La Asamblea Legislativa aprobó este viernes, con 60 votos a favor, una reforma al Código Penal que establece como delito de conducción peligrosa cualquier nivel de alcohol en el organismo al momento de conducir.
La iniciativa, que busca endurecer las medidas contra el manejo bajo los efectos del alcohol, fue avalada de manera unánime por todos los diputados.
Ahora, la reforma será enviada al presidente de la República, Nayib Bukele, para su sanción y posterior publicación en el Diario Oficial, momento en el cual entrará en vigencia.

Principales cambios en la legislación
Previo a esta modificación, el artículo 147-E consideraba conducción peligrosa cuando una persona manejara en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas que limitaran su capacidad de conducir.
Con la reforma, cualquier cantidad de alcohol detectada en el conductor será motivo para ser detenido por este delito.

Las penas también han sido endurecidas:

2 a 5 años de prisión para quienes conduzcan peligrosamente en vehículos comunes.
5 a 10 años de prisión si se trata de vehículos de transporte público o de carga.
Hasta 10 años de prisión si el acto provoca un homicidio culposo en vehículos comunes.
Hasta 15 años de prisión si el homicidio culposo ocurre con vehículos de transporte público o de carga.
Además, las pruebas de alcoholemia, alcotest y antidoping tendrán valor probatorio obligatorio en los procedimientos.
La diputada Cesia Rivas, del partido Vamos, propuso una enmienda adicional para que el delito de conducción peligrosa excluya el fuero legislativo, asegurando que este tipo de privilegios no deberían aplicarse en casos de flagrancia.
“Solicito una modificación para agregar un inciso que establezca que no se permitirá fuero ni privilegios en estos procedimientos”, manifestó.
No obstante, su propuesta no logró reunir los votos necesarios, obteniendo solo tres respaldos de la oposición y un voto adicional a favor.
Rivas recordó casos previos donde diputados habían incurrido en incidentes relacionados con alcohol al volante, incluyendo uno que resultó en la muerte de una persona en 2020.

El fiscal general y candidato a la reelección en el cargo, Rodolfo Delgado, dijo que algunos de los principales retos que afrontará en caso de continuar en su puesto, es la modernización y la eficiencia de la institución, junto al acercamiento de la misma hacia la sociedad, para lograr consolidar una entidad que, dijo, por años pasó “desconectada” de muchos esfuerzos estatales para combatir efectivamente el delito.

Tras destacar ante los miembros Comisión Política de la Asamblea Legislativa los logros obtenidos desde 2021, entre los que figura la agilización del trabajo en el marco del régimen de excepción, Delgado sostuvo que ahora hay más fiscales auxiliares laborando.

Según él, en 2021 el 51 % de la institución era de áreas administrativas y ahora el 54 % son abogados o estudiantes de derecho sumados a las diferentes investigaciones.

De acuerdo al funcionario, han creado diferentes unidades que son el principal soporte de su trabajo y que todas están enfocadas a servir con eficiencia a la sociedad.

Explicó que la Fiscalía ha sido un actor clave en la desarticulación de pandillas, en colaboración con el Órgano Ejecutivo. 

Delgado destacó que en el régimen de excepción, los homicidios se han reducido a solo 111 este año, con una tasa de resolución del 96 %, una cifra histórica comparada con el 5 % registrado en 2015.

Su apuesta, añadió, es garantizar no sólo buenos resultados, sino un trato digno y especializado a las víctimas de los diferentes delitos, además de lograr una modernización tecnológica que permita simplificar procesos llegando a reducir el uso de papel y avanzar en diferentes instancias a los procesos virtuales.

Delgado también reconoció que la FGR enfrenta importantes desafíos en esta nueva etapa, entre los que destacó la consolidación de un modelo integral de desarrollo del fiscal y buscar la regionalización de la infraestructura de la Fiscalía para garantizar instalaciones adecuadas en todo el país.

Buscará implementar sistemas para reducir la carga laboral de los fiscales y potenciar sus habilidades mediante capacitación continua y el fortalecimiento de la fiscalía electoral que permita diseñar ejes estratégicos que garanticen un desempeño eficaz en los procesos electorales futuros.

Dijo que controlada la seguridad tras reducir las pandillas, los primeros agentes criminales que operaban en el país, ahora deben concentrarse en combatir delitos de contenido patrimonial, como estafas y estafas informáticas, cuyos fondos son frecuentemente transferidos a países de Oriente Medio y Sudamérica.

“Nos preparamos para combatir a otro tipo de delincuencia, hacia otras manifestaciones delictivas, de contenido patrimonial, que siguen afectando a los salvadoreños”, sostuvo. 

Aunque la FGR ha acompañado al Ejecutivo en el régimen de excepción, Delgado se mostró abierto a investigar cualquier denuncia de abuso en su aplicación y reconoció la importancia de fortalecer otras áreas de la institución.

Además ofreció impulsar la aprobación de una nueva Ley Orgánica de la FGR, que refleje las necesidades actuales y futuras, continuar avanzando en el uso de tecnologías en los actos de investigación y consolidar el sistema de gestión de procesos.

Delgado hizo un llamado a seguir apostando por el fortalecimiento de las unidades especializadas y a regionalizar la infraestructura de la FGR para optimizar la atención a la ciudadanía. 

Sostuvo que con la ejecución del proyecto para las oficinas centrales de la institución, un proyecto que sobrepasa los $70 millones, la institución ahorrará poco más de $5 millones anuales en alquileres de edificios (sólo en ese rubro invierte $4 millones cada año).

La Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto general del Estado para 2025, de $9,662,997,142, incluyendo una medida que restablece de forma parcial los escalafones salariales en los sectores de Salud y Educación.
Esta decisión fue respaldada por 57 votos, mientras que la modificación al artículo 4, que permite esta aplicación parcial, obtuvo 60 votos a favor.

Asignaciones presupuestarias para escalafones
El diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas, propuso cambiar el artículo 4 del presupuesto, que inicialmente congelaba los escalafones salariales.
Según el cambio aprobado, en el sector Salud los escalafones se aplicarán exclusivamente a empleados con salarios menores a $1,500 mensuales, con un refuerzo presupuestario de $8 millones.
En Educación, se asignaron $2 millones para financiar el escalafón conforme a las leyes General de Educación y de la Carrera Docente.

El texto del cambio indica: “Para el presente ejercicio fiscal, del escalafón salarial correspondiente al ramo de Salud se otorgará únicamente a empleados y funcionarios públicos cuyos salarios mensuales sean menores a $1,500 y su aplicación al sueldo mensual no podrá exceder al techo máximo antes establecido. Adiciónase la suma de $8 millones para financiar la aplicación de dicho escalafón. Adiciónese a Educación, Ciencia y Tecnología, $2 millones para financiar la aplicación de su escalafón conforme a lo establecido en la Ley General de Educación y Ley de la Carrera Docente”.

Críticas y debate en el pleno
La aprobación del presupuesto ocurrió en un ambiente de fuerte debate. La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, criticó las reducciones presupuestarias en Salud y Educación, así como el aumento al Ministerio de Defensa Nacional.
Ortiz propuso incluir en el artículo 19 una disposición que blinde los fondos destinados a programas sociales, la Ley Crecer Juntos y la inversión pública, declarándolos intransferibles. Su propuesta sólo obtuvo tres votos.
Por su parte, el diputado William Soriano (Nuevas Ideas) celebró el restablecimiento parcial de los escalafones y aseguró que se mantiene el enfoque en seguridad. “Misión cumplida, estamos listos para arrancar un año más de trabajo y continuar con la estrategia y la promesa del presidente Nayib Bukele del milagro económico”, declaró.
La diputada Marcela Villatoro, de Arena, también reconoció el restablecimiento de los escalafones, pero criticó la reducción del presupuesto en sectores clave. Cuestionó que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sufrió un recorte del 45 % ($6 millones), mientras el presupuesto de Defensa aumentó en un 22 % ($48 millones).
La diputada oficialista Suecy Callejas desestimó las críticas de la oposición, asegurando que los subsidios no han sido eliminados y que los paquetes agrícolas contarán con $23 millones en 2025.
También destacó que el presupuesto de Educación alcanzará $1,537 millones.
“Por primera vez vamos a aprobar un presupuesto con cero dólares de brecha presupuestaria. Arena, cuyo sueño dorado era la privatización de salud, sigue mintiendo”, afirmó.
“Aprobamos el Presupuesto General de 2025, el primero de nuestra historia en estar completamente financiado, es decir, que no necesitará de deuda para su ejecución”, dijo el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, del partido Nuevas Ideas.

Este martes 17 de diciembre, la Asamblea Legislativa elegiría en la sesión plenaria al fiscal general para el periodo 2025-2028 y todo apunta a que Rodolfo Delgado será reelecto para un nuevo mandato.
El otro aspirante al cargo es Gonzalo Octavio Ayala López, actual oficial de información de la Corte de Cuentas de la República.
Los candidatos fueron entrevistados por los diputados de la Comisión Política la tarde del 16 de diciembre.
Esta aprobó un dictamen favorable para someter la elección al pleno legislativo. La propuesta se basa en un proceso de elección para un cargo que será asumido el 6 de enero de 2025 y concluirá el 5 de enero de 2028.
Delgado asumió el puesto de fiscal general el 2 de mayo de 2021, tras la destitución de Raúl Ernesto Melara, quien fue removido por la legislatura 2021-2024 con mayoría de Nuevas Ideas.
En esa ocasión, la elección se dio por un periodo interino de 8 meses y 3 días, hasta el 5 de enero de 2022. En diciembre de 2022, el fiscal fue reelecto para un primer periodo de 3 años que finalizará el próximo 5 de enero.
Ahora, a punto de concluir ese mandato, todo parece indicar que el funcionario continuará al frente del Ministerio Público durante un nuevo ciclo.
Según el presidente de la Comisión, diputado Ernesto Castro, el dictamen será presentado ante el pleno legislativo para su ratificación en la sesión convocada para las 9:30 de la mañana.
“Propongo que se presente al pleno legislativo el dictamen favorable a efecto de que se proceda a la elección del fiscal general de la República para el periodo de tres años que inicia el 6 de enero de 2025 y concluye el 5 de enero de 2028”, expresó Castro tras la votación.
La propuesta fue aprobada con una abstención y 8 votos a favor.
El dictamen aprobado no contiene una propuesta concreta de nombre para el cargo.

La Corte de Cuentas de la República (CCR) planea “poner al día” las auditorías municipales y del gobierno central en 2025, con su propuesto plan intensivo de controles, de acuerdo a lo planteado ante los diputados de la Comisión de Hacienda al justificar el presupuesto que la institución tendrá para el próximo año.

La asignación propuesta es la misma con la que la CCR ha funcionado en este 2024, $50,448,939. 

Según Juan Manuel Pascasio, subdirector financiero de la Corte, el plan de fiscalización masiva, como le han llamado, busca reducir desfases de hasta 5 años, especialmente en las municipalidades.

Al presentar a los diputados de la Comisión de Hacienda los objetivos de la institución para el próximo año, destacó que desde tienen un enfoque en la eficiencia y el control en el uso de los recursos públicos. 

“Este 2025 será un ejercicio fiscal clave, ya que queremos seguir con esta mística de trabajo para asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera más eficiente. El plan masivo de fiscalización incluye la actualización de los períodos a auditar, con un enfoque en que todas las instituciones de gobierno estén al día”, aseguró Pascasio.

Explicó que en 2024 han auditado un total de 103 alcaldías correspondientes al período 2018-2021 y 174 de 2021-2024. 

“Este mismo proyecto se extenderá a todas las instituciones del Estado”, agregó Pascasio, señalando que la Corte de Cuentas continuará con esta labor de control en 2025.

Según Pascasio, la decisión de contar con el mismo presupuesto obedece a una política de racionalización y eficiencia en el uso de los recursos. 

“Nos hemos mantenido con el mismo presupuesto bajo los principios de eficiencia. Con esta asignación hemos logrado importantes avances en la Corte de Cuentas, lo que nos ha permitido tener una mayor presencia en las instituciones que gestionan los recursos públicos”, explicó el funcionario.

La mayor parte del presupuesto de 2025, $22.8 millones, se destinará a la realización de auditorías, mientras que $6.5 millones se asignarán para juicios de cuentas. 

En cuanto a las metas específicas, Pascasio detalló que la Corte de Cuentas proyecta realizar 435 acciones de control y 486 sentencias de juicios de cuentas durante 2025.

Además, uno de los objetivos para el próximo año es actualizar el equipo técnico de la institución, que según Pascasio se encuentra “obsoleto”. También se trabajará en la mejora de la capacitación de los servidores públicos, para lo cual se creará un aula virtual.