periodo estuvo marcado por un contexto político complejo, en medio del conflicto armado que afectaba al país, lo que dio mayor relevancia a su papel en la toma de decisiones nacionales.
En 1989, Gutiérrez Castro fue nombrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, cargo que ocupó hasta 1994. Su gestión estuvo orientada a la modernización del sistema judicial y a garantizar la independencia de los jueces en un periodo crítico para la institucionalidad del país.
Contribuciones y reconocimientos
Además de su labor jurídica y política, Mauricio Gutiérrez Castro fue presidente de la Comisión Nacional de Turismo, donde impulsó iniciativas para promover a El Salvador como un destino turístico internacional.
Su visión integradora y su capacidad de liderazgo le valieron el reconocimiento tanto dentro como fuera del país.
La vida y obra de Mauricio Gutiérrez Castro son un testimonio de compromiso y dedicación al bienestar de El Salvador.
Desde las aulas universitarias hasta los más altos cargos del poder judicial y ejecutivo, su influencia ha sido clave en momentos decisivos para la historia del país.
Su capacidad de combinar el conocimiento jurídico con el liderazgo político lo convierten en un ejemplo para las generaciones futuras de juristas y servidores públicos.
Politica
Comisión Legislativa aprueba dictamen para ley de explotación minera
En una rápida sesión, la comisión de tecnología, turismo e inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este sábado el dictamen favorable para la Ley General de Minería Metálica, un proyecto enviado por el Ejecutivo que busca regular la minería en el país.
La minería, prohibida en 2017, será discutida en el pleno el próximo lunes, con posibilidad de ser ratificada.
El dictamen fue aprobado en un encuentro marcado por intensos intercambios de opiniones.
Durante la reunión, el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y actual director de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, presentó el anteproyecto y defendió sus aspectos clave.
En su intervención, destacó que la nueva ley garantizaría una minería “responsable y amigable con el medio ambiente”, y subrayó la prohibición del uso de mercurio, uno de los elementos más contaminantes en las prácticas mineras.
«Esta ley establece los estándares más altos para proteger el medio ambiente y evitar el uso de metales pesados», insistió Álvarez, quien también señaló que el objetivo principal de la normativa es regular la minería de manera que minimice sus impactos negativos.
Oposición cuestiona falta de estudios previos
Pese a las afirmaciones del funcionario, la diputada Claudia Ortiz, del partido opositor Vamos, fue crítica sobre la falta de estudios técnicos, ambientales y económicos que respaldaran la reforma.
Ortiz recordó que El Salvador cuenta desde 2017 con una ley que prohíbe la minería metálica, y cuestionó la rapidez con que se está proponiendo un cambio sin la evidencia necesaria.
Aunque Álvarez reconoció que aún no se han realizado dichos estudios, justificó la medida señalando que la nueva ley permitiría al Estado realizar las investigaciones correspondientes a través de organismos como el Ministerio de Medio Ambiente y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA).
El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, también expresó su preocupación por los impactos ambientales de la minería.
Recordó la contaminación sufrida por el río San Sebastián en La Unión durante gobiernos anteriores, pero reconoció que la propuesta de la ley actual busca evitar que se repitan estos errores.
Ajustes al proyecto
Luego del debate, Álvarez propuso una serie de modificaciones al proyecto original, buscando fortalecer las sanciones para quienes realicen actividades mineras ilegales.
Las multas por faltas graves se incrementaron de 10 a 100 salarios mínimos, mientras que las faltas muy graves podrían acarrear sanciones de entre 500 y 1,000 salarios mínimos. Además, se incluyó en el proyecto la posibilidad de participación de las sociedades de economía mixta en la explotación minera.
Antes de que se sometiera el dictamen a votación, la diputada propuso escuchar la opinión de expertos y organizaciones ambientalistas para enriquecer el debate. Sin embargo, su sugerencia fue rechazada por los legisladores oficialistas.
Ortiz calificó el proceso de aprobación como «exprés», acusando a sus colegas de evitar un debate adecuado sobre el tema.
La presidenta de la comisión, Dania González, respondió que las observaciones de Ortiz serían incluidas en el acta de la sesión, pero subrayó que el proceso seguiría adelante sin modificaciones significativas.
A las 1:03 p.m. de ese sábado, el dictamen fue aprobado por unanimidad por los diputados de la bancada oficialista.
Ahora, será presentado en el pleno de la Asamblea Legislativa el próximo lunes 23 de diciembre para su ratificación.
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