Funcionarios recordaron que este jueves 9 de enero iniciará la imposición de multas de tránsito por exceso de velocidad, de carga y otras infracciones de tránsito. Los controles por medio de cámaras arranca en el transitado bulevar Monseñor Romero, que cruza los distritos de Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán y San Salvador Centro.

Según informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, el sistema de fotomultas está diseñado para detectar de manera automática infracciones graves y muy graves y las sanciones se aplicarán directamente al número de placa del vehículo infractor, lo que vincula la multa a la tarjeta de circulación. 

Este enfoque busca agilizar el proceso y reducir la posibilidad de errores humanos.

Objetivo: seguridad, no recaudación

Autoridades recalcan que la intención del sistema no es sancionar indiscriminadamente, sino fomentar una mayor responsabilidad al volante. 

“Nuestro objetivo no es sancionar, sino fortalecer la seguridad vial”, aseguró el titular del ministerio de Obras Públicas. 

En ese sentido, el tramo del bulevar Monseñor Romero ya cuenta con la señalización adecuada para informar a los conductores.

Un llamado a la responsabilidad 

La Secretaría de Prensa de la Presidencia también hizo un llamado a la población para respetar las leyes de tránsito y evitar así incurrir en sanciones. 

“Este próximo jueves 9 de enero el Gobierno iniciará la aplicación de fotomultas en el bulevar Monseñor Romero. La población debe acatar la ley de tránsito para evitar infracciones”, advirtió en redes sociales

El procurador general, René Escobar, participó en la entrega de 38 escrituras de propiedad a familias de la comunidad Santa Fe, ubicada en el distrito de Panchimalco, San Salvador Sur y destacó que es un acontecimiento que marca un paso importante hacia la consolidación del derecho a la propiedad para los habitantes de esta comunidad.
Durante su discurso, Escobar subrayó la relevancia de este logro no sólo para los beneficiarios actuales, sino también para las generaciones venideras.
“Ustedes están consolidando el derecho a la propiedad y esto tiene un impacto, y no solo en sus familias actualmente, sino en las futuras generaciones porque van a ser propiedades que el día de mañana sus hijos también van a tener como garantía”, expresó el procurador.
El titular de la Procuraduría General resaltó el compromiso de la institución en garantizar los derechos de los ciudadanos, indicando que este tipo de acciones evidencian una mejora en la función pública.
“En esta oportunidad, ver esa eficiencia de la función pública nos sentimos contentos y podemos decirles que el país va por buen camino. No sólo en lo que se está corrigiendo, porque esta es una corrección de la deficiencia que hemos tenido por años, sino también de lo que se está haciendo por los casos a futuro”, afirmó Escobar.
Los beneficiarios, emocionados por recibir un documento que formaliza la posesión de sus tierras, agradecieron la gestión de las autoridades.
La entrega de escrituras es parte del trabajo de la Mesa de Casos Colectivos, conformada por el Centro Nacional de Registros, la Defensoría del Ciudadano, la PGR, la Fiscalía General y el Ministerio de Vivienda.

El Salvador espera recibir 4.2 millones de visitantes internacionales en 2025, consolidando su posición como uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento en el mundo. Esta cifra supera a los más de 3.9 millones de turistas registrados en 2024, marcando un récord histórico para el país.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, destacó la importancia de la estrategia Surf City en la atracción de visitantes internacionales.
“En 2025 estimamos recibir 4.2 millones de turistas y podríamos superar esa cifra si mantenemos esta tendencia de crecimiento”, afirmó.
Este esfuerzo está respaldado por un préstamo de $106 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que se está destinando a proyectos en la zona oriental del país, como malecones ecológicos y torres de guardavidas en playas como El Cuco y El Esterón.

Iniciativas de infraestructura y capacitación
El plan turístico también incluye la revitalización de parques recreativos, como la Costa del Sol, y la mejora de infraestructuras en sitios clave como la terminal turística de San Sebastián y las cabañas del Parque Natural Cerro Verde.
Además, el Ministerio de Turismo está reforzando las capacitaciones para el capital humano, asegurando un servicio de calidad que fortalezca la experiencia de los visitantes.

Colaboración con el sector privado e internacional
En un esfuerzo por atraer mayor inversión, el gobierno salvadoreño trabaja de la mano con el sector privado, incluyendo hoteleros y proveedores de servicios de alimentación.
Valdez también resaltó la colaboración con entidades internacionales como ONU Turismo, así como con los Ministerios de Economía y Relaciones Exteriores, para fomentar la inversión extranjera directa.
El año 2024 fue excepcional para el turismo en El Salvador, generando un impacto significativo en la economía y el empleo.
Más de 12 millones de personas visitaron parques nacionales, sitios culturales y áreas naturales protegidas, representando un aumento del 14 % respecto a 2023. Además, 3.2 millones de turistas internacionales pasaron más de una noche en el país, en comparación con los 2.4 millones de 2023.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Henry Alexander Mejía, y el superintendente de Regulación Sanitaria (SRS), Noé Geovanni García, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el fin de mejorar la capacitación de los servidores judiciales en el ámbito del derecho sanitario.
La firma de este acuerdo tiene como objetivo principal el desarrollo de actividades formativas que fortalezcan tanto los conocimientos técnicos como prácticos en esta especialidad del derecho.
A través de este convenio, la CSJ se compromete a incluir el derecho sanitario en sus programas de formación y a facilitar las instalaciones necesarias para realizar las actividades formativas.
Por su parte, la SRS se encargará de capacitar a los servidores judiciales en temas clave relacionados con la Ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria y otras normativas vinculadas a la salud pública y la regulación sanitaria.
En la ceremonia de firma, a la que asistieron delegados de ambas instituciones, el superintendente Noé García destacó la importancia de este acuerdo, subrayando que el mismo permitirá un intercambio de conocimientos que fortalecerá las capacidades de ambas entidades.
García afirmó que este esfuerzo conjunto contribuirá al respeto de los derechos de los usuarios y garantizará decisiones judiciales más sólidas y fundamentadas.
Por su parte, el presidente de la CSJ, expresó su satisfacción por el acuerdo y la oportunidad que representa para los jueces y demás servidores judiciales de contar con herramientas más completas en temas de derecho sanitario, un área cada vez más relevante en la legislación del país.

Los depositantes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI) comenzaron a recibir sus fondos, con un máximo de $30,000, un hecho celebrado por muchos después de meses de incertidumbre. Sin embargo, esta medida no ha apaciguado el descontento generalizado de los afectados, quienes exigen respuestas claras sobre el desfalco de $35 millones y justicia para los responsables.
Mientras algunos afiliados expresaron alivio al recuperar sus ahorros, gracias a la intervención de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), otros cuestionan la lentitud del proceso y el impacto del desfalco en sus vidas.
Según Evelyn Marisol Gracias, titular de la SSF, la devolución es posible gracias a los pagos recibidos por créditos previamente colocados, aunque aclaró que este es un proceso gradual: “La erogación de fondos depende de los ingresos que genera la cooperativa por estos créditos”, afirmó el lunes al anunciar la nueva fase de restituciones que beneficiará al 80.5 % de los depositantes.
Sin embargo, los avances en la devolución no borran el trasfondo del caso.
La Fiscalía General de la República ha iniciado un proceso penal contra 32 personas acusadas de apropiarse ilícitamente de $35 millones.
Según las investigaciones, parte de ese dinero fue transferido ilegalmente a Estados Unidos y Alemania. Este escándalo, que sacudió la confianza en COSAVI, derivó en la captura de varios ejecutivos en marzo del año pasado.