La Procuraduría General de la República (PGR) suscribió una carta de entendimiento con el Proyecto Justicia, iniciativa implementada por Dexis Consulting Group y financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 

Este acuerdo tiene como objetivo fortalecer las capacidades de investigación de la defensa pública penal y mejorar los servicios institucionales, en una alianza estratégica que promete optimizar el acceso a la justicia y el trato hacia las víctimas.

El Proyecto Justicia, que ya ha demostrado ser un motor de cambio en el ámbito judicial, busca implementar soluciones efectivas para garantizar que las víctimas tengan acceso a una justicia más pronta y eficiente. 

Entre los objetivos clave del proyecto destaca la ampliación y fortalecimiento de los servicios de asistencia y trato para las personas afectadas por el sistema judicial.

En su intervención, el procurador general René Escobar subrayó las áreas de intervención del memorándum de entendimiento, que incluyen el fortalecimiento de la investigación en la defensa pública penal, la ampliación del acceso a la justicia para las víctimas y la optimización de las capacidades institucionales para brindar servicios de calidad.

Este esfuerzo conjunto reafirma el compromiso de ambas instituciones de mejorar de manera continua la calidad de los servicios que ofrecen a la ciudadanía. «Nuestro deber es con la población usuaria, y estamos comprometidos a seguir trabajando para garantizar que sus derechos sean respetados y sus necesidades atendidas de manera humana y cercana», afirmó Escobar.

Además, se destacó el enfoque del Proyecto Justicia y la PGR por una justicia centrada en la persona, priorizando la calidad, cercanía y humanidad en la atención a los usuarios. Este enfoque no solo busca mejorar los procedimientos judiciales, sino también hacer que las víctimas se sientan respaldadas y escuchadas durante todo el proceso judicial.

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, anunció que durante la temporada de Navidad y Fin de Año se han intensificado los operativos antidoping en las calles y carreteras del país, con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito causados por conductores bajo los efectos del alcohol.
Reyes destacó que, a lo largo de todo el año, un total de 2,202 personas han sido detenidas por conducción peligrosa.
“Estamos llevando a cabo controles continuos, pero en esta época los hemos reforzado para capturar a aquellas personas que, de manera imprudente, conducen bajo los efectos del alcohol”, señaló Reyes.
En comparación con el mismo período del año pasado, cuando se detuvieron a 1,700 personas, se ha registrado un aumento de aproximadamente un 30%, lo que refleja una mayor efectividad en la detección de infractores.
El funcionario también se refirió al servicio de grúa gratuito “MOPT de Asiste”, que se mantiene activo durante estas fechas.
Sin embargo, recalcó que para poder hacer uso de este servicio, los conductores deben tener al día sus documentos de tránsito y no estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
“Si se dan esas condiciones, la grúa podrá trasladar el vehículo, pero de una manera diferente”, explicó.
Hasta la fecha, el programa ha brindado 307 asistencias viales, garantizando la atención a los conductores que necesiten apoyo en situaciones de emergencia.
Reyes también hizo hincapié en que, además de los operativos antidoping, se implementarán controles de velocidad en diversas carreteras del país, especialmente en zonas con alta siniestralidad, como las rutas hacia Comalapa, la Troncal del Norte, Usulután y Sonsonate. “En estas áreas, donde se han registrado accidentes debido a la velocidad excesiva, se redoblarán los esfuerzos para garantizar la seguridad vial”, concluyó el viceministro.
La conducción peligrosa se refiere a la guiar un vehículo de forma que representa un riesgo para la seguridad de los ocupantes del vehículo, otros conductores, peatones y la infraestructura vial.
Esta conducta puede implicar varias infracciones y comportamientos que ponen en peligro la vida y la integridad de las personas.
Entre estas, manejar bajo los efectos de bebidas embriagantes o drogas.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) recordó una de las causas más importantes para solicitar el divorcio: la “vida intolerable”. Este concepto, en el contexto del derecho familiar salvadoreño, reconoce que la salud y el bienestar de las personas deben prevalecer por encima de cualquier otro factor en una relación de pareja, permitiendo que una persona pueda solicitar el divorcio si su convivencia está afectando gravemente su salud física o emocional.

La ley como apoyo al bienestar personal

El divorcio es el proceso legal que pone fin a un matrimonio y en El Salvador, se puede tramitar por diversas causas. Entre ellas, la más relevante en este contexto es el divorcio por vida intolerable, un motivo que se activa cuando las condiciones de convivencia se vuelven insostenibles para uno de los cónyuges, afectando su bienestar integral. 

En este sentido, la Corte explicó, por medio de sus redes sociales, que el bienestar físico y emocional de las personas es una prioridad para el sistema judicial, que ofrece respaldo legal en situaciones donde la relación se vuelve insoportable.

¿Qué constituye una “vida intolerable”?

El concepto de “vida intolerable” está relacionado con situaciones que incluyen pero no se limitan a las siguientes causas:

Incumplimiento grave de los deberes matrimoniales: Esto incluye la violación de los principios fundamentales del matrimonio, tales como el respeto mutuo, la fidelidad, y la asistencia en momentos de necesidad. Si uno de los cónyuges incumple de manera reiterada sus responsabilidades, afectando así la estabilidad emocional y la salud del otro, se puede considerar una causa válida para el divorcio.

1. Mala conducta notoria: Se refiere a comportamientos de uno de los cónyuges que afectan gravemente la salud emocional o física del otro. Esta mala conducta puede ser, por ejemplo, violencia psicológica, abuso físico o conductas que generen un ambiente tóxico e insostenible para la persona afectada.
2. Hechos graves semejantes: Además de los puntos anteriores, cualquier otro comportamiento grave que implique un daño emocional o físico evidente puede ser motivo para solicitar el divorcio bajo la figura de vida intolerable.

La protección legal en momentos de crisis

Para la Corte Suprema de Justicia, es fundamental que las personas que se encuentren en situaciones donde su salud se vea comprometida por una convivencia insostenible, sepan que cuentan con un respaldo legal que les permite tomar la decisión de poner fin a su matrimonio de manera formal. 

El derecho a vivir una vida libre de sufrimiento y violencia es esencial y está garantizado por la legislación salvadoreña.

El mensaje de la Corte también enfatiza que el bienestar emocional y físico de las personas debe ser siempre una prioridad, y que la ley no solo permite el divorcio, sino que también lo facilita en situaciones extremas que ponen en peligro la salud de uno de los cónyuges.

Un llamado a la reflexión y la acción

La Corte invita a las personas que estén atravesando una situación de «vida intolerable» a no dudar en recurrir a la justicia, ya que existen mecanismos legales para proteger sus derechos y su salud. 

El divorcio por vida intolerable no solo es un derecho de quien lo solicita, sino una herramienta que permite restablecer su bienestar y calidad de vida.

El mensaje final de la Corte es claro: Tu salud y bienestar son lo más importante y la ley está de tu lado. No hay razón para permanecer en una relación que atente contra tu integridad, y la justicia salvadoreña te ofrece el respaldo necesario para tomar las decisiones que mejor te convengan.

La Procuraduría Especializada de Familia llevó a cabo el curso titulado “Técnicas de oralidad e interrogatorios en procesos de familia” con el objetivo de reforzar las competencias de los defensores públicos y procuradores adscritos al área de protección de personas en situación de vulnerabilidad.
Esta actividad, que contó con la participación de 70 defensores públicos de diferentes regiones del país, busca mejorar la calidad del servicio que brindan a la población en procesos judiciales familiares.
El curso fue diseñado para proporcionar herramientas prácticas y teóricas en técnicas de oralidad e interrogatorio, aspectos clave para garantizar una defensa sólida y respetuosa de los derechos humanos de los usuarios.
Con un enfoque especial en los sectores más vulnerables, la jornada de formación tiene como propósito mejorar los procesos judiciales, haciéndolos más ágiles, justos y enfocados en salvaguardar a quienes más lo necesitan.
Esta iniciativa es parte de los planes estratégicos de la Procuraduría General de la República para promover la justicia y proteger los derechos de la población, especialmente en el contexto de procesos que involucran a niños, mujeres y otras personas en situaciones de alta vulnerabilidad.
Al capacitar a los defensores públicos en técnicas especializadas, se busca asegurar una intervención profesional que respete los derechos fundamentales de los involucrados, garantizando una defensa efectiva en cada caso.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) lanzó una convocatoria a todos los funcionarios y servidores públicos del país, insistiendo en la importancia de su rol en la lucha contra la corrupción.
A través de mensajes claros y directos en redes sociales, la institución destacó la necesidad de mantener principios éticos sólidos y rechazar cualquier forma de corrupción que pueda empañar el trabajo del sector público.
La Corte y su campaña “No dejes que la corrupción te alcance, di no a la corrupción”, resaltó que los servidores públicos tienen la responsabilidad de evitar el abuso de poder y el uso indebido de los bienes del Estado para beneficio personal o de terceros.
De acuerdo con el artículo 3, literal “f”, de la Ley de Ética Gubernamental, se considera corrupción cualquier acto de abuso del cargo o de los recursos públicos, ya sea por acción u omisión, con el fin de obtener un beneficio económico o de otra índole.
En este contexto, la Corte recalcó que la participación activa de los funcionarios es esencial en la prevención y combate de la corrupción.
Para lograr este objetivo, los servidores públicos deben integrar en su gestión la identificación y administración de los riesgos asociados a prácticas corruptas.
Además, deben estar comprometidos con los estándares internacionales en materia de transparencia y ética, implementando buenas prácticas dentro de sus espacios de trabajo.

Uno de los aspectos más destacados en el mensaje de la Corte es la importancia de mantener una política de “cero tolerancia” frente a la corrupción.
Este enfoque implica no sólo reconocer los riesgos de corrupción, sino también tomar medidas concretas para erradicarlos, asegurando que cada funcionario asuma su papel como un ejemplo de honestidad y compromiso con el bienestar de la sociedad.
Para fortalecer estos esfuerzos, la Corte llamó a la adopción de principios éticos claros y la creación de una cultura institucional que rechace la corrupción en todos sus niveles.
En este sentido, las autoridades judiciales insistieron en que cada acto de corrupción socava la confianza pública y el desarrollo del país, lo que hace imprescindible que los servidores públicos actúen con integridad y transparencia en cada una de sus funciones.
La Corte instó a los funcionarios a mantenerse firmes en sus principios, garantizando que el Estado opere con el más alto estándar de ética y transparencia para el beneficio de la sociedad salvadoreña.