La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) de El Salvador autorizó a Monetae a adquirir la Sociedad Proveedora de Dinero Electrónico Transferencias de El Salvador, vinculada al grupo AirPak.

La fintech anunció que integrará esta operación bajo el nombre de Sociedad Proveedora de Dinero Electrónico Monetae Pagos Integrados, sujeto a los trámites y autorizaciones regulatorias correspondientes.

Con esta adquisición, Monetae busca ampliar su oferta de servicios financieros digitales para personas y empresas, al incorporar dinero electrónico, pagos y transferencias a sus operaciones actuales.

La integración ampliará los servicios financieros

Eduardo Saca Bahaia, director ejecutivo de Monetae, afirmó que la sociedad permitirá ampliar próximamente la gama de productos y servicios de la empresa.

El ejecutivo señaló que la compañía busca acercar servicios financieros ágiles y confiables a más salvadoreños, dentro del marco regulatorio vigente.

Monetae anunció en marzo de 2026 un acuerdo con AirPak para adquirir esta división, vinculada a un grupo especializado en el segmento de remesas familiares.

La empresa sostiene que la operación forma parte de su estrategia para desarrollar infraestructura financiera regulada en El Salvador.

Una estructura que reúne varias autorizaciones

Según Monetae, la adquisición le permitirá reunir bajo un mismo grupo tres categorías de autorización: proveedor de servicios de activos digitales, proveedor de servicios bitcoin y sociedad proveedora de dinero electrónico.

Esta integración facilitaría la articulación de distintos servicios financieros dentro de una misma estructura regulatoria. Sin embargo, la ampliación efectiva de productos dependerá de los trámites y permisos aplicables.

La compañía cuenta con autorización de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) para operar como proveedor de servicios de activos digitales. También dispone de permisos del Banco Central de Reserva (BCR) y está sujeta a la supervisión de la SSF.

Inversiones y operaciones digitales

Monetae administra una aplicación financiera que permite realizar pagos y transferencias, comprar bitcoin e invertir en activos reales tokenizados.

Además, su plataforma ofrece acceso a acciones de empresas que cotizan en la bolsa estadounidense, con inversiones desde cinco dólares, según la información divulgada por la compañía.

La incorporación de la sociedad de dinero electrónico abre la posibilidad de ampliar estos servicios hacia nuevas modalidades de pago y transferencia. La empresa no detalló una fecha para el inicio de las operaciones bajo la nueva denominación.

Los smart contracts o contratos inteligentes automatizan operaciones en redes blockchain, desde transferencias de criptomonedas hasta el cumplimiento de condiciones de préstamos e inversiones. Sin embargo, su ejecución automática no garantiza la validez jurídica de una operación ni elimina la responsabilidad de quienes intervienen.

Sergio Covaleda, abogado especializado en criptoactivos y director jurídico de Wenia, empresa del Grupo Cibest en Colombia, explicó las diferencias entre los acuerdos legales y los programas informáticos. También abordó los riesgos de programación, los mecanismos de recuperación de activos y la resolución de controversias internacionales.

El código ejecuta instrucciones, pero la ley define las obligaciones

Un contrato inteligente es un programa informático desplegado en una blockchain que ejecuta instrucciones cuando se cumplen determinadas condiciones. Las partes pueden utilizarlo para automatizar algunas o todas las obligaciones de un acuerdo.

No obstante, Covaleda distingue entre el contrato como fuente de obligaciones y el código como herramienta para expresarlas o ejecutarlas. La validez jurídica depende de los requisitos legales, como el consentimiento, la capacidad de las partes y la licitud de la operación.

El especialista compara esta función con un cajero automático. El sistema puede registrar un retiro, pero ese registro no demuestra que el banco haya entregado el dinero.

De forma similar, un programa puede ejecutar una transferencia sin cumplir correctamente el acuerdo original. En ese caso, el funcionamiento técnico no elimina las obligaciones legales de las partes.

Los errores pueden generar responsabilidades para proveedores y desarrolladores

Cuando un contrato inteligente ejecuta una operación distinta de la acordada, la responsabilidad depende de quién asumió la obligación y de las circunstancias del caso.

Covaleda plantea el ejemplo de una plataforma que debía transferir 10 bitcoins, pero envió 100 por un error de programación. Frente al usuario, el proveedor que asumió la obligación sería el primer llamado a responder, conforme al contrato y la legislación aplicable.

Después, si la falla corresponde al trabajo de un desarrollador contratado por la plataforma, el proveedor podría reclamarle por las consecuencias del error.

En las finanzas descentralizadas, el análisis resulta más complejo. Algunos protocolos ofrecen programas de código abierto sin que sus desarrolladores hayan asumido necesariamente una obligación directa con cada usuario.

Sin embargo, esa circunstancia tampoco excluye automáticamente toda responsabilidad. Para determinarla, es necesario examinar los servicios ofrecidos, la conducta de los involucrados y las posibles obligaciones legales.

Corregir el programa no garantiza recuperar los activos

Los contratos inteligentes pueden incorporar mecanismos para pausar operaciones, actualizar instrucciones o migrar funciones a otro programa. Estas medidas permiten corregir fallas, pero no revierten automáticamente las transferencias que ya se ejecutaron en la blockchain.

Si una operación envía criptomonedas a una billetera equivocada, la recuperación dependerá del control sobre esa dirección, de la colaboración de quien recibe los activos y de las herramientas técnicas disponibles.

En algunos casos, los emisores o administradores de activos digitales pueden congelar fondos, retirar unidades de circulación o emitir nuevas unidades. Sin embargo, esas facultades dependen del diseño del activo y de las autorizaciones legales correspondientes.

Además, emitir nuevas unidades no significa recuperar las anteriores. La medida puede alterar el suministro o afectar el respaldo del activo si no neutraliza las unidades originales.

Por ello, Covaleda señala la importancia de establecer desde el inicio quién puede detener operaciones o intervenir sobre los activos, bajo qué condiciones y con cuáles controles.

Las disputas internacionales dependen de los acuerdos y las leyes aplicables

Las controversias relacionadas con contratos inteligentes pueden resolverse mediante los jueces o mecanismos que las partes hayan acordado, dentro de los límites legales correspondientes.

Los contratos de plataformas centralizadas y emisores de monedas estables suelen establecer condiciones de uso que determinan la ley aplicable y, en ciertos casos, la jurisdicción judicial o el arbitraje.

Cuando no existe un acuerdo previo, el análisis debe considerar quién debía cumplir la obligación, dónde están domiciliadas las partes y dónde correspondía ejecutar el compromiso.

La ubicación de un servidor o el uso de una red blockchain internacional no determinan por sí solos qué tribunal debe resolver el conflicto.

También importa que una eventual sentencia pueda ejecutarse en el país donde se encuentran los bienes o la parte obligada.

En consecuencia, la automatización tecnológica no elimina la necesidad de identificar a los responsables, definir las reglas contractuales y prever mecanismos para resolver disputas. El código puede ejecutar una operación, pero el derecho determina sus consecuencias jurídicas.

La expansión de criptomonedas, tokens y otros activos digitales plantea nuevos retos para los sistemas tributarios, según Luis Barahona, socio líder de Impuestos y Planeación Fiscal de ARIAS en El Salvador.

El especialista señala que la naturaleza transfronteriza de estas operaciones dificulta determinar dónde deben pagar impuestos. También complica identificar a los responsables de cumplir las obligaciones fiscales.

La deslocalización complica el control tributario

Barahona identifica cuatro grandes desafíos para las autoridades tributarias: la inmaterialidad, la deslocalización, la trazabilidad y la identificación de los contribuyentes.

Los activos digitales no tienen una existencia física. Por eso, generan dificultades para los controles fiscales tradicionales, diseñados para bienes tangibles y servicios.

Además, estos activos pueden movilizarse o transferirse de forma inmediata entre distintas jurisdicciones.

Un activo digital puede emitirse en un país, custodiarse en otro y transferirse a una persona con residencia fiscal diferente.

También puede administrarse mediante una billetera digital ubicada en otra jurisdicción. Esta combinación dificulta determinar qué país tiene derecho a gravar la operación.

A esto se suma la dificultad para identificar a los responsables tributarios. Los sistemas digitales pueden proteger información de los inversionistas y dificultar el seguimiento de las operaciones.

Las ganancias pueden tributar de distintas formas

Cada país tiene la potestad de establecer el tratamiento fiscal para las ganancias obtenidas mediante activos digitales.

Sin embargo, Barahona plantea dos posibles tratamientos según la naturaleza de la actividad.

Para los inversionistas que obtienen ganancias fuera de su actividad habitual, propone considerar esos ingresos como ganancias de capital.

En cambio, quienes mantienen un negocio habitual de compraventa de activos digitales podrían tributar esas ganancias como renta ordinaria.

Este tratamiento permitiría equiparar las operaciones con activos digitales a otras actividades económicas sujetas a impuestos.

Una operación puede involucrar varias jurisdicciones

Determinar qué país puede cobrar impuestos depende de los criterios establecidos por las legislaciones involucradas.

Barahona menciona tres criterios principales: territorialidad o fuente, residencia fiscal y renta mundial.

El criterio territorial permite gravar una operación cuando la actividad económica o el hecho que genera la renta ocurre dentro de un país.

El criterio de residencia permite que un país grave los ingresos de una persona que tiene allí su domicilio o residencia fiscal.

Algunas legislaciones también pueden considerar la nacionalidad para establecer la potestad tributaria.

La aplicación de varios criterios sobre una misma operación puede provocar conflictos entre jurisdicciones.

En esos casos, una persona o empresa podría enfrentar una doble o múltiple imposición sobre una misma renta.

Evasión y falta de certeza jurídica

Las características de los activos digitales también pueden facilitar la ocultación de información sobre los ingresos obtenidos.

Esto puede dificultar que las autoridades tributarias detecten determinadas rentas y cobren los impuestos correspondientes.

Otro riesgo surge cuando diferentes países aplican criterios distintos para determinar quién debe pagar impuestos.

El problema puede agravarse en jurisdicciones que no cuentan con leyes específicas o convenios para evitar la doble tributación.

Barahona también señala la falta de certeza jurídica como uno de los principales problemas del mercado.

La ausencia de normas específicas puede generar incertidumbre sobre las obligaciones fiscales aplicables a las operaciones con activos digitales.

Las regulaciones ambiguas pueden producir un efecto similar.

Reglas claras para mantener la inversión

Barahona considera que un marco tributario adecuado debe equilibrar la recaudación con la innovación y la inversión.

Entre los elementos necesarios menciona definiciones claras sobre la naturaleza tributaria de los activos digitales.

También plantea establecer reglas específicas sobre su tratamiento fiscal y tarifas preferenciales.

El especialista incluye además posibles beneficios fiscales para determinadas etapas del ecosistema.

A esto suma obligaciones razonables de información e incentivos para la innovación.

Para Barahona, la tributación de los activos digitales exige revisar conceptos tradicionales del derecho tributario.

El reto consiste en establecer reglas que generen certeza jurídica y nuevos ingresos fiscales sin desalentar el desarrollo de este ecosistema tecnológico.

El Salvador funciona como un “sandbox en vivo” para probar nuevas soluciones financieras, según Dionisio Machuca, vicepresidente jurídico y secretario general de Banco Agrícola.

Machuca expuso su análisis durante el marco de COLADE 2026. Allí señaló que el país ha construido un ecosistema que combina regulación, tecnología, inversión y supervisión.

Según el ejecutivo, esa estructura convirtió a El Salvador en una jurisdicción observada por el sector financiero latinoamericano.

Nuevas reglas amplían el mercado

Machuca destacó la legislación sobre Bitcoin y activos digitales como parte de la transformación reciente del sistema financiero.

También mencionó Transfer 365, las transferencias internacionales entre Centroamérica y República Dominicana y las billeteras digitales.

A estos mecanismos se suman proveedores de servicios de activos digitales, fondos de inversión y bancos de inversión.

El ejecutivo también destacó la creación de la Comisión Nacional de Activos Digitales y la Agencia Administradora Bitcoin.

Según su análisis, estas estructuras permiten incorporar nuevos participantes y desarrollar productos financieros distintos.

La supervisión enfrenta un nuevo escenario

Machuca planteó que la regulación debe permitir la innovación mientras mantiene controles adecuados sobre los riesgos.

En ese sentido, destacó la supervisión especializada de los nuevos servicios financieros digitales.

También consideró necesaria una actuación coordinada entre los diferentes reguladores. El objetivo es responder a un mercado donde los actores participan en varias áreas financieras.

Tecnología busca reducir costos

El ejecutivo vinculó la digitalización con menores costos operativos y mayor acceso a productos financieros.

Además, destacó la simplificación de requisitos para abrir cuentas y el crecimiento de las billeteras digitales.

Machuca sostuvo que la infraestructura creada permite atraer inversión y desarrollar nuevas soluciones.

“El Salvador es un Sandbox en vivo, con reglas muy claras y un entorno de control”, afirmó.

Para el ejecutivo, esa combinación permite investigar, probar y desarrollar soluciones financieras dentro de un marco regulado.

El gobierno conmemoró el tercer aniversario de la Comisión Nacional de Activos Digitales, creada en 2023 para regular este sector.

El acto reunió a autoridades, delegaciones internacionales, inversionistas y empresas vinculadas con los activos digitales.

La comisión reporta 156 empresas vigentes

El presidente de la comisión, Juan Carlos Reyes, presentó las cifras del ecosistema supervisado durante sus primeros tres años.

La institución reportó 156 compañías vigentes y 144 empresas con asiento registral.

Además, contabilizó 81 proveedores de servicios de activos digitales y 46 emisores de activos digitales e instrumentos tokenizados.

Según Reyes, los proyectos de financiamiento inmobiliario tokenizado acumulan $633 millones.

El país creó un marco específico en 2023

El vicepresidente Félix Ulloa recordó durante el acto que El Salvador adoptó bitcóin como moneda de curso legal en 2021.

Dos años después, el país creó la Comisión Nacional de Activos Digitales. La entidad asumió funciones de regulación y supervisión para este mercado.

Ulloa señaló que la creación de la comisión marcó un punto de inflexión para la política financiera vinculada con la economía digital.

La institución busca ampliar su cooperación internacional

Reyes destacó que la comisión también ha compartido conocimientos y brindado asistencia técnica a otros países.

El funcionario vinculó esta actividad con la experiencia acumulada durante los primeros tres años de funcionamiento.

La institución plantea continuar fortaleciendo el marco regulatorio y la supervisión de las empresas vinculadas con activos digitales.