El presidente de El Salvador Nayib Bukele participará este sábado en la cumbre “Escudo de las Américas” convocada por el presidente Donald Trump. El encuentro reunirá a mandatarios de al menos 12 países para abordar temas de seguridad regional, migración y cooperación hemisférica.

La Casa Blanca confirmó que Bukele asistirá a la cumbre que se celebrará el sábado 7 de marzo en Miami, Florida. El evento, denominado “Escudo de las Américas” o “Shield of the Americas”, fue convocado por Trump y busca promover la seguridad, prosperidad y cooperación entre Estados Unidos y gobiernos latinoamericanos.

La portavoz oficial de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que el objetivo es dialogar sobre la migración masiva, las amenazas criminales y otros desafíos regionales.

Líderes latinoamericanos invitados

Además de Bukele, están invitados líderes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el 11 de marzo.

Entre los mandatarios confirmados figuran el argentino Javier Milei, el boliviano Rodrigo Paz, el costarricense Rodrigo Chaves y el ecuatoriano Daniel Noboa. El Salvador está representado por Bukele, quien se suma a la lista de líderes regionales.

Agenda de seguridad regional y cooperación

La agenda de la cumbre incluye conversaciones sobre migración irregular, bandas criminales transnacionales, narcotráfico y amenazas terroristas, según la portavoz de la Casa Blanca. El encuentro forma parte de los esfuerzos de Estados Unidos por fortalecer alianzas estratégicas en América Latina.

Contexto diplomático del encuentro

La reunión en Miami se organiza en un contexto de enfoque renovado de Estados Unidos hacia América Latina. La administración de Trump busca fortalecer la cooperación con gobiernos aliados y contrarrestar influencias externas, como la de China, en la región.

La asistencia de Bukele a la cumbre refleja la participación de El Salvador en iniciativas regionales de seguridad y cooperación con Estados Unidos.

Expectativas antes del encuentro

Hasta ahora, los detalles específicos sobre la agenda bilateral entre Bukele y Trump no han sido divulgados oficialmente. Sin embargo, la presencia de los líderes latinoamericanos en Miami apunta a una serie de conversaciones estratégicas sobre temas de interés mutuo en materia de seguridad y desarrollo regional.

La cumbre “Escudo de las Américas” tendrá lugar pocos días antes del inicio de la semana de actividades diplomáticas previas a otras reuniones multilaterales en Estados Unidos.

El Gobierno de El Salvador solicitó incorporar $580,849 al Presupuesto General del Estado 2026 para reforzar la modernización de la Fiscalía General.

Los fondos fortalecerán la construcción y equipamiento del nuevo complejo fiscal.
La petición ingresó durante la sesión plenaria número 100 de la Asamblea Legislativa de El Salvador.

El Ministerio de Hacienda presentó la iniciativa ante el pleno legislativo.

Refuerzo presupuestario para la Fiscalía General

Con la incorporación solicitada, la inversión total para la sede central de la Fiscalía General de la República alcanzará $2,665,169 en el ejercicio fiscal 2026.

El refuerzo financiará mobiliario, equipo institucional y la puesta en funcionamiento del nuevo complejo.

Además, permitirá avanzar en el proceso de modernización de las oficinas centrales.
El proyecto forma parte de un plan de inversión respaldado por financiamiento multilateral.

Financiamiento mediante préstamo del BCIE
El dinero proviene del Préstamo No. 2146 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica el 10 de febrero de 2015.

El contrato original destinó $44,887,500 para la infraestructura central del Ministerio Público.

Hasta la fecha, la ejecución acumulada alcanza $42,222,331.

Al inicio del ejercicio fiscal 2026, las autoridades programaron $2,084,320 para continuar la obra.
El monto adicional solicitado corresponde al saldo pendiente de ejecución dentro del mismo préstamo internacional.

Nuevo instituto para fortalecer la formación fiscal
La Asamblea Legislativa aprobó el 11 de febrero la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General.

La nueva entidad buscará fortalecer la formación académica del personal del Ministerio Público.

Además, proyecta lanzar una maestría en investigación criminal para la región de Centroamérica y el Caribe.

El instituto también desarrollará programas en ciencias jurídicas, forenses y criminología.
Con estas acciones, la Fiscalía ampliará su capacidad técnica frente a delitos complejos.

El refuerzo presupuestario y la modernización institucional forman parte del plan de fortalecimiento del sistema de justicia en El Salvador.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes la derogación del artículo 10 de la Ley de Bancos con 56 votos a favor.

La reforma elimina la obligación de que al menos el 51 % de las acciones de cada banco en El Salvador pertenezcan a salvadoreños o centroamericanos. También suprime el requisito para bancos extranjeros o regionales de contar con regulación prudencial y calificaciones de riesgo reconocidas internacionalmente.

Qué establecía el artículo 10 de la Ley de Bancos
El artículo derogado fijaba un mínimo del 51 % de acciones bancarias en manos de personas salvadoreñas o centroamericanas. También permitía que entidades salvadoreñas con accionistas mayoritarios de la región cumplieran esa condición.

Además, exigía que bancos centroamericanos o extranjeros tuvieran regulación prudencial en su país de origen. También debían estar calificados por sociedades clasificadoras de riesgo reconocidas a nivel internacional.

El último inciso ordenaba a la Superintendencia del Sistema Financiero suscribir memorandos de cooperación. El objetivo era coordinar el intercambio de información y garantizar la supervisión consolidada de grupos financieros.

Nuevas Ideas defiende apertura a nuevos inversionistas
La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, aseguró que la derogación impulsará la economía salvadoreña. Según afirmó, la medida fortalecerá la competencia en el sector bancario.

Además, sostuvo que la reforma facilitará la introducción de nuevos productos financieros y tecnologías financieras. También mencionó que se ampliarán las fuentes de acceso al crédito y mejorarán las condiciones para los usuarios.

González indicó que la Superintendencia del Sistema Financiero mantiene sus competencias actuales. Señaló que los requisitos para las instituciones bancarias continúan en el artículo 11 de la Ley de Bancos.

La legisladora agregó que el requisito del 51 % se había convertido en una barrera. A su juicio, esa disposición limitaba la llegada de nuevos actores financieros y nuevas oportunidades de inversión.

Oposición advierte riesgos en supervisión financiera
La diputada Cesia Rivas, de Vamos, criticó la eliminación del artículo 10. Advirtió que la supresión también elimina la referencia a la supervisión consolidada.

Rivas expresó preocupación por posibles riesgos en el sistema financiero. Mencionó el caso de la Cooperativa Santa Victoria, conocida como COSAVI de R.L., como antecedente de fraude financiero.

La legisladora presentó una propuesta de reforma en lugar de derogación. Su iniciativa planteaba mantener el mínimo del 51 % de acciones entre inversionistas que cumplieran requisitos específicos.

Sin embargo, la propuesta de reforma solo obtuvo dos votos, uno de Arena y uno de Vamos. Finalmente, la Asamblea Legislativa confirmó la derogación del artículo 10 de la Ley de Bancos.

La Asamblea Legislativa aprobó con 57 votos una reforma a la Ley de Procedimientos Administrativos que elimina la exigencia de apostilla en trámites vinculados a operaciones comerciales y aduaneras. La medida busca agilizar procesos y fortalecer la inversión en El Salvador.

Reforma elimina requisitos en documentos extranjeros

El pleno legislativo incorporó un nuevo artículo 4-A a la normativa. La disposición establece que no se exigirá legalización o apostilla para documentos públicos emitidos en el extranjero cuando estén relacionados directamente con operaciones comerciales o aduaneras.

La reforma también suprime la obligación de presentar copias autenticadas impresas o firmas manuscritas en estos casos.

Además, el texto aprobado señala que tampoco se requerirá apostilla cuando los documentos cuenten con mecanismos de verificación electrónica. La exención aplicará también si existen convenios con entidades extranjeras que permitan validar la información.

Con este cambio, el trámite comercial aduanero podrá realizarse sin requisitos considerados formales, siempre que exista respaldo verificable.

Objetivo: atraer inversión y mejorar competitividad

Durante la discusión, la diputada Ana Figueroa, del partido Nuevas Ideas, afirmó que la reforma no elimina controles. Según explicó, la medida ajusta el momento en que se exige la apostilla.

Indicó que el sistema pasa de un control previo rígido a un modelo verificable. A su juicio, el esquema anterior podía retrasar la actividad económica.

También sostuvo que la modificación reducirá barreras formales y aumentará la competitividad del país frente a otras economías. En ese sentido, aseguró que la iniciativa favorece a inversionistas nacionales y extranjeros interesados en hacer negocios en El Salvador.

La legisladora añadió que la base de la reforma es el principio de antiformalismo. Según afirmó, el cambio transforma la forma en que la administración pública interactúa con la ciudadanía y el sector productivo.

Asimismo, señaló que la reforma no contradice normas de derecho internacional.

Críticas por posibles riesgos en transparencia

No obstante, la iniciativa recibió cuestionamientos desde la oposición.

La diputada Marcela Villatoro, del partido Arena, advirtió que la medida podría afectar principios de transparencia y rendición de cuentas, especialmente en compras públicas.

La legisladora consideró que la propuesta debió analizarse con mayor profundidad. Además, alertó sobre posibles riesgos si una empresa presenta documentación falsa bajo el nuevo esquema.

Según expresó, una flexibilización sin controles adecuados podría generar cuestionamientos sobre la supervisión estatal.

Cambios en la Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos ya contempla la eliminación de requisitos innecesarios. El artículo 4 vigente suprime la exigencia de documentos emitidos por la misma institución solicitante o que ya obren en registros públicos.

Con la reforma aprobada, el Congreso amplía ese criterio a documentos extranjeros vinculados a comercio y aduanas.

De esta forma, el trámite aduanero y las operaciones comerciales internacionales podrán gestionarse con menos formalidades, bajo mecanismos de verificación electrónica y cooperación institucional.

Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una nueva prórroga del régimen de excepción, mecanismo vigente desde marzo de 2022. La decisión permite que el país complete cuatro años bajo esta disposición extraordinaria el próximo 27 de marzo.

La ampliación fue respaldada mayoritariamente por el oficialismo. El partido Vamos votó en contra, mientras que los diputados de Arena no participaron en la sesión plenaria.

Un estado excepcional que se mantiene desde 2022

El régimen fue instaurado el 27 de marzo de 2022 tras un repunte de homicidios atribuido a estructuras criminales. Desde entonces, el Congreso ha renovado la medida de forma consecutiva hasta alcanzar su prórroga número 48.

El decreto mantiene suspendidas varias garantías constitucionales. Entre ellas, el derecho del detenido a ser informado de las razones de su captura, a no autoincriminarse y a contar con defensa desde el inicio del proceso. Asimismo, continúa sin aplicarse el límite de 72 horas para presentar a un arrestado ante un juez y se autoriza la intervención de comunicaciones.

Aunque inicialmente también se restringió el derecho de asociación, esta garantía fue restituida en agosto de 2022.

Recientemente, el vicepresidente Félix Ulloa aseguró durante una visita en Europa que actualmente solo dos derechos constitucionales permanecen suspendidos.

Gobierno justifica la medida por remanentes criminales

El Ejecutivo sostiene que aún existen estructuras activas. En la solicitud enviada al Legislativo por el secretario jurídico de la Presidencia, Adolfo Muñoz, se argumenta que continúan las capturas de presuntos pandilleros, así como incautaciones de armas y drogas.

También se reportan detenciones relacionadas con extorsiones a comerciantes y casos de supuestos integrantes que buscan desvincularse de las organizaciones criminales. Según el Ministerio de Seguridad, la incorporación de nuevas tecnologías ha permitido detectar intentos de ocultamiento y evasión.

El decreto advierte, además, sobre conexiones transnacionales de las pandillas, lo que, según el Gobierno, justifica prolongar el régimen especial.

Debate político en el pleno legislativo

Durante la sesión, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, afirmó que las estructuras criminales están debilitadas, aunque no completamente desarticuladas. También cuestionó la ausencia de Arena en la votación.

El subjefe de fracción, Caleb Navarro, mencionó recientes capturas, entre ellas la de un menor en Soyapango presuntamente vinculado a grupos delictivos.

Por su parte, la diputada Elisa Rosales sostuvo que el régimen ha impactado también al narcotráfico. Añadió que, desde el inicio del primer mandato del presidente Nayib Bukele el 1 de julio de 2019, se contabilizan 1,140 días sin homicidios, según cifras oficiales.

Más de 91 mil capturas y críticas de organizaciones sociales

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad, unas 91,300 personas han sido detenidas bajo el régimen, incluyendo cabecillas y miembros de pandillas.

No obstante, las críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos se mantienen; también las de opositores al gobierno de Nayib Bukele.

Estas entidades reportan presuntas detenciones arbitrarias, incumplimientos de órdenes judiciales de liberación y denuncias de tortura.