Las reservas internacionales netas de El Salvador crecieron un 15.23 % durante el primer semestre de 2026, según datos publicados por el Banco Central de Reserva (BCR).

El saldo acumulado llegó a 5,167.43 millones de dólares al cierre de junio. La cifra representa un incremento de 682.94 millones frente a los 4,484.49 millones registrados en diciembre de 2025.

La evolución mensual mostró variaciones. En enero las reservas disminuyeron 2.48 millones de dólares. Posteriormente aumentaron 50.07 millones en febrero y 99.48 millones en marzo. En abril registraron un alza de 474.57 millones, mientras que en mayo retrocedieron 87.17 millones. Finalmente, en junio repuntaron con un incremento de 148.47 millones.

Moneda extranjera concentra la mayor parte del saldo

El Banco Central de Reserva informó que 4,998.44 millones de dólares del total corresponden a reservas en moneda extranjera.

Además, las reservas en oro sumaron 271.37 millones de dólares. Este componente mostró una reducción respecto a diciembre de 2025, cuando alcanzaba 296.31 millones de dólares.

Recursos fortalecen la capacidad financiera del país

El Fondo Monetario Internacional (FMI) define las reservas internacionales como activos externos bajo control de las autoridades monetarias. Estos recursos permiten atender necesidades de financiamiento de la balanza de pagos, respaldar la estabilidad financiera e intervenir en los mercados cambiarios cuando sea necesario.

El fortalecimiento de las reservas también forma parte del acuerdo por 1,400 millones de dólares alcanzado entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional.

Según el organismo financiero, ese programa busca reforzar la sostenibilidad fiscal y externa mediante un plan de consolidación fiscal y medidas orientadas a incrementar el nivel de reservas internacionales del país.

Con información de EFE

El Gabinete de Seguridad de El Salvador presentó este miércoles el balance de una operación antidrogas realizada el pasado 18 de junio en aguas internacionales del océano Pacífico, donde la Marina Nacional decomisó 6.68 toneladas de cocaína.

Durante la conferencia, las autoridades informaron que el cargamento está valorado en aproximadamente 167 millones de dólares y calificaron la incautación como la mayor registrada en una sola operación por las instituciones salvadoreñas.

Intervenciones ocurrieron con seis horas de diferencia

De acuerdo con el informe oficial, la primera acción se desarrolló a 582 millas náuticas, equivalentes a 1,074 kilómetros, al suroeste de la Bocana El Cordoncillo, en el Estero de Jaltepeque.

En ese punto, la Marina interceptó una embarcación tipo Low Profile Vessel (LPV), donde capturó a dos ciudadanos colombianos y un ecuatoriano. Según las autoridades, la nave transportaba 3.425 toneladas de cocaína.

Seis horas después, las unidades navales localizaron una segunda embarcación de características similares a 633 millas náuticas, o 1,172 kilómetros, del mismo punto de referencia.

En esa segunda intervención fueron detenidos otros dos colombianos y un ecuatoriano, quienes trasladaban 3.255 toneladas adicionales de cocaína.

Decomisos acumulados superan las 13 toneladas en 2026

Con ambas acciones, las autoridades reportaron la captura de seis personas y el decomiso total de 6.68 toneladas de cocaína.

Además, informaron que El Salvador suma 13.2 toneladas de cocaína incautadas durante 2026, con un valor estimado superior a 332 millones de dólares.

El fiscal general, Rodolfo Delgado, señaló que estas operaciones buscan impedir que organizaciones dedicadas al narcotráfico utilicen las aguas marítimas para transportar cargamentos ilícitos. Asimismo, el Ministerio de la Defensa destacó que el operativo fue resultado de las labores de vigilancia y control desarrolladas por la Marina Nacional en el océano Pacífico.

El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR) informó que 35 instituciones públicas de El Salvador han evaluado, simplificado e inscrito 2,100 trámites y modalidades en el Registro Nacional de Trámites (RNT). El proceso responde a la aplicación de la Ley de Mejora Regulatoria, que busca eliminar requisitos innecesarios y agilizar los servicios para ciudadanos y empresas.

La directora ejecutiva del OMR, Mariana Gómez, afirmó que el avance refleja el trabajo coordinado entre las entidades públicas. Además, señaló que la simplificación permite realizar gestiones de forma más rápida y sencilla.

Entidades con mayor número de procesos registrados

La Superintendencia de Regulación Sanitaria lidera el registro con 386 trámites simplificados. Le siguen el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con 280; el Centro Nacional de Registros, con 251; el Ministerio de Salud, con 211; el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, con 150; y la Dirección General de Aduanas, con 122.

También destacan la Superintendencia del Sistema Financiero, con 105 trámites; el Ministerio de Economía, con 94; el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, con 86; y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, con 57.

El resto de instituciones registra entre uno y 46 trámites simplificados. Entre ellas figuran la Dirección General de Migración y Extranjería, el Ministerio de Turismo, el Registro Nacional de las Personas Naturales, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Educación y el Banco Central de Reserva.

Objetivo de la reforma administrativa

El OMR, adscrito a la Presidencia de la República, dirige el Sistema de Mejora Regulatoria en El Salvador. Según la institución, el objetivo es reducir los tiempos y costos administrativos mediante la simplificación de trámites públicos.

Además, el Registro Nacional de Trámites concentra la información sobre los procedimientos oficiales, con el propósito de ofrecer mayor claridad a los usuarios y fortalecer el clima de negocios e inversión en el país.

La Fiscalía General de la República de El Salvador, en coordinación con la Policía Nacional Civil, ejecutó la madrugada de este miércoles un operativo que culminó con la captura de seis presuntos integrantes de una estructura dedicada al contrabando de celulares de alta gama y consolas de videojuegos provenientes de Estados Unidos.

Según la investigación, la organización operó desde 2023 y distribuía funciones entre sus miembros. Algunos viajaban a Estados Unidos para ingresar la mercadería sin declararla ante las autoridades aduaneras. Cuando enfrentaban controles, presuntamente presentaban documentación alterada para justificar el ingreso de los productos.

Autoridades investigan movimientos financieros millonarios

La Fiscalía indicó que otros integrantes administraban las ganancias obtenidas mediante el comercio de los equipos electrónicos. Además, realizaban viajes de corta duración a Estados Unidos y trasladaban montos inferiores al límite de reporte para evitar alertas sobre las operaciones.

De acuerdo con la institución, la estructura movilizó más de 10 millones de dólares mediante depósitos, retiros, transferencias, compras, pagos de impuestos, multas, mercancías declaradas y diferencias aduaneras.

Registros permitieron incautar evidencia para el caso

Durante el operativo, las autoridades realizaron registros en distintos distritos de San Salvador y La Libertad. Como resultado, incautaron dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentos que, según la Fiscalía, fortalecerán la investigación.

Los detenidos fueron identificados como Marta Alicia Menjívar Rivera, Noé Eliezar Mejía Rivas, Rodrigo José Argumedo Lagos, Miguel Ángel Carranza Ramírez, Julio Ernesto Mejía Montano y Nilton Audelino Santos Flores.

La Fiscalía informó que todos enfrentarán cargos por los presuntos delitos de agrupaciones ilícitas, contrabando de mercaderías y falsedad ideológica. El proceso judicial determinará su responsabilidad conforme a la legislación salvadoreña.

La Fiscalía General de El Salvador concluyó este martes sus alegatos finales en el juicio contra 486 presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), un proceso que se desarrolla ante el Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Con ello, la etapa de presentación de argumentos por parte del Ministerio Público llegó a su fin y el caso avanza hacia la decisión judicial.

Durante el cierre del proceso, la Fiscalía anunció que solicitará las penas máximas previstas por la ley para los acusados y una reparación civil de 9 millones de dólares.

Ministerio Público sostiene acusaciones por miles de hechos delictivos

La Fiscalía indicó que, durante varios meses de audiencia, presentó pruebas relacionadas con más de 14,420 imputaciones por delitos que, según la acusación, fueron ordenados entre 2012 y 2022.

Además, el Ministerio Público afirmó que la estructura de mando de la MS-13 avaló la comisión de 47,427 hechos delictivos, entre ellos unos 500 casos de homicidio con alrededor de 29,000 víctimas.

El fiscal adjunto Max Muñoz sostuvo que las sanciones solicitadas podrían representar condenas de miles de años de prisión para algunos de los procesados, conforme a la legislación aplicable y a la cantidad de delitos atribuidos.

Alegatos incluyeron homicidios y ataques contra funcionarios

En la última jornada, los fiscales expusieron casos de homicidios ocurridos entre 2012 y 2022, incluidos 88 hechos registrados en la zona oriental del país.

Entre los expedientes presentados figuró el asesinato del fiscal Andrés Ernesto Oliva Tejada, ocurrido en marzo de 2015 en Usulután. Según la Fiscalía, un testigo con criterio de oportunidad declaró que el crimen fue planificado desde el penal de Ciudad Barrios.

Los alegatos también abordaron el homicidio del sargento José Guardado en 2016 y otros casos que involucraron a agentes de la Policía Nacional Civil, miembros de la Fuerza Armada y un custodio penitenciario.

Asimismo, la Fiscalía presentó información sobre un ataque con granada contra el penal de Ciudad Barrios en marzo de 2017, hecho que calificó como acto de terrorismo.

A la espera de la resolución

El juicio involucra a 486 presuntos cabecillas de la Mara Salvatrucha. De ese total, 413 comparecen de forma remota desde distintos centros penitenciarios, mientras que 73 permanecen prófugos y son procesados como imputados ausentes.

Entre los acusados figuran 24 integrantes señalados por la Fiscalía como parte de la denominada “ranfla histórica”, además de más de 200 presuntos miembros de la dirección de la estructura y 253 supuestos corredores.

Todos enfrentan cargos por agrupaciones ilícitas. Además, varios son procesados por delitos como homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión agravada, tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, actos de terrorismo, rebelión y otros ilícitos vinculados al crimen organizado.