El ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez, confirmó que el 6 de enero iniciará la aplicación oficial de las fotomultas en el país, medida que fue anunciada en septiembre pero que se ha venido posponiendo y que forma parte de las reformas a las normativas viales. 

La implementación de estas sanciones tiene como objetivo mejorar la seguridad vial y reducir el número de infracciones en las carreteras, particularmente en zonas donde se han detectado altos índices de velocidad.

En la entrevista Diálogo 21, Rodríguez detalló que el proceso comenzará en el bulevar Monseñor Romero, una de las principales vías del país, donde se ha observado que muchos conductores superan los 90 kilómetros por hora, límite establecido en esta y otras «autopistas principales». 

Además, destacó que las infracciones serán notificadas a los conductores a través de correo electrónico, como parte de las reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial aprobadas recientemente por la Asamblea Legislativa.

“Nosotros estamos planeando empezar el 6 de enero con las fotomultas. Vamos a iniciar con el bulevar Monseñor Romero, y vamos a ir paso a paso para que la población pueda estar debidamente informada”, explicó Rodríguez, quien aseguró que la intención no es sancionar a los conductores, sino más bien sensibilizarlos para que cumplan con las normas y eviten las multas.

El anuncio de las fotomultas comenzó a hacerse público en septiembre, y desde entonces las autoridades han venido preparando a los conductores para su implementación. 

En este sentido, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, también había confirmado la aplicación de las fotomultas para enero de 2025, en el marco de la reforma legislativa que incrementó las sanciones a diversas infracciones.

Entre las modificaciones aprobadas, se incluyó la legalización de las fotomultas y un aumento en las multas por infracciones: las leves pasaron de $50 a $150, mientras que las muy graves llegaron hasta los $150. Asimismo, las nuevas cámaras del circuito de videovigilancia también serán capaces de identificar conductores que utilicen el celular mientras manejan, una de las conductas más peligrosas en las vías.

Las autoridades del MOPT aseguran que, a través de este sistema, se busca no solo sancionar, sino educar a los conductores y mejorar el comportamiento vial, para lo cual se implementará una campaña informativa antes de la puesta en marcha de las fotomultas.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador lanzó un llamado a la ciudadanía para formar parte de una nueva red de facilitadores judiciales, con el objetivo de abordar y resolver conflictos de manera pacífica y sin recurrir a los procesos judiciales tradicionales. 

Este esfuerzo tiene como fin mejorar el acceso a la justicia y promover una cultura de paz en las comunidades, ofreciendo una alternativa a los largos y costosos procesos judiciales.

¿Qué hace un facilitador judicial?

Los facilitadores judiciales son responsables de mediar en disputas dentro de sus comunidades, ayudando a las partes involucradas a encontrar soluciones amigables mediante el diálogo y la negociación. 

De esta manera, los conflictos no se convierten en juicios, lo que aligera la carga de los tribunales y evita el desgaste emocional y económico de los litigantes.

Los requisitos

Para formar parte de esta red, los interesados deben cumplir con ciertos requisitos:

1. Ser mayor de edad y contar con nacionalidad salvadoreña.
2. Poseer una conducta ejemplar, destacándose por su honorabilidad y respeto hacia las normas y valores de la comunidad.
3. Ser un líder o lideresa reconocido en la comunidad, lo que implica tener influencia positiva y ser una persona de confianza.
4. Trabajar por vocación de servicio, actuando de manera voluntaria y sin recibir remuneración alguna.
5. Ser elegido en asamblea por los miembros de la comunidad, un proceso democrático que asegura que el facilitador sea una persona aceptada y respetada.
6. Juramentarse ante el Juez de Paz de la localidad, lo que formaliza su rol dentro del sistema judicial comunitario.

El rol de los facilitadores judiciales no sólo busca agilizar el sistema judicial, sino también fomentar una cultura de resolución pacífica de conflictos. 

Este modelo se basa en la creencia de que muchas disputas pueden resolverse a través de la mediación, evitando así el desgaste de las personas involucradas y reduciendo la sobrecarga de los tribunales.

Los facilitadores judiciales actuarán como puentes entre las partes en conflicto, ayudando a que ambas partes lleguen a un acuerdo justo y equitativo. 

Este enfoque tiene la ventaja de ser más accesible, menos formal y más cercano a la realidad de las comunidades, donde los conflictos son comunes pero pueden ser solucionados mediante la colaboración y el entendimiento mutuo.

La Corte Suprema invita a aquellos interesados en marcar una diferencia significativa en su comunidad a formar parte de esta iniciativa. 

Con una vocación de servicio y un firme compromiso con el bienestar colectivo, los facilitadores judiciales tendrán la oportunidad de transformar la forma en que los salvadoreños resuelven sus problemas legales, contribuyendo a la construcción de un sistema judicial más eficiente, inclusivo y justo.

Ser parte de la red de facilitadores judiciales no sólo es una oportunidad de servicio, sino también una manera de fortalecer el tejido social y promover la paz en cada comunidad de El Salvador.

Para más información sobre cómo postularse y los procedimientos correspondientes, los interesados pueden contactar a la Corte Suprema de Justicia o dirigirse al Juzgado de Paz de su localidad.

La Procuraduría General de la República (PGR) anunció que el cierre de 2024 es positivo en su balance y que atendió a más de 51,626 casos por medio de la unidad de Derechos de Familia y que, además, asistió en 28,223 procesos judiciales.

En un resumen divulgado por la institución, la PGR dijo que ofreció asesoría y acompañamiento legal para garantizar el bienestar familiar y el acceso a la justicia de los derechos fundamentales de cada integrante de la familia.
“Promovemos siempre el respeto, cumplimiento y defensa de dichos derechos”, enfatizó la institución.

Protección de derechos fundamentales
El trabajo de la PGR abarcó la promoción del acceso a derechos esenciales como la alimentación, la salud, la educación y la vivienda.
Uno de los pilares fundamentales de estas acciones fue la gestión de cuotas alimenticias, destinadas a favorecer principalmente a los sectores más vulnerables, como la niñez, la adolescencia, las personas adultas mayores y aquellas con discapacidad.

La Procuraduría destacó su esfuerzo constante por velar por la estabilidad y bienestar de las familias salvadoreñas, subrayando la importancia de la justicia y la equidad para fortalecer el tejido social del país.

El Salvador logró incautar más de 17 toneladas de drogas en 2024, un resultado calificado por las autoridades como el «más exitoso» en la historia reciente del país, marcando un récord en la lucha contra el narcotráfico.
Según el Gabinete de Seguridad, las operaciones realizadas durante el año permitieron decomisar 17.2 toneladas de sustancias ilícitas, valoradas en $429.4 millones, a través de 13 intervenciones estratégicas.
El ministro de Defensa, René Merino Monroy, explicó que de las 17.2 toneladas incautadas, 16.7 toneladas corresponden a cocaína, con un valor estimado de $419.6 millones.
Estas fueron confiscadas por la Fuerza Naval en operaciones realizadas en aguas salvadoreñas. Merino Monroy destacó que los resultados reflejan el éxito del Plan Control Territorial, una estrategia integral del gobierno para combatir el crimen organizado en todo el país.
“Estamos a punto de finalizar el año 2024 y ya podemos decir que se ha convertido en el año más exitoso en materia de seguridad”, afirmó el funcionario.

El último golpe al narcotráfico
El operativo más reciente tuvo lugar el 19 de diciembre, cuando las autoridades interceptaron una embarcación a 1,050 millas náuticas de las costas salvadoreñas, un récord en cuanto a la distancia cubierta. En la nave, que contaba con tres motores fuera de borda, se transportaban 1,500 kilos de cocaína, con un valor de $37.5 millones.
Durante la intervención fueron detenidos dos ciudadanos ecuatorianos, Luis Omar Vera Párraga (63 años) y Edison Rosendo Vinces Miraba (24 años), quienes fueron capturados y puestos a disposición de la justicia.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, subrayó que esta incautación pone en evidencia la creciente capacidad de las instituciones salvadoreñas en la lucha contra el narcotráfico.
“Estamos demostrando al mundo con datos que es posible derrotar a los principales enemigos que tenía la sociedad salvadoreña”, destacó Delgado.
“Este negocio de la droga no será tolerado en este país, y vamos a recorrer los kilómetros y las millas que sean necesarias para ir tras este veneno”, declaró Villatoro.
Además de los decomisos, las autoridades destacaron la captura de 131 narcotraficantes en el marco de diversas operaciones.
La Fiscalía General de la República también informó que cada paquete incautado será sometido a peritajes físico-químicos antes de ser destruido, conforme a la legislación salvadoreña. Los detenidos serán procesados y puestos a disposición de los tribunales de justicia.

Desde la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, la cantidad de conductores peligrosos detenidos ha disminuido en un 50 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, según informes del Viceministerio de Transporte (VMT). 

Esta reducción se atribuye a las estrictas medidas implementadas, como la política de cero tolerancia al alcohol al volante.

La reforma, que se publicó en el Diario Oficial el 20 de diciembre de 2024, ha sido acompañada por una intensiva campaña de información que busca sensibilizar a la población sobre las nuevas normativas. Más de 2 millones de boletines informativos han sido distribuidos por el VMT, en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas (MOP), para asegurar que los ciudadanos estén al tanto de los cambios.

Félix Serrano, director de Tránsito Terrestre, destacó durante una visita a un control vehicular en el kilómetro 37 de la autopista a Comalapa que, desde la implementación de la reforma, se han detenido 23 conductores peligrosos. Este dato representa una significativa disminución respecto al mismo periodo del año pasado, lo que refleja, según Serrano, una mayor conciencia entre los conductores. 

“Creemos que estos resultados preliminares son positivos, y esperamos que se mantengan en el tiempo», comentó el funcionario.

Los controles vehiculares, que se han intensificado a nivel nacional, no solo verifican la documentación y los implementos de seguridad de los conductores, sino que también se utilizan para informar sobre las nuevas disposiciones legales. Una de las principales medidas es la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol o drogas, así como sanciones severas para los infractores, que incluyen penas de cárcel de hasta 10 años, suspensión de la licencia de conducir por un año y la imposibilidad de conciliación económica en caso de accidentes con víctimas fatales.

Además, como parte de los esfuerzos por garantizar la seguridad vial, el gobierno ha desplegado más de 11,000 elementos a nivel nacional y ha instalado más de 2,000 controles vehiculares en todo el país durante la temporada festiva, buscando reducir los riesgos en las carreteras y promover una conducción más responsable.