Judicial
Abogado Enrique Anaya pide nulidad de nombramiento de magistrados
El abogado Enrique Anaya presentó hoy martes una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que pide la nulidad del nombramiento de tres de los cinco magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional, realizado por la Asamblea Legislativa el pasado sábado.
El profesional explicó a Derecho y Negocios los argumentos de la demanda y sus valoraciones sobre la destitución de los anteriores miembros de la Sala, y la participación de los recién nombrados en las reuniones de corte plena.
Usted ha presentado una demanda contra el nombramiento de tres de los cinco magistrados recién designados, ¿qué es lo que solicita?
Es una demanda contencioso administrativa, presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitando se declar nulidad e ilegalidad del nombramiento de los abogados Luis Javier Suárez, Héctor Nahúm Martínez García y José Ángel Pérez Chacón, como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ,
¿Cuál es la base de la demanda?
Que el acto del nombramiento es nulo, sin ningún valor jurídico porque se prescindió totalmente del procedimiento que la ley exige. Primero, estos tres abogados no participaron en ninguna elección de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES); segundo, no fueron propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ); tercero, no forman parte del listado enviado por el CNJ a la Asamblea Legislativa en 2018, que es el aplicable en este caso, ni en el de 2021; cuarto, hubo ningun estudio del perfil de estos tres abogados para verificar si llenan los requisitos para ser magistrados, algo que debió hacer la comision politica de la Asamblea Legislativa, y quinto, no existió debate público ni deliberación parlamentaria pública para determinar si cumplen con los requisitos. Se violó absolutamente el procedimiento y por ello el nombramiento de estos tres abogados es nulo.
Si la Sala admite su demanda, ¿cómo afecta esto al hecho de que los magistrados estén ya participando de las reuniones de Corte Plena?
Tengo poca fe de que la Sala de lo Contencioso Administrativo admita la demanda. Dada la situación en el país, si la admiten podrían ellos también ser destituidos. Tengo serias dudas. Incluso si la demanda se admite y se emite una medida cautelar, no afecta que estén participando. Hay un antecedente, el de Salomón Padilla, quien fungió casi dos años como presidente de la Corte, se presentaron dos demandas en contra de su nombramiento, al final la misma Sala de lo Constitucional decidió que dicho nombramiento violaba la Constitución por vinculación partidaria con el FMLN, pero mientras tanto, participaba en las reuniones y fungió como presidente.
A efectos de imagen sí hay una percepción de que la toma de la Sala de lo Constitucional se consumó, porque están participando en reuniones de Corte Plena. Da la apariencia de que el resto de magistrados los han legitimado al aceptar reunirse con ellos.
¿Qué otras acciones legales se podrían dar en contra de la destitución de los anteriores magistrados y el nombramiento de los actuales?
Juridicamente son dos hechos diferentes, están en decretos diferentes, uno fue el decreto 1, la destitución, y otro el decreto 2, que comprende el nombramiento de estas personas como magistrados. La destitución ya fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, a las 8 y pico de la noche del mismo 1 de mayo, entonces ese decreto ya no existe, ya no hay nada que promover jurídicamente porque ese decreto jurídicamente ya murió. Si me pongo exquisito, el nombramiento, y lo digo en la demanda, también carece de valor jurídico porque solo puede haber nombramiento si no hay magistrados. Pero si no hay destitución, los magistrados estaban en sus cargos. Contra la destitución no hay nada que hacer porque eso jurídicamente no existe, por eso la demanda es contra los nombramientos, porque como no ha sido declarada inconstitucional, aun tiene algún valor. Que la nueva administración haya bajado el tuit y borrado la resolución de la inconstitucionalidad del decreto 1, no le resta valor jurídico.
Ahora el Gobierno y los diputados ya no están hablando de destitución, sino de sustitución, citando el Art. 4 de la Ley Orgánica Judicial.
Sería como querer lavar un poco la cara, un cambio de discurso que comenzará a referirse a la renuncia de cuatro de los cinco magistrados, y que por ello los están sustituyendo, pero sabemos que eso no ha sido así. Ellos firmaron sus cartas de renuncia en su calidad de magistrados porque jurídicamente seguían en el cargo. Si hubieran sido destituidos no había necesidad de renunciar. El magistrado Carlos Sergio Avilés lo sigue siendo porque no existe un decreto que lo destituya, ya que fue declarado inconstitucional. El magistrado Avilés no puede llegar a su puesto de trabajo, esos son los hechos, pero jurídicamente sigue siendo magistrado. Dadas, sobre todo, las quejas internacionales, están cambiando el lenguaje pero esto no cambia la realidad de los hechos.
Judicial
El Salvador impone su primera condena a cadena perpetua por homicidio
El Salvador registró su primera condena a cadena perpetua con la sentencia contra Carlos Arturo Herrera Castro por homicidio agravado y robo.
El acusado recibió la pena por el asesinato de Alexis López Córdova, ocurrido en mayo de 2026 en Arcatao, Chalatenango Sur.
Ataque ocurrió durante un robo
Según la Fiscalía General de la República, Herrera atacó a López con piedras hasta causarle la muerte.
El crimen ocurrió en el cantón Teosinte, donde el condenado despojó a la víctima de su dinero.
El tribunal determinó su responsabilidad por homicidio agravado y robo.
Tribunal emitió la sentencia
El Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador dictó la condena de prisión perpetua.
La Fiscalía destacó que esta constituye la primera sentencia de cadena perpetua registrada en la historia de El Salvador.
La nueva pena comenzó a aplicarse tras cambios en el marco constitucional y las leyes penales.
Reforma abrió paso a la prisión perpetua
La condena se sustenta en la reforma del artículo 27 de la Constitución y en cambios a las leyes penales.
Estas modificaciones entraron en vigor en abril de 2026.
Con ello, el sistema penal salvadoreño incorporó la prisión perpetua entre las penas aplicables bajo las nuevas disposiciones.
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Exalcalde de Apopa condenado a ocho años de prisión por peculado
El exalcalde de Apopa, José Elías Hernández Hernández, fue condenado a ocho años de prisión por peculado durante su gestión municipal entre 2012 y 2016.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador también le impuso el pago de $36,626.18 por responsabilidad civil, según informó la Fiscalía.
Durante el juicio, las autoridades acreditaron que Hernández ordenó a empleados de la Alcaldía de Apopa realizar compras de bienes y servicios a favor de su esposa.
Compras municipales terminaron beneficiando a familiares
Los procesos investigados se realizaron bajo la modalidad de libre gestión y abarcaron distintos productos y servicios.
Entre ellos figuran uniformes deportivos, refrigerios, juguetes, piñatas, herramientas, materiales de construcción y repuestos.
Según la acusación, las adquisiciones incumplieron las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, vigente durante esos años.
La normativa impedía que la municipalidad realizara compras a familiares del alcalde y de los miembros del concejo municipal.
Utilizaron prestanombres para concretar pagos
Ante esa restricción, el exalcalde instruyó a empleados municipales para utilizar prestanombres como supuestos proveedores.
Los cheques de las compras se emitían a nombre de estas personas. Después, ellos cobraban el dinero en el banco y lo entregaban a María Evelinda Serrano de Hernández, esposa del exalcalde.
Serrano de Hernández ya recibió una condena por los mismos hechos.
Dos involucrados confesaron su participación
Durante el proceso también comparecieron Miguel Arsenio Alfaro Tobar y Juan Carlos Flores Chávez.
Ambos confesaron que actuaron como prestanombres para facilitar las operaciones investigadas.
Por ello, se sometieron a un procedimiento abreviado y recibieron condenas de tres años de prisión.
El tribunal reemplazó las penas. Alfaro fue condenado por peculado, mientras Flores recibió una condena por negociaciones ilícitas.
La sentencia contra Hernández corresponde a hechos ocurridos durante su administración de la Alcaldía de Apopa (ahora distrito de San Salvador Oeste), entre 2012 y 2016.
Judicial
Tribunal salvadoreño pospone fallo contra cabecillas de la MS-13 y se espera nueva fecha para la sentencia
Las autoridades de El Salvador suspendieron la lectura del fallo contra los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13) y cientos de integrantes de la organización.
La sentencia estaba prevista para el lunes 31 de agosto de 2026. Sin embargo, se informó que la diligencia fue suspendida y que todavía no existe una nueva fecha.
Oficialmente comunicó que “oportunamente compartiremos la nueva convocatoria”. Hasta ahora, las autoridades no han explicado las razones del aplazamiento.
La nueva convocatoria sigue pendiente
El caso está a cargo del Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado. El tribunal debía comenzar la lectura del fallo después de un proceso que abarca miles de delitos.
La suspensión deja pendiente una de las decisiones judiciales más relevantes contra la estructura de mando de la MS-13.
Por ahora, los procesados deberán esperar la nueva convocatoria para conocer la decisión del tribunal. Las autoridades tampoco han establecido públicamente cuándo retomarán la lectura de la sentencia.
El proceso reúne a cientos de acusados
El juicio incluye a 22 integrantes de la llamada “Ranfla Histórica”. Ese término identifica a la estructura de mando integrada por veteranos de la Mara Salvatrucha.
Además, el proceso incluye a otros 463 miembros de la organización. En total, el expediente reúne a cientos de acusados por delitos cometidos durante una década.
La Fiscalía atribuye a los procesados unos 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022. Entre las acusaciones figuran alrededor de 29,000 asesinatos.
La magnitud del expediente convierte el fallo en una decisión de gran alcance dentro de los procesos judiciales contra las pandillas.
La Fiscalía pide condenas que podrían sumar miles de años
Por la cantidad de delitos atribuidos, las penas individuales y acumuladas podrían alcanzar miles de años de prisión.
El Gobierno de Nayib Bukele ha presentado este proceso como uno de los principales juicios contra la dirigencia histórica de la MS-13.
Bukele incluso comparó estos procesos con los juicios de Núremberg, celebrados contra dirigentes del régimen nazi después de la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, la decisión final corresponde al tribunal encargado del caso.
Fallo llegará después de un proceso que abarca una década
Las acusaciones abarcan hechos ocurridos entre 2012 y 2022. Ese periodo incluye años en los que la MS-13 mantuvo una fuerte presencia en distintas zonas de El Salvador.
La Fiscalía también vincula a integrantes de la estructura con la ola de violencia registrada en marzo de 2022. Ese mes dejó 87 homicidios en tres días.
La MS-13 surgió en Los Ángeles durante la década de 1990 entre comunidades migrantes. Posteriormente, extendió sus operaciones hacia El Salvador y otros países de Centroamérica.
Judicial
Condenan a 15 años de prisión a dos guatemaltecos por tráfico de cocaína en El Salvador
Dos ciudadanos guatemaltecos fueron condenados a 15 años de prisión por tráfico ilícito de drogas en El Salvador. La sentencia corresponde a un operativo realizado en julio de 2025.
José Antonio Boteo Cruz y Neri Ubaldo Amaya Rodríguez recibieron la condena del Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
La Marina interceptó una embarcación en San Luis Talpa
La Marina Nacional interceptó la embarcación al norte de la playa Amatecampo, en San Luis Talpa, en julio de 2025.
Durante la inspección, las autoridades encontraron 100 kilogramos de cocaína ocultos dentro de bidones.
Además, los agentes localizaron otra lancha abandonada en la zona. En su interior encontraron 15 sacos con 588 kilogramos de cocaína.
La incautación alcanzó 688 kilos de cocaína
El operativo permitió decomisar un total de 688 kilogramos de cocaína.
Según la información judicial, la droga tenía un valor estimado de $17,296,320.
Las autoridades vincularon a los dos guatemaltecos con el traslado de la droga en la embarcación interceptada.
Judicial
Fiscalía General anuncia que fallo contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha por más de 47,000 delitos comenzará a conocerse el próximo lunes
La Fiscalía General de la República anunció que un tribunal contra el Crimen Organizado comenzará el 31 de agosto la lectura del fallo contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha. El proceso reúne más de 47,400 imputaciones por delitos atribuidos a los acusados.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador fijó esa fecha para iniciar la lectura de la resolución.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, confirmó lo establecido por el juez.
Según la Fiscalía, el tribunal deberá resolver más de 47,420 imputaciones dentro del mismo proceso judicial.
Los cargos corresponden a hechos que las autoridades atribuyen a los acusados entre 2012 y 2022.
Investigación abarca 11 años de hechos
El expediente agrupa acusaciones por distintos delitos vinculados con integrantes de la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13.
La Fiscalía sostiene que los hechos investigados ocurrieron durante un periodo de 11 años.
De acuerdo con Muñoz, el proceso permitirá resolver las imputaciones acumuladas por los delitos atribuidos durante ese periodo.
El juicio representa uno de los procesos colectivos contra miembros de estructuras de pandillas que impulsa la justicia salvadoreña.
Fallo se conocerá en medio de ofensiva contra pandillas
La resolución llegará en el contexto de la política de seguridad implementada por el Gobierno salvadoreño desde marzo de 2022.
Desde entonces, las autoridades han impulsado operativos y procesos judiciales contra integrantes de organizaciones criminales.
La Mara Salvatrucha figura entre las principales estructuras perseguidas dentro de esta estrategia de seguridad.
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