La diplomática costarricense Lina Ajoy fue elegida como nueva secretaria general del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), el principal organismo de cooperación política y económica de la región.

Con esta designación, Ajoy se convertirá en la primera mujer en dirigir la institución desde su creación. Asumirá el cargo el próximo 9 de agosto para el período 2026-2030.

La elección se realizó durante una reunión extraordinaria virtual de jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del organismo regional.

La Cancillería de Costa Rica confirmó el nombramiento y expresó su confianza en que la nueva titular impulse una gestión eficaz, transparente y alineada con las prioridades de Centroamérica.

Amplia trayectoria en el servicio diplomático

Ajoy cuenta con 27 años de experiencia en la carrera diplomática costarricense. Además, es abogada, notaria y posee formación en mediación y cooperación internacional.

Su experiencia más reciente fue como embajadora de Costa Rica en El Salvador. Desde ese cargo también representó a su país ante el Sistema de la Integración Centroamericana y ante Belice.

Asimismo, ocupó puestos de dirección dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, entre ellos la Dirección General del Servicio Exterior y áreas relacionadas con política exterior y cooperación internacional.

Designación se produjo durante reunión regional

La votación contó con la participación de representantes de los países miembros del organismo.

En la reunión estuvieron presentes los presidentes de Guatemala, Honduras y República Dominicana, así como altos funcionarios de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Belice y Panamá.

Ajoy integraba una terna presentada por el Gobierno costarricense para optar al cargo. Finalmente, obtuvo el respaldo de los gobiernos participantes y fue seleccionada para liderar la secretaría general.

Nombramiento pone fin a un prolongado período de vacancia

La secretaría general del organismo permanecía vacante desde noviembre de 2023, cuando el abogado nicaragüense Werner Vargas dejó el puesto antes de concluir su mandato.

La ausencia de una autoridad titular generó un proceso de negociaciones entre los países miembros para alcanzar un consenso sobre la nueva conducción institucional.

Las autoridades costarricenses señalaron que la elección permitirá garantizar la continuidad administrativa y política del sistema regional en beneficio de la población centroamericana.

Reclamo de Nicaragua marcó el proceso de selección

Semanas antes de la elección, el Gobierno de Nicaragua sostuvo que le correspondía ocupar la secretaría general del organismo regional.

Managua recordó que había presentado tres ternas con nueve candidatos para asumir el cargo. Sin embargo, aseguró que las propuestas fueron rechazadas en diferentes momentos.

El Ejecutivo nicaragüense afirmó que esas decisiones constituyeron un bloqueo contra sus aspirantes. Pese a ese reclamo, los países miembros avanzaron con el proceso y eligieron a Lina Ajoy como máxima autoridad administrativa del Sistema de la Integración Centroamericana.

El Salvador respaldó una declaración conjunta emitida por los países integrantes de Escudo de las Américas, en la que expresaron apoyo al Gobierno de Bolivia y rechazaron los intentos de desestabilización denunciados por ese bloque regional.

El pronunciamiento fue suscrito por los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

Según el documento, los países firmantes denunciaron los continuos intentos de derrocar al presidente boliviano Rodrigo Paz, a quien reconocieron como el mandatario legítimamente elegido por la mayoría de los votantes.

Posición salvadoreña dentro del bloque regional

Con su adhesión a la declaración, El Salvador se alineó con otros gobiernos de la región que manifestaron respaldo a la continuidad institucional y al respeto de los resultados electorales en Bolivia.

Los firmantes sostuvieron que la voluntad popular expresada en las urnas debe prevalecer frente a cualquier acción que busque alterar el orden democrático. Además, señalaron que la estabilidad política es un elemento clave para el desarrollo y la gobernabilidad.

Pronunciamiento sobre el suministro de bienes esenciales

La declaración también expresó apoyo al Gobierno boliviano ante acciones que, según el texto, dificultan la distribución de alimentos, medicinas y otros suministros considerados vitales para la población.

Los países integrantes de Escudo de las Américas afirmaron que esos obstáculos afectan directamente a los ciudadanos y complican la atención de necesidades básicas en distintas zonas del país.

Acusaciones contra grupos vinculados al crimen transnacional

Asimismo, el documento señaló que algunas protestas reciben financiamiento procedente del narcotráfico y de redes de crimen transnacional. Los gobiernos firmantes afirmaron que quienes participen en esas actividades deben responder ante la justicia.

No obstante, la declaración no incluyó detalles sobre investigaciones específicas ni identificó a personas o grupos concretos relacionados con esas acusaciones.

Exhortan a utilizar mecanismos de diálogo

Finalmente, los países firmantes hicieron un llamado a los sectores que mantienen reclamos legítimos para que participen en procesos de diálogo con las autoridades bolivianas.

La declaración sostiene que las diferencias políticas deben resolverse mediante mecanismos democráticos y rechaza cualquier acción orientada a sustituir la decisión tomada por los ciudadanos en las elecciones.

La aprobación ciudadana del presidente Nayib Bukele alcanzó el 85.5 % en mayo de 2026, según una encuesta divulgada por LPG Datos, la unidad de investigación social de La Prensa Gráfica. Aunque el respaldo continúa en niveles elevados, el resultado se ubicó por debajo del 91.9 % registrado en enero de este año.

El estudio también identificó cambios en las prioridades de los salvadoreños. Mientras la seguridad sigue siendo el aspecto mejor valorado de la gestión presidencial, la economía gana peso entre las preocupaciones de la población.

Resultados mantienen niveles superiores a mediciones históricas

De acuerdo con la encuesta, el 49.5 % de los consultados dijo aprobar mucho la labor del mandatario y el 36 % afirmó aprobarla algo. En contraste, el 10.9 % expresó desaprobación y el 3.6 % no respondió.

La medición ubica la valoración de Bukele por encima de los niveles reportados por anteriores presidentes salvadoreños durante períodos similares de gobierno.

Además, el 26.3 % de los entrevistados manifestó que no identifica fracasos relevantes en la actual administración.

Avances en seguridad continúan liderando las menciones

La reducción de la violencia y las acciones contra las pandillas se mantienen como los logros más señalados por la ciudadanía.

El 55.6 % destacó mejoras en la seguridad en general. Asimismo, el 20.7 % mencionó el combate a las pandillas y el 5.9 % resaltó los esfuerzos contra la delincuencia.

Por otra parte, el 86.5 % consideró que el Gobierno contribuye a resolver los problemas relacionados con la seguridad pública.

Indicadores económicos muestran señales de mayor exigencia ciudadana

Las principales observaciones críticas se concentraron en temas económicos. El 15.8 % señaló la falta de mejoras en la economía, mientras que otros encuestados mencionaron el empleo y el costo de la vida.

Además, la percepción sobre el cumplimiento de promesas mostró variaciones. El 46.6 % considera que el presidente cumple sus compromisos, mientras que el 38.9 % cree que los cumple parcialmente.

La encuesta se realizó entre el 15 y el 23 de mayo de 2026 mediante 1,200 entrevistas telefónicas a adultos residentes en El Salvador. El estudio tiene un margen de error de ±2.8 % y un nivel de confianza del 95 %.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumplió este lunes dos años de su segundo mandato consecutivo, una etapa marcada por la continuidad de sus políticas de seguridad y por nuevos objetivos orientados al crecimiento económico.

El actual período presidencial inició en junio de 2024 y forma parte de una gestión que comenzó en 2019. Durante estos siete años consecutivos al frente del Ejecutivo, el mandatario ha mantenido elevados niveles de respaldo ciudadano, según diversas encuestas divulgadas en el país.

La seguridad sigue siendo uno de los principales pilares de la administración. Las autoridades destacan la reducción de los homicidios y el debilitamiento de las estructuras criminales que durante años afectaron amplias zonas del territorio salvadoreño.

Asimismo, el Gobierno sostiene que las medidas implementadas desde 2022 han contribuido a mejorar las condiciones de seguridad y a fortalecer la percepción de tranquilidad entre la población.

Cambios institucionales marcan la nueva etapa política

El segundo mandato de Nayib Bukele se desarrolla en un escenario político distinto al de años anteriores. Reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa modificaron el calendario electoral y establecieron nuevas disposiciones para futuros períodos presidenciales.

Aunque las próximas elecciones están previstas para 2027, el mandatario no ha confirmado si participará nuevamente en los comicios.

Economía concentra las metas del actual quinquenio

Tras los avances reportados en materia de seguridad, la administración salvadoreña ha colocado el desarrollo económico entre sus principales prioridades.

El Gobierno ha impulsado iniciativas relacionadas con turismo, infraestructura, inversión extranjera, tecnología y modernización de servicios públicos. Además, ha promovido proyectos enfocados en fortalecer la actividad productiva y generar oportunidades de empleo.

Diversos sectores coinciden en que el desempeño económico será uno de los temas más observados durante los próximos años.

Al iniciar el tercer año de su actual mandato, Nayib Bukele enfrenta una etapa centrada en consolidar los resultados alcanzados en seguridad y avanzar en los objetivos económicos planteados para el período 2024-2027 (la Asamblea Legislativa aprobó desplazar la fecha de las próximas elecciones presidenciales de 2029 a 2027).

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles una nueva prórroga del régimen de excepción, una medida de seguridad implementada desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Con esta decisión, el país acumula 51 extensiones consecutivas del mecanismo extraordinario.

La iniciativa recibió 57 votos del partido oficialista Nuevas Ideas y de sus aliados. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra, mientras que los legisladores de Arena no participaron en la sesión.

El régimen mantiene suspendidas garantías constitucionales relacionadas con el derecho de defensa, el plazo máximo de detención administrativa y la privacidad de las telecomunicaciones. La actual prórroga estará vigente hasta finales de junio de 2026.

Gobierno defiende continuidad de las medidas de seguridad

El Ejecutivo aseguró que las acciones extraordinarias siguen siendo necesarias para sostener las operaciones contra las pandillas y evitar la reorganización de estas estructuras criminales.

Además, el Gobierno afirmó que las autoridades mantienen coordinación con instituciones de Estados Unidos y México para ubicar y capturar a personas vinculadas con grupos delictivos.

Según cifras oficiales, más de 92,300 personas han sido detenidas desde el inicio del régimen de excepción. El reporte anterior registraba 91,990 capturados.

Autoridades destacan baja en homicidios

Durante el debate legislativo, diputados oficialistas señalaron que la medida ha contribuido a una reducción sostenida de los homicidios en el país.

Datos oficiales indican que El Salvador registró 1,211 homicidios en 2021. La cifra descendió a 615 en 2022, año en que comenzó el régimen. Posteriormente, los registros bajaron a 194 en 2023, 114 en 2024 y 82 en 2025.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó que la prórroga busca mantener la seguridad y la tranquilidad de las familias salvadoreñas.

Mientras tanto, organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos continúan expresando preocupaciones generales sobre el impacto de la medida en garantías fundamentales y procesos de detención.