La Asamblea Legislativa prevé discutir y aprobar este miércoles reformas a la Ley de fomento, protección y desarrollo para la micro y pequeña empresa (MYPE). El cambio central establece que las instituciones del Estado deberán pagar compensación por mora si cancelan bienes o servicios a micro y pequeñas empresas después del plazo legal de 30 días.

Reforma busca garantizar pago oportuno a las MYPE

La legislación vigente establece que las instituciones públicas deben pagar a las micro y pequeñas empresas (MYPE) en un máximo de 30 días por bienes o servicios adquiridos.

Sin embargo, la reforma mantiene ese plazo y añade una nueva obligación. Si una entidad estatal paga después del límite establecido, deberá compensar el retraso con el interés legal mercantil vigente sobre el monto adeudado.

De esta forma, el Estado deberá asumir un costo adicional cuando incumpla el plazo de pago.

Según el proyecto de reforma, esta medida busca incentivar el pago oportuno a proveedores MYPE y reducir los retrasos en las cancelaciones.

Hacienda definiría mecanismos para priorizar pagos

Además, la modificación del artículo 32 asigna nuevas responsabilidades al Ministerio de Hacienda.

La institución deberá crear mecanismos para priorizar la cancelación de facturas pendientes con micro y pequeñas empresas dentro de las entidades públicas.

El proceso se basará en informes presentados por las unidades financieras institucionales o por los responsables de cada área administrativa.

El objetivo es agilizar la gestión de cuentas por pagar del Estado y evitar atrasos prolongados.

Autoridades señalan impacto de los retrasos en empresas

El presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Paul Steiner, explicó que la normativa actual establece el pago en 30 días, pero no contempla sanciones efectivas.

Según el funcionario, la reforma introduce una obligación directa. Las instituciones que paguen después del plazo deberán asumir intereses por el retraso.

Steiner aseguró que el Ministerio de Hacienda ya ajustó algunos procedimientos para que las instituciones públicas paguen las facturas de las MYPE dentro del plazo establecido.

Además, señaló que los atrasos pueden afectar seriamente a los negocios pequeños.

En algunos casos, indicó, empresas han cerrado operaciones porque el Estado tardó meses o incluso un año en cancelar las facturas.

Las MYPE representan la mayoría del tejido empresarial

Datos de Conamype indican que el sector de micro y pequeñas empresas en El Salvador domina el tejido empresarial.

En el país operan alrededor de 290 empresas grandes y 2,830 empresas medianas.

A ellas se suman 17,000 pequeñas empresas, cerca de 290,000 microempresas con entre cuatro y diez empleados y unas 840,000 con menos de cuatro trabajadores.

En conjunto, las MYPE representan el 99.6 % de las empresas salvadoreñas, según la institución.

Reforma genera cuestionamientos en la Asamblea

La iniciativa recibió dictamen favorable en comisión legislativa el lunes.

No obstante, durante el debate surgieron críticas sobre otros cambios incluidos en la reforma.

La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, cuestionó que el texto elimina referencias específicas a mujeres empresarias dentro de la normativa.

También señaló que la propuesta excluye a las universidades de la junta directiva de Conamype.

Falta información pública sobre deuda a proveedores

Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda no ha publicado el monto total adeudado por el Estado a proveedores por bienes y servicios.

En junio de 2025, la Asamblea aprobó una Ley de sostenibilidad fiscal que obliga a Hacienda a divulgar informes mensuales sobre atrasos en pagos estatales.

La normativa establece que el reporte debe incluir deudas por bienes, servicios y transferencias con más de 90 días de retraso en Tesorería.

Además, el informe debe detallar el movimiento de Letras del Tesoro (Letes) emitidas y canceladas.

Según la ley, el Ministerio de Hacienda debe publicar ese reporte durante los primeros diez días hábiles de cada mes.

El presidente de El Salvador Nayib Bukele participará este sábado en la cumbre “Escudo de las Américas” convocada por el presidente Donald Trump. El encuentro reunirá a mandatarios de al menos 12 países para abordar temas de seguridad regional, migración y cooperación hemisférica.

La Casa Blanca confirmó que Bukele asistirá a la cumbre que se celebrará el sábado 7 de marzo en Miami, Florida. El evento, denominado “Escudo de las Américas” o “Shield of the Americas”, fue convocado por Trump y busca promover la seguridad, prosperidad y cooperación entre Estados Unidos y gobiernos latinoamericanos.

La portavoz oficial de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, explicó que el objetivo es dialogar sobre la migración masiva, las amenazas criminales y otros desafíos regionales.

Líderes latinoamericanos invitados

Además de Bukele, están invitados líderes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el 11 de marzo.

Entre los mandatarios confirmados figuran el argentino Javier Milei, el boliviano Rodrigo Paz, el costarricense Rodrigo Chaves y el ecuatoriano Daniel Noboa. El Salvador está representado por Bukele, quien se suma a la lista de líderes regionales.

Agenda de seguridad regional y cooperación

La agenda de la cumbre incluye conversaciones sobre migración irregular, bandas criminales transnacionales, narcotráfico y amenazas terroristas, según la portavoz de la Casa Blanca. El encuentro forma parte de los esfuerzos de Estados Unidos por fortalecer alianzas estratégicas en América Latina.

Contexto diplomático del encuentro

La reunión en Miami se organiza en un contexto de enfoque renovado de Estados Unidos hacia América Latina. La administración de Trump busca fortalecer la cooperación con gobiernos aliados y contrarrestar influencias externas, como la de China, en la región.

La asistencia de Bukele a la cumbre refleja la participación de El Salvador en iniciativas regionales de seguridad y cooperación con Estados Unidos.

Expectativas antes del encuentro

Hasta ahora, los detalles específicos sobre la agenda bilateral entre Bukele y Trump no han sido divulgados oficialmente. Sin embargo, la presencia de los líderes latinoamericanos en Miami apunta a una serie de conversaciones estratégicas sobre temas de interés mutuo en materia de seguridad y desarrollo regional.

La cumbre “Escudo de las Américas” tendrá lugar pocos días antes del inicio de la semana de actividades diplomáticas previas a otras reuniones multilaterales en Estados Unidos.

El Gobierno de El Salvador solicitó incorporar $580,849 al Presupuesto General del Estado 2026 para reforzar la modernización de la Fiscalía General.

Los fondos fortalecerán la construcción y equipamiento del nuevo complejo fiscal.
La petición ingresó durante la sesión plenaria número 100 de la Asamblea Legislativa de El Salvador.

El Ministerio de Hacienda presentó la iniciativa ante el pleno legislativo.

Refuerzo presupuestario para la Fiscalía General

Con la incorporación solicitada, la inversión total para la sede central de la Fiscalía General de la República alcanzará $2,665,169 en el ejercicio fiscal 2026.

El refuerzo financiará mobiliario, equipo institucional y la puesta en funcionamiento del nuevo complejo.

Además, permitirá avanzar en el proceso de modernización de las oficinas centrales.
El proyecto forma parte de un plan de inversión respaldado por financiamiento multilateral.

Financiamiento mediante préstamo del BCIE
El dinero proviene del Préstamo No. 2146 suscrito con el Banco Centroamericano de Integración Económica el 10 de febrero de 2015.

El contrato original destinó $44,887,500 para la infraestructura central del Ministerio Público.

Hasta la fecha, la ejecución acumulada alcanza $42,222,331.

Al inicio del ejercicio fiscal 2026, las autoridades programaron $2,084,320 para continuar la obra.
El monto adicional solicitado corresponde al saldo pendiente de ejecución dentro del mismo préstamo internacional.

Nuevo instituto para fortalecer la formación fiscal
La Asamblea Legislativa aprobó el 11 de febrero la creación del Instituto Especializado de Educación Superior de la Fiscalía General.

La nueva entidad buscará fortalecer la formación académica del personal del Ministerio Público.

Además, proyecta lanzar una maestría en investigación criminal para la región de Centroamérica y el Caribe.

El instituto también desarrollará programas en ciencias jurídicas, forenses y criminología.
Con estas acciones, la Fiscalía ampliará su capacidad técnica frente a delitos complejos.

El refuerzo presupuestario y la modernización institucional forman parte del plan de fortalecimiento del sistema de justicia en El Salvador.

La Asamblea Legislativa aprobó este martes la derogación del artículo 10 de la Ley de Bancos con 56 votos a favor.

La reforma elimina la obligación de que al menos el 51 % de las acciones de cada banco en El Salvador pertenezcan a salvadoreños o centroamericanos. También suprime el requisito para bancos extranjeros o regionales de contar con regulación prudencial y calificaciones de riesgo reconocidas internacionalmente.

Qué establecía el artículo 10 de la Ley de Bancos
El artículo derogado fijaba un mínimo del 51 % de acciones bancarias en manos de personas salvadoreñas o centroamericanas. También permitía que entidades salvadoreñas con accionistas mayoritarios de la región cumplieran esa condición.

Además, exigía que bancos centroamericanos o extranjeros tuvieran regulación prudencial en su país de origen. También debían estar calificados por sociedades clasificadoras de riesgo reconocidas a nivel internacional.

El último inciso ordenaba a la Superintendencia del Sistema Financiero suscribir memorandos de cooperación. El objetivo era coordinar el intercambio de información y garantizar la supervisión consolidada de grupos financieros.

Nuevas Ideas defiende apertura a nuevos inversionistas
La diputada Dania González, de Nuevas Ideas, aseguró que la derogación impulsará la economía salvadoreña. Según afirmó, la medida fortalecerá la competencia en el sector bancario.

Además, sostuvo que la reforma facilitará la introducción de nuevos productos financieros y tecnologías financieras. También mencionó que se ampliarán las fuentes de acceso al crédito y mejorarán las condiciones para los usuarios.

González indicó que la Superintendencia del Sistema Financiero mantiene sus competencias actuales. Señaló que los requisitos para las instituciones bancarias continúan en el artículo 11 de la Ley de Bancos.

La legisladora agregó que el requisito del 51 % se había convertido en una barrera. A su juicio, esa disposición limitaba la llegada de nuevos actores financieros y nuevas oportunidades de inversión.

Oposición advierte riesgos en supervisión financiera
La diputada Cesia Rivas, de Vamos, criticó la eliminación del artículo 10. Advirtió que la supresión también elimina la referencia a la supervisión consolidada.

Rivas expresó preocupación por posibles riesgos en el sistema financiero. Mencionó el caso de la Cooperativa Santa Victoria, conocida como COSAVI de R.L., como antecedente de fraude financiero.

La legisladora presentó una propuesta de reforma en lugar de derogación. Su iniciativa planteaba mantener el mínimo del 51 % de acciones entre inversionistas que cumplieran requisitos específicos.

Sin embargo, la propuesta de reforma solo obtuvo dos votos, uno de Arena y uno de Vamos. Finalmente, la Asamblea Legislativa confirmó la derogación del artículo 10 de la Ley de Bancos.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto dio luz verde a una reforma que exigirá a los importadores presentar una declaración jurada contra el trabajo infantil y forzoso. La medida modifica la Ley Orgánica de la Dirección General de Aduanas y busca reforzar los controles sobre las mercancías que ingresan a El Salvador.

La iniciativa recibió respaldo unánime en la comisión legislativa. Con este dictamen favorable, la propuesta avanza en el proceso para su aprobación definitiva.

Nueva declaración obligatoria en aduanas

La reforma establece que todo importador deberá adjuntar un formato oficial. En ese documento deberá certificar que los bienes importados no fueron elaborados, total ni parcialmente, mediante trabajo infantil, trabajo forzoso u obligatorio.

Luis Manuel Córdova, jefe de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Aduanas, explicó a los diputados el alcance del cambio. “Este mecanismo de control no solo será aplicada en la Dirección General de Aduanas sino en otras entidades para tener la garantía que la aplicación de estas normativas será eficaz”, afirmó.

Además, la Dirección General de Aduanas podrá requerir documentos adicionales. Con ello verificará que las mercancías cumplen la normativa laboral internacional.

Sanciones y retención de mercancías

La reforma también define consecuencias para quienes incumplan la disposición. Los importadores enfrentarán responsabilidades civiles y penales si presentan información falsa o violan la normativa.

Asimismo, las autoridades podrán retener mercancías vinculadas a posibles casos de explotación laboral. Esta facultad busca fortalecer el control en los procesos de importación y comercio exterior.

Córdova aseguró que la medida no generará trámites excesivos. Según indicó, el procedimiento se integrará a la dinámica habitual de las operaciones aduaneras.

Compromisos comerciales con Estados Unidos

La reforma responde a obligaciones adquiridas en el acuerdo comercial entre El Salvador y Estados Unidos. Ese tratado eliminó el arancel del 10 % para productos salvadoreños que ingresan al mercado estadounidense.

En su artículo 2.7, el convenio establece que el país debe prohibir la importación de mercancías producidas con trabajo forzoso u obligatorio. También exige erradicar las peores formas de trabajo infantil.

Con esta reforma, la Asamblea Legislativa busca alinear la legislación aduanera con esos compromisos internacionales y fortalecer los controles sobre el origen de las mercancías que entran al país.