Judicial
Abogado Enrique Anaya pide nulidad de nombramiento de magistrados
El abogado Enrique Anaya presentó hoy martes una demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en la que pide la nulidad del nombramiento de tres de los cinco magistrados propietarios de la Sala de lo Constitucional, realizado por la Asamblea Legislativa el pasado sábado.
El profesional explicó a Derecho y Negocios los argumentos de la demanda y sus valoraciones sobre la destitución de los anteriores miembros de la Sala, y la participación de los recién nombrados en las reuniones de corte plena.
Usted ha presentado una demanda contra el nombramiento de tres de los cinco magistrados recién designados, ¿qué es lo que solicita?
Es una demanda contencioso administrativa, presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), solicitando se declar nulidad e ilegalidad del nombramiento de los abogados Luis Javier Suárez, Héctor Nahúm Martínez García y José Ángel Pérez Chacón, como magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ,
¿Cuál es la base de la demanda?
Que el acto del nombramiento es nulo, sin ningún valor jurídico porque se prescindió totalmente del procedimiento que la ley exige. Primero, estos tres abogados no participaron en ninguna elección de la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES); segundo, no fueron propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ); tercero, no forman parte del listado enviado por el CNJ a la Asamblea Legislativa en 2018, que es el aplicable en este caso, ni en el de 2021; cuarto, hubo ningun estudio del perfil de estos tres abogados para verificar si llenan los requisitos para ser magistrados, algo que debió hacer la comision politica de la Asamblea Legislativa, y quinto, no existió debate público ni deliberación parlamentaria pública para determinar si cumplen con los requisitos. Se violó absolutamente el procedimiento y por ello el nombramiento de estos tres abogados es nulo.
Si la Sala admite su demanda, ¿cómo afecta esto al hecho de que los magistrados estén ya participando de las reuniones de Corte Plena?
Tengo poca fe de que la Sala de lo Contencioso Administrativo admita la demanda. Dada la situación en el país, si la admiten podrían ellos también ser destituidos. Tengo serias dudas. Incluso si la demanda se admite y se emite una medida cautelar, no afecta que estén participando. Hay un antecedente, el de Salomón Padilla, quien fungió casi dos años como presidente de la Corte, se presentaron dos demandas en contra de su nombramiento, al final la misma Sala de lo Constitucional decidió que dicho nombramiento violaba la Constitución por vinculación partidaria con el FMLN, pero mientras tanto, participaba en las reuniones y fungió como presidente.
A efectos de imagen sí hay una percepción de que la toma de la Sala de lo Constitucional se consumó, porque están participando en reuniones de Corte Plena. Da la apariencia de que el resto de magistrados los han legitimado al aceptar reunirse con ellos.
¿Qué otras acciones legales se podrían dar en contra de la destitución de los anteriores magistrados y el nombramiento de los actuales?
Juridicamente son dos hechos diferentes, están en decretos diferentes, uno fue el decreto 1, la destitución, y otro el decreto 2, que comprende el nombramiento de estas personas como magistrados. La destitución ya fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional, a las 8 y pico de la noche del mismo 1 de mayo, entonces ese decreto ya no existe, ya no hay nada que promover jurídicamente porque ese decreto jurídicamente ya murió. Si me pongo exquisito, el nombramiento, y lo digo en la demanda, también carece de valor jurídico porque solo puede haber nombramiento si no hay magistrados. Pero si no hay destitución, los magistrados estaban en sus cargos. Contra la destitución no hay nada que hacer porque eso jurídicamente no existe, por eso la demanda es contra los nombramientos, porque como no ha sido declarada inconstitucional, aun tiene algún valor. Que la nueva administración haya bajado el tuit y borrado la resolución de la inconstitucionalidad del decreto 1, no le resta valor jurídico.
Ahora el Gobierno y los diputados ya no están hablando de destitución, sino de sustitución, citando el Art. 4 de la Ley Orgánica Judicial.
Sería como querer lavar un poco la cara, un cambio de discurso que comenzará a referirse a la renuncia de cuatro de los cinco magistrados, y que por ello los están sustituyendo, pero sabemos que eso no ha sido así. Ellos firmaron sus cartas de renuncia en su calidad de magistrados porque jurídicamente seguían en el cargo. Si hubieran sido destituidos no había necesidad de renunciar. El magistrado Carlos Sergio Avilés lo sigue siendo porque no existe un decreto que lo destituya, ya que fue declarado inconstitucional. El magistrado Avilés no puede llegar a su puesto de trabajo, esos son los hechos, pero jurídicamente sigue siendo magistrado. Dadas, sobre todo, las quejas internacionales, están cambiando el lenguaje pero esto no cambia la realidad de los hechos.
Judicial
Medicina Legal de El Salvador participa en reunión regional de ciencias forenses para fortalecer cooperación judicial
Representantes del Instituto de Medicina Legal de El Salvador participaron en la IV Reunión Ordinaria de la Red de Servicios de Ciencias Forenses de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana, un espacio enfocado en fortalecer la cooperación técnica y los sistemas de justicia de la región.
El director del Instituto de Medicina Legal, Pedro Hernán Martínez Vásquez, asistió al encuentro en representación de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. También participó Miguel Enrique Velásquez, jefe técnico normativo del Departamento Académico y Estadístico.
La Red de Servicios de Ciencias Forenses funciona como una instancia regional de coordinación y cooperación entre países centroamericanos.
Programa impulsa intercambio de conocimientos especializados
Durante la reunión, los participantes presentaron avances del Programa Regional de Pasantías Forenses.
La iniciativa busca fortalecer capacidades técnicas y unificar criterios utilizados en evaluaciones y análisis especializados dentro de la región.
Además, las autoridades revisaron mecanismos orientados a mejorar la formación y el intercambio de experiencias entre instituciones participantes.
Países revisan herramientas de formación y seguimiento
Los asistentes también abordaron temas relacionados con la implementación de mallas curriculares y el seguimiento de acciones de cooperación regional.
Estos procesos buscan fortalecer herramientas académicas y técnicas para apoyar el trabajo de instituciones vinculadas con la justicia y la seguridad.
Encuentro reúne delegaciones de varios países
La actividad contó con la participación de representantes y autoridades de servicios de ciencias forenses de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana.
La red desarrolla estudios, propuestas y recomendaciones que buscan fortalecer los sistemas de justicia penal de los Estados miembros según sus marcos legales.
La Fiscalía General de El Salvador reportó que 1,198 personas enfrentaron procesos judiciales entre enero y mayo de 2026 por delitos vinculados con la libertad sexual. Los casos incluyen agresión sexual, violación, acoso sexual y exhibiciones obscenas.
Las estadísticas muestran una reducción de 19 % respecto al mismo período de 2025. Sin embargo, los registros reflejan que este tipo de delitos mantiene una presencia importante dentro del sistema judicial salvadoreño.
Los datos provienen de registros del Ministerio Público divulgados por medios estatales.
Algunas conductas registraron descensos importantes durante el período
Las cifras muestran reducciones en varios tipos de delitos sexuales investigados y procesados este año.
El acoso sexual presentó la caída más marcada. Entre enero y mayo de 2025, las autoridades procesaron 334 expedientes. En el mismo período de 2026, la cifra descendió a 194 casos.
La agresión sexual contra menores de edad y personas incapaces también reflejó una disminución. Los procesos pasaron de 212 a 159 expedientes, una reducción de 25 %.
Además, el delito de estupro mostró una baja. Los registros pasaron de 40 a 29 procesos durante el período analizado.
Por otra parte, la modalidad continuada de agresión sexual en menores e incapaces también redujo su incidencia. Los casos disminuyeron de 88 a 59 expedientes.
Algunos registros reflejaron incrementos pese a la reducción general
Aunque la tendencia general mostró una disminución, algunos delitos aumentaron durante los primeros meses de 2026.
La violación en menor o incapaz registró un incremento. Los procesos aumentaron de 178 a 183 casos, lo que representa cinco expedientes adicionales.
Asimismo, las autoridades registraron un aumento en la categoría de otras agresiones sexuales. Los casos subieron de 71 a 79 procesos.
Las exhibiciones obscenas también reflejaron un leve incremento. Los expedientes judicializados aumentaron de 36 a 38.
Las estadísticas muestran variaciones entre tipos de procesos
Los registros fiscales también muestran cambios en otras categorías vinculadas con delitos contra la libertad sexual.
La violación agravada en menor o incapaz pasó de 58 a 54 procesos durante el período evaluado.
De igual forma, la agresión sexual continuada contra menores o personas incapaces disminuyó de 73 a 55 casos.
Judicial
Fiscalía salvadoreña presenta acusación contra jefes de pandilla Barrio 18 por más de 14 mil delitos
La Fiscalía General de El Salvador acusó a 563 presuntos cabecillas de la pandilla Barrio 18 por miles de delitos acumulados. El caso incluye homicidio, extorsión, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal.
La acusación se dirige contra cabecillas de una estructura considerada una de las más violentas del país. El proceso ya ingresó al sistema judicial especializado en crimen organizado.
Más de 14 mil imputaciones en un solo expediente judicial
La Fiscalía presentó un total de 14,488 imputaciones contra los acusados. Los delitos se habrían cometido desde el año 2012, según el expediente oficial.
El proceso fue remitido al Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado en San Salvador. Esta instancia analiza casos de estructuras criminales de alto impacto.
Entre los cargos aparecen rebelión y pertenencia a organizaciones terroristas. También se incluyen homicidios, extorsiones y tráfico de drogas.
División interna dentro de la estructura criminal
El expediente fiscal identifica dos grandes grupos dentro de los acusados. Un total de 275 pertenecen a la facción conocida como “sureños”.
Otros 288 integran el grupo denominado “revolucionarios”, según la investigación. Ambos sectores habrían operado dentro de la misma estructura del Barrio 18.
La Fiscalía sostiene que estas divisiones mantuvieron actividad criminal coordinada durante varios años. Además, señala a líderes con capacidad de ordenar operaciones desde distintos niveles.
Cabecillas señalados por homicidios y redes de extorsión
Entre los acusados figura Carlos Alberto Rivas Barahona, conocido como “Chino Tres Colas”. Las autoridades lo identifican como jefe histórico de la facción sureños.
También aparece César Daniel Renderos Díaz, alias “El Muerto”. Se le vincula con una masacre ocurrida en Antiguo Cuscatlán en 2006.
Otro nombre es Óscar Giovanni Alfaro Martínez, alias “El Güero”. La Fiscalía lo señala por dirigir una red de extorsión contra vendedores y menores de edad.
Asimismo, el expediente incluye a Óscar René Moreira Palacios, conocido como “El Pollo”. Las autoridades lo ubican como jefe en el sector de La Campanera, en Soyapango.
Investigación vincula crecimiento criminal con periodo de tregua
La Fiscalía relaciona parte del fortalecimiento de estas estructuras con la llamada “tregua entre pandillas”. Este periodo ocurrió en administraciones anteriores.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, afirmó que las pandillas habrían ampliado su capacidad operativa en ese contexto.
Las autoridades señalan que el objetivo del proceso es individualizar responsabilidades penales. Cada acusado deberá responder por los delitos que se le atribuyen.
La Fiscalía General presentó una acusación formal contra 563 presuntos integrantes y cabecillas de la pandilla Barrio 18 ante el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Según informó el fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, los procesados enfrentan cargos relacionados con 14,488 delitos acumulados desde 2012. Entre las acusaciones figuran rebelión y pertenencia a organización terrorista, una figura penal que actualmente puede ser castigada con cadena perpetua.
El caso constituye uno de los procesos judiciales más amplios impulsados contra estructuras criminales en el país y reúne hechos investigados durante más de una década.
Investigación reúne a integrantes de dos facciones rivales
De acuerdo con la Fiscalía, el proceso incluye a 275 acusados vinculados a la facción Sureños y a 288 señalados como miembros de la facción Revolucionarios.
Las autoridades sostienen que ambos grupos formaban parte de estructuras criminales con capacidad para coordinar operaciones en distintas zonas del territorio salvadoreño.
Además, la acusación agrupa múltiples expedientes y hechos delictivos atribuidos a los procesados durante varios años.
Expediente incorpora ataques de alto impacto
Entre los hechos incluidos en la acusación figura la masacre de San Juan Opico, uno de los casos de violencia más recordados en el país. Este crimen dejó 11 fallecidos, en 2016.
Asimismo, la Fiscalía atribuye a algunos de los acusados la participación en un ataque con coche bomba contra el Ministerio de Seguridad.
El expediente también incorpora atentados contra el Centro Judicial Isidro Menéndez y contra instalaciones policiales, según la información presentada por el Ministerio Público.
Autoridades señalan planes contra instituciones estatales
La acusación también incluye delitos relacionados con el tráfico de armas y granadas.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, esos artefactos presuntamente estaban destinados a ejecutar ataques contra sedes del sistema de justicia.
Las autoridades sostienen que estas acciones buscaban afectar el funcionamiento de instituciones encargadas de la seguridad y la persecución del delito.
Judicial
Fiscalía General continúa alegatos finales en juicio contra 485 presuntos líderes de la MS-13
La Fiscalía General continuó la fase de alegatos finales en el proceso judicial contra 485 presuntos cabecillas de la pandilla MS-13, considerado el juicio masivo más grande en la historia del país.
La audiencia se desarrolla ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador. Según la acusación, los procesados enfrentan más de 47,000 imputaciones por delitos presuntamente cometidos entre 2012 y 2022.
Durante la jornada, los fiscales profundizaron en la teoría de los aparatos organizados de poder, una estrategia jurídica con la que buscan demostrar la responsabilidad de quienes, según la acusación, dirigían la estructura criminal desde las calles y los centros penitenciarios.
Ministerio Público expone origen y expansión de la estructura
Como parte de los argumentos, la Fiscalía presentó información sobre la evolución de la MS-13 desde su formación y el crecimiento de su organización en El Salvador.
Además, detalló que la estructura estaba integrada por 32 programas nacionales, dos programas en el extranjero y 230 clicas o células operativas.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, afirmó que esta etapa constituye una de las partes centrales del caso.
Según explicó, la institución busca demostrar cómo pequeños grupos territoriales evolucionaron hasta conformar una organización con presencia en todo el país y una estructura de mando definida.
Acusación incluye delitos atribuidos durante una década
La Fiscalía sostiene que varios acusados ejercían funciones de dirección y mantenían control sobre las operaciones de la organización.
Posteriormente, los alegatos abordarán delitos como rebelión, homicidios, extorsiones, tráfico de armas, tráfico de drogas y tráfico de personas.
De acuerdo con el Ministerio Público, la presentación de argumentos y pruebas se extenderá durante aproximadamente dos semanas.
Exposición se desarrollará por regiones del país
La programación contempla analizar los casos según las zonas donde operaban los distintos grupos señalados por la acusación.
La Fiscalía iniciará con estructuras de la zona occidental y luego avanzará hacia las regiones central, metropolitana, paracentral y oriental.
Tras concluir los alegatos de las partes, el tribunal evaluará las pruebas incorporadas al proceso antes de emitir una resolución sobre las responsabilidades penales atribuidas a los acusados.
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Quinto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 165
Cuarto episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 164
Certeza jurídica, modernización fiscal y el rol estratégico del derecho tributario en el entorno empresarial.
Tercer episodio del podcast de Derecho y Negocios | Edicion 163
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