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Advierten desmejora en la calidad de la jurisprudencia constitucional

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Una desmejora en la calidad de la jurisprudencia constitucional es el principal retroceso señalado en el informe “Justicia en pausa” sobre los primeros 100 días de la Sala de lo Constitucional presentado por un conjunto de organizaciones apoyadas por la Agencia Alemana de Cooperación GIZ.

Con el objetivo de detectar continuidades, retrocesos y avances en los criterios jurisprudenciales ya consolidados de la Sala, se presentó el informe «Justicia en Pausa: Primeros 100 días de la Sala de lo Constitucional de El Salvador».

Además, analizó las medidas administrativas y organización interna de la Sala que tuvieron impacto real o potencial sobre la protección de los derechos y libertades de las y los salvadoreños, particularmente, sobre el derecho de acceso a la justicia. 

El informe fue presentado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Fundación DTJ, el Instituto Interamericano de Derecho Constitucional y Fundación Cristosal.

El informe señala que desde la conformación de la Sala del 1 de mayo de 2021, no solo se advierten graves cambios en la jurisprudencia consolidada por años, sino que también se advierten cambios relativos al funcionamiento interno de este alto tribunal.

En cuanto a los cambios en la estructura interna de la Sala de lo Constitucional, se han producido traslados de personal hacia otras dependencias administrativas de la CSJ o hacia otros tribunales.

«Asimismo, aunque la Sala sesionaría tres veces a la semana, no se aprecia una baja relevante de la mora judicial, a pesar de ser una de sus consignas principales, según se desprende de sus anuncios en redes oficiales y de entrevistas concedidas a medios de comunicación», señala el informe.

En lo referido al contenido de su jurisprudencia, el informe señala que se ha evidenciado retrocesos en los pronunciamientos de la actual conformación de la Sala de lo Constitucional que muestran una desmejora en la calidad de la jurisprudencia, ya sea porque establecen requisitos o condiciones con un rigor más altos en el acceso a la jurisdicción, debilitan al control de constitucionalidad que se desarrolla mediante los procesos constitucionales y dificultan o bloquean la impugnación de la actuación pública por violaciones a la Constitución, entre otros aspectos.

Los retrocesos más graves identificados por el informe incluye pronunciamientos emitidos en los procesos de inconstitucionalidad en los que se han reducido las posibilidades de impugnación de los vicios procedimentales en el proceso de formación de ley, la inadecuada comprensión y alcance del principio de razonabilidad para controlar las facultades legislativas de elección de funcionarios/as y la grave afirmación de que existen zonas exentas de control constitucional.

Se advierten también retrocesos en los procesos concretos, es decir, amparos y hábeas corpus, respecto de la garantía del principio de imparcialidad, pues se detectó que magistrados/as actuales han conocido de casos y han suscrito resoluciones pese a que existían motivos serios y razonables que les debía haber obligado a abstenerse de ello.

Así, cualitativamente, los retrocesos evidenciados se muestran como una desmejora grave en el acceso a la jurisdicción constitucional y el debilitamiento de los procesos constitucionales como mecanismos de control del actuar público robustos y eficaces.

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Cabecilla de la MS-13 condenado a más de 300 años de prisión

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El cabecilla de la célula Centrales Locos Salvatruchos, César Ernesto Álvarez, conocido como “Lobo”, pasará el resto de su vida en prisión. Él es pandillero de la MS-13.

El Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado lo sentenció a 321 años de cárcel por una larga lista de crímenes: tres homicidios agravados, once extorsiones, seis intentos de asesinato, tráfico de drogas y pertenencia a agrupaciones ilícitas.

Álvarez era uno de los máximos líderes del programa Centro de la MS-13, y operaba principalmente en zonas urbanas de alta densidad como la colonia Escalón, San Antonio Abad y Miramonte.

No fue el único condenado. Bryan Enrique Chicas Martínez, alias “Delincuente de Iberia”, también recibió una dura sentencia: 111 años de prisión. Se le procesó por homicidio agravado, extorsión y vínculos con pandillas. Era uno de los 100 más buscados por la Policía Nacional Civil.

Otras ocho personas vinculadas a las clicas Centrales y Leewards también fueron sentenciadas. Las penas oscilan entre 21 y 72 años, según confirmó la Fiscalía.

Las autoridades aseguran que con esta condena se golpea directamente a los remanentes de estructuras criminales que todavía operan en ciertos sectores del país.

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Departamento de Estado confirma visita de Marco Rubio a El Salvador como parte de su gira por Centroamérica

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El Departamento de Estado de Estados Unidos conformó la visita de Marco Rubio a El Salvador, como parte de su gira por Centroamérica, que comenzará este sábado 1 de febrero.
Durante su viaje, Rubio, quien es el secretario de Estado, se reunirá con altos funcionarios y líderes empresariales en varios países de la región para abordar temas clave que afectan tanto a Estados Unidos como a los países centroamericanos.
La gira, que abarcará también Guatemala, Panamá y Costa Rica, se centra en cuestiones como la migración ilegal, la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y el narcotráfico, así como el desafío que representa la creciente influencia de China en la región.
Estos son algunos de los temas más relevantes que Rubio discutirá con los presidentes y autoridades de cada nación.
La agenda de la gira no solo busca estrechar la cooperación regional en áreas de seguridad, sino también promover la prosperidad económica mediante el fortalecimiento de los lazos comerciales y las asociaciones económicas en el hemisferio.
La Secretaría de Estado informó que los temas a tratar son de vital importancia para los intereses de Estados Unidos y los países latinoamericanos.
Aunque ya se había anticipado la gira del secretario, no fue hasta ahora cuando se confirmaron las fechas y los detalles de su visita a cada uno de los países centroamericanos y caribeños.
Esta gira forma parte de los esfuerzos de Estados Unidos para consolidar su política exterior en la región, bajo el marco de la iniciativa «América Primero» del presidente Donald Trump.

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Conductor peligroso condenado a trabajo comunitario tras ser detenido bajo efectos del alcohol

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osé Roberto Jiménez Arias, un conductor acusado de manejar bajo los efectos del alcohol y detenido el 25 de diciembre pasado, fue condenado a 2 años de cárcel, aunque la pena fue sustituida por 96 jornadas de trabajo de utilidad pública. Además, se le impuso una inhabilitación de 12 meses para conducir, tras ser encontrado culpable del delito de conducción peligrosa de vehículos automotores.
El incidente ocurrió el 25 de diciembre del año pasado, cuando Jiménez fue detenido en un control vehicular frente al Centro Comercial La Joya, ubicado en Santa Tecla. Durante la detención, se le practicó una prueba de alcoholemia que reveló que su nivel de alcohol en sangre era de 143 miligramos por decilitro, muy por encima del límite legal permitido.
Ante estas pruebas, el Juzgado Primero de Paz de Santa Tecla dictó una sentencia condenatoria en un procedimiento abreviado, donde se determinó la sustitución de la pena privativa de libertad por trabajo comunitario, reflejando así una respuesta judicial ante un delito que pone en riesgo tanto la vida del conductor como la de los demás usuarios de la vía.
La sentencia busca sentar un ejemplo de las medidas de control y de sanciones a quienes incurren en conductas peligrosas al volante, especialmente cuando hay consumo de alcohol involucrado.
Además, la inhabilitación temporal para conducir busca reforzar la responsabilidad al volante y evitar nuevos incidentes relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.

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Corte Suprema de Justicia define la integración de salas para el 2025

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La Corte Suprema de Justicia acordó en su primera sesión de Corte Plena del año la conformación de las cuatro salas que operarán durante el 2025. 

Las salas establecidas son: de lo Civil, de lo Penal, de lo Constitucional y de lo Contencioso Administrativo.

La integración de estas responde a lo dispuesto en el artículo 4, inciso segundo, de la Ley Orgánica Judicial, que establece que este proceso debe realizarse el primer día hábil del año. 

Según este marco legal, la conformación de las salas de lo Civil, Penal y Contencioso Administrativo corresponde a Corte Plena, mientras que la designación de la Sala de lo Constitucional es una atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa.

Integración de las salas

Sala de lo Constitucional: Presidirá Henry Alexánder Mejía, quien también ocupa el cargo de presidente de la CSJ y del Órgano Judicial. Los demás integrantes son Elsy Dueñas Lovo (vocal 1), José Ángel Pérez Chacón (vocal 2), Luis Javier Suárez Magaña (vocal 3) y Héctor Nahún Martínez (vocal 4).

Sala de lo Civil: Está presidida por Óscar Alberto López Jerez, con Álex David Marroquín Martínez como vocal 1 y Lidia Patricia Castillo Amaya como vocal 2.

Sala de lo Penal: Su presidente será Alejandro Antonio Quinteros Espinoza, acompañado por Sandra Luz Chicas como vocal 1 y Roberto Carlos Calderón como vocal 2.

Sala de lo Contencioso Administrativo: La presidirá José Ernesto Clímaco Valiente, con Vicente Alexánder Rivas Romero (vocal 1), José Fernando Marroquín Galo (vocal 2) y Miguel Elías Martínez Cortez (vocal 3).

El pasado 23 de septiembre de 2024, la Asamblea Legislativa, con 57 votos a favor, eligió al presidente y magistrados que conformarán la Sala de lo Constitucional para el periodo del 24 de septiembre de 2024 al 15 de noviembre de 2027. 

Además, se designó a magistrados para integrar otras salas, cuyos periodos concluirán en diferentes fechas, dependiendo del nombramiento.

Destaca que Henry Alexánder Mejía fue elegido como presidente del Órgano Judicial, de la CSJ y de la Sala de lo Constitucional, reafirmando su liderazgo en la institución. 

Por su parte, Lidia Patricia Castillo Amaya, Miguel Elías Martínez Cortez, Vicente Alexánder Rivas Romero y Óscar López Jerez desempeñarán funciones en sus respectivas salas hasta el 23 de septiembre de 2033. Alejandro Antonio Quinteros Espinoza y José Fernando Marroquín Galo ocuparán sus cargos hasta el 30 de junio de 2030.

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Exfiscal general Luis Martínez condenado por enriquecimiento ilícito de más de $71 mil

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La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, condenó al exfiscal General de la República, Luis Martínez, por el delito de enriquecimiento ilícito.
La condena se basa en un incremento injustificado de su patrimonio por un monto de $71,736.62, cifra que no pudo justificar.
Como resultado de este fallo, Martínez deberá devolver esa cantidad al Estado salvadoreño.
La sentencia establece que el exfuncionario, quien ocupó el cargo de fiscal general entre 2012 y 2015, presentó un aumento de su patrimonio que no coincidía con sus ingresos declarados, según los análisis realizados por las autoridades.
Los fondos en cuestión provienen de depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito, cuyos registros no concuerdan con sus declaraciones de ingresos y egresos.
El Órgano Judicial de El Salvador, a través de su cuenta oficial en X, indicó que, además de la devolución de la suma mencionada, Martínez será inhabilitado para ocupar cargos públicos durante los próximos 10 años.

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