Legal
Corte IDH condena a El Salvador por violencia obstétrica y violación al derecho a la salud
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a El Salvador responsable por incumplir su deber de garantizar los derechos fundamentales de una mujer conocida como Beatriz, quien enfrentó un embarazo de alto riesgo sin la protección adecuada del Estado.
Beatriz, una joven que padecía enfermedades crónicas como lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoide, enfrentó graves complicaciones durante su segundo embarazo en 2013.
Los médicos determinaron que el feto tenía anencefalia, una condición incompatible con la vida extrauterina. Sin embargo, la ausencia de protocolos médicos claros y la inseguridad jurídica impidieron que recibiera la atención oportuna que necesitaba.
El Comité Médico del Hospital Nacional de Maternidad analizó el caso, considerando interrumpir el embarazo antes de las 20 semanas para proteger la salud de Beatriz.
No obstante, la decisión se trasladó a consultas legales, lo que burocratizó y judicializó el proceso. Como resultado, Beatriz fue sometida a un trato deshumanizado y su familia también sufrió las consecuencias, incluyendo su hijo mayor, de apenas un año de edad.
Finalmente, a las 26 semanas de gestación, se realizó una cesárea. La recién nacida, nombrada Leilany Beatriz, falleció cinco horas después del parto debido a su condición de anencefalia.
Beatriz sobrevivió al procedimiento, pero la Corte determinó que la falta de protocolos claros contribuyó directamente a la violencia obstétrica y a la vulneración de sus derechos.
Durante el juicio, el Estado salvadoreño admitió que existía una “situación de confusión” en torno a los protocolos médicos aplicables.
Aunque se han implementado lineamientos técnicos tras los hechos, la Corte identificó vacíos normativos que continúan afectando la atención adecuada y oportuna en casos similares.
En su sentencia, la Corte indicó que la condición de Beatriz imponía al Estado un deber especial de protección. Sin embargo, la respuesta inadecuada derivó en largos periodos de espera e incertidumbre, constituyendo violencia obstétrica y un incumplimiento en el acceso a recursos judiciales efectivos. Estos fallos afectaron profundamente la integridad personal de Beatriz y su entorno familiar.
Como parte de las medidas de reparación, la Corte ordenó al Estado salvadoreño desarrollar directrices claras y guías específicas para el personal médico y judicial, con el fin de garantizar seguridad jurídica en casos de embarazos de alto riesgo. Esto podrá lograrse mediante la adecuación de protocolos existentes o la emisión de nuevas normativas.
Legal
Fiscalía revela que abogados y custodios ayudaban a pandilleros de MS-13 a ordenar delitos desde prisión
Lead: La Fiscalía General de la República aseguró que abogados, familiares y custodios colaboraban con líderes de la MS-13 para enviar órdenes criminales desde centros penales.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas sobre presuntas redes de apoyo que permitían a líderes de la MS-13 comunicarse desde prisión para ordenar delitos en El Salvador.
Según la acusación fiscal, abogados y custodios penitenciarios colaboraban con cabecillas de la pandilla para trasladar mensajes cifrados hacia mandos medios y estructuras externas.
El señalamiento surgió durante el juicio masivo contra 486 pandilleros, proceso que desarrolla el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado.
Fiscalía detalla uso de “willas” para enviar órdenes criminales
De acuerdo con el resumen difundido por Centros Judiciales El Salvador, los líderes recluidos en distintos penales usaban un sistema llamado “willas”.
Ese método consistía en mensajes escritos con códigos internos. Luego, esos documentos servían para enviar instrucciones, permisos o decisiones dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía sostuvo que cuando la ranfla histórica o la ranfla de penales debía autorizar acciones, la orden salía mediante esas comunicaciones.
Después, abogados, familiares o custodios trasladaban los mensajes hacia otros miembros de la pandilla.
Custodios y abogados ya fueron procesados en otros casos
Centros Judiciales indicó que algunas personas señaladas como colaboradoras ya enfrentaron procesos judiciales y condenas en expedientes anteriores.
La acusación afirma que esos apoyos facilitaron la operación criminal desde las cárceles durante varios años.
Además, el ministerio público sostiene que la red permitía mantener control interno y ejecutar decisiones fuera de prisión.
Fiscalía reproduce audios de la MS-13
Esta semana, la FGR inició la reproducción de audios atribuidos a integrantes de la MS-13.
Según la institución, en esos registros los acusados coordinaban delitos y reportaban hechos ocurridos en clicas y colonias.
La Fiscalía pidió presentar una muestra de 125 audios como parte de la prueba judicial.
Miles de delitos atribuidos a 486 pandilleros
El juicio incluye a 486 acusados, entre ellos supuestos miembros de la Ranfla Nacional, señalada como máxima dirección de la Mara Salvatrucha.
Las autoridades les atribuyen 9,043 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Entre los cargos figuran homicidios, extorsión y violaciones, según la acusación presentada ante el tribunal.
Reportan 525 empleados públicos asesinados
Durante la audiencia, las autoridades también señalaron que entre 2012 y 2022 fueron asesinados al menos 525 empleados públicos.
La mayoría de víctimas eran miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de El Salvador.
Según la Fiscalía, varios de esos crímenes requerían autorización previa de cabecillas encarcelados.
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Corte Suprema recuerda a los abogados recién juramentados a consultar acuerdo digital en 20 días hábiles
La Corte Suprema de Justicia hizo un llamado a los abogados recién juramentados para que consulten su acuerdo de autorización profesional dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de juramentación.
La institución indicó que el trámite debe realizarse por medio del Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados, disponible en la plataforma oficial de servicios judiciales.
El pasado 24 de abril, la Corte juramentó a 116 nuevos abogados.
Pide consultar acuerdo de abogados en línea
Según el aviso oficial, los nuevos profesionales del derecho deben ingresar al sistema con su número de DUI y la contraseña del Sistema de Notificación Electrónica.
Luego, deben seleccionar la pestaña “Acuerdos” para visualizar el documento firmado electrónicamente por la autoridad competente.
Después, cada usuario deberá descargar el archivo y guardarlo en una memoria USB para presentarlo en el Diario Oficial.
La Corte Suprema recordó que el acuerdo no debe imprimirse.
Plazo de 20 días hábiles
La institución reiteró que el plazo para realizar la consulta corre desde la fecha de juramentación.
Por ello, pidió a los abogados recién autorizados revisar el sistema dentro del tiempo establecido para evitar retrasos en el proceso.
Además, aclaró que quienes ingresen por primera vez a la plataforma deberán actualizar sus datos personales antes de continuar.
Sistema digital agiliza trámites legales
El uso del expediente electrónico busca agilizar trámites legales y facilitar el acceso a documentos oficiales para abogados y abogadas.
Con este sistema, la Corte Suprema fortalece la gestión digital y reduce procesos presenciales.
También permite consultar acuerdos de manera más rápida y segura.
Corte Suprema habilita canal de información
Para resolver dudas, la institución puso a disposición el número 2271-8888, extensión 1202.
De esta forma, los abogados recién juramentados pueden recibir orientación sobre acceso al sistema, consulta del acuerdo y pasos pendientes.
Legal
Juicio contra 486 cabecillas de la MS-13 entra en su segunda semana y Fiscalía sostiene que pruebas fortalecen acusación
El proceso judicial masivo contra 486 presuntos cabecillas de la pandilla MS-13 avanzó este lunes a su segunda semana de audiencias, mientras la Fiscalía General afirmó que cuenta con abundante evidencia documental, pericial y testimonial para sustentar los cargos contra los acusados.
La causa es considerada una de las más relevantes impulsadas por las autoridades salvadoreñas contra estructuras criminales de alto mando. Según la acusación fiscal, los procesados habrían ordenado y coordinado delitos cometidos en distintos puntos del país entre 2012 y 2022.
Entre los hechos atribuidos figuran más de 47,000 crímenes, incluyendo más de 29,000 homicidios, además de extorsiones, desapariciones y otros ilícitos vinculados al crimen organizado.
Fiscalía presenta nuevos peritajes en la audiencia
Durante la jornada, especialistas de la División Élite contra el Crimen Organizado expusieron análisis técnicos orientados a vincular a los imputados con las operaciones internas de la pandilla
Los peritajes describieron presuntos mecanismos de coordinación territorial, distribución de funciones y control de zonas estratégicas. Para la Fiscalía, esos elementos ayudan a demostrar que la estructura actuaba bajo una organización jerárquica y con capacidad nacional.
Los fiscales sostienen que las decisiones criminales no respondían a hechos aislados, sino a órdenes emitidas desde niveles superiores de mando.
Teléfono incautado aporta información clave
Uno de los elementos destacados en la audiencia fue el examen forense de un teléfono celular decomisado a un integrante de la organización
De acuerdo con la acusación, la información extraída del dispositivo permitió reconstruir canales de comunicación interna, instrucciones operativas y contactos entre miembros de diferentes sectores.
Las autoridades consideran que ese contenido digital refuerza la tesis de una red coordinada con procedimientos definidos para ejecutar acciones ilícitas.
Testigo relata cómo se autorizaban asesinatos
La audiencia también incluyó la declaración de un testigo que explicó supuestos códigos internos utilizados por la pandilla.
Según su relato, empleaban el término “válvula” para autorizar homicidios, especialmente contra agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Fuerza Armada.
El testigo aseguró que, antes de atacar, los pandilleros identificaban a la víctima, tomaban fotografías y enviaban la información a grupos internos. Posteriormente, afirmó, los llamados “ranfleros” evaluaban la solicitud y emitían una aprobación conjunta.
Para la Fiscalía, ese testimonio evidencia la existencia de una cadena de mando y un sistema interno para ordenar asesinatos.
Proceso continúa bajo atención pública
El juicio se desarrolla bajo fuerte atención pública por la magnitud del caso y el número de imputados. Mientras sectores oficialistas destacan el avance de las acciones contra pandillas, organizaciones críticas mantienen observaciones sobre el desarrollo de procesos masivos
Las audiencias continuarán en los próximos días con la incorporación de más peritos, testigos y pruebas documentales.
Legal
Propiedad intelectual y Mundial 2026: experto advierte riesgos legales por uso no autorizado de marcas y símbolos
La cuenta regresiva para el Mundial 2026 también abre un frente legal clave: la propiedad intelectual. Expertos señalan que el uso no autorizado de marcas, eslóganes, personajes y símbolos vinculados al torneo puede generar multas, sanciones administrativas e incluso procesos penales.
Carlos Castillo, socio y director de Propiedad Intelectual en Romero Pineda, explicó en una entrevista radial con La Tribu que la protección legal de estos activos comienza varios años antes del evento.
La firma Romero Pineda tiene la representación legal de la FIFA para El Salvador.
Protección legal inicia antes del Mundial 2026
Castillo indicó que los organizadores definen con anticipación qué marcas comerciales, frases promocionales y elementos visuales utilizarán durante la Copa del Mundo.
Añadió que el proceso será particular en esta edición, ya que el torneo se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
“Esto empieza años antes del evento del Mundial de fútbol, para saber qué marcas van a utilizar, eslogan y personajes”, señaló.
Evento privado con alta exposición pública
El abogado y socio de la firma explicó que el torneo tiene enorme visibilidad global, pero mantiene derechos privados sobre sus elementos comerciales.
“Se trata de un evento privado de conocimiento público, pero eso no significa que cualquiera se pueda apropiar de cualquier elemento del evento”, afirmó.
Esto incluye nombres oficiales, logotipos, mascotas, campañas promocionales y material gráfico protegido.
Riesgos legales por uso indebido
Castillo advirtió que una empresa o persona no puede usar referencias del Mundial 2026 para atraer clientes sin autorización.
Según explicó, esa práctica puede constituir competencia desleal e infracción marcaria.
“Atraer clientela por medio de eventos como este es competencia desleal”, sostuvo.
También señaló que las autoridades pueden aplicar distintas sanciones según cada caso.
Multas y posibles consecuencias penales
El abogado indicó que existen infracciones administrativas con multas de alto valor económico.
“También hay infracciones administrativas, pero con multas de cientos de miles de dólares”, detalló.
Además, afirmó que algunos casos pueden escalar al ámbito penal.
“Hemos tenido contacto con la Fiscalía General de la República. Dependiendo de la perspectiva también puede haber una implicación penal”, agregó.
Uso periodístico sí tiene límites claros
Castillo diferenció el uso comercial del uso informativo. Explicó que los medios pueden mencionar el evento dentro de criterios legítimos.
“Bajo términos periodísticos sí hay una utilización leal”, señaló.
Sin embargo, recordó que el desconocimiento de la ley no exime responsabilidad cuando existe una infracción.
Propiedad intelectual gana peso económico
El especialista destacó que la propiedad intelectual protege creaciones humanas tangibles e intangibles.
También indicó que en El Salvador esta materia ha ganado importancia en las últimas décadas por su impacto económico.
Agregó que la seguridad jurídica fortalece la confianza para inversiones, negocios y protección de derechos.
Legal
Cadena perpetua en El Salvador ya está vigente tras entrada en vigor de reformas penales
La cadena perpetua en El Salvador ya entró en vigencia luego de cumplirse 30 días desde la ratificación constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele.
La nueva normativa establece prisión perpetua para delitos graves, entre ellos homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones criminales o terroristas.
La reforma penal fue publicada el 27 de marzo en el Diario Oficial y comenzó a aplicarse este domingo. Con ello, el sistema penal salvadoreño incorpora una de las sanciones más severas de su historia reciente.
Qué delitos tendrán cadena perpetua en El Salvador
La ley fija la cadena perpetua como única pena para personas condenadas por varios delitos de extrema gravedad.
Entre ellos figuran:
Homicidio simple
Homicidio agravado
Feminicidio
Violación en distintas modalidades
Integración a organizaciones criminales
Pertenencia a grupos terroristas
Además, las pandillas pasan a encajar en esa categoría penal.
Reforma penal también alcanza a menores de edad
La normativa incluye a personas entre 12 y 18 años. En esos casos, los tribunales aplicarán revisiones obligatorias para valorar posibles medidas futuras.
Antes de esta reforma, los miembros de pandillas enfrentaban cargos por agrupaciones ilícitas.
Las condenas iban de 20 a 30 años. Para cabecillas, las penas llegaban hasta 45 años.
Ahora, ese delito se aplicará a otros grupos delictivos no vinculados a pandillas, con penas de 10 a 20 años.
Cuándo podrán revisar condenas de prisión perpetua
La ley ordena revisiones periódicas de las penas. Los jueces deberán evaluar cada cinco años si procede un régimen de libertad controlada.
Los plazos mínimos serán:
25 años para menores de edad
30 años para adultos
35 años en casos con múltiples delitos
40 años cuando existan agravantes
Gobierno defiende medida y organismos la cuestionan
El oficialismo aseguró que la cadena perpetua en El Salvador cumple estándares constitucionales e internacionales, debido a los mecanismos de revisión judicial.
Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la prisión perpetua para menores de edad. El organismo indicó que esa sanción resulta incompatible con fines de reinserción.
Además, Human Rights Watch también expresó objeciones por posibles choques con normas internacionales de derechos humanos.
Reforma entra en vigor durante régimen de excepción
La medida comenzó en medio del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Esa política permitió miles de capturas y una reducción de homicidios.
No obstante, organizaciones críticas reportan denuncias por violaciones a derechos humanos y muertes bajo custodia estatal.
Con información de Diario El Mundo
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