La Fiscalía General de la República ha presentado un segundo paquete de solicitudes para agrupar en una sola causa a 1,739 imputados miembros de la pandilla MS-13, vinculados a diferentes clicas. Los requerimientos se han presentado en los tribunales contra el crimen organizado en San Salvador, Santa Ana y San Miguel.

En San Salvador, las solicitudes se dirigen contra 637 pandilleros pertenecientes a diversas clicas que operaban en distintas zonas. Entre ellos se encuentran miembros de las clicas Santomas Locos Salvatruchos, Alaska Criminal Locos Salvatruchos, Delicias Buenos Criminales Locos Salvatruchos, City Paradise Locos Salvatruchos, Centrales Locos Salvatruchos y Altos Crazy Locos Salvatruchos.

En la zona Paracentral, se busca agrupar a 61 imputados de la clica Centrales Locos Salvatruchos del Programa La Paz, que operaba en San Francisco Chinameca, La Paz. En la zona oriental, se presentaron solicitudes contra 287 pandilleros, destacando la clica Mirada Loca y la clica Molino Locos Salvatruchos.

En la zona occidental, se pide el agrupamiento de 110 imputados de la clica Novena Locos Salvatruchos. Mientras que en la zona central, se requiere agrupar a 644 pandilleros de diversas clicas como Porteños Locos Salvatruchos, Kaskajeras Locos Salvatruchos, Villa Madrid Locos Salvatruchos y Cinco Cedros Locos Salvatruchos.

Todos los pandilleros serán procesados en una sola causa por agrupaciones ilícitas, conforme al Decreto Legislativo No 803 sobre el Régimen de Excepción.

En una sesión conjunta entre la Corte Suprema de Justicia y la Misión Internacional de Justicia, se presentaron los resultados y la proyección de trabajo para el periodo 2023-2024, centrados en el proyecto de fortalecimiento del sistema judicial para abordar la violencia contra mujeres, niñez y adolescencia.

La magistrada de la Sala de lo Constitucional, Elsy Dueñas Lovos, destacó la importancia de los programas promovidos por la Misión Internacional de Justicia, señalando su contribución a las personas más vulnerables del país.

Por su parte, Marla González, directora país de la Misión Internacional de Justicia, resaltó el privilegio de trabajar de cerca con las dependencias de la CSJ para abordar las necesidades identificadas a nivel territorial y del equipo judicial.

Durante la presentación, se compartieron los resultados del diagnóstico de conocimientos, actitudes y prácticas con perspectiva de género en funcionarios judiciales. Esto condujo al diseño de un plan formativo dirigido a reforzar las competencias técnicas en la atención a víctimas de violencia.

Además, se destacó el acompañamiento proporcionado al Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales para potenciar sus capacidades a través de programas formativos.

La Corte Suprema de Justicia y la Misión Internacional de Justicia reafirmaron su compromiso de continuar trabajando juntas para identificar oportunidades de mejora en beneficio de los actores del sistema de justicia.

En la sesión también estuvieron presentes Vanesa Leiva, directora de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia, Benjamín Chicas, jefe de la Unidad Coordinadora del SNFJ, y representantes de la Misión Internacional de Justicia.

La Unidad Coordinadora del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales (SNFJ), en colaboración con la Misión Internacional de Justicia (MIJ), ha iniciado la primera jornada de entrenamiento en Atención Informada en Trauma (AIT) dirigida a jueces de paz de la zona Central y Paracentral.

El objetivo principal de esta jornada es fortalecer las capacidades de los operadores de justicia en la atención informada en el trauma y la evaluación de estrategias de sobrevivientes para mejorar la asistencia a las personas víctimas.

Según Elsy Dueñas Lovos, magistrada de la Sala de lo Constitucional y Coordinadora de la Comisión de Seguimiento del SNFJ, esta iniciativa amplía el servicio en tres juzgados más, lo que facilita el acceso a la justicia y los derechos fundamentales para los sectores vulnerables.

Marla Martínez González, directora País de MIJ en El Salvador, destacó la importancia de este enfoque para el cuidado de las personas vulneradas en sus derechos y para los funcionarios judiciales que trabajan diariamente en la búsqueda de la justicia.

El proceso formativo, que constará de dos jornadas, tiene como objetivo desarrollar una propuesta de transformación en la cultura de atención institucional para los jueces y juezas del Órgano Judicial a través de la implementación del enfoque en AIT.

Se abordarán temáticas como la introducción a la AIT, experiencias e impacto del trauma en las víctimas, y fundamentos del enfoque trauma-informado, con el fin de mejorar la atención a las personas afectadas y fortalecer el acceso a la justicia en el país.

La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador condenó al exdiputado Jorge Schafik Handal Vega y su grupo familiar por el delito de enriquecimiento ilícito. Según la sentencia, deberán devolver al Estado la suma de $171,345.15 dólares.

La FGR presentó pruebas respaldadas por peritajes financieros y contables que evidenciaron la irregularidad en los movimientos económicos y el origen ilegal de los recursos utilizados por la familia Handal.

En su resolución, la Cámara Segunda de lo Civil resolvió que se demostró el uso indebido de fondos públicos en depósitos bancarios, compra de vehículos y pagos de tarjetas de crédito. Handal y su familia no pudieron justificar el origen legal del dinero que incrementó su patrimonio durante el periodo en cuestión.

El exdiputado, quien representó al departamento de Usulután durante el periodo del 1 de mayo de 2009 al 30 de abril de 2012, también fue inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos como consecuencia de esta sentencia.

La Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador ha condenado al exdiputado Erick Alfredo García Salguero por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública.

Según la investigación, García proporcionó información falsa a un notario para la elaboración de un «contrato de mutuo», en el cual se afirmaba que había otorgado 90 mil dólares a Luis Portillo, hecho que resultó ser falso, ya que en el momento de la supuesta transacción el imputado no disponía de fondos ni había solicitado un préstamo por esa cantidad.

Posteriormente, García proporcionó información para la elaboración de un «contrato de resciliación», en el cual declaraba dejar sin efecto el contrato anterior debido a su incapacidad para obtener el préstamo mencionado.

La Cámara considera que esta acción fue motivada por el temor a ser descubierto, lo que convierte al «contrato de resciliación» en una declaración extrajudicial confirmando la falsedad del contrato original.

Durante el juicio, un testigo bajo régimen de protección afirmó que el «contrato de resciliación» fue elaborado y firmado en julio de 2023, y no en diciembre de 2020 como indicaba el documento.

El 16 de agosto de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó el desafuero de García Salguero, quien fue arrestado al día siguiente.