Salvadoreño deportado por error se declara no culpable de cargos federales en corte de Estados Unidos

Kilmar Ábrego García, migrante salvadoreño que fue deportado pese a una orden judicial que lo protegía, se declaró no culpable este viernes ante un tribunal federal en Tennessee por cargos relacionados con tráfico de personas. Su caso, que ya provocó una ola de críticas contra la política migratoria de Estados Unidos, vuelve ahora al foco público con un juicio cargado de implicaciones legales, políticas y humanas.

Ábrego, residente en Maryland desde hace más de diez años, fue detenido en 2022 durante un control de tránsito mientras transportaba a nueve personas en Tennessee. Según la fiscalía, habría trasladado migrantes desde Houston hacia distintos puntos del país. Sin embargo, su defensa sostiene que se trata de un trabajador de la construcción acusado injustamente y que no existen pruebas contundentes en su contra.

Deportación bajo polémica
El caso de Ábrego adquirió notoriedad cuando, en marzo de 2025, fue deportado a El Salvador a pesar de una orden judicial emitida en 2019 que lo protegía por riesgo de persecución por pandillas. Su retorno a Estados Unidos la semana pasada, tras la presión de su equipo legal y organizaciones defensoras de derechos humanos, fue visto como un intento por reparar una violación al debido proceso.

Los abogados del acusado calificaron los cargos de tráfico humano como “absurdos” y argumentaron que Ábrego fue injustamente recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, lo que constituye una grave violación a sus derechos. También solicitaron su liberación inmediata mientras se desarrolla el juicio, alegando que su permanencia en prisión representa una afrenta al sistema judicial.

Acusaciones sin cargos formales
Aunque la fiscalía no ha presentado cargos adicionales, ha vinculado a Ábrego con delitos como tráfico de armas y drogas, abuso sexual y hasta un homicidio en El Salvador. La jueza del caso advirtió que tales señalamientos no pueden ser utilizados como base para su detención sin pruebas ni imputaciones formales.
“Lo que tenemos es un trabajador honesto, no un jefe criminal”, expresó su abogado principal, quien además recordó que la pena promedio por tráfico humano en Estados Unidos en 2024 fue de 15 meses.

La defensa también mantiene una demanda contra la administración Trump por desacato, al haber deportado a Ábrego desobedeciendo una orden judicial de repatriación.

Renuncias y protestas
El caso ya ha tenido repercusiones dentro del propio sistema judicial. Ben Schrader, jefe de la división criminal de la Fiscalía del Distrito Medio de Tennessee, renunció el mismo día de la acusación formal contra Ábrego. En su carta pública, aseguró que su deber era “hacer lo correcto, de la manera correcta y por las razones correctas”.

Mientras tanto, afuera del tribunal federal donde se llevó a cabo la audiencia, más de un centenar de manifestantes exigían justicia. Carteles con mensajes como “El debido proceso no se negocia” y “No más deportaciones injustas” llenaban las calles. Entre los manifestantes había líderes comunitarios, representantes de organizaciones proinmigrantes y miembros del Consejo Metropolitano de Nashville.

Una batalla legal y moral
Durante la audiencia, que inició a las 9:55 a.m., solo se permitió el ingreso de 44 personas al tribunal por restricciones de espacio. Ábrego, vestido con un uniforme naranja, escuchó la lectura de los cargos y reafirmó su inocencia. Su esposa, Jennifer Vásquez Sura, leyó en voz alta un mensaje que él escribió desde prisión: “Estos tiempos oscuros son pruebas de Dios, pero la luz llegará y podremos reencontrarnos con nuestras familias”.
Una audiencia más está programada para las próximas semanas, mientras crece la presión social para que el caso sea revisado con imparcialidad y respeto al debido proceso.