Eluzur Rumpler, un ciudadano israelí acusado de someter a sus alumnos a prácticas tortuosas entre 2009 y 2011, permanecerá en prisión preventiva en El Salvador a la espera de ser extraditado a Israel, donde enfrentará cargos por estos delitos. 

La decisión fue tomada por el Juzgado 5° de Paz de San Salvador, según informó la Fiscalía General de El Salvador.

Rumpler, quien era director de una escuela en Israel, está señalado de infligir tormentos físicos y psicológicos a los estudiantes bajo su responsabilidad. Los hechos por los que se le acusa ocurrieron durante su gestión en la institución educativa en los años mencionados.

El fiscal del caso detalló que el Estado de Israel requiere la extradición de Eluzur Rumpler para que enfrente la justicia por los abusos cometidos contra los menores bajo su tutela. La acusación ha causado gran indignación tanto en Israel como en el ámbito internacional.

Por su parte, las autoridades israelíes trabajan en la preparación de la solicitud formal de extradición, que se espera sea presentada en los próximos días.

Mientras tanto, Rumpler continúa bajo custodia en El Salvador, a la espera de que se resuelva su situación legal y se determine si será enviado a Israel para enfrentar los cargos que se le imputan.

En el marco del mes del adulto mayor, celebrado en enero, la Procuraduría General de la República (PGR) recordó que cuenta con servicios especiales y asistencia para este sector vulnerable de la población.
A través de su Unidad de Servicios Itinerantes, la PGR ofrece atención legal gratuita directamente en los hogares de personas mayores o con discapacidad que enfrentan dificultades para desplazarse a alguna de sus 18 sedes distribuidas a nivel nacional.
La PGR es una institución fundamental en la defensa de los derechos e intereses del Estado y de las personas vulnerables.
Desde su creación, ha trabajado en la protección de grupos prioritarios, incluyendo niños, adolescentes, mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidad y adultos mayores. Su función principal es representar legalmente al Estado y brindar asistencia jurídica gratuita a quienes más lo necesitan.
Históricamente, la PGR ha desempeñado un papel clave en la defensa de derechos fundamentales y en la promoción de programas sociales orientados a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Iniciativas como los Servicios Itinerantes han sido diseñadas para eliminar barreras de acceso a la justicia y garantizar que ningún ciudadano quede excluido de recibir orientación y apoyo legal.
Durante este mes del adulto mayor, la PGR intensifica sus esfuerzos para acercar sus servicios legales a quienes más lo requieren.
La Unidad de Servicios Itinerantes no sólo facilita trámites legales, sino que también ofrece asesoría en temas de derechos patrimoniales, pensiones alimenticias y protección contra abusos o negligencias.

El Ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunció que el sistema de fotomultas en la autopista al aeropuerto internacional, conocida también como carretera a Comalapa, comenzará a funcionar el próximo 20 de enero a partir de las cero horas.
La medida establecerá un límite de velocidad de 110 kilómetros por hora para vehículos livianos y de 80 kilómetros por hora para vehículos de carga.
Durante una conferencia de prensa, Rodríguez señaló que algunos tramos y zonas de incorporación requerirán reducción de velocidad por seguridad.
Destacó además que la autopista, que conecta con el aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, ya cuenta con iluminación completa.
Como parte de las medidas de seguridad vial, el ministro anunció la construcción de tres pasarelas peatonales sobre la autopista a Comalapa, con el objetivo de reducir accidentes que afectan principalmente a peatones.
“Si bien es cierto que se han reducido los accidentes y los lesionados, hemos registrado un incremento proporcional de incidentes donde los peatones resultan víctimas”, declaró Rodríguez.
El sistema de fotomultas ya se implementó el pasado 9 de enero en el bulevar Monseñor Romero, entre Santa Tecla y San Salvador, con un límite inicial de 90 kilómetros por hora. Sin embargo, ese mismo día el ministro indicó que se evaluaría aumentar el límite a 110 km/h para agilizar el tránsito.
Además, el Ministro adelantó que el próximo lunes se anunciará la fecha de inicio del sistema de fotomultas en la carretera al Puerto de La Libertad y se definirán sus respectivos límites de velocidad.

El Salvador dio un golpe al narcotráfico con la incautación de 4.3 toneladas de cocaína, valuadas en más de $100 millones. El decomiso, que representa el primer gran golpe al tráfico de drogas del año, fue anunciado la noche de este domingo.
La operación, ejecutada por la Fuerza Naval Tridente de la Marina Nacional, tuvo lugar a más de 1,000 millas náuticas de la costa salvadoreña, en aguas internacionales, lejos del alcance de las autoridades locales.
El cargamento de droga fue interceptado en el marco de una misión de vigilancia y lucha contra el crimen organizado en la que se lograron capturar a nueve individuos de nacionalidades ecuatoriana y colombiana, presuntos miembros de redes transnacionales de narcotráfico.
Las autoridades lograron aprehender a los sospechosos mientras estos transportaban el alijo en cuatro embarcaciones.

El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, resaltó el esfuerzo y compromiso de la Fuerza de Tarea Naval Tridente, elogiando la dedicación de los marinos salvadoreños para combatir el narcotráfico. “Nuestros marinos navegan incansablemente para evitar que estas organizaciones transnacionales sigan utilizando el mar para traficar con esta droga que tanto daño causa a la humanidad. Bravo Zulu, Tridentes”, expresó el funcionario.
Este decomiso se ha convertido en uno de los más grandes y significativos en la historia reciente del país, y refuerza la estrategia de El Salvador

La noticia fue celebrada
La embajada de Estados Unidos en El Salvador felicitó públicamente a las autoridades locales por el exitoso operativo. A través de sus redes sociales, la misión diplomática destacó que la incautación de la droga no sólo refuerza la seguridad interna del país, sino que también contribuye a la estabilidad y seguridad de la región.
“Felicitaciones a la Fuerza Armada por este importante golpe al narcotráfico. Este esfuerzo refuerza la seguridad de El Salvador y contribuye a un futuro más seguro para la región y nuestros países», señaló la embajada.

La Ley General de Minería Metálica entró en vigencia el 7 de enero, con lo que está reactivada la exploración, explotación y extracción de metales en el país, tras casi 8 años de prohibición. 

La nueva normativa, sancionada por la a presidencia el 23 de diciembre pasado, derogó la moratoria sobre la minería metálica que había estado vigente desde 2017.

La legislación autoriza la actividad minera en el suelo, subsuelo y el dominio marítimo de El Salvador, sin requerir una concesión aprobada por la Asamblea Legislativa. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DEHM) será la encargada de regular las operaciones mineras a través de su Dirección de Minas, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) velarán por la protección de los recursos hídricos y el cumplimiento de las normativas ambientales.

Un aspecto clave de la ley es que establece que solo el Estado podrá realizar la explotación minera, aunque podrá hacerlo a través de sociedades en las que tenga participación accionaria, incluidas las de modalidad de economía mixta. Sin embargo, la legislación no especifica el porcentaje mínimo de participación estatal en estas sociedades.

En cuanto a las restricciones, la ley prohíbe el uso de mercurio en los procesos de extracción, pero no establece limitaciones al uso de cianuro. Además, cualquier otra sustancia química utilizada en la minería deberá ser autorizada por la Dirección de Minas.

Aunque la ley fue sancionada el mismo día de su aprobación por la Asamblea Legislativa, el 23 de diciembre, su publicación en el Diario Oficial se retrasó.

Diversos sectores, especialmente las organizaciones sociales, han manifestado su preocupación sobre las implicaciones de esta nueva legislación, que marca un giro en la política minera del país. 

La reactivación de la minería metálica en El Salvador traerá consigo un nuevo desafío para equilibrar los intereses económicos con la protección del medio ambiente, en un escenario en el que los impactos sociales y ecológicos siguen siendo una preocupación central.