En el último año, la Procuraduría General de la República (PGR) ha logrado resolver más de 17 mil 500 casos a través del proceso de mediación, una alternativa que se ha consolidado como una solución rápida y gratuita para resolver conflictos sin necesidad de recurrir a largos y costosos procesos judiciales.

La mediación es un mecanismo extrajudicial que promueve la comunicación y el entendimiento entre las partes en conflicto, facilitando la negociación y la búsqueda de acuerdos beneficiosos para ambos lados. En lugar de que un juez imponga una resolución, el proceso está diseñado para que las personas involucradas puedan encontrar una solución por medio del diálogo, con la asistencia de un mediador profesional.

¿Cómo funciona la mediación en la PGR?

El proceso de mediación en la PGR sigue una serie de principios y etapas que aseguran su efectividad y confiabilidad. A continuación, se detallan algunos de los aspectos clave de este servicio:

Intervención de un mediador capacitado: Un mediador especializado se encarga de guiar a las partes en conflicto hacia una solución negociada, sin tomar partido ni emitir juicios sobre quién tiene la razón. Su objetivo es facilitar el diálogo y la comprensión mutua entre los involucrados.

Proceso de resolución no impositivo: A diferencia de otros mecanismos legales, en la mediación no se impone una decisión a las partes. El mediador se limita a facilitar la conversación y la búsqueda de soluciones, dejando que las personas en conflicto lleguen a un acuerdo por sí mismas.

Rapidez y eficiencia: El proceso es sencillo, oral, y se lleva a cabo en un tiempo relativamente corto, lo que permite resolver disputas de manera ágil sin la necesidad de acudir a procedimientos judiciales largos y costosos.

Confidencialidad: Todo lo discutido en una sesión de mediación se mantiene en estricta confidencialidad, lo que brinda a los participantes un entorno seguro para expresar sus opiniones y negociar una solución.

Expedientes y convocatorias eficaces: Por cada solicitud de mediación, se abre un expediente para asegurar el seguimiento adecuado del caso. Las convocatorias se realizan mediante los medios más eficaces para garantizar que las partes puedan participar de manera oportuna.

Con un número creciente de mediaciones resueltas cada año, la PGR reafirma su compromiso con la promoción de la paz social y la resolución pacífica de disputas. Este modelo ha demostrado ser no solo eficiente, sino también accesible para todos los ciudadanos, ya que se trata de un servicio gratuito.

El director de Asuntos Económicos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Waldo Jiménez, analizó el crecimiento del sector de microfinanzas y las oportunidades económicas para las pequeñas y medianas empresas (pymes) en El Salvador.
Jiménez destacó que el sector de microfinanzas ha crecido significativamente en el último periodo, lo que ha permitido un mayor acceso a crédito para emprendedores y pequeñas empresas.
Sin embargo, advirtió que las necesidades de las pymes siguen siendo mucho mayores y requieren estrategias adicionales para su desarrollo.

Identificación de oportunidades en un entorno económico desafiante
El representante de ANEP destacó la importancia de identificar oportunidades en medio de las dificultades económicas y comerciales a nivel internacional.
“Para las empresas en El Salvador y en Centroamérica también hay que identificar oportunidades, porque, hay una frase popular: ‘De perdida ganada’. Entonces tenemos que encontrar cuáles son las oportunidades, porque El Salvador es una economía pequeña que no va a poder cambiar lo que está sucediendo en el entorno internacional”, explicó Jiménez.
Uno de los temas que preocupa al sector empresarial es la situación de los aranceles en Estados Unidos, un factor clave en el comercio exterior salvadoreño.
Ante esto, el director de Asuntos Económicos de ANEP insistió en la necesidad de adaptar estrategias que permitan a las empresas salvadoreñas mantener su competitividad.

ENADE 2025: Claves para el crecimiento empresarial
Jiménez también adelantó que en la próxima edición del Encuentro Nacional de la Empresa Privada (ENADE) 2025, el 31 de marzo, se abordará el tema del aprovechamiento de oportunidades por parte de las empresas salvadoreñas.
Este evento reunirá a actores clave del sector económico y empresarial para analizar estrategias que permitan impulsar el desarrollo y la inversión en el país.
Con estos análisis, dijo, la ANEP busca contribuir a la identificación de soluciones para el sector productivo de El Salvador, en un contexto económico desafiante pero con potencial de crecimiento.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) invita a la comunidad jurídica, funcionariado judicial y operadores del sector justicia de Centroamérica y El Caribe a participar en la videoconferencia “La inteligencia artificial en decisiones de la administración pública y su control judicial: Experiencia española y su posible proyección en Centroamérica y El Caribe». 

Este evento, que se desarrollará el 18 de marzo de 10:00 de la mañana al mediodía, brindará un análisis sobre la regulación del uso de la inteligencia artificial en la Administración Pública, con especial referencia a la experiencia española.

El ponente será Armando Enrique Mena Castro, doctor en Derecho con especialidad en Derecho Administrativo por la Universidad de Deusto, Bilbao, y especialista en inteligencia artificial por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. 

Su trayectoria académica y profesional permitirá ofrecer un enfoque profundo sobre cómo las nuevas tecnologías pueden transformar la toma de decisiones en el ámbito público y su posible aplicación en la región centroamericana y caribeña.

La inteligencia artificial y su impacto en el ámbito jurídico

El uso de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico tiene el potencial de agilizar procesos, mejorar la eficiencia en la toma de decisiones y optimizar la gestión de casos judiciales. 

Desde la automatización de procedimientos administrativos hasta el análisis predictivo en litigios, la IA puede ser una herramienta clave para modernizar los sistemas de justicia. 

Sin embargo, su implementación también plantea desafíos éticos y jurídicos que requieren un marco regulatorio claro y mecanismos de control efectivos.

En España, la inteligencia artificial ya es parte fundamental de la administración pública, y su regulación es un tema de creciente interés. 

Conocer cómo se está abordando este fenómeno en otros países puede proporcionar valiosas lecciones para su futura aplicación en la región.

Para información sobre la inscripción: https://lc.cx/EAZTC2

El comercio digital en El Salvador continúa mostrando un crecimiento significativo, alcanzando un 22 % del total de las transacciones comerciales en el país, según datos del Comité de Tecnología de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (Camarasal). 

Este crecimiento, impulsado por la demanda de los consumidores por herramientas más accesibles y modernas, refleja una transformación gradual en el panorama comercial nacional.

Jaime García, presidente del Comité de Tecnología de Camarasal, destacó en una entrevista televisiva que la digitalización del comercio en el país es una tendencia en ascenso, impulsada tanto por las empresas como por los consumidores que buscan comodidad y rapidez en sus transacciones. A medida que la adopción de tecnologías crece, las empresas se ven obligadas a innovar para mantenerse competitivas y satisfacer las expectativas de los consumidores.

A pesar del avance en el comercio digital, García señaló que aún existe una barrera significativa entre los consumidores, ya que una parte de la población sigue prefiriendo las transacciones físicas. 

“Cuatro de cada diez adultos todavía sienten temor a realizar compras o transacciones en línea y optan por el método tradicional», explicó durante una entrevista en Diálogo 21. 

Este fenómeno se debe en gran parte a la falta de confianza y el desconocimiento sobre cómo operar de manera segura en el entorno digital.

El temor a las plataformas tecnológicas no es exclusivo de los consumidores, ya que también afecta a las pequeñas y medianas empresas (mypes). Una encuesta realizada el año pasado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), cofinanciada por la Unión Europea, reveló que, aunque un 85 % de los emprendimientos tiene presencia en Facebook, solo un 65 % logra concretar ventas a través de esta red. 

En las microempresas, la cifra es aún más baja, con un 87% manteniendo una página en Facebook, pero solo un 61 % realizando ventas.

A raíz de esta situación, la preocupación por la ciberseguridad se ha convertido en un tema prioritario. 

Yesenia Salas, directora de asuntos técnicos de Camarasal, recordó que la pandemia aceleró la adopción del comercio electrónico, pero también planteó nuevos retos relacionados con la protección de datos. «La seguridad digital es tan crucial como la seguridad física hoy en día», subrayó Salas.

De acuerdo con García, los ciberataques son cada vez más frecuentes, con un ataque ocurriendo cada 30 segundos en todo el mundo, y aproximadamente el 50 % de estos incidentes afectan a pequeñas empresas. 

La Cámara de Comercio advirtió que los costos de estos ciberataques pueden ser devastadores, no solo en términos de dinero, sino también por la pérdida de información valiosa que puede comprometer la operación de una empresa.

Para abordar estos riesgos, Camarasal organizó recientemente un evento denominado Cyberweek, donde expertos nacionales e internacionales discutieron sobre la protección contra hackers y las mejores prácticas para defenderse en el mundo digital. La jornada fue una oportunidad para concienciar a las empresas sobre la importancia de implementar medidas de seguridad efectivas en sus plataformas digitales, a fin de proteger tanto sus negocios como a sus clientes.

La transición hacia un comercio más digitalizado en El Salvador sigue siendo un proceso en marcha, pero con la integración de tecnología y mejores prácticas de seguridad, se espera que este sector siga creciendo de manera sostenible en los próximos años.

Con información de diario El Mundo

La 43ª reunión del Comité de Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción, organizada por la Organización de Estados Americanos (OEA) se realizó esta semana con la participación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador.

En un contexto de creciente interés por la lucha contra la corrupción, el evento reunió a expertos y representantes de diferentes países para compartir avances, desafíos y mejores prácticas en el ámbito judicial.

Entre los participantes más destacados, se encontraron el magistrado Héctor Nahun Martínez García, integrante de la Sala de lo Constitucional y coordinador de la Comisión de Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos, y la magistrada Sandra Luz Chicas de Fuentes, de la Sala de lo Penal, quien también forma parte de dicha comisión. Ambos participaron de manera virtual en la reunión, en la que se abordaron cuestiones clave relacionadas con la implementación efectiva de la Convención Interamericana contra la Corrupción.

El objetivo principal de la reunión fue promover el intercambio de conocimientos y experiencias entre los distintos actores del sector justicia, con el fin de identificar y difundir las mejores prácticas en la lucha contra la corrupción. 

A lo largo de las sesiones, se discutieron estrategias y enfoques que permiten prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas corruptas, así como las oportunidades para mejorar los mecanismos de control y supervisión.

La reunión también contó con la participación de delegados del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, así como altos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quienes intercambiaron valiosas perspectivas sobre cómo las instituciones judiciales pueden mejorar sus esfuerzos en la implementación de la convención y en el fortalecimiento de la transparencia en sus procesos.

La Convención Interamericana contra la Corrupción, un tratado internacional impulsado por la OEA, busca fortalecer la cooperación entre los países de América para prevenir y combatir la corrupción, un problema que sigue afectando a muchas naciones del continente. Esta reunión se enmarca dentro de los esfuerzos continuos por generar un compromiso firme y colaborativo para enfrentar la corrupción desde diversos frentes.