El Consorcio Observa El Salvador 2024 anunció que realizará un monitoreo constante al proceso de selección y evaluación de candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y exhortó a la Asamblea Legislativa, al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y a la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) a que tengan criterios de «competencia y transparencia».

El consorcio pidió a los diputados que consideren la elección de «perfiles competentes», es decir, personas con «experiencia relevante y demostrada» en áreas relacionadas con las funciones de la CSJ, así como un proceso de elección «transparente», asegurando que todas las etapas «sean abiertas al escrutinio público». La organización subrayó que la CSJ debe estar compuesta por «individuos con el perfil idóneo y sin conflictos de interés», «garantizando así la integridad y la transparencia en el sistema judicial del país».

La red de organizaciones exhortó a la ciudadanía y a las organizaciones democráticas a exigir un proceso de selección «a la altura» de las necesidades del país. Observa El Salvador 2024 está conformado por Comunidades de Fe Organizadas en Acción (Cofoa), Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso), Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y el Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG).

El consorcio dirigió su llamado hacia el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ), la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES) y a la Asamblea Legislativa. De estos, los dos primeros se encuentran actualmente en su proceso de selección de aspirantes, eligiendo cada uno a 15 candidatos, para completar un listado de 30 aspirantes que debe ser enviado a la Asamblea Legislativa.

«Este proceso busca garantizar una composición plural y equilibrada en la CSJ. Observa El Salvador 2024 reitera la importancia de estos criterios para asegurar que la Corte Suprema de Justicia esté compuesta por individuos con el perfil idóneo y sin conflictos de interés», indicó el consorcio en su comunicado.

La Asamblea, con dicho listado, lleva a cabo su propio proceso, entrevistando a todos los candidatos y eligiendo a cinco magistrados propietarios y cinco magistrados suplentes. Este año, además, uno de esos cinco será elegido como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Observa El Salvador 2024 enfatizó la necesidad de este proceso para garantizar la integridad y la transparencia en el sistema judicial del país, destacando que este monitoreo es esencial para asegurar una justicia equitativa y eficiente.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma a la Ley de Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), vigente desde noviembre de 2023, con el objetivo de optimizar la eficiencia administrativa y reducir la burocracia en la regulación de productos de consumo humano y animal. La SRS asumirá funciones clave como el registro sanitario y la autorización para la comercialización de medicamentos, cosméticos, alimentos, bebidas e insumos agropecuarios.

En la sesión plenaria número siete, se destacó que la finalidad de la SRS es convertirse en una institución ágil y eficaz, encargada de vigilar, registrar y certificar diversos productos. La reestructuración busca evitar trámites engorrosos y asegurar una administración más eficiente.

Entre las modificaciones, se incluye la adición del periodo de disolución de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM) para garantizar la continuidad de los trámites y servicios en curso, permitiendo una transición fluida de sus funciones a la nueva superintendencia. Hasta ahora, estas regulaciones estaban distribuidas entre el Ministerio de Salud (MINSAL), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la DNM y el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP).

La SRS tendrá la autoridad para regular productos farmacéuticos, suplementos nutricionales, dispositivos médicos, cosméticos, productos higiénicos, alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, tabaco, y productos veterinarios, entre otros. La reforma busca fomentar un clima de negocios favorable, mejorando la competitividad y atrayendo inversiones, mientras se garantiza la salud pública mediante la regulación de la calidad, seguridad y disponibilidad de los productos.

La Junta Directiva de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN) ha emitido el nuevo «Reglamento para el Funcionamiento de las Actividades Comerciales de los Establecimientos del Centro Histórico de San Salvador».

Este reglamento tiene como objetivo principal regular el funcionamiento de los establecimientos comerciales y de servicios en el Centro Histórico, asegurando que cumplan con las normativas vigentes para la protección, preservación y desarrollo de esta zona cultural y turística.

APLAN, como entidad responsable de calificar, aprobar y supervisar los proyectos y obras en el área, coordina con otros ministerios y la Alcaldía Municipal de San Salvador para garantizar la efectividad de esta normativa.

El reglamento establece que cualquier persona, nacional o extranjera, que desee operar un negocio o prestar servicios en el Centro Histórico debe obtener una licencia o permiso temporal de funcionamiento. Los requisitos incluyen resoluciones favorables previas de APLAN y el cumplimiento de normativas de uso de suelo.

Entre las obligaciones de los establecimientos están obtener permisos sanitarios, de bomberos, protección civil y otros específicos según su actividad. Además, deben renovar sus licencias anualmente y mantener todos los permisos asociados actualizados y vigentes. APLAN realizará monitoreos regulares para asegurar el cumplimiento del reglamento, pudiendo iniciar procedimientos sancionatorios en caso de incumplimientos.

La normativa también contempla un procedimiento exprés para la obtención de licencias, reduciendo los tiempos de respuesta a cambio de un costo adicional.

El reglamento especifica las categorías de establecimientos que pueden operar en la zona, incluyendo alojamiento, servicios de alimentación, recreación, educación, cultura, salud, y otros servicios específicos.

La Junta Directiva de la Autoridad del Centro Histórico de San Salvador ha aprobado el «Reglamento Especial para la Aplicación de Compensaciones por Daños Ocasionados en la Delimitación Territorial del Centro Histórico de San Salvador». Esta normativa busca garantizar la compensación por daños a la salud, el medio ambiente y el paisaje histórico urbano dentro del área delimitada del Centro Histórico.

Según el nuevo reglamento, los propietarios de inversiones, proyectos de obra, comercio o servicios que causen daños deberán realizar compensaciones económicas. El procedimiento para la aplicación de estas compensaciones puede iniciarse de oficio o a petición de parte, y los responsables tendrán un plazo de cinco días hábiles para efectuar el pago o presentar alegaciones.

El reglamento clasifica los daños en dos categorías principales: daños a la salud y al medio ambiente, y daños al paisaje histórico urbano. Los primeros incluyen acciones como verter desechos en la vía pública o almacenar sustancias nocivas, y se compensarán con un monto base de cinco salarios mínimos mensuales del sector comercio y servicios. Los daños al paisaje histórico urbano, como colocar publicidad que genere contaminación visual o tener inmuebles en abandono, se compensarán con un monto base de diez salarios mínimos mensuales.

Además, si los daños ocurren en inmuebles con valor cultural, la compensación aumentará en una cuarta parte del total calculado. Las compensaciones deben pagarse mensualmente hasta que cesen los impactos negativos, y la Autoridad se encargará de verificar el cese de los daños. En caso de incumplimiento en el pago, se aplicará un interés moratorio del 2% mensual.

El nuevo reglamento también establece el principio de colaboración, obligando a todas las autoridades y sujetos involucrados a cooperar con la Autoridad del Centro Histórico para asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa.

A partir del 21 de junio de 2024, los ciudadanos bolivianos que deseen hacer turismo en El Salvador podrán ingresar sin necesidad de tramitar una visa de turismo o visita. Esta medida fue anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia.

El gobierno boliviano explicó que esta exoneración de visado es el resultado de un diálogo bilateral entre ambos países, culminado en el «Acuerdo sobre exoneración de visas por turismo o visita en pasaportes corrientes u ordinarios entre los gobiernos de la República de El Salvador y el Estado Plurinacional de Bolivia».

Este acuerdo, suscrito el 31 de mayo de 2019 y aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador en abril pasado, permite a los ciudadanos de ambos países ingresar y permanecer en el territorio del otro por un máximo de 90 días por año sin realizar actividades remuneradas.

Anteriormente, los ciudadanos bolivianos debían pagar $100 por la visa correspondiente para ingresar a El Salvador. Con la nueva exoneración, este pago ya no será necesario, lo que facilita significativamente los viajes por turismo y visita entre ambos países. La medida busca promover el turismo y fortalecer los lazos económicos y culturales entre El Salvador y Bolivia.

El acuerdo, compuesto por 12 artículos, tendrá una duración inicial de cinco años, con posibilidad de prorrogarse automáticamente por períodos iguales, facilitando así el flujo turístico y beneficiando a las economías de ambos países.