La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador inició las entrevistas de los 18 aspirantes a magistrados de la Corte de Cuentas de la República. Los funcionarios asumirán por un periodo de tres años desde el próximo 28 de agosto.

El proceso contempla cuatro jornadas de entrevistas y concluirá el 25 de agosto. Los diputados evaluarán la trayectoria profesional y las propuestas de cada candidato.

Primeros cinco candidatos presentan sus propuestas

En la primera jornada comparecieron Edgar Eliseo Alvarenga Funes, Walter Salvador Sosa Funes, Karla Gabriela Siliézar Liévano, Julio Guillermo Bendek Panameño y Sigfredo Alexis Ventura Bonilla.

Sosa Funes, actual presidente de la Corte de Cuentas, destacó las acciones de control realizadas durante su gestión. Según expuso, en 2025 la institución ejecutó 656 acciones, incluidas 534 auditorías del Plan de Fiscalización Gubernamental.

Además, señaló que para 2026 están previstas 562 acciones de control. De estas, 152 ya concluyeron y 269 permanecen en ejecución.

Candidatos plantean digitalización e inteligencia artificial

Los aspirantes coincidieron en la necesidad de modernizar los procesos de fiscalización. Alvarenga Funes propuso actualizar los sistemas de auditoría y fortalecer la cooperación con la Fiscalía General de la República mediante auditorías forenses.

Por su parte, Siliézar Liévano planteó incorporar inteligencia artificial, firma electrónica y herramientas digitales. También propuso un sistema seguro para recibir documentos de las instituciones fiscalizadas.

Bendek Panameño planteó automatizar los procesos y aplicar inteligencia artificial. Además, propuso actualizar las normas internacionales de fiscalización.

Ventura Bonilla también respaldó el uso de inteligencia artificial en auditorías y juicios de cuentas. Asimismo, propuso reforzar el sistema automatizado para monitorear los procesos en tiempo real.

Comisión Política destaca independencia institucional

El presidente de la Comisión Política, Ernesto Castro, resaltó la responsabilidad de la Corte de Cuentas en la fiscalización de los fondos públicos.

Castro afirmó que la Asamblea Legislativa debe elegir personas independientes, honestas y sin vínculos político-partidarios.

La Comisión Política continuará las entrevistas el lunes 17 de agosto.

El líder del partido británico Reform UK, Nigel Farage, anunció este lunes que impulsará un plan para enviar presos extranjeros del Reino Unido a terceros países, entre ellos El Salvador, para que cumplan allí sus condenas si su partido llega al poder.

La propuesta de la ultraderecha británica plantea trasladar a los aproximadamente 10,000 ciudadanos extranjeros que permanecen recluidos en cárceles de Inglaterra y Gales. Según el partido, solo serían elegibles quienes ya hayan sido condenados por un tribunal.

Delegación viajará a San Salvador para explorar un acuerdo

Farage confirmó que Reform UK enviará una delegación a El Salvador para explorar un posible acuerdo con las autoridades salvadoreñas.

La misión estará integrada por la exfuncionaria penitenciaria Vanessa Frake y el presidente del partido, Lee Anderson. Ambos sostendrán conversaciones sobre un eventual arrendamiento de espacios en centros penitenciarios salvadoreños.

El dirigente afirmó que el objetivo es reducir la sobrepoblación en las cárceles del Reino Unido y disminuir los costos del sistema penitenciario.

Argumento económico detrás de la iniciativa

Durante una rueda de prensa, Farage aseguró que mantener a un recluso en una prisión salvadoreña costaría aproximadamente la mitad de lo que representa alojarlo en una cárcel británica.

“Enviamos a las personas de vuelta a sus países de origen. Si se niegan, entonces enviamos a los delincuentes extranjeros a terceros países. Kosovo es quizás un buen ejemplo de lo que ya está haciendo Suecia; nosotros estamos organizando un viaje a El Salvador, ya que alojar allí a un delincuente extranjero costaría la mitad que hacerlo en este país y nos proporcionaría más plazas penitenciarias”, declaró.

Además, el líder de Reform UK planteó imponer una prohibición permanente para que quienes cumplan condenas en el extranjero no puedan regresar al Reino Unido.

La presión sobre el sistema penitenciario británico

La propuesta surgió mientras el Gobierno británico enfrenta una creciente presión por la falta de espacio en las prisiones.

El Ministerio de Justicia ha advertido que, sin medidas para aliviar el hacinamiento, las cárceles podrían alcanzar su capacidad máxima. Esa situación podría afectar la capacidad de la policía para realizar arrestos y de los tribunales para ordenar prisión preventiva.

Por ello, el debate sobre los presos extranjeros y la capacidad penitenciaria ha cobrado fuerza en el Reino Unido.

El Gobierno cuestiona el plan de Reform UK

El Gobierno laborista respondió que continúa trabajando en la deportación de delincuentes extranjeros y en la creación de nuevas plazas penitenciarias.

Sin embargo, cuestionó la propuesta de Reform UK y afirmó que el partido “no tiene respuestas serias” para resolver la crisis del sistema carcelario.

Mientras tanto, El Salvador ha ganado notoriedad internacional por su modelo penitenciario, especialmente por el funcionamiento del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una de las cárceles de máxima seguridad más grandes de América Latina.

La Asamblea Legislativa de El Salvador iniciará este 10 de agosto las entrevistas a los 18 candidatos a magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el organismo encargado de fiscalizar el uso de los fondos públicos y supervisar la gestión financiera del Estado.

La Comisión Política legislativa recibió el viernes los expedientes de los aspirantes para los cargos de presidente, primer magistrado y segundo magistrado del ente contralor. Los funcionarios ejercerán el período comprendido entre el 28 de agosto de 2026 y el 27 de agosto de 2029.

El presidente de la Comisión Política, Ernesto Castro, explicó que el órgano legislativo revisará las hojas de vida de los candidatos y realizará entrevistas individuales antes de emitir un dictamen.

Castro afirmó que la comisión entrevistará a los 18 aspirantes y luego enviará el dictamen al pleno legislativo para la sesión del 26 de agosto, cuando los 60 diputados decidirán la integración de la nueva Corte de Cuentas.

El calendario incluye cuatro jornadas de comparecencias

Las entrevistas se desarrollarán en cuatro jornadas entre el 10 y el 25 de agosto.

El 10 de agosto comparecerán Edgar Eliseo Alvarenga Funes, Walter Salvador Sosa Funes, Karla Gabriela Siliézar Liévano, Julio Guillermo Bendek Panameño y Sigfredo Alexis Ventura Bonilla.

El 17 de agosto asistirán José Rodrigo Flores Ramos, Julio Alberto Jule Herrera, Carlos Aníbal Cruz Flores, José Arnoldo Gaitán Castro y Arnoldo José Parada Pineda.

El 24 de agosto será el turno de Gonzalo Octavio Ayala López, Boris Romeo García Alvarado, Luis Humberto Santos Guardado y Raúl Pareja Méndez.

Finalmente, el 25 de agosto comparecerán Marcela Beatriz Iraheta Alfaro, Carlos Orlando Lozano Hernández, José Luis Montalván Martínez y Salvador Alexander Segovia Robles.

El órgano legislativo defiende el mecanismo de selección

Durante la sesión, diputados de diferentes partidos defendieron el procedimiento para la elección de magistrados de la Corte de Cuentas.

De acuerdo a los legisladores, el proceso es ordenado, coherente y abierto a los medios de comunicación.

Entre los aspirantes figuran funcionarios actuales de la Corte de Cuentas, jueces, abogados, auditores y profesionales con experiencia en instituciones públicas.

Los tres magistrados actualmente en funciones concluyen su período el 27 de agosto de 2026.

La vicepresidencia de El Salvador presentó una propuesta a los países miembros del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) para crear dos nuevos órganos regionales que sustituyan al Parlamento Centroamericano (Parlacen) y a la Corte Centroamericana de Justicia.

Según un documento divulgado por el periódico salvadoreño La Prensa Gráfica, la propuesta busca que los países del SICA pasen de un modelo de “sistema centroamericano” a una “unión centroamericana”. Para ello, plantea la creación del Parlamento de la Unión Centroamericana y del Tribunal de Justicia de la Unión.

Nuevo esquema de representación regional

El proyecto propone que cada país tenga un diputado por cada 500,000 habitantes. Los legisladores serían elegidos por voto directo, secreto y democrático para períodos de cuatro años, con posibilidad de reelección.

Además, el Parlamento tendría facultades para crear, interpretar, reformar y derogar normas comunes. También aprobaría su propio presupuesto y participaría en la elección de los magistrados del Tribunal de Justicia, del contralor y de las autoridades de la Comisión de la Unión.

El organismo podría investigar asuntos regionales, recibir informes de instituciones comunes y negociar y firmar tratados. Asimismo, estaría obligado a tramitar iniciativas ciudadanas respaldadas por al menos el 1 % de la población de los países miembros.

Tribunal con resoluciones obligatorias

La propuesta también contempla un Tribunal de Justicia de la Unión integrado por un magistrado propietario y un suplente por cada Estado miembro. Cada órgano judicial nacional propondría a sus candidatos y el Consejo de la Unión los elegiría por mayoría simple.

Los magistrados ejercerían por cinco años y solo podrían ser reelegidos una vez. Además, deberían cumplir los mismos requisitos exigidos para integrar los máximos tribunales de sus respectivos países.

El tribunal resolvería conflictos entre Estados miembros, disputas legales entre personas o empresas y gobiernos, demandas de nulidad, consultas y otros conflictos jurídicos. Sus resoluciones serían de cumplimiento obligatorio para todos los países integrantes.

Antecedentes del retiro salvadoreño

La propuesta llega después de que El Salvador anunciara el 31 de julio de 2025 su decisión de eliminar su integración al Parlamento Centroamericano, al considerar que el organismo no tenía un impacto real.

Posteriormente, en mayo de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó el retiro del país de la Corte Centroamericana de Justicia.

El Sistema de Integración Centroamericana está conformado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la República Dominicana.

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la 53a. prórroga del régimen de excepción, con 57 votos a favor (de 60 posibles), por lo que las medidas extraordinarias continuarán vigentes del 30 de julio al 28 de agosto de 2026.

La iniciativa recibió el respaldo de la bancada oficialista y sus aliados. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, votó en contra, mientras que los legisladores del partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) no participaron en la sesión.

Según la solicitud enviada por el Ejecutivo y firmada por el secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia, Adolfo Muñoz, la extensión permitirá mantener las operaciones de seguridad contra las pandillas y otras estructuras criminales.

La prórroga mantiene suspendidas tres garantías constitucionales: el derecho de las personas detenidas a ser informadas de las razones de su captura y a contar con asistencia legal inmediata, el límite de 72 horas para la detención administrativa y la inviolabilidad de la correspondencia y las telecomunicaciones.

Gobierno informa sobre capturas y reclutamiento de menores

En el documento, el Gobierno reportó 92,740 capturas desde el inicio del régimen de excepción en marzo de 2022, lo que representa 260 detenciones más que las informadas un mes antes.

Además, afirmó que las autoridades han identificado casos de menores de edad involucrados en el reclutamiento de otros jóvenes para integrarlos a pandillas, así como en delitos relacionados con armas de fuego y drogas. También señaló que han recopilado evidencia digital que, según el Ejecutivo, demuestra la continuidad de mecanismos de coordinación entre organizaciones criminales.

Mientras el Gobierno sostiene que el régimen ha contribuido a la reducción de los homicidios y asegura haber acumulado 1,275 días sin asesinatos durante la actual administración, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos mantienen denuncias por presuntas capturas arbitrarias, malos tratos y muertes de personas bajo custodia estatal.