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CNJ imparte diplomado de práctica procesal administrativa para jueces
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En el contexto del Diplomado en Derecho Administrativo, el Consejo Nacional de la Judicatura llevó a cabo el segundo módulo titulado “Práctica Procesal de lo Contencioso Administrativo”, el cual se presentó como una valiosa oportunidad de capacitación para jueces de primera instancia y jueces de paz.
Este módulo se enfocó en el análisis detallado de los componentes de los procesos contencioso-administrativos, permitiendo a los participantes profundizar en aspectos clave que inciden directamente en la toma de decisiones judiciales.
El espacio formativo brindó a los asistentes herramientas actualizadas que son fundamentales para el ejercicio de su función en la administración pública, particularmente en el ámbito del Derecho Procesal Administrativo. Este enfoque práctico y detallado permite que los jueces mejoren su capacidad de interpretación y aplicación de las leyes en casos relacionados con la administración pública.
Una de las principales metas del curso fue fortalecer la correcta aplicación de la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y sus decretos complementarios, un marco normativo que ha sufrido modificaciones recientes. De esta manera, se pretende garantizar una mayor coherencia y efectividad en las resoluciones judiciales, optimizando el acceso a la justicia en el ámbito administrativo.
El Consejo Nacional de la Judicatura sigue apostando por la formación continua de los operadores de justicia, con el objetivo de que se mantengan a la vanguardia en cuanto a los cambios legislativos y las mejores prácticas judiciales.
Este tipo de actividades contribuye significativamente al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la eficiencia del sistema judicial en su conjunto.
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Sala de lo Constitucional refuerza cooperación interinstitucional en diplomado anticorrupción
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La Sala de los Constitucional, por medio del magistrado Héctor Nahun Martínez García, reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación interinstitucional al participar en el taller de coordinación de la sexta edición del Diplomado de Prevención y Combate Sistémico de la Corrupción, organizado por el Tribunal de Ética Gubernamental.
Durante la jornada, funcionarios de diversas instituciones analizaron y actualizaron los elementos curriculares del diplomado, abordando aspectos clave como la metodología de enseñanza, la evaluación del aprendizaje y las cartas didácticas que se impartirán a los participantes.
El taller contó con la presencia de directores y jefaturas de la Corte Suprema de Justicia, quienes destacaron la importancia de la capacitación en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la ética en el ejercicio de la función pública.
Este diplomado busca consolidar estrategias efectivas para la prevención y el combate de la corrupción, fomentando una cultura de transparencia y responsabilidad en la administración pública.
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Corte Suprema busca expandir el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales en Santa Ana
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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) avanza en la ampliación del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ) en el distrito de Santa Ana. En este marco, la magistrada de la Sala de lo Constitucional y coordinadora de la Comisión de Seguimiento del SNFJ, Elsy Dueñas Lovos, participó en una jornada de presentación e intercambio de experiencias sobre la implementación de este servicio.
El encuentro estuvo dirigido a representantes del Juzgado de Paz de Santa Ana y a la Asociación Salvadoreña Pro Salud Rural (ASAPROSAR).
Durante su intervención, la magistrada Dueñas Lovos enfatizó la relevancia del trabajo conjunto para fortalecer las comunidades, afirmando: “Esta reunión se trata de trabajar todos en conjunto para sacar adelante a las comunidades a través de la puesta en marcha de este servicio”.
El objetivo principal de la iniciativa es establecer una alianza estratégica con ASAPROSAR para potenciar las actividades interinstitucionales y fortalecer la capacitación de jueces y facilitadores judiciales que forman parte del programa.
En el desarrollo de la jornada, la jueza de Paz de Santa Ana, Patricia Marroquín, junto con facilitadores judiciales de San Sebastián Salitrillo, compartieron sus experiencias, retos y estrategias en la promoción de la armonía y la paz social en las comunidades.
El evento también contó con la presencia de la jueza segundo de Paz de Santa Ana, Victoria Argueta, quien resaltó la importancia de la próxima implementación del servicio en el distrito. Asimismo, participaron Marta Morales, representante de la Misión Internacional de Justicia (IJM); Lucy Luna, de ASAPROSAR; y el jefe de la Unidad Coordinadora del SNFJ, Benjamín Chicas.
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Fiscalía establece nuevos lineamientos para facilitar la apertura de cuentas a inversionistas extranjeros y salvadoreños en el exterior
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El fiscal general de la República (FGR), Rodolfo Delgado, aprobó recientemente los “Lineamientos para la determinación de categorías de riesgo de clientes para facilitar la apertura de cuentas de depósitos y ejecución de transacciones financieras para inversionistas extranjeros y salvadoreños en el exterior”.
Estos lineamientos fueron publicados como parte del “Instructivo para la prevención, detección y control del lavado de dinero y de activos, financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva”, en el Diario Oficial del 22 de octubre de 2021.
Una de las novedades que traen los nuevos lineamientos es que contar con una constancia de atención por parte del gobierno, a través de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (INVEST), la Secretaría de Comercio e Inversiones o el Ministerio de Economía, será un factor determinante para mejorar la categoría de riesgo de un cliente bancario.
El documento establece tres categorías para los clientes: A, B y C, según el tipo de persona, ya sea salvadoreño en el exterior, persona natural extranjera inversionista o persona jurídica extranjera inversionista. La categoría A, que incluye a los salvadoreños en el exterior, solo requerirá el Documento Único de Identidad (DUI), pasaporte y NIT, además de la escritura de constitución y nómina de la junta directiva si se trata de una persona jurídica. En las categorías B y C, se solicitarán otros documentos adicionales como constancia de ingresos, declaración de impuestos o estados financieros, y justificación del origen de los fondos.
Los lineamientos fueron aprobados el 12 de febrero de 2025 y publicados en el Diario Oficial el 14 de febrero de 2025.
Aunque la FGR no mencionó específicamente los nuevos lineamientos en su comunicado, Delgado destacó que estos representan un paso hacia un “acceso más transparente y seguro a los servicios financieros”, con “lineamientos claros para proteger la inversión” de los salvadoreños en el exterior y los inversionistas extranjeros.
Estos lineamientos se suman a las reformas discutidas en diciembre de 2023, cuando la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen favorable para modificar la Ley Especial contra el Lavado de Activos. La reforma excluía a inversionistas, sociedades mercantiles y mixtas de los sujetos obligados a reportar transacciones, permitiendo la aplicación de medidas más flexibles para la identificación de clientes y el origen de sus fondos. Aunque dicha reforma fue aprobada en Comisión, no pasó al pleno legislativo.
En diciembre de 2023, tanto el Fiscal Delgado como el Ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, señalaron que era fundamental garantizar la inclusión financiera y evitar la exclusión arbitraria de cuentas bancarias, como había ocurrido en el pasado.
Con información de diario El Mundo
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Fortaleciendo la justicia: CNJ capacita a comunidad jurídica sobre objeciones en audiencias
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En un esfuerzo por mejorar la calidad y efectividad del sistema judicial salvadoreño, el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo el curso “Interposición eficaz de las objeciones” en la sede regional de Santa Ana.
La capacitación reunió a magistrados de Cámara de Segunda Instancia con competencia en materia penal, jueces de Sentencia, de Instrucción y de Paz, así como a judicaturas especializadas en Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres Menores y Crimen Organizado. Todos los participantes provenían de la zona occidental del país.
El objetivo del curso fue fortalecer las competencias de los operadores de justicia en la identificación de preguntas prohibidas durante las audiencias judiciales, así como reconocer aquellas que están permitidas dentro de los límites del interrogatorio.
Esta formación busca optimizar la manera en que los jueces y magistrados resuelven objeciones, lo que contribuye a audiencias más ordenadas y ajustadas a derecho.
Entre los temas clave abordados en la capacitación destacan la fundamentación sólida de resoluciones judiciales y el control y dirección judicial en la producción de la prueba testimonial.
Estos aspectos son esenciales para garantizar que las objeciones presentadas en audiencias se sustenten en criterios jurídicos bien definidos, evitando dilaciones innecesarias y asegurando el cumplimiento de los principios del debido proceso.
La iniciativa del CNJ es parte del esfuerzo por la obtención de una justicia más transparente y eficiente, promoviendo el desarrollo profesional de jueces y magistrados para que desempeñen su labor con mayor rigor técnico y precisión en la aplicación del derecho.
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El Salvador endurece su sistema penal con entrada en vigencia de nuevas reformas
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Desde este jueves 20 de febrero entraron en vigor una serie de reformas penales aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa de El Salvador, las cuales buscan reforzar el sistema judicial y endurecer las penas para diversos delitos.
En total, son 7 decretos que modifican el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra el Crimen Organizado y la Ley Penitenciaria.
Las nuevas disposiciones incluyen el aumento de condenas para crímenes como homicidio, violación, robo y corrupción, además de cambios en los procedimientos judiciales que amplían la detención provisional de personas aún no condenadas.
Estas medidas han sido impulsadas por el oficialismo como un paso necesario para combatir la delincuencia y evitar la liberación anticipada de acusados.
Principales cambios en las leyes penales
Uno de los cambios más significativos es la elevación de las penas para delitos graves. Por ejemplo, el homicidio simple ahora se castiga con entre 25 y 35 años de prisión, mientras que el homicidio agravado puede alcanzar hasta 60 años.
También se incrementaron las penas para delitos como violación, robo y estafa.
En el ámbito procesal, se amplió la posibilidad de mantener a los imputados en prisión preventiva hasta por la mitad de la pena máxima del delito que se les imputa. Asimismo, se introdujeron nuevas disposiciones para agilizar juicios abreviados cuando los acusados confiesen y colaboren con la justicia.
Menores en cárceles comunes y medidas contra el crimen organizado
Otra reforma significativa es la que permite que menores acusados de delitos relacionados con el crimen organizado sean trasladados a cárceles para adultos.
La ley establece que, aunque se mantendrán separados por edades dentro de los centros penales, dejarán de ser monitoreados por los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y pasarán a ser supervisados por tribunales especializados.
Además, las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado prohíben la libertad condicional y la reducción de penas para condenados por este tipo de delitos, endureciendo aún más el régimen carcelario.
El endurecimiento de penas y la extensión de la prisión preventiva pueden ser vistos como un mensaje contundente contra la impunidad, pero también han suscitado preocupaciones sobre el respeto al debido proceso y el impacto en la población carcelaria, que ya enfrenta condiciones de hacinamiento.
Con estas modificaciones, El Salvador redefine su enfoque en materia de seguridad y justicia, en un contexto en el que la lucha contra el crimen sigue siendo una de las principales demandas de la ciudadanía.
Con información de diario El Mundo
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