Politica
Asamblea Legislativa deroga Fondo de Apoyo Municipal, creado en agosto de 2022
Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la derogación de la Ley del Fondo de Apoyo Municipal (FAM), eliminando así un mecanismo creado en agosto de 2022 que asignaba $50 millones anuales a las alcaldías de municipios con menor población.
Esta decisión ocurre tras la reducción del Fondo para el Desarrollo Económico y Social (Fodes) en 2021.
La medida contó con el respaldo de la mayoría oficialista, mientras que 2 diputados de Arena y una diputada de Vamos se manifestaron en contra.
El decreto aprobado otorga al Ministerio de Hacienda, mediante la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la facultad de verificar y gestionar la devolución de los fondos FAM no comprometidos por las alcaldías.
Las municipalidades tendrán 90 días, contados a partir de la última transferencia de diciembre, para reintegrar los recursos al Fondo General de la Nación.
La modificación en la agenda legislativa, impulsada por Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, fue aprobada con 56 votos.
Esta acción coincide con el aumento de la asignación presupuestaria a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), que pasó de $314.3 millones en 2024 a $361.2 millones para 2025, mientras que el FAM fue eliminado del presupuesto del próximo año.
La Ley del FAM, promulgada en agosto de 2022, tenía como objetivo financiar servicios básicos como recolección de desechos y alumbrado público, así como proyectos sociales enfocados en viviendas, becas y apoyo a emprendedores, mujeres, jóvenes, adultos mayores y grupos vulnerables. Sin embargo, en 2024, el fondo se redujo de $50 millones a $41.6 millones antes de su eliminación.
Los fondos del FAM se distribuían de manera proporcional según el tamaño poblacional de los municipios. Municipios con hasta 5,000 habitantes recibían el 14 % del total, mientras que los de 5,001 a 15,000 habitantes obtenían el 40 %.
Un 22 % era asignado a localidades de 15,001 a 30,000 habitantes, y un 9 % se destinaba a municipios con poblaciones entre 30,001 y 45,000 habitantes.
Sólo Antiguo Cuscatlán, en La Libertad, quedó excluido de este beneficio.
Cabe recordar que en 2021, la Asamblea Legislativa redujo el porcentaje del Fodes de 10 % a 1.5 % de los ingresos corrientes netos del presupuesto general del Estado destinados a los municipios.
En abril de 2024, durante la transición municipal, se permitió que las alcaldías utilizaran los fondos FAM y Fodes para cubrir diversas necesidades en los primeros dos años de la nueva administración.
Politica
El Salvador y Costa Rica ratifican acuerdo de seguridad aérea para combatir amenazas en aeronaves
La Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno aprobó este lunes la ratificación del “Acuerdo sobre Transporte Aéreo” entre El Salvador y Costa Rica, firmado en noviembre de 2024 durante la visita oficial del presidente Nayib Bukele a la nación vecina.
Este acuerdo, que aún no ha sido hecho público, tiene como objetivo fortalecer la seguridad de las aeronaves civiles y prevenir actos ilícitos que puedan poner en riesgo la seguridad de las mismas, sus tripulaciones y pasajeros, así como las instalaciones de navegación aérea.
El convenio busca, específicamente, prevenir el secuestro de aeronaves y otros actos ilegales que puedan afectar la aviación civil.
También se enfoca en mejorar la seguridad de los aeropuertos y las instalaciones vinculadas al transporte aéreo en ambos países, además de enfrentar diversas amenazas que afectan este sector estratégico.
El proceso de negociación para este acuerdo comenzó en octubre de 2022, según detalló Eduardo García, director de Relaciones Económicas de la Cancillería de El Salvador.
García también indicó que el país ha firmado 15 acuerdos de seguridad aérea hasta la fecha, de los cuales 7 han sido formalizados entre 2021 y 2024.
A pesar de que el acuerdo no fue leído en la Comisión, los diputados avalaron su ratificación.
Esta ratificación se enmarca en un esfuerzo más amplio de El Salvador para fortalecer sus relaciones internacionales en materia de aviación.
A modo de ejemplo, el acuerdo con Canadá, firmado en octubre de 2018, ya es público y tiene una vigencia similar en cuanto a su propósito de fortalecer la seguridad aérea.
Durante la sesión, Patricia Aguilera Bran, directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que en diciembre de 2024 se registró un incremento del 10 % en la cantidad de vuelos de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, con un total de 44,100 operaciones de llegadas, salidas y conexiones. Este aeropuerto, que cuenta con 19 puertas y salas de espera, ha experimentado un crecimiento notable en el tráfico aéreo.
Además, la directora mencionó un aumento del 21 % en la importación y exportación de carga, alcanzando 34.1 millones de kilogramos hasta el 15 de diciembre de 2024.
También destacó un crecimiento del 25 % en los servicios prestados en el Aeropuerto Internacional de Ilopango, otro de los principales aeropuertos de El Salvador.
Por su parte, Eduardo García recordó que este año se celebran 180 años de relaciones diplomáticas entre El Salvador y Costa Rica, y expresó su preocupación por la recuperación del flujo de turistas en ambos países. A pesar del progreso, destacó que aún no se ha alcanzado el nivel de turistas de 2019, por lo que llamó a seguir promoviendo y creando condiciones que favorezcan la recuperación y el crecimiento del sector turístico en ambos países.
Politica
Asamblea extiende por 34ª vez el régimen de excepción, la primera del 2025
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la trigésima cuarta prórroga del régimen de excepción, una medida vigente desde marzo de 2022 y diseñada para combatir a las pandillas. Con esta decisión, se mantendrán suspendidas por 30 días más ciertas garantías constitucionales.
La extensión fue respaldada por 57 de los 60 diputados, todos pertenecientes a NI y sus aliados, lo que permite prolongar la suspensión del derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el límite de tres días para detenciones administrativas.
El decreto aprobado por los legisladores argumenta que “el fenómeno criminal persiste en el país”, pese a las declaraciones de las autoridades de seguridad, quienes aseguran haber desmantelado las principales estructuras de las pandillas.
El documento también señala que las organizaciones criminales han adoptado nuevas tácticas, como el uso de herramientas tecnológicas.
El régimen de excepción fue instaurado tras un fin de semana sangriento en marzo de 2022, cuando más de 80 personas fueron asesinadas.
Desde entonces, esta medida extraordinaria se ha convertido en el eje principal de la estrategia gubernamental contra las pandillas.
No obstante, diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado más de 6.400 casos de abusos, incluyendo detenciones arbitrarias y torturas, además de reportar al menos 340 muertes de detenidos bajo custodia estatal.
Politica
La Asamblea Legislativa se prepara para su primera sesión plenaria del 2025 el próximo domingo
La Asamblea Legislativa de El Salvador celebrará su primera sesión plenaria del año este domingo 5 de enero, a las 2:00 de la tarde, según lo establecido en la convocatoria hecha por el presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, al final de la sesión plenaria del 23 de diciembre. Esta reunión se llevará a cabo una hora después de la sesión de la Junta Directiva de la Asamblea.
En la agenda del día se contempla la prórroga del régimen de excepción, que vence precisamente este 5 de enero.
Este régimen, instaurado desde marzo de 2022, suspende temporalmente ciertos derechos constitucionales, incluidos los relacionados con la defensa, la duración máxima de la detención y la privacidad de las telecomunicaciones.
Aunque el Ejecutivo ha dejado entrever la posibilidad de flexibilizar la medida, aún no se ha precisado si el régimen de excepción será sustituido por otro tipo de estrategia. En este contexto, la Asamblea Legislativa podría aprobar la 34ª prórroga del decreto, que lleva en vigor casi tres años.
Según informes del gobierno, hasta el 5 de diciembre se habían capturado 83,600 personas acusadas de pertenecer a pandillas. Sin embargo, organizaciones como el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) han reportado que, desde el inicio del régimen de excepción, han registrado 354 muertes en los centros penitenciarios. Ingrid Escobar, directora de la organización, señaló que el 94% de las víctimas no tenían vínculos con estructuras criminales, mientras que solo el 6% estaba confirmado como pandillero.
El periodo vacacional de la Asamblea Legislativa, que comenzó el 24 de diciembre de 2024, finalizó el 2 de enero de 2025, dando paso a la primera sesión plenaria del nuevo año
Politica
Rodolfo Delgado seguirá como fiscal general de 2025 al 2028
Rodolfo Delgado fue reelecto como fiscal general para el período 2025-2028 con 57 votos de diputados del oficialismo de Nuevas Ideas y sus aliados.
En la votación en la sesión plenaria, la número 36 de esta legislatura, hubo un voto en contra y 2 abstenciones.
En una decisión que se daba por sentada, el abogado, en el cargo desde mayo de 2021, era el más fuerte aspirante al cargo en una competencia en la que su rival fue Gonzalo Octavio Ayala López.
Delgado, que larga data en la Fiscalía, ha sido un actor clave en la política estatal de seguridad, marcada por un régimen de excepción que ha permitido el arresto, desde marzo de 2022, de casi 84,000 pandilleros.
El funcionario cuenta con una amplia experiencia en la investigación de delitos complejos, especialmente aquellos relacionados con el crimen organizado.
Sus colaboradores más cercanos sostienen que su enfoque es pragmático y esto le permite una toma de decisiones “ágiles”.
Politica
Asamblea Legislativa aprueba Ley General de Minería Metálica en medio de polémica
Con 57 votos a favor, la Asamblea Legislativa daprobó este lunes la Ley General de Minería Metálica, derogando la prohibición vigente desde 2017. La decisión generó protestas dentro y fuera del recinto, con fuertes acusaciones por parte de opositores al gobierno y el rechazo de sectores de la sociedad civil, incluidos líderes religiosos.
La nueva normativa fue discutida en comisión legislativa durante el fin de semana y presentada a votación en sesión plenaria este 23 de diciembre.
Diputados de la bancada oficialista Nuevas Ideas y aliados del PCN y PDC respaldaron la ley, mientras que los partidos Arena y Vamos votaron en contra, calificando la decisión como un retroceso ambiental y social.
A las afueras de la Asamblea, grupos opositores manifestaron su rechazo. Dentro del recinto, diputados de partidos minoritarios alzaron rótulos con mensajes como “No a la minería”, destacando la creciente preocupación por el impacto ambiental y en la salud pública que podría traer la reactivación de esta industria en el país.
La diputada Elisa Rosales, de Nuevas Ideas, defendió la medida argumentando que la ley busca proteger los recursos naturales y el bienestar del país a largo plazo. Según explicó, la normativa incluye estudios técnicos para identificar áreas donde la minería puede desarrollarse sin comprometer el medio ambiente ni los recursos hídricos.
Sin embargo, diputadas como Cesia Rivas, de Vamos, y Marcela Villatoro, de Arena, cuestionaron estas afirmaciones.
Rivas aseguró que la ley prioriza intereses económicos y políticos sobre la salud y el bienestar de los salvadoreños. Por su parte, Villatoro acusó al oficialismo de aprobar una normativa que, según ella, «envenenará el agua y afectará gravemente a la población».
William Soriano, diputado oficialista, argumentó que la minería podría generar beneficios económicos significativos, citando estimaciones del Banco Mundial que sugieren que cada dólar invertido en minería produce entre tres y cuatro dólares en retorno. Soriano destacó que los ingresos derivados de esta actividad podrían destinarse a proyectos de infraestructura, educación y salud.
Reynaldo Carballo, del PDC, añadió que los metales son esenciales para el avance tecnológico y que los procesos actuales de extracción pueden realizarse con menos impacto ambiental. Aseguró que la ley es necesaria para garantizar el acceso a recursos indispensables para la vida moderna.
Por su parte, la diputada Dania González insistió en que esta ley representa una oportunidad para impulsar el desarrollo de las economías locales y prometió que el gobierno no repetirá los errores del pasado, asegurando un equilibrio entre explotación minera y cuidado ambiental.
Finalmente, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, sometió la ley a votación, la cual fue aprobada con los 57 votos de la bancada oficialista y sus aliados. Los diputados celebraron con aplausos, mientras persisten las críticas y el rechazo por parte de la oposición, organizaciones civiles y sectores religiosos, que consideran que esta decisión compromete el futuro ambiental y social del país.
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