El Salvador espera recibir 4.2 millones de visitantes internacionales en 2025, consolidando su posición como uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento en el mundo. Esta cifra supera a los más de 3.9 millones de turistas registrados en 2024, marcando un récord histórico para el país.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, destacó la importancia de la estrategia Surf City en la atracción de visitantes internacionales.
“En 2025 estimamos recibir 4.2 millones de turistas y podríamos superar esa cifra si mantenemos esta tendencia de crecimiento”, afirmó.
Este esfuerzo está respaldado por un préstamo de $106 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se está destinando a proyectos en la zona oriental del país, como malecones ecológicos y torres de guardavidas en playas como El Cuco y El Esterón.

Iniciativas de infraestructura y capacitación
El plan turístico también incluye la revitalización de parques recreativos, como la Costa del Sol, y la mejora de infraestructuras en sitios clave como la terminal turística de San Sebastián y las cabañas del Parque Natural Cerro Verde.
Además, el Ministerio de Turismo está reforzando las capacitaciones para el capital humano, asegurando un servicio de calidad que fortalezca la experiencia de los visitantes.

Colaboración con el sector privado e internacional
En un esfuerzo por atraer mayor inversión, el gobierno salvadoreño trabaja de la mano con el sector privado, incluyendo hoteleros y proveedores de servicios de alimentación.
Valdez también resaltó la colaboración con entidades internacionales como ONU Turismo, así como con los Ministerios de Economía y Relaciones Exteriores, para fomentar la inversión extranjera directa.
El año 2024 fue excepcional para el turismo en El Salvador, generando un impacto significativo en la economía y el empleo.
Más de 12 millones de personas visitaron parques nacionales, sitios culturales y áreas naturales protegidas, representando un aumento del 14 % respecto a 2023. Además, 3.2 millones de turistas internacionales pasaron más de una noche en el país, en comparación con los 2.4 millones de 2023.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Alexander Mejía, y el superintendente de Regulación Sanitaria (SRS), Noé Geovanni García, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el fin de mejorar la capacitación de los servidores judiciales en el ámbito del derecho sanitario.
La firma de este acuerdo tiene como objetivo principal el desarrollo de actividades formativas que fortalezcan tanto los conocimientos técnicos como prácticos en esta especialidad del derecho.
A través de este convenio, la CSJ se compromete a incluir el derecho sanitario en sus programas de formación y a facilitar las instalaciones necesarias para realizar las actividades formativas.
Por su parte, la SRS se encargará de capacitar a los servidores judiciales en temas clave relacionados con la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y otras normativas vinculadas a la salud pública y la regulación sanitaria.
En la ceremonia de firma, a la que asistieron delegados de ambas instituciones, el superintendente Noé García destacó la importancia de este acuerdo, subrayando que el mismo permitirá un intercambio de conocimientos que fortalecerá las capacidades de ambas entidades.
García afirmó que este esfuerzo conjunto contribuirá al respeto de los derechos de los usuarios y garantizará decisiones judiciales más sólidas y fundamentadas.
Por su parte, el presidente de la CSJ, expresó su satisfacción por el acuerdo y la oportunidad que representa para los jueces y demás servidores judiciales de contar con herramientas más completas en temas de derecho sanitario, un área cada vez más relevante en la legislación del país.

Los depositantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI) comenzaron a recibir sus fondos, con un máximo de $30,000, un hecho celebrado por muchos después de meses de incertidumbre. Sin embargo, esta medida no ha apaciguado el descontento generalizado de los afectados, quienes exigen respuestas claras sobre el desfalco de $35 millones y justicia para los responsables.
Mientras algunos afiliados expresaron alivio al recuperar sus ahorros, gracias a la intervención de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), otros cuestionan la lentitud del proceso y el impacto del desfalco en sus vidas.
Según Evelyn Marisol Gracias, titular de la SSF, la devolución es posible gracias a los pagos recibidos por créditos previamente colocados, aunque aclaró que este es un proceso gradual: “La erogación de fondos depende de los ingresos que genera la cooperativa por estos créditos”, afirmó el lunes al anunciar la nueva fase de restituciones que beneficiará al 80.5 % de los depositantes.
Sin embargo, los avances en la devolución no borran el trasfondo del caso.
La Fiscalía General de la República ha iniciado un proceso penal contra 32 personas acusadas de apropiarse ilícitamente de $35 millones.
Según las investigaciones, parte de ese dinero fue transferido ilegalmente a Estados Unidos y Alemania. Este escándalo, que sacudió la confianza en COSAVI, derivó en la captura de varios ejecutivos en marzo del año pasado.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, anunció este martes que los conductores que alcancen hasta los 94 kilómetros por hora (km/h), a pesar de un límite reglamentado de 90 km/h, no serán sancionados con las fotomultas.
“Tenemos un margen interno de tolerancia para evitar multas por pequeñas variaciones en la velocidad. Si alguien va a 90 y llega a 93 o 94, no se multará por eso”, explicó Rodríguez durante una entrevista radial.
El anuncio se dio en respuesta a cuestionamientos de los entrevistadores sobre la importancia de no exceder el límite permitido en las carreteras.
Según el ministro, este margen está diseñado para conductores que intentan cumplir con las reglas de velocidad pero que podrían exceder ligeramente debido a circunstancias ocasionales.

Fotomultas arrancan el 9 de enero
El sistema de fotomultas será implementado a partir de las cero horas del jueves 9 de enero en los 7.4 kilómetros del bulevar Monseñor Romero.
Durante una conferencia de prensa, Rodríguez también adelantó que se iniciará un proyecto de iluminación en ese corredor vial para mejorar la seguridad y visibilidad.

El ministro recordó que el bulevar cuenta con diferentes límites de velocidad según el tramo:

90 km/h en la autopista principal.
70 km/h en las incorporaciones.
80 km/h en tramos específicos.
60 km/h al incorporarse al bulevar Los Próceres.
Para facilitar el cumplimiento de las normas, se han instalado 24 señales de velocidad y dos advertencias de reducción de velocidad. Además, se utilizarán pantallas informativas para alertar a los conductores sobre la aplicación del sistema de fotomultas.

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, enfatizó este martes los avances en la lucha contra el crimen en El Salvador, destacando el papel crucial del régimen de excepción y las detenciones masivas como parte de una estrategia integral de seguridad.
“Lo que está demostrando El Salvador es cómo se hace seguridad pública, pegado al concepto de justicia… algo que muy pocos entienden”, declaró Villatoro durante una entrevista en el programa Frente a Frente.
Desde la implementación del régimen de excepción, El Salvador ha detenido a 84,260 personas vinculadas a actividades delictivas, con más de 8,000 casos aún pendientes de procesamiento judicial.
“Tenemos que levantar esto cuando ya no tengamos un pandillero. Al momento estamos visualizando delincuencia común, que también va a la baja”, aseguró Villatoro, resaltando que el objetivo principal es erradicar por completo las estructuras pandilleriles en el país.

El ministro también recordó cómo este esfuerzo ha cambiado el panorama de seguridad.
“Incluso, para el 2018 que fue el último año completo del FMLN, recibimos una tasa de 53.1 homicidios por cada 100,000 habitantes. Con ese número, éramos el país más violento de América”.

Estrategias para la reducción del crimen
El régimen de excepción se ha acompañado de una reducción significativa en la extorsión y otros delitos.
“Sólo con respecto a la extorsión, hemos tenido una reducción del 48.5 % respecto al 2023, que ya fue baja”, informó Villatoro. Estos avances han sido posibles gracias a la combinación de ajustes legales, el fortalecimiento de las fuerzas del orden y el uso de tecnologías como la plataforma ONI, que permite a los agentes acceder a información clave de manera inmediata.
El ministro también abordó los factores sociales que inciden en el crimen, como la relación entre la intolerancia social y familiar y el consumo de alcohol.
“Eso hace que trabajemos las herramientas que necesitamos para controlar ese tipo de fenómenos”, explicó.
A pesar de los logros, Villatoro reconoció que el reto continúa, especialmente en consolidar un entorno donde los crímenes sean casos aislados y no patrones generalizados.