El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) desarrolló este viernes la jornada académica “Una aproximación a la Inteligencia Artificial aplicada al Derecho”, enfocada en el uso de nuevas tecnologías dentro del sistema judicial y administrativo.

La actividad reunió a magistrados de Cámara, jueces de Primera Instancia y de Paz, además de personal jurídico de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador y representantes de otras instituciones vinculadas al organismo.

Durante la jornada, los participantes conocieron aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico y analizaron su impacto en la administración de justicia.

CNJ destaca impacto de la inteligencia artificial

El consejero propietario Santos Guerra Grijalba señaló que estos espacios académicos permiten fortalecer el conocimiento tecnológico del funcionariado judicial.

Además, explicó que la capacitación ayuda a comprender el alcance de la inteligencia artificial en procesos legales y administrativos.

Según indicó el funcionario, las nuevas herramientas digitales pueden apoyar distintas tareas relacionadas con el análisis jurídico y la gestión institucional.

Participaron jueces, magistrados y personal jurídico

En la actividad participaron magistrados de distintas competencias judiciales, jueces de Paz y de Primera Instancia, así como personal especializado de instituciones que mantienen acuerdos de cooperación con el Consejo Nacional de la Judicatura.

El organismo explicó que estas jornadas buscan actualizar conocimientos y promover el intercambio académico sobre tecnologías aplicadas al Derecho.

Además, el CNJ mantiene iniciativas de formación para fortalecer capacidades técnicas dentro del sistema judicial salvadoreño.

La fiscal general saliente de Guatemala, María Consuelo Porras, defendió este viernes su gestión de ocho años al frente del Ministerio Público y aseguró que deja una institución fortalecida y modernizada. Sin embargo, concluye su mandato marcada por sanciones internacionales, denuncias de persecución política y un abierto choque con el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo.

Durante la presentación de su informe de labores 2025-2026, Porras afirmó que su administración tomó “decisiones firmes” y logró una “transformación institucional”.

“Podemos decir con la frente en alto: deber cumplido. Esta ha sido una gestión histórica con resultados reales”, declaró en su última presentación pública como fiscal general.

Porras asumió el cargo en mayo de 2018, durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, y fue reelegida posteriormente por Alejandro Giammattei. Este 16 de mayo dejará oficialmente el puesto y será sustituida por Gabriel Estuardo García Luna.

Cobertura institucional

En su discurso final, la fiscal de 72 años aseguró que amplió la cobertura institucional a los 340 municipios del país, digitalizó expedientes y fortaleció fiscalías especializadas.

No obstante, su gestión enfrentó fuertes cuestionamientos. Estados Unidos la sancionó e incluyó en la Lista Engel en 2022 por presuntamente obstruir investigaciones anticorrupción y proteger aliados políticos.

La Unión Europea, Canadá y Reino Unido también aplicaron sanciones en su contra.

Además, organizaciones civiles denunciaron persecución judicial contra jueces, fiscales, periodistas y activistas críticos de su administración.

El conflicto con Bernardo Arévalo marcó la etapa final de su mandato. Tras las elecciones de 2023, el Ministerio Público impulsó investigaciones y acciones judiciales contra el partido oficialista Movimiento Semilla, medidas que fueron cuestionadas por sectores nacionales e internacionales.

Porras rechazó todas las acusaciones y sostuvo que el Ministerio Público actuó conforme a la ley.

Nuevo fiscal juramentado

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, juramentó s al abogado y juez Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030. El acto marca el relevo oficial en la institución encargada de dirigir las investigaciones penales en el país.

A través de sus redes sociales oficiales, Arévalo afirmó que la designación responde al cumplimiento de su deber constitucional como presidente de la República.

“Tal y como lo sostuve siempre, y en cumplimiento de mi deber constitucional como presidente de la República, hoy he juramentado al doctor Gabriel Estuardo García Luna como fiscal general y jefe del Ministerio Público”, expresó el mandatario.

El gobernante también deseó éxitos a la nueva autoridad del ente investigador y subrayó la importancia de actuar con integridad.

“Le deseo claridad, sabiduría y una ética inquebrantable para servirle con integridad al pueblo de Guatemala”, añadió Arévalo en su mensaje oficial.

En menos de dos semanas, dos eventos ocurridos a miles de kilómetros de distancia el uno del otro cambió el paisaje regulatorio de los activos digitales en El Salvador. El 13 de marzo de 2026, la Sala de lo Constitucional de nuestra Corte Suprema de Justicia trazó por primera vez límites claros sobre el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en el sistema de justicia en la Resolución 57-2025. Cuatro días después, el 17 de marzo, la Security Exchange Commission (SEC) y la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de Estados Unidos publicaron conjuntamente una taxonomía vinculante de los criptoactivos que pone fin a más de una década de lo que ellos mismos llamaron regulation by enforcement, que es la práctica de regular castigando en lugar de orientar con anticipación. Para las empresas locales o extranjeras que operan en el mundo cripto, o que planean hacerlo, entender qué significan estos dos hitos no es opcional.

La inteligencia artificial llega a los tribunales

El caso que activó la reflexión de la Sala fue una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 46 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, declarada inadmisible porque parte del argumento de derecho comparado había sido generado por una herramienta de IA generativa sin que el abogado verificara la información antes de presentarla. La Sala detectó el problema pero, en lugar de desechar el caso en silencio, aprovechó la oportunidad para decir algo importante sobre el tema.

Lo que siguió fue una resolución extraordinariamente didáctica. La Sala analizó qué es la IA generativa, qué marcos internacionales la regulan (desde la ONU y la UNESCO hasta el Consejo de Europa), qué dice la legislación salvadoreña vigente, y cómo debe interactuar esta tecnología con los derechos fundamentales. La Sala adoptó los criterios de la Corte Constitucional de Colombia (sentencia T-323/2024) para orientar el uso de IA en la administración de justicia como núcleo práctico. Dichos criterios son transparencia, responsabilidad, privacidad, no sustitución de la racionalidad humana, seriedad y verificación, prevención de riesgos, igualdad, control humano, regulación ética y seguimiento continuo.

En términos prácticos, esto significa que cualquier abogado que use alguna IA u otra herramienta similar para preparar documentos judiciales asume la responsabilidad de verificar cada dato, cada cita, cada referencia. La IA puede ser un aliado poderoso, pero el criterio, la firma —y la responsabilidad— son del profesional. Quien ignore esta advertencia no solo arriesga que rechacen sus escritos: puede enfrentar consecuencias disciplinarias y posiblemente hasta penales.

La nueva taxonomía cripto de Washington: cinco categorías que toda empresa debe conocer

Casi en paralelo, en Estados Unidos ocurrió algo que los mercados esperaban desde hace años. La SEC y la CFTC publicaron conjuntamente los Release Nos. 33-11412 y 34-105020, el primer esfuerzo sistemático del gobierno federal estadounidense por clasificar los criptoactivos y delimitar con claridad cuáles son valores sujetos a registro y cuáles no; siendo este documento vinculante para ambas agencias.

La clasificación distingue cinco grandes categorías. Las digital commodities incluyen activos como Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL) y XRP, cuyo valor deriva de la oferta y la demanda —no de la gestión de terceros— y que, por tanto, no son valores financieros. Para las empresas salvadoreñas que operan o buscan financiamiento en mercados norteamericanos, esta confirmación elimina una zona gris que inhibía decisiones de inversión.

Los digital collectibles (NFTs y meme coins) tampoco son valores, salvo que se ofrezcan de forma fraccionada; los digital tools —tokens con función práctica como membresías o credenciales— tampoco generan derechos financieros. Las stablecoins de pago emitidas bajo la GENIUS Act quedan expresamente excluidas de la definición de valor, lo cual abre una ventana estratégica relevante para El Salvador, dado el peso de las remesas familiares en la economía nacional. Por último, los digital securities —acciones tokenizadas, bonos digitales y similares— sí son valores y exigen cumplir con todos los requisitos de registro de la SEC cuando se accede al mercado estadounidense. Aquí el margen de error es cero: el incumplimiento puede derivar en responsabilidad penal y civil bajo la ley federal norteamericana.

Por qué esto importa especialmente en El Salvador

El Salvador no llega a esta coyuntura de manos vacías. Cuenta con la Ley Bitcoin, la Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías (LFIAT, aprobada en febrero de 2025), la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA), legislación sobre protección de datos y ciberseguridad, y un ecosistema de billeteras digitales que ya está transformando el flujo de remesas. Ningún otro país de la región puede presentar un portafolio institucional comparable.

La existencia de la LFIAT no es un detalle menor. La frontera entre criptoactivos e inteligencia artificial se difumina cada vez más: el trading algorítmico, la gestión automatizada de carteras de activos digitales, los sistemas antifraude en redes blockchain y los contratos inteligentes de ejecución autónoma son todos puntos de intersección entre ambas tecnologías. Un país que regula las dos de forma coordinada ofrece una certeza jurídica que los inversores internacionales valoran por encima de cualquier incentivo fiscal.

La oportunidad es concreta: con marcos propios ya establecidos y la nueva claridad ofrecida por la SEC y la CFTC, El Salvador puede consolidarse como el puente natural entre el ecosistema cripto latinoamericano y el mercado norteamericano. La dolarización, el CAFTA-DR, la familiaridad institucional con Bitcoin y la posición geográfica son ventajas que ningún competidor regional replica de forma simultánea.

Pero aprovechar esa ventana requiere atención sostenida. El Project Crypto de la SEC y la CFTC seguirá produciendo normas y directrices en los próximos meses. El Salvador necesita una estrategia de armonización normativa dinámica —no reactiva— que evalúe cuáles de esas reglas conviene incorporar al ordenamiento local, cuáles adaptar y cuáles resistir. La neutralidad tecnológica no puede confundirse con pasividad regulatoria.

Lo que viene: certeza jurídica como ventaja competitiva

El Salvador ya no juega en ligas locales. Ha apostado decididamente por convertirse en polo de atracción para la industria de los activos digitales y la tecnología financiera. En ese contexto, la nueva arquitectura regulatoria diseñada por la SEC y la CFTC, y los criterios que va fijando la jurisprudencia local sobre el uso de tecnologías emergentes, no son noticias distantes: son factores que determinan hoy mismo la viabilidad de proyectos, contratos y operaciones.

La digitalización dejó de ser el futuro. El scoring crediticio automatizado, el onboarding digital, la custodia de activos digitales y los contratos inteligentes empiezan a ser parte de la operatividad diaria de empresas salvadoreñas hoy. El riesgo no es quedarse sin tecnología; es operar con ella sin entender el marco legal que la rodea.Para los abogados, la resolución de la Sala es una señal directa: quien use IA en su práctica debe hacerlo con criterio, verificación y transparencia. Para los empresarios y tomadores de decisión, los releases de la SEC y la CFTC son un mapa que conviene leer antes de tomar el siguiente paso en el mercado norteamericano. Navegar este ecosistema digital con certeza jurídica no es un lujo; es cada vez más el diferencial que distingue a las empresas que escalan su operación al aplicar correctamente las normativas establecidas de las que tropiezan porque no actualizan sus conocimientos y su normativa interna.

El sector eléctrico salvadoreño atraviesa una etapa marcada por mayores exigencias en confiabilidad del servicio, incorporación de tecnología y presión por avanzar hacia esquemas de generación más sostenibles. En ese contexto, las decisiones de inversión de los principales operadores adquieren un peso relevante en la dinámica económica del país.

El gerente general del Grupo EPM, Jhon Maya Salazar,  expone en esta entrevista con DyN cómo se está ajustando la estrategia en El Salvador a partir de tres ejes: expansión de la red, incorporación de tecnología y evaluación de nuevas oportunidades en generación de energía. A través de su filial DELSUR, el grupo ha incrementado su presencia en el país con un plan de inversión que apunta a modernizar la infraestructura y fortalecer su operación en zonas con alta actividad económica.

Solo en 2025, la empresa ejecutó más de $32 millones, y para 2026 proyecta un aumento que marca el mayor nivel de inversión anual desde su llegada al país. Esta decisión se da en un entorno donde la calidad del servicio y la estabilidad del sistema eléctrico son factores cada vez más determinantes para el crecimiento económico.

La estrategia no se limita a la infraestructura. Incluye una visión de mediano plazo que combina eficiencia operativa, estabilidad financiera y una transición energética que busca equilibrio entre fuentes tradicionales y renovables. Este enfoque responde a una realidad técnica del sistema eléctrico: garantizar continuidad del servicio mientras se integran nuevas tecnologías de generación.

En esta conversación, el ejecutivo detalla las prioridades de inversión, el rol de las energías renovables y los retos regulatorios que enfrenta el sector. También aborda cómo la compañía evalúa su crecimiento en un mercado donde la certeza jurídica sigue siendo un factor clave para atraer inversión y sostener operaciones de largo plazo.

¿Cuáles son las principales inversiones estratégicas del grupo a través de DELSUR que proyecta ejecutar en El Salvador, en el corto y mediano plazo?

Nosotros tenemos un posicionamiento importante en la distribución de energía. Hoy contamos con alrededor del 27% del mercado, con presencia en zonas relevantes como el suroeste de San Salvador y la franja costera, que está registrando un crecimiento importante. Desde esa base, seguimos participando activamente en el desarrollo de esos territorios a través de la distribución.

En el mediano plazo, estamos evaluando incursionar en generación de energía, especialmente en proyectos eólicos y solares. Hemos sostenido reuniones con grupos económicos en El Salvador para explorar oportunidades que nos permitan crecer en ese segmento.

En distribución, ya estamos establecidos dentro del porcentaje que nos corresponde en el país. Por eso, el enfoque está en mantener la calidad del servicio, fortalecer nuestros indicadores técnicos y asegurar sostenibilidad financiera en el largo plazo. Este trabajo lo desarrollamos con un equipo principalmente salvadoreño, con conocimiento local y compromiso con la operación.

El año pasado invertimos alrededor de $32 millones. Para este año proyectamos cerca de $47 millones, lo que representa un incremento cercano al 40%. Estas inversiones están dirigidas a mejorar la calidad del servicio, avanzar en automatización, digitalización, ciberseguridad y fortalecer toda la infraestructura de red.

Nuestro enfoque se basa en dos pilares: la calidad del servicio y la atención al cliente. A partir de ahí se construye el resto de la operación. Las mejoras en redes, subestaciones y sistemas automatizados están orientadas a sostener esos objetivos.

Usted mencionaba energías renovables. ¿Qué papel van a jugar las energías renovables en la estrategia que ustedes proyectan?

Las energías renovables tienen un rol relevante dentro de la transición energética. El objetivo es reducir el uso de combustibles fósiles y avanzar hacia fuentes no convencionales como la eólica y la solar, además de la hidráulica.

Sin embargo, es necesario mantener un equilibrio en la matriz energética. Un sistema basado únicamente en renovables no convencionales puede enfrentar problemas de estabilidad. Cuando se presentan variaciones en la generación, estas pueden afectar el sistema completo, como se ha visto en algunos casos recientes en otros países.

Por eso, la combinación de fuentes es clave. La generación hidráulica y la térmica aportan estabilidad, mientras que las renovables como la solar y la eólica complementan la matriz. En Colombia operamos con ese modelo mixto, y consideramos que una estructura similar puede aportar solidez al sistema en El Salvador.

Las energías renovables seguirán ganando participación, pero deben integrarse de forma balanceada para garantizar continuidad y confiabilidad del servicio.

¿Cuáles son los principales desafíos que usted considera afrontan, de cara a los marcos regulatorios y a las capacidades técnicas instaladas, para desarrollar plenamente sus planes?

Cualquier inversión depende de la estabilidad jurídica y de reglas de juego claras. Cuando estas condiciones cambian en el camino, se afecta la confianza del inversionista.

En El Salvador hemos trabajado bajo un marco que, hasta ahora, ha permitido operar con claridad. Han surgido algunas inquietudes puntuales, pero hemos podido abordarlas con argumentos técnicos y transparencia en nuestras operaciones.

Somos una empresa que actúa dentro de la normativa. No operamos bajo esquemas especulativos. Nuestro enfoque está en cumplir con estándares éticos y regulatorios para garantizar sostenibilidad y credibilidad en el tiempo.

Las reglas claras permiten desarrollar proyectos y recuperar inversiones dentro de parámetros normales de negocio. Cuando existe esa estabilidad, se facilita la toma de decisiones y la ejecución de planes de largo plazo.

5 puntos clave que sintetizan la visión del Grupo EPM en El Salvador:

1. Enfoque en calidad del servicio como eje central
   La operación está construida sobre la mejora continua del servicio eléctrico. Las inversiones en red, automatización y tecnología responden a ese objetivo.
2. Apuesta por modernización y digitalización de la red
   El grupo prioriza sistemas inteligentes, analítica de datos y ciberseguridad para operar en tiempo real y mejorar la eficiencia operativa.
3. Expansión gradual hacia generación de energía
   Aunque su base es la distribución a través de DELSUR, evalúa entrar en generación, especialmente en proyectos eólicos y solares.
4. Transición energética con enfoque técnico y equilibrado
   El grupo promueve energías renovables, pero bajo una matriz diversificada que combine fuentes para garantizar estabilidad del sistema.
5. Confianza en el país con reglas claras
   La sostenibilidad de la inversión depende de la estabilidad jurídica y de marcos regulatorios previsibles que permitan planificar a largo plazo.
   

“La calidad del servicio y la atención al cliente son la base de toda la operación.” 

“El crecimiento del sector eléctrico requiere inversión sostenida en redes, tecnología y digitalización.” 

“Las energías renovables son clave, pero necesitan complementarse con otras fuentes para garantizar continuidad.” 

El derecho siempre ha acompañado a la humanidad como una especie de espejo. Refleja quiénes somos,  qué creemos, qué valoramos y qué rechazamos. También muestra nuestro avance científico, económico y  tecnológico. A lo largo de la historia, las normas han cambiado con nosotros, adaptándose a nuevas  realidades y dejando constancia de lo que como sociedad hemos permitido o prohibido. Por eso, aunque a  veces se piense lo contrario, el derecho no es rígido ni estático: es dinámico, flexible y profundamente  humano.  

Bajo esta idea, es imposible negar que los cambios en nuestras dinámicas sociales influyen directamente  en la forma en que se configura el derecho, tanto en su contenido como en sus procedimientos. Hoy vivimos  en un mundo donde la tecnología dejó de ser un accesorio para convertirse en parte esencial de nuestra  vida cotidiana. Pagamos desde el teléfono, trabajamos desde plataformas digitales, nos comunicamos por  aplicaciones y dejamos rastros electrónicos de casi todo lo que hacemos. Esta transformación nos obliga a  replantear trámites, métodos de pago, normativas y criterios jurídicos que antes parecían inamovibles.  

En este contexto, el Derecho Laboral salvadoreño enfrenta un desafío particular: adaptarse a una realidad  donde las relaciones de trabajo ya no se desarrollan únicamente en oficinas, documentos impresos o  reuniones presenciales, sino también —y cada vez más— en pantallas, chats, correos electrónicos y  plataformas digitales. Esta nueva forma de interactuar exige que revisemos cómo entendemos la prueba,  la comunicación laboral y el debido proceso.  

El debido proceso es uno de los pilares más importantes de cualquier sistema jurídico. Desde la formación  académica se enseña que la Constitución, como norma suprema, es la expresión de la voluntad del pueblo  y la garante de los derechos fundamentales. Entre esos derechos, el debido proceso ocupa un lugar central  porque protege a las personas frente a decisiones que pueden afectar su vida, su trabajo o su patrimonio.  Dentro de este derecho encontramos elementos esenciales como la contradicción, el derecho de defensa, 

la igualdad procesal y el acceso a la prueba. Estos principios no son simples formalidades: son la base que  asegura que un proceso sea justo.  

Cuando las normas procesales cambian —como ocurre hoy debido al impacto de la tecnología— estos  principios adquieren aún más relevancia. Son la brújula que debe guiarnos para que, pese a la evolución  social, el sistema jurídico mantenga coherencia, lógica y sensatez. Por eso, al analizar cómo debe  incorporarse la prueba electrónica o digital en los procesos laborales, no basta con repetir lo que “siempre  se ha hecho”. Es necesario considerar todas las posturas válidas y evaluar cómo se armonizan con los  principios del debido proceso.  

La razón por la que la prueba digital se ha vuelto un tema tan importante es sencilla: la mayoría de  nuestras interacciones ocurren en entornos digitales. Hoy es común que las personas se comuniquen por  WhatsApp, Messenger, Gmail, Outlook, Instagram, TikTok, X o LinkedIn. No solo se envían mensajes  casuales; también se toman decisiones laborales, se comparten documentos, se asignan tareas, se  presentan renuncias o se comunican despidos, se estipulan horarios, entre otros. Incluso publicaciones sin  destinatario específico pueden tener efectos jurídicos. Todo esto genera registros detallados de la vida  social, profesional y laboral de las personas.  

Negar esta realidad sería negar cómo funciona hoy el mercado laboral. Y si la realidad cambia, el derecho  debe acompañarla. La jurisprudencia reciente, basada en el Código Procesal Civil y Mercantil como norma  supletoria, ha establecido que la prueba digital debe cumplir con autenticación, integridad, confidencialidad  y no repudio. Estos requisitos buscan evitar la manipulación de información, un riesgo real en el entorno  digital.  

A partir de esto han surgido dos posturas principales sobre cómo debe incorporarse la prueba digital en  los procesos judiciales.  

La primera postura es más estricta. La Sala de lo Civil ha interpretado que, para garantizar la integridad de  la prueba, debe presentarse el dispositivo original donde se generó o recibió la información: el teléfono 

desde donde se enviaron los mensajes, la computadora donde se creó el archivo, el disco duro de una  cámara, etc. Bajo esta visión, si no se presenta el soporte físico original, la prueba carece de valor. Esta  postura busca proteger la autenticidad de la información y evitar alteraciones.  

La segunda postura es más flexible. También surge de la Sala de lo Civil, pero a través de opiniones  individuales de profesionales. Sostiene que, para incorporar la prueba, basta con presentar capturas de  pantalla impresas o archivos exportados, y que solo si la contraparte impugna la prueba debe exigirse el  dispositivo original. Esta visión intenta evitar obstáculos innecesarios y reconoce que no siempre es posible  disponer del aparato físico en el momento del juicio. Además, busca garantizar el acceso a la justicia y la  celeridad procesal.  

Lo anterior configura un dilema medular al momento de ejercitar las actuaciones procesales dentro de una  contingencia. Muchos insistirán en que en la práctica, lo más seguro para quien litiga es adelantarse y  presentar el dispositivo original cuando sea posible. Pero también es cierto que el proceso judicial no puede  quedar atrapado en un único esquema, especialmente cuando la sociedad cambia más rápido que las  normas. El objetivo del proceso no es complicar, sino resolver conflictos de manera justa y eficiente.  

El Derecho Laboral salvadoreño está en un momento de transformación profunda. La tecnología ya no es  un complemento: es el espacio donde ocurren muchas de las interacciones laborales. Reconocerlo,  regularlo y adaptarlo con sensatez es el reto inmediato. La clave está en equilibrar la seguridad jurídica  con la realidad cotidiana, sin perder de vista que el derecho existe para servir a la sociedad y armonizar  todas las relaciones que a la interna ocurren.  

En definitiva, lo más importante en este proceso de transformación es que quienes asesoramos en materia  laboral sepamos acompañar estos cambios con criterio, equilibrio y sentido práctico. La tecnología seguirá  modificando la forma en que nos relacionamos, trabajamos y probamos lo que ocurre en el día a día, y el  derecho debe reconocer esa naturalidad sin perder rigor.