Judicial
Abogado Enrique Anaya pide nulidad de nombramiento de magistrados
El abogado Enrique Anaya presentó hoy martes una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que pide la nulidad del nombramiento de tres de los cinco magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional, realizado por la Asamblea Legislativa el pasado sábado.
El profesional explicó a Derecho y Negocios los argumentos de la demanda y sus valoraciones sobre la destitución de los anteriores miembros de la Sala, y la participación de los recién nombrados en las reuniones de corte plena.
Usted ha presentado una demanda contra el nombramiento de tres de los cinco magistrados recién designados, ¿qué es lo que solicita?
Es una demanda contencioso administrativa, presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitando se declar nulidad e ilegalidad del nombramiento de los abogados Luis Javier Suárez, Héctor Nahúm Martínez García y José Ángel Pérez Chacón, como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ,
¿Cuál es la base de la demanda?
Que el acto del nombramiento es nulo, sin ningún valor jurídico porque se prescindió totalmente del procedimiento que la ley exige. Primero, estos tres abogados no participaron en ninguna elección de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES); segundo, no fueron propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ); tercero, no forman parte del listado enviado por el CNJ a la Asamblea Legislativa en 2018, que es el aplicable en este caso, ni en el de 2021; cuarto, hubo ningun estudio del perfil de estos tres abogados para verificar si llenan los requisitos para ser magistrados, algo que debió hacer la comision politica de la Asamblea Legislativa, y quinto, no existió debate público ni deliberación parlamentaria pública para determinar si cumplen con los requisitos. Se violó absolutamente el procedimiento y por ello el nombramiento de estos tres abogados es nulo.
Si la Sala admite su demanda, ¿cómo afecta esto al hecho de que los magistrados estén ya participando de las reuniones de Corte Plena?
Tengo poca fe de que la Sala de lo Contencioso Administrativo admita la demanda. Dada la situación en el país, si la admiten podrían ellos también ser destituidos. Tengo serias dudas. Incluso si la demanda se admite y se emite una medida cautelar, no afecta que estén participando. Hay un antecedente, el de Salomón Padilla, quien fungió casi dos años como presidente de la Corte, se presentaron dos demandas en contra de su nombramiento, al final la misma Sala de lo Constitucional decidió que dicho nombramiento violaba la Constitución por vinculación partidaria con el FMLN, pero mientras tanto, participaba en las reuniones y fungió como presidente.
A efectos de imagen sí hay una percepción de que la toma de la Sala de lo Constitucional se consumó, porque están participando en reuniones de Corte Plena. Da la apariencia de que el resto de magistrados los han legitimado al aceptar reunirse con ellos.
¿Qué otras acciones legales se podrían dar en contra de la destitución de los anteriores magistrados y el nombramiento de los actuales?
Juridicamente son dos hechos diferentes, están en decretos diferentes, uno fue el decreto 1, la destitución, y otro el decreto 2, que comprende el nombramiento de estas personas como magistrados. La destitución ya fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, a las 8 y pico de la noche del mismo 1 de mayo, entonces ese decreto ya no existe, ya no hay nada que promover jurídicamente porque ese decreto jurídicamente ya murió. Si me pongo exquisito, el nombramiento, y lo digo en la demanda, también carece de valor jurídico porque solo puede haber nombramiento si no hay magistrados. Pero si no hay destitución, los magistrados estaban en sus cargos. Contra la destitución no hay nada que hacer porque eso jurídicamente no existe, por eso la demanda es contra los nombramientos, porque como no ha sido declarada inconstitucional, aun tiene algún valor. Que la nueva administración haya bajado el tuit y borrado la resolución de la inconstitucionalidad del decreto 1, no le resta valor jurídico.
Ahora el Gobierno y los diputados ya no están hablando de destitución, sino de sustitución, citando el Art. 4 de la Ley Orgánica Judicial.
Sería como querer lavar un poco la cara, un cambio de discurso que comenzará a referirse a la renuncia de cuatro de los cinco magistrados, y que por ello los están sustituyendo, pero sabemos que eso no ha sido así. Ellos firmaron sus cartas de renuncia en su calidad de magistrados porque jurídicamente seguían en el cargo. Si hubieran sido destituidos no había necesidad de renunciar. El magistrado Carlos Sergio Avilés lo sigue siendo porque no existe un decreto que lo destituya, ya que fue declarado inconstitucional. El magistrado Avilés no puede llegar a su puesto de trabajo, esos son los hechos, pero jurídicamente sigue siendo magistrado. Dadas, sobre todo, las quejas internacionales, están cambiando el lenguaje pero esto no cambia la realidad de los hechos.
El Tribunal 1° contra el Crimen Organizado de San Salvador recibió ayer la solicitud de agrupación de 1,828 presuntos integrantes de la organización criminal Mara Salvatrucha (MS-13), presentadas por la oficina fiscal de Santa Tecla.
Los acusados, vinculados a los programas Porteño y Libertad de la MS-13, enfrentan cargos por el delito de agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública, así como otros delitos conexos como tráfico ilícito y tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de armas de fuego.
La investigación los relaciona con once clicas: cuatro del programa Porteño y siete del programa Libertad. Entre los acusados se encuentran individuos con rangos de corredores de programa, corredores de clica, homeboys, observación y chequeos.
Estas solicitudes de agrupación se enmarcan en el decreto legislativo N.º 803, que permite a la Fiscalía agrupar a los acusados en un mismo proceso según el territorio donde cometían los hechos delictivos.
La Fiscalía General de la República ha presentado nuevas solicitudes para agrupar a 2,330 terroristas de la Mara Salvatrucha en cuatro expedientes distintos. Estos individuos, pertenecientes a diversas clicas, han estado involucrados en extorsiones y asesinatos en varias localidades de La Libertad, San Salvador, la zona Paracentral y los departamentos del oriente del país.
Ayer, la Fiscalía presentó tres peticiones ante tribunales contra el Crimen Organizado, basadas en las áreas donde delinquían 1,202 de estos terroristas. Las solicitudes fueron realizadas según las siguientes zonas:
- San Salvador:
- 383 terroristas agrupados en varios programas de clicas específicas:
- 132 pandilleros del programa centro de la clica Paraísos Gánster Salvatruchos, operativos en la capital.
- 104 miembros de la clica Destroyer Criminal Locos Salvatruchos, activos en Apopa.
- 85 imputados de las clicas Cusca Locos Salvatruchos (13) y Maníacos Locos Salvatruchos (72).
- 44 miembros de la clica Bella Vista Locos Salvatruchos, operativos en San Marcos.
- Todos enfrentan cargos por el delito de agrupaciones ilícitas.
- Zona Paracentral:
- 158 imputados pertenecientes a la clica Agua Zarca de la MS.
- Oriente del País:
- 661 imputados, divididos en las siguientes clicas:
- 135 miembros de la clica Sitios Locos Salvatruchos.
- 232 de la clica Normandis Locos Salvatruchos.
- 206 de la clica Parkview Locos Salvatruchos.
- 88 de la clica Coronados Little Cycos.
- Estos individuos también enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas
Ayer, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador inició el juicio contra el expresidente de la República, Mauricio Funes, quien gobernó El Salvador de 2009 a 2014 bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Funes enfrenta acusaciones de realizar negociaciones ilícitas entre 2012 y 2014, específicamente en la construcción del puente San Isidro sobre el río Lempa, en Chalatenango. Se le imputa haber aceptado como dádiva una avioneta a cambio de favorecer dichas negociaciones.
La Fiscalía cuenta con una vasta cantidad de pruebas contra Funes, incluyendo más de 230 documentos, testimonios de 34 testigos y pruebas periciales. Estas pruebas serán presentadas durante el juicio para respaldar las acusaciones de casos especiales de lavado de dinero y activos. Dado el peso de las evidencias, la Fiscalía ha anunciado que solicitará la pena máxima para el exmandatario.
Mauricio Funes se encuentra en Nicaragua desde 2016, donde recibió la nacionalidad de ese país, lo que ha complicado su extradición. Funes ya ha sido condenado en ausencia en otros casos. En mayo de 2022, fue sentenciado a 14 años de prisión por delitos relacionados con una tregua entre pandillas durante su gobierno. Posteriormente, en julio de 2023, recibió una condena adicional de 6 años por defraudación fiscal.
Además de estos casos, Funes enfrenta varias acusaciones penales y civiles. Está acusado de malversar más de 351 millones de dólares de fondos estatales y de corrupción en la construcción de una represa, lo que refleja un patrón de presunta conducta delictiva durante su administración.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado una demanda civil por enriquecimiento ilícito contra el exdiputado del FMLN, Guillermo Francisco Mata Bennet, y sus dos hijos, debido a un incremento patrimonial no justificado por un monto total de $271,314.65 dólares. La acción legal fue interpuesta ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla por la Unidad Especializada en Delitos de Corrupción de la FGR.
Guillermo Francisco Mata Bennet, quien sirvió como diputado en dos períodos (del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015, y del 1 de mayo de 2015 al 30 de abril de 2018), enfrenta acusaciones por inconsistencias en su patrimonio, que suman $13,270.00 dólares. Estas irregularidades incluyen depósitos bancarios en efectivo, compra de vehículos y pagos de créditos hipotecarios.
La demanda también involucra a sus hijos:
Guillermo Eduardo Mata Mayorga: se le reclama un monto de $251,675.80 dólares.
Jorge Alberto Mata Mayorga: se le reprocha la cantidad de $6,357.85 dólares.
El proceso civil se inició después de que la Corte Suprema de Justicia notificara a la FGR sobre las irregularidades en las declaraciones patrimoniales del exdiputado y sus hijos. La documentación presentada por la Fiscalía incluye información detallada sobre el patrimonio de los demandados, evidenciando 15 irregularidades que no han podido ser justificadas.
La Fiscalía General de la República ha presentado una demanda civil por enriquecimiento ilícito contra Francisco José Cáceres Zaldaña, exsecretario privado de la presidencia durante la gestión del exmandatario Mauricio Funes, y su grupo familiar. La demanda asciende a un monto total de $3,892,095.46 dólares y ha sido presentada ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
Francisco José Cáceres Zaldaña, quien ocupó su cargo entre 2009 y 2014, enfrenta reclamaciones por un monto de $3,541,407.87 dólares. La Fiscalía señala 44 irregularidades relacionadas con depósitos en efectivo y cheques en cuentas de ahorro, así como pagos de préstamos y tarjetas de crédito.
La demanda también involucra a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, quien enfrenta acusaciones por 11 inconsistencias en depósitos a cuentas de ahorro, además de la adquisición de vehículos e inmuebles por un valor de $346,553.85 dólares. Asimismo, su hija, Mariana Cáceres Flores, es señalada por una irregularidad en depósitos a una cuenta corriente por un monto de $6,133.74 dólares.
El caso se fundamenta en un informe de la Corte Suprema de Justicia, emitido en 2024, que ordenó un juicio civil contra Cáceres Zaldaña debido a las irregularidades detectadas en sus declaraciones patrimoniales. La documentación de la demanda está compuesta por 32 piezas que detallan la información patrimonial de los implicados.
Este proceso representa un esfuerzo significativo por parte de la Fiscalía General de la República para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en el manejo de fondos públicos. La Unidad Especializada en Delitos de Corrupción ha sido la encargada de presentar el caso, reflejando la prioridad de este tipo de investigaciones en la agenda judicial del país.
El desarrollo del juicio civil será seguido de cerca, dado que implica a un alto exfuncionario y a su familia, y podría sentar precedentes importantes en la lucha contra el enriquecimiento ilícito y la corrupción en El Salvador.
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