Las remesas familiares recibidas en El Salvador a través de billeteras de criptomonedas registraron un crecimiento durante el primer cuatrimestre de 2026, según datos divulgados por el Banco Central de Reserva.

Las estadísticas oficiales indican que entre enero y abril ingresaron $23.1 millones por medio de activos digitales. La cifra supera en $7.1 millones los $16 millones reportados durante el mismo período de 2025.

El resultado representa un incremento de 44.3 % y marca una recuperación en este segmento de transferencias internacionales. De esta manera, las remesas en criptomonedas retomaron una tendencia de crecimiento tras los resultados observados durante el año anterior.

La mayor parte del dinero continúa llegando por canales tradicionales

A pesar del aumento registrado, las transferencias realizadas mediante carteras digitales mantienen una participación reducida dentro del flujo total de remesas que recibe el país.

De acuerdo con los datos oficiales, los $23.1 millones enviados mediante criptomonedas representaron el 0.70 % de los $3,286.72 millones en remesas totales recibidas entre enero y abril de 2026.

En comparación, durante el mismo período de 2025 las remesas digitales representaron el 0.52 % de un total de $3,076.93 millones.

Las cifras muestran que la mayoría de los recursos enviados por los salvadoreños residentes en el extranjero continúa ingresando mediante bancos, empresas remesadoras y otros mecanismos financieros convencionales.

Resultados contrastan con la caída observada durante 2025

El desempeño registrado en los primeros meses de 2026 contrasta con los resultados acumulados durante 2025.

Según el Banco Central de Reserva, las remesas recibidas mediante billeteras de criptomonedas alcanzaron $57.67 millones al cierre de ese año. El monto representó una disminución de 32.5 % frente a los $85.5 millones contabilizados en 2024.

La reducción equivalió a $27.83 millones menos respecto al año anterior, reflejando una menor actividad en este tipo de operaciones durante ese período.

Cambios regulatorios modificaron el panorama de los activos digitales

El Salvador adoptó el bitcóin como moneda de curso legal junto con el dólar estadounidense en septiembre de 2021. Con esa decisión se convirtió en el primer país del mundo en implementar esa medida.

La iniciativa formó parte de la estrategia económica impulsada por el presidente Nayib Bukele para promover el uso de activos digitales y atraer inversiones relacionadas con la industria de las criptomonedas.

Sin embargo, distintos estudios y encuestas reportaron una adopción limitada del bitcóin para las transacciones cotidianas entre la población.

Posteriormente, El Salvador acordó un programa de financiamiento por $1,400 millones con el Fondo Monetario Internacional. Como parte de ese proceso, la Asamblea Legislativa aprobó reformas que eliminaron el carácter de moneda de curso legal del bitcóin y redujeron la participación estatal en el uso y circulación de la criptomoneda.

Mientras tanto, las cifras más recientes reflejan que las remesas en criptomonedas continúan creciendo en términos interanuales, aunque todavía representan una porción pequeña del total de dinero que reciben los hogares salvadoreños desde el exterior.

Con información de EFE

Por Christopher Cornejo | Analista de seguridad nacional, gobernanza e innovación.  

Han pasado más de 10 años desde que El Salvador creó la Ley Especial de Asocios Público Privados (APP) que, en teoría, prometía modernizar la infraestructura nacional, atraer inversión y acelerar proyectos estratégicos para el desarrollo. Sin embargo, la realidad terminó siendo mucho más limitada que las expectativas que originalmente acompañaron aquella normativa aprobada en el año 2013. 

Hoy, mientras la Asamblea Legislativa estudia una nueva Ley de Alianzas Público-Privadas, considero necesario abrir una discusión seria, técnica y responsable sobre por qué el modelo anterior no produjo los resultados esperados y por qué el país necesita una nueva generación de alianzas entre el Estado y el sector privado. 

La discusión no debe centrarse en prejuicios ideológicos ni en discursos simplistas sobre “privatización” o “entrega del Estado”. Debe centrarse en algo mucho más importante: la capacidad real que tiene El Salvador para financiar, construir, operar y mantener infraestructura moderna en un contexto global cada vez más competitivo. 

La ley vigente nació con buenas intenciones. Su objetivo era crear un marco jurídico que permitiera al Estado asociarse con empresas privadas para desarrollar infraestructura y servicios públicos mediante mecanismos de largo plazo. 

La lógica detrás del modelo era clara: el Estado no siempre posee los recursos financieros, tecnológicos o técnicos suficientes para ejecutar grandes proyectos estratégicos, mientras que el sector privado sí puede aportar capital, innovación, eficiencia operativa y capacidad de ejecución. 

Sin embargo, después de más de diez años de vigencia, el balance es difícil de ignorar: El Salvador prácticamente solo logró concretar un proyecto emblemático bajo esta normativa. Ese proyecto fue la modernización y ampliación de la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de El Salvador, impulsado junto a CEPA y estructurado bajo el esquema APP. 

Como es de conocimiento de todos, la iniciativa incluyó modernización logística, ampliación de capacidades y operación privada especializada, manteniendo la propiedad estatal de la infraestructura.  

Más allá de este caso puntual, muchos otros proyectos quedaron atrapados entre estudios técnicos, procesos burocráticos, inseguridad jurídica, falta de decisión política o modelos institucionales demasiado lentos para responder a las necesidades del país. 

Durante años se habló de concesiones portuarias, infraestructura ferroviaria, parques tecnológicos, sistemas logísticos y otros proyectos estratégicos que nunca llegaron a materializarse plenamente. Y aunque la ley sufrió reformas en 2014 y 2017 para mejorar su funcionamiento, los resultados continuaron siendo insuficientes.  

Ese es precisamente el principal argumento detrás de la nueva legislación que actualmente estudia la Asamblea Legislativa: reconocer que el marco actual no logró convertir las APP en una verdadera herramienta que nos permitiera cumplir nuestros objetivos de desarrollo nacional. 

Todos los que han comparecido ante la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión han sido claros al explicar que la nueva propuesta busca modernizar el modelo, reducir barreras, agilizar procesos y generar condiciones más atractivas para inversionistas nacionales e internacionales.  

Entre los cambios más relevantes destacan la posibilidad de contratos de hasta 50 años, una mayor claridad institucional, mecanismos más robustos de supervisión fiscal y la creación de una Dirección Nacional de APP que permita centralizar capacidades técnicas y dar seguimiento especializado a los proyectos.  

Y aquí es importante entender algo fundamental: los países que sí han logrado desarrollar modelos exitosos de alianzas público-privadas no lo hicieron únicamente por tener leyes bonitas. 

Lo hicieron porque construyeron institucionalidad técnica sólida, seguridad jurídica, planificación estratégica y capacidad estatal para negociar y supervisar contratos complejos. Chile es probablemente uno de los mejores ejemplos en América Latina. 

A través de su sistema de concesiones, logró modernizar carreteras, aeropuertos, hospitales y puertos durante décadas. Colombia avanzó agresivamente en infraestructura vial. 

Perú desarrolló importantes concesiones aeroportuarias, energéticas y logísticas. Ninguno de esos países abandonó el rol del Estado; lo fortalecieron mediante mecanismos modernos de cooperación público-privada. Mientras nosotros en El Salvador debatíamos, otros países avanzaban. 

Aquí, durante años predominó una mezcla de temor político, burocracia excesiva y poca capacidad técnica para estructurar proyectos bancables, competitivos y atractivos internacionalmente. 

Por supuesto, eso no significa que toda APP sea automáticamente positiva. Las alianzas público/privadas deben tener límites claros, supervisión rigurosa, transparencia y mecanismos que garanticen la protección del interés público. 

El Estado jamás debe renunciar a su capacidad regulatoria ni perder el control estratégico de sectores sensibles. Precisamente por eso considero importante que la nueva Ley mantenga restricciones relacionadas con seguridad nacional, inteligencia y áreas estratégicas del Estado. También entiendo que existan preocupaciones ciudadanas. 

Parte del debate público reciente ha reflejado esos temores.  Pero debemos evitar caer en extremos. Una APP no necesariamente significa privatización. 

En la mayoría de modelos modernos, la infraestructura sigue siendo propiedad estatal mientras el privado participa en financiamiento, construcción, operación o mantenimiento bajo contratos supervisados y sujetos a fiscalización pública. 

La verdadera pregunta no debería ser si el Estado debe asociarse o no con el sector privado. La pregunta correcta es: ¿Cómo construimos un modelo donde esas alianzas generen desarrollo real, inversión, empleo y mejores servicios sin comprometer el interés nacional? 

Porque la realidad es evidente: El Salvador enfrenta enormes necesidades de infraestructura, logística, conectividad, modernización urbana, digitalización y servicios públicos. 

Y pretender que el Estado podrá financiar absolutamente todo por sí solo resulta poco realista en el contexto económico actual, el Estado necesita ayuda del privado.  

El mundo entero está compitiendo por atraer capital, cadenas logísticas, industrias tecnológicas y nuevas inversiones. Los países que no logren desarrollar infraestructura moderna y mecanismos ágiles de inversión quedarán rezagados. 

Por eso considero acertado que la Asamblea Legislativa esté estudiando una nueva Ley de Alianzas Público-Privadas. No porque la Ley por sí sola resolverá todos los problemas estructurales del país, sino porque representa una oportunidad para corregir errores del pasado y construir un modelo más funcional, moderno y competitivo. 

El verdadero desafío no será únicamente aprobar una nueva normativa. El reto será demostrar que esta vez El Salvador sí puede ejecutar proyectos estratégicos con eficiencia, transparencia y visión de largo plazo. 

Si logramos combinar institucionalidad sólida, supervisión técnica, seguridad jurídica y planificación nacional, las APP podrían convertirse finalmente en una herramienta real para impulsar el desarrollo económico del país. 

Y quizá entonces dejaremos atrás una década de leyes con pocas obras concretas para entrar, por fin, a una etapa donde las alianzas público-privadas sí generen resultados visibles para los salvadoreños.

Los depósitos bancarios en El Salvador crecieron 16.9 % al cierre de 2025, el mayor aumento registrado en los últimos cuatro años, de acuerdo con un análisis de Moody’s sobre el sistema financiero del país.

La calificadora señaló que el incremento estuvo impulsado principalmente por el flujo constante de remesas familiares y por medidas relacionadas con los requerimientos regulatorios de liquidez.

Además, el informe destaca que los bancos continúan fortaleciendo su papel como principal receptor del ahorro de los salvadoreños.

Preferencia por entidades supervisadas impulsa captaciones

Moody’s indicó que una parte de los ahorrantes ha optado por mantener sus recursos en instituciones bancarias sujetas a supervisión financiera.

Según la agencia, esta tendencia ha sido más visible entre clientes con depósitos que superan la cobertura del Instituto de Garantía de Depósitos.

El análisis añade que estos usuarios valoran factores como la supervisión regulatoria, los controles internos y los mecanismos de gobernanza por encima de tasas de interés más elevadas ofrecidas por entidades financieras no bancarias.

Remesas mantienen influencia sobre la liquidez

El estudio identifica a las remesas como uno de los principales motores del crecimiento de los depósitos.

Estos ingresos continúan aportando recursos al sistema financiero y fortalecen la disponibilidad de fondos para las instituciones bancarias.

De acuerdo con Moody’s, el ahorro interno sigue siendo una de las fuentes más importantes para respaldar las operaciones de la banca salvadoreña.

Financiamiento a empresas y familias mantiene expansión

El informe también reporta un crecimiento interanual de 8.8 % en la cartera de créditos durante 2025.

Los sectores de construcción, comercio y consumo concentraron más del 60 % de la expansión registrada en los préstamos.

Moody’s prevé que la demanda de financiamiento empresarial y personal mantendrá una tendencia positiva en los próximos períodos.

Asimismo, la calificadora señaló que el aumento del crédito no ha deteriorado la calidad de los activos. Según el análisis, la mora del sistema bancario permanece por debajo del 2 %, un nivel que refleja estabilidad en la cartera de préstamos.

La distribuidora eléctrica DELSUR anunció una inversión de $67 millones en transformación digital y tecnología como parte de sus compromisos de sostenibilidad hacia 2030 en El Salvador.

La empresa presentó los resultados de su gestión 2025 durante su evento anual de rendición de cuentas realizado en Antiguo Cuscatlán, en La Libertad Este.

Además, DELSUR informó nuevas metas relacionadas con carbono neutralidad, modernización de la red eléctrica y reducción de interrupciones del servicio.

Modernización busca mejorar atención y confiabilidad

La compañía explicó que la inversión tecnológica fortalecerá plataformas comerciales, sistemas de atención al cliente y procesos de expansión de la red eléctrica.

María Teresa Menéndez, jefa de Sostenibilidad, Comunicaciones y Relacionamiento de DELSUR, indicó que los proyectos estarán enfocados en mejorar la continuidad del servicio y la experiencia de los usuarios.

Asimismo, la empresa proyecta reducir un 35 % la frecuencia de interrupciones y un 53 % su duración antes de 2029.

Energía renovable gana espacio en la operación

DELSUR informó que el 71 % de la energía distribuida durante 2025 provino de fuentes renovables.

Además, la empresa anunció una meta de carbono neutralidad para 2029 y confirmó inversiones por $26 millones en proyectos de conservación ambiental hasta 2030.

Según el reporte, las iniciativas incluirán programas de protección de agua, flora y fauna en zonas de operación.

Resultados financieros respaldan nuevos compromisos

La distribuidora reportó ingresos por $419.8 millones durante 2025 y una utilidad neta de $17.2 millones.

Además, ejecutó más de $32.2 millones en inversiones destinadas a fortalecer y ampliar la infraestructura eléctrica.

La compañía también mantuvo la calificación de riesgo AAA con perspectiva estable, respaldando sus planes de crecimiento y sostenibilidad.

Programas sociales impulsan empleo juvenil

Como parte de sus acciones sociales, DELSUR informó que 66 jóvenes se graduaron del programa “Semillero de linieros”.

Además, 39 participantes obtuvieron empleo dentro de la empresa y compañías contratistas.

La distribuidora también señaló que más de 46,700 clientes y usuarios participaron en actividades de gestión social y educación comunitaria durante 2025.

Pollo Campero inauguró una peculiar sucursal en el Centro Histórico de San Salvador, una zona que concentra actividad comercial y turística en la capital.

El restaurante opera en el edificio Goldtree Liebes, ubicado junto a la Catedral Metropolitana y frente a la plaza Gerardo Barrios. La marca mantuvo el característico verde del inmueble y adaptó el espacio con detalles modernos.

La nueva sucursal abrió bajo el lema “Tú siempre has estado en el Centro” y coincide con los 55 años de presencia de Pollo Campero en El Salvador.

Ricardo Amaya, coordinador de Marca de Pollo Campero El Salvador, explicó que el restaurante incorpora elementos históricos relacionados con la evolución de la empresa en el país.

Espacio incluye mural original del artista salvadoreño Fernando Llort

Uno de los atractivos del restaurante es un mural original del artista salvadoreño Fernando Llort, ubicado en la entrada principal del establecimiento.

La obra hace referencia a la Catedral Metropolitana de San Salvador y a la experiencia familiar asociada con la marca.

Además, la sucursal combina tonos cálidos, acabados similares a baldosas tradicionales y amplios ventanales orientados hacia el exterior del centro capitalino.

El restaurante también exhibe fotografías históricas y frases utilizadas por la marca en distintas décadas.

Nueva apertura genera empleos y amplía la presencia de la cadena

La apertura representó una inversión de $2.5 millones y generó más de 50 empleos directos e indirectos, según información presentada durante la inauguración.

Con esta incorporación, Pollo Campero alcanzó 65 sucursales en El Salvador y superó las 415 operaciones a nivel mundial.

El establecimiento ofrecerá pollo frito, alitas, hamburguesas, postres y menús familiares. Además, la empresa anunció nuevas opciones gastronómicas para los visitantes.

La sucursal atenderá de lunes a jueves entre las 7:00 de la mañana y las 11:00 de la noche. Los viernes y sábados operará hasta la medianoche.

Zona capitalina suma nuevas opciones para turistas

La nueva sede busca atraer tanto a residentes locales como a turistas que recorren el Centro Histórico de San Salvador.

La ubicación permite acceso directo a uno de los sectores con mayor movimiento peatonal de la capital salvadoreña.

Amanda Carballo, directora de Mercadeo e Imagen del Centro Histórico de San Salvador, afirmó que la apertura refleja el interés de empresas privadas por establecer operaciones comerciales en la zona.

Por su parte, representantes de Pollo Campero señalaron que el proyecto apuesta por un concepto de cercanía y experiencia familiar en uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.