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Relevancia de la violencia y acoso laboral en la gestión de la seguridad y salud ocupacional
Escrito por: Beatriz Merino | Directora del Estudio Jurídico | Beatriz Merino – Especialista En Derecho Corporativo y Laboral
La violencia y acoso laboral son fenómenos sociales y jurídicos, aún en construcción en algunos ordenamientos jurídicos e invisibilizados en otros, pese a ser prácticas tan antiguas como el propio trabajo.
La violencia y acoso laboral afecta de manera seria a los centros de trabajo que viven a diario esta realidad, siendo una amenaza significativa y continua para la seguridad y la salud de mujeres y hombres, así como para la productividad y reputación de las organizaciones[1].
La existencia de una serie de factores socio-culturales fomentan la violencia y acoso laboral contra las mujeres. Al respecto, el legislador salvadoreño ha reconocido que las mujeres son afectadas en forma desproporcionada por la violencia debido a la desigualdad de roles y relaciones entre hombres y mujeres, estereotipos y patriarcado. Es así, que desde el año 2010 estableció en la Ley general de prevención de riesgos de trabajo (en adelante LPRL) la obligación del patrono de ejercer acciones preventivas y de sensibilización en los centros de trabajo:
“Art. 8.- Será responsabilidad del empleador formular y ejecutar el Programa de Gestión de Prevención de Riesgos Ocupacionales de su empresa, de acuerdo a su actividad y asignar los recursos necesarios para su ejecución. El empleador deberá garantizar la participación efectiva de trabajadores y trabajadoras en la elaboración, puesta en práctica y evaluación del referido programa. Dicho programa contará con los siguientes elementos básicos:
[…] 10) Formulación de programas preventivos, y de sensibilización sobre violencia hacia las mujeres, acoso sexual y demás riesgos psicosociales.
Dicho programa debe ser actualizado cada año y tenerse a disposición del Ministerio de Trabajo y Previsión Social” (el resaltado me pertenece).
En el marco legal salvadoreño, en cierta medida se ha avanzado en el reconocimiento y legislación para la prevención, atención y sanción de la violencia, incluyendo el acoso laboral:
El Código de Trabajo fue reformado en el año 2018, para incluir, entre otras, la letra 5a) del artículo 29, que establece la obligación del patrono de “[g]uardar la debida consideración a las trabajadoras y los trabajadores y abstenerse de maltrato de obra o de palabra; acoso sexual, acoso laboral y otros tipos de violencia contemplados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, y situaciones de discriminación sexista, contemplados en la Ley de Igualdad Equidad y Erradicación de la Discriminación contra la Mujer” (el resaltado me pertenece).
Además, establece de forma general que todos los trabajadores y trabajadoras podrán estimarse despedidos por cualquier hecho depresivo o vejatorio, entiéndase actos que lesionen gravemente su dignidad, así como malos tratamientos de obra o de palabra, realizada por el patrono o sus representantes, por lo que el patrono podrá ser condenado por el Juez a pagar indemnización por despido cuando el hecho alegado haya sido probado.
La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (en adelante LEIV), en el artículo 8, estableció las siguientes definiciones propias: “b) Acoso Laboral: Es la acción de hostilidad física o psicológica, que de forma sistemática y recurrente, se ejerce sobre una mujer por el hecho de ser mujer en el lugar de trabajo, con la finalidad de aislar, intimidad, destruir las redes de comunicación de la persona que enfrenta estos hechos, dañar su reputación, desacreditar el trabajo realizado o perturbar u obstaculizar el ejercicio de las labores. […]k) Violencia contra las Mujeres: Es cualquier acción basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer tanto en el ámbito público como privado” (el resaltado me pertenece).
Que la normativa estuviera dispersa en diferentes cuerpos normativos, ha dificultado por años la prevención, denuncia y procedimiento ante las autoridades o instancias encargadas de solventar los distintos conflictos entre empleado y patrono. Sin embargo, en mayo de 2022 se ratificó el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (Convenio 190)[2], por lo que finalmente se cuenta con un instrumento capaz de facilitar la armonización de la normativa nacional en materia de prevención, atención y sanción de la violencia en el mundo laboral.
Por medio de este convenio, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce que la violencia y el acoso son amenazas importantes para la seguridad y la salud de los trabajadores y otras personas en el mundo del trabajo que pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos, y que la violencia y el acoso son una amenaza para la igualdad de oportunidades, y son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente. Además, el convenio sienta las bases para que su aplicación se extienda a diferentes formas de trabajo, incluyendo al teletrabajo.
El concepto de “Violencia y acoso” se describe ampliamente en el Convenio como un “conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico”. Por su parte, la expresión “violencia y acoso por razón de género” designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas “por razón de su sexo o género o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual” (artículo 1.1.).
Esto constituye una innovación, pues amplía la regulación que actualmente existe en la LEIV, de modo que basta que el acoso se configure una vez para que se considere como tal, habiendo diferentes tipos de comportamientos, gestos y acciones perjudiciales que pueden interpretarse como violencia y acoso. Además, se establece que deben ser protegidos de forma general las mujeres (adolescentes y adultas), los hombres (adolescentes y adultos) y personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad que están afectados de manera desproporcionada por la violencia y el acoso en el mundo del trabajo (p.e personas con orientación sexual diversa, entre otras).
La violencia y el acoso en el trabajo es un fenómeno complejo y multifacético en el que intervienen múltiples actores:
- Violencia horizontal: violencia y acoso entre compañeros de trabajo.
- Violencia vertical: violencia y acoso entre supervisores y subordinados.
- Violencia por terceras partes: violencia y acoso perpetrados por clientes, consumidores, proveedores y trabajadores tercerizados, entre otros.
El artículo 6 de Convenio obliga a los Estados miembros a adoptar una legislación y políticas que garanticen el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación.
Por su parte, el artículo 9 del convenio llama a los Estados a adoptar legislación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, así como tener en cuenta los riesgos psicosociales asociados, en la gestión de la seguridad y salud ocupacional. En este contexto, los patronos deberán tomas las siguientes medidas:
- Elaborar, con la colaboración de los trabajadores[3], un plan o programa con lineamientos claros y concisos sobre la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.
- Identificar los peligros y evaluar los riesgos, incluidos los factores psicosociales y los peligros y riesgos asociados a la violencia y el acoso. Los empleadores pueden llevar a cabo una auditoría de la disposición física y las características organizacionales del lugar de trabajo para identificar los factores que pueden contribuir a que se produzcan casos de este tipo. Así como realizar una evaluación de las medidas preventivas existentes.
- Adoptar medidas para prevenir o controlar esos riesgos que han sido identificados.
- Integrar la violencia y el acoso laboral en capacitaciones para la seguridad y la salud ocupacional, es decir que se debe incluir un efectivo programa preventivo y de sensibilización destinado a proteger la salud y el bienestar físico y mental de los trabajadores, que incluya peligros y riesgos de violencia y acoso identificados, y sobre las medidas de prevención y protección correspondientes, inclusive sobre los derechos y responsabilidades de los trabajadores y otras personas en relación con la aplicación del programa establecido para tal efecto.
- Supervisar y evaluar el programa periódicamente para asegurar que la organización siga fortaleciendo su capacidad para prevenir la violencia y el acoso en el lugar de trabajo y sus consecuencias.
El fomento de una cultura organizacional positiva a todo nivel es decisiva para eliminar la violencia y el acoso en el trabajo. Ello implica, en palabras de Baillien y otros autores, 2008, crear un entorno de trabajo que no permita ni recompense la violencia y el acoso; que sea cortés (y no hostil); que sea inclusivo (y no discriminatorio); que fomente la colaboración entre los trabajadores (en lugar de la competitividad); que cuente con procesos de comunicación sólidos (y constructivos) en toda la organización, y que haya adoptado (y aplique) buenas políticas para fomentar conductas laborales respetuosas, a fin de no solo cumplir en papel con la legislación local, de una forma cosmética, si no mantener efectivamente a los trabajadores seguros y sanos.
[1] Por mencionar algunos, la violencia y el acoso puede generar absentismo laboral, desmotivación y disminución del rendimiento y la productividad, rotación de personal y costos de contratación. Además, la reputación dañada por procesos en curso puede dificultar la atracción de buenos trabajadores.
[2] Convenio 190 ratificado por Decreto Legislativo No. 385 del 16 de mayo de 2022, por lo que en virtud del artículo 144 de la Constitución salvadoreña constituye ley de la República al entrar en vigencia, siendo por tanto de aplicación directa como cualquier otra norma nacional.
[3] Aunque el patrono es responsable del control de los riesgos, los trabajadores tienen un papel fundamental que desempeñar para identificar los peligros existentes y la evaluación de los riesgos asociados, debido a su conocimiento de las operaciones en las instalaciones, las actividades de los procesos y las posibles amenazas y su familiaridad con las mismas.
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Pocas probabilidades de una RECESIÓN ECONÓMICA en Estados Unidos
César Addario Soljancic, vicepresidente de EXOR Estructuradores Financieros, señala que los indicadores disponibles apuntan a un “aterrizaje suave” más que a una recesión en la economía estadounidense.
Escrito por: César Addario Soljancic | VP Regional de EXOR Latam para Centroamericana y El Caribe
El temor a una recesión en Estados Unidos, que ha dominado gran parte de las discusiones económicas en los últimos años, parece estar disipándose. A pesar de los desafíos inflacionarios y los efectos rezagados de la pandemia, varios expertos, incluidos la Secretaria del Tesoro Janet Yellen y el ex presidente de la Reserva Federal Ben Bernanke, han señalado que la economía estadounidense probablemente evitará una recesión.
Este optimismo se fundamenta en datos económicos recientes que sugieren que la economía se está desacelerando de manera controlada, sin caer en una contracción profunda, explica César Addario Soljancic, economista y vicepresidente de EXOR Estructuradores Financieros.
Señaló que los últimos datos del crecimiento económico en Estados Unidos refuerzan la idea de un «aterrizaje suave», donde la inflación disminuye sin provocar una recesión significativa. Según el tercer estimado del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo trimestre de 2024, la economía creció a una tasa anualizada del 3%, superando el crecimiento del 1.4% registrado en el primer trimestre.
Esta expansión indica que, aunque la economía no está creciendo a un ritmo espectacular, se mantiene en terreno positivo, lo que sugiere que las políticas de la Reserva Federal (Fed) están teniendo el efecto deseado. «La economía de Estados Unidos ha demostrado una gran resiliencia, y aunque se han tomado medidas para frenar la inflación, aún no estamos viendo señales claras de una recesión», afirma Addario Soljancic. «El hecho de que el crecimiento económico continúe, junto con una disminución en las presiones inflacionarias, apunta hacia un aterrizaje suave en lugar de una recesión».
El mercado laboral sigue fuerte
El mercado laboral es otra pieza fundamental del rompecabezas económico, y hasta ahora ha mostrado signos de enfriamiento, pero no de debilidad extrema. Los datos más recientes sobre solicitudes de desempleo refuerzan esta visión. En la semana que finalizó el 21 de septiembre, se registraron 218,000 nuevas solicitudes de subsidios por desempleo, por debajo de las 223,000 esperadas por Wall Street y marcando el nivel más bajo desde mediados de mayo. Aunque el desempleo ha aumentado ligeramente, sigue siendo bajo en términos históricos.
Recientemente, Janet Yellen, la secretaria del Tesoro estadounidense, dijo a medios de comunicación estadounidenses que «el mercado laboral se ha enfriado, con la tasa de desempleo subiendo levemente, pero sigue siendo históricamente baja». Esto refuerza la idea de que el mercado laboral está ajustándose a un ritmo saludable, sin señales de una caída abrupta.
Ben Bernanke, ex presidente de la Fed, advirtió que existe el riesgo de que el desempleo pueda aumentar si la economía comenzara a desacelerarse significativamente, lo que aún no se ha visto. «Mientras el empleo se mantenga estable y las cifras de desempleo no muestren un deterioro significativo, las probabilidades de una recesión siguen siendo bajas», apuntó el VP de EXOR.
Un aspecto clave que ha permitido a Estados Unidos evitar una recesión ha sido la política monetaria flexible adoptada por la Reserva Federal. La Fed ha bajado las tasas de interés en varias ocasiones en 2024, con un recorte reciente de 50 puntos básicos, su primera reducción desde 2020. Esta medida ha sido vista como una respuesta proactiva para evitar que la economía se sobrecaliente mientras se combate la inflación.
Bernanke señaló que la Fed ha construido un «escenario de aterrizaje suave», en el que la inflación y las tasas de interés regresan a niveles más normales sin sacrificar un mercado laboral fuerte. Además, se espera que la Fed continúe bajando las tasas de interés en 2025, con proyecciones de que la tasa de fondos federales se estabilice en torno al 3%, lo que se considera un nivel neutral para la economía.
«Las acciones de la Fed han sido fundamentales para mantener la estabilidad económica», menciona Addario Soljancic. «Los recortes de tasas han ayudado a reducir las presiones inflacionarias y, al mismo tiempo, han evitado un choque económico significativo». De hecho, las apuestas sobre un recorte adicional de 50 puntos básicos en la reunión de noviembre han aumentado a un 57.4%, lo que sugiere que el mercado espera que la Fed siga favoreciendo una política monetaria expansiva.
El «último tramo» de la inflación
Aunque la inflación ha disminuido considerablemente desde su pico, tanto Yellen como Bernanke han señalado que el «último tramo» de la lucha contra la inflación es el más difícil. Los precios de la vivienda, en particular, han sido un factor persistente en la inflación general, aunque Yellen confía en que los costos de la vivienda comenzarán a bajar conforme las rentas del mercado sigan disminuyendo.
Sin embargo, la inflación ha bajado lo suficiente como para que la Fed se sienta menos presionada a mantener las tasas de interés elevadas. Según Addario Soljancic, «la disminución de la inflación ha sido un respiro para los consumidores y las empresas, y permite a la Fed centrarse en mantener un crecimiento económico constante sin preocuparse tanto por el sobrecalentamiento».
A pesar del optimismo actual, tanto Yellen como Bernanke han advertido que los riesgos no han desaparecido por completo. Un deterioro inesperado en el mercado laboral o un evento global significativo podrían alterar las proyecciones actuales y llevar a la economía a una desaceleración más grave. «Siempre existe la posibilidad de que surjan nuevos choques o eventos que desestabilicen la economía», comenta Addario Soljancic.
Sin embargo, los expertos coinciden en que, por ahora, Estados Unidos está en una trayectoria relativamente estable. Con la inflación bajo control y el mercado laboral todavía fuerte, las señales de una recesión son débiles. La clave, como señaló Bernanke, es que la Fed continúa ajustando sus políticas de manera flexible, adaptándose a nuevos datos y circunstancias.
«El camino hacia un aterrizaje suave está lejos de ser garantizado», concluye Addario Soljancic, «pero si la Fed y los actores clave de la economía siguen respondiendo de manera adecuada, las probabilidades de una recesión significativa siguen siendo bajas».
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La clave contra el bajo crecimiento es la inversión en infraestructura
Aprovechar los mercados de capitales para financiar proyectos de infraestructura es una solución efectiva para superar las limitaciones presupuestarias que enfrentan muchos gobiernos en la región.
Escrito por: César Addario Soljancic | VP Regional de EXOR Latam para Centroamericana y El Caribe
En la última década, América Latina y el Caribe han experimentado un bajo crecimiento económico, con una tasa promedio de apenas 0.9% entre 2015 y 2024, según datos recientes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Este bajo desempeño ha sido descrito por la CEPAL como una «trampa de bajo crecimiento», caracterizada por un entorno de incertidumbre y limitaciones en las políticas fiscales y monetarias.
El informe anual de la CEPAL, publicado en agosto, destaca varios factores que han contribuido a este estancamiento, entre ellos, un débil desempeño de la inversión y una baja productividad laboral, sumados a las tensiones geopolíticas y las disrupciones en las cadenas de suministro globales. Estos desafíos han afectado a todas las subregiones de América Latina, con un crecimiento estimado para 2024 de solo 1.8%, y una proyección para 2025 que apenas alcanzaría el 2.3%.
Un panorama desafiante
El panorama económico que presenta América Latina es complejo. A nivel subregional, las proyecciones de crecimiento para 2024 varían, con América del Sur proyectando un crecimiento de 1.5%, Centroamérica y México un 2.2%, y el Caribe (excluyendo a Guyana) un 2.6%. Aunque estos números muestran una ligera mejora, todavía son insuficientes para abordar los problemas estructurales que han frenado el desarrollo en la región.
A pesar de este panorama complicado, César Addario Soljancic, vicepresidente de EXOR Estructuradores Financieros, ve oportunidades significativas para revertir esta tendencia. «La inversión en infraestructura es fundamental para desbloquear el potencial de crecimiento de América Latina», afirma Addario Soljancic. Según él, enfocarse en mejorar el transporte, la energía, las telecomunicaciones y el acceso al agua no solo generará empleo, sino que también aumentará la productividad y conectará mejor a las economías de la región con el resto del mundo.
Apostar a la infraestructura es a la vez una necesidad y una oportunidad, agregó, que permitirá a América Latina transformarse en una región más competitiva y resiliente. Mejorar las infraestructuras de transporte, por ejemplo, podría reducir significativamente los costos logísticos, facilitando el comercio intrarregional y extrarregional. Esto es crucial en un contexto donde las cadenas de suministro globales están cada vez más fragmentadas y donde la capacidad de adaptación de una economía es clave para su éxito.
El papel de los mercados de capitales
Para financiar los ambiciosos proyectos de infraestructura que necesita la región, los mercados de capitales juegan un papel fundamental. «Aprovechar los mercados de capitales para financiar proyectos de infraestructura es una solución efectiva para superar las limitaciones presupuestarias que enfrentan muchos gobiernos en la región», explica Addario Soljancic. Los bonos soberanos, por ejemplo, permiten a los países acceder a los recursos necesarios para financiar proyectos a gran escala, que son vitales para el desarrollo económico y social.
La emisión de bonos soberanos no solo ofrece una fuente de financiamiento, sino que también puede fortalecer la credibilidad de un país en los mercados internacionales. Sin embargo, para que estos instrumentos sean efectivos, es crucial que los gobiernos mantengan políticas macroeconómicas estables y transparentes, que inspiren confianza entre los inversores. Además, la colaboración entre el sector público y privado es esencial para desarrollar proyectos de infraestructura que no solo respondan a las necesidades actuales, sino que también anticipen las futuras demandas de una región en crecimiento.
Desafíos adicionales: El consumo y el empleo informal
El informe de la CEPAL también subraya la importancia de enfrentar el debilitamiento del consumo y la formación bruta de capital fijo, ambos reflejos del deterioro del poder adquisitivo de los salarios reales y del bajo nivel de creación de empleo. Las políticas monetarias restrictivas, que han mantenido altas las tasas de interés, han contribuido aún más a la desaceleración económica. Esto ha llevado a una disminución en la inversión privada, lo que a su vez ha afectado la capacidad de las economías de la región para crecer de manera sostenida.
Otro desafío significativo es el mercado laboral. En la última década, la informalidad ha prevalecido en América Latina, especialmente en sectores de baja productividad como la construcción, el comercio y el turismo. Según la CEPAL, el crecimiento del empleo en la última década se ha debido principalmente al aumento del trabajo informal, lo que subraya la necesidad de crear empleos en sectores que ofrezcan mayores incrementos de productividad. Este es un reto crítico para la región, ya que la informalidad no solo limita el acceso a beneficios laborales y protección social, sino que también restringe el crecimiento de la productividad y, en última instancia, del PIB
América Latina es, además, particularmente vulnerable a este fenómeno, que podría tener efectos devastadores sobre la economía y el empleo si no se toman medidas de adaptación y mitigación. La CEPAL advierte que, sin estas políticas, la región podría perder hasta 43 millones de empleos para 2050, con sectores como la agricultura y el turismo siendo los más afectados.
Sin embargo, también debemos ver esto como una oportunidad. La inversión en infraestructura resiliente y en tecnologías verdes puede no solo mitigar los efectos del cambio climático, sino también convertirse en un motor de crecimiento económico. América Latina tiene la capacidad de liderar en este campo, aprovechando su riqueza natural y su diversidad para desarrollar soluciones innovadoras que impulsen un crecimiento sostenible.
Addario Soljancic destaca que, aunque los desafíos son grandes, las oportunidades para América Latina de crecer y prosperar son aún mayores. «Es fundamental que la región apueste por una combinación de políticas que promuevan la inversión en infraestructura y la adaptación al cambio climático, utilizando los mercados de capitales como una herramienta clave para financiar este desarrollo», concluye.
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El impacto de la inclusión en consejos de administración
Pese a que diversos estudios han comprobado la conexión entre mejor rendimiento financiero y el número de mujeres en alta gerencia y directorio, a enero de 2023 solo el 10 % de mujeres son CEO de empresas Fortune 500 y el 7 % de compañías S&P 500.
Escrito por: Gabriela Sánchez Torres | Fundadora GST Lawyers
Las nuevas tendencias de gobierno corporativo están promoviendo que las empresas adopten prácticas de diversidad, equidad e inclusión. Este artículo estará enfocado en la participación femenina en puestos directivos, abordaremos algunos de los beneficios económicos para las empresas, con el objetivo de dar a conocer las ventajas que la inclusión aporta al mundo empresarial y cómo esto se traduce en un aumento económico para los países.
Cuando hablamos de diversidad nos referimos al género, edades, etnias, capacidades y antecedentes. La diversidad en los directorios es, además de un deber de equidad, una estrategia empresarial para poder tener un mejor entendimiento del consumidor, tener perspectiva desde diferentes ángulos, desarrollando estrategias y tomando decisiones más integrales e innovadoras, evitando así el pensamiento grupal.
Mediante diversos estudios se ha comprobado y cuantificado robustamente que hay una correlación entre un directorio con mujeres y mejor rentabilidad y desempeño organizacional; es decir, mayores utilidades, subir el valor de las acciones, identificar mejores oportunidades y minimizar riesgos. Asimismo, cuando las mujeres están en posiciones altas de liderazgo ejecutan políticas de inclusión, por tanto, hay más participación femenina en puestos tomadores de decisión.
Así, el reporte de The Credit Suisse reveló una interrelación entre el número de mujeres en posiciones de alta gerencia y el retorno anual promedio de las compañías. Las empresas con un 25 % de participación femenina tuvieron un retorno anualizado de 22.8 % durante cinco años, mientras que aquellas que tenían un tercio de mujeres en posiciones de gerenciales tuvieron un 25.6 % anual de retorno. Esto comparado con un 11.7 % de retorno promedio durante ese periodo.
Estudios de la consultora McKinsey and Co. en participación con Women’s Forum for the Economy and Society notaron que las compañías con un porcentaje más alto de mujeres en la alta gerencia tenían un mejor rendimiento financiero. Según el grupo sin fines de lucro Catalyst, en una revisión de 353 empresas Fortune 500 mostró que empresas con alta representación de mujeres en equipos de liderazgo tenían un 35 % más de retorno sobre el capital y un 34 % de retorno total para los accionistas.
Mary Barra en 2014 asumió el cargo de CEO de General Motors, cuando esta estaba emergiendo de la declaración de quiebra en 2009. Bajo su liderazgo, en 2020 pese a la pandemia COVID-19, GM reportó un aumento en los ingresos netos del 16 % respecto al año anterior, equivalente a $6.4 mil millones de dólares. Ella ha tomado decisiones estratégicas de reestructuración, incluyendo la salida de mercados no rentables, mejorando la eficiencia operativa y utilidad.
Pese a que diversos estudios han comprobado la conexión entre mejor rendimiento financiero y el número de mujeres en alta gerencia y directorio, a enero de 2023 solo el 10 % de mujeres son CEO de empresas Fortune 500 y el 7 % de compañías S&P 500.
Varias son las razones por las que mujeres al día de ahora son una minoría en puestos directivos y alta gerencia; una de ellas es ‘’el escalón roto’’, este se refiere al peldaño de ser promovido entre un trabajo de primer nivel a una gerencia.
El estudio ‘’Women in the workplace’’ de 2023 de McKinsey & Company, reveló que por cada 100 hombres promovidos a gerentes, solo 87 mujeres lo fueron, esta cifra desciende cuando el muestreo recae sobre mujeres latinas a 76 y aún más cuando son mujeres de color, a 54. Aunado a lo anterior, las mujeres son contratadas y promovidas con base en sus logros pasados, mientras que los hombres sobre la base del potencial futuro. Esto es conocido por los científicos sociales como «sesgo de desempeño’’, lo cual afecta al progreso laboral en las mujeres, pues las mujeres deben probar más su rendimiento.
Por otra parte, las microagresiones causan un impacto negativo en la carrera laboral de las mujeres. Así por ejemplo, las mujeres en promedio se enfrentan a que otros reciban el crédito por sus ideas en un 21 % frente a un 14 % de los hombres, el porcentaje asciende si nos enfocamos en mujeres de la comunidad LGTBQ+ o con capacidades especiales, un 26 % y 32 % respectivamente. Lo mismo ocurre cuando su opinión es cuestionada o son interrumpidas al hablar; como consecuencia de ello, el 78 % de las mujeres que enfrenta microagresiones, decide verse y comportarse de una forma distinta y optan por no hablar o compartir sus opiniones, nuevas ideas ni tomar riesgos. De ahí que, las mujeres que experimentan microagresiones son 4.2 veces más propensas a sentirse fatigadas, 3.3 veces más a considerar dejar su trabajo; 2.6 veces más a no recomendar la compañía; y, 3.8 veces más a sentir que no tienen iguales oportunidades para avanzar.
A fin de apegarse a las tendencias de los gobiernos corporativos, se señalan algunas prácticas que pueden ser de utilidad y que empresas han aplicado: a) Monitorear los resultados y experiencias para mejorar el progreso de las mujeres. Las empresas deben rastrear los factores que impulsan el avance de ellas y visibilizar las métricas que influyen en el progreso de carrera, tal como la participación en programas desarrolladores de carreras, calificación de rendimiento, nivel de satisfacción e inclusión en el trabajo, y usar esta data para ejecutar cambios organizacionales. b) Involucrar al personal. Compartir las metas internas y métricas con los empleados se convierte en una herramienta de conciencia para generar cambio. Cuando los empleados ven oportunidades y desafíos, están más involucrados en ser parte de la solución. Y, c) Ampliar plazos de licencia de paternidad. Extender el plazo para los hombres representa una oportunidad para la equidad de género, fomentando que se involucren más en la vida de sus hijos y en las tareas de cuidado del hogar. Ayuda a reducir el sesgo de género en la vida laboral, pues ambos en edad reproductiva tendrán el mismo derecho y co responsabilidad; ayudando así a cerrar la brecha salarial, ya que las mujeres no serán percibidas como únicas responsables del cuidado, dando paso a avanzar a posiciones de liderazgo y negociar salarios competitivos.
El impacto económico para los países que trae la participación laboral de las mujeres es alto. McKinsey Global Institute realizó un estudio denominado ‘‘El poder de la paridad: Cómo el avance de igualdad de mujeres podría incrementar $12 billones al crecimiento mundial.’’ (La traducción es propia). En este, determinaron que si para 2025 en Latinoamérica se llegara a la participación laboral idéntica entre hombres y mujeres, la economía podría incrementarse en $2.6 billones de dólares estadounidenses, o adicionar un aumento del 34 % en el PIB. Según este mismo estudio cuatro áreas son necesarias para acelerar el progreso: 1) Incrementar el acceso a educación; 2) Acceso a servicios financieros y digitales, tal como el internet; 3) Más protección legal; y 4) Reducir la cantidad de tiempo que las mujeres realizan por trabajo no pagado.
Podemos concluir que hay un beneficio colectivo en incorporar más a las mujeres en puestos tomadores de decisión y que, aun cuando es responsabilidad del Estado regular y emitir políticas sobre la igualdad de género, el sector privado debe tomar acción, no solo por un claro beneficio económico que la paridad trae aparejada, sino también, por un deber moral de involucrar a todos los sectores de la población y ser representados. Finalmente, es imperante que se reconozca que no hay mujeres que no trabajan, solo trabajo no remunerado.
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El impacto de las tecnologías emergentes en el sector legal
La adopción de estas nuevas tecnologías, no están exentas de los desafíos que conllevan a la seguridad y privacidad de los datos, dada a la naturaleza sensible de la información manejada.
Escrito por: Tatiana de Jesús Chacón | Abogada de LT Asociados, especialista en legaltech y fintech
En el transcurso de los años, la tecnología legal ha experimentado una evolución sin precedentes, marcando el comienzo de una nueva era en la práctica legal. Y es que, las tecnologías innovadoras han transformado sustancialmente la vida de las personas,creando un impacto en el tejido de la sociedad. Sectores como el financiero, salud, legal entre otros, se han visto directamente afectados por el uso de las nuevas tecnologías.
Para el caso del sector jurídico, se presentan algunas herramientas judiciales emergentes basadas en la tecnología, que incluyen la inteligencia artificial en la administración de la justicia, la creación de tribunales virtuales y el potencial de los algoritmos que podrían utilizarse en la resolución de los litigios en línea. Significa entonces que, para el caso de la tecnología innovadora en los sistemas de justicia pueden mejorar la eficiencia administrativa en los tribunales y ayudar en los procesos de la toma de decisiones a los abogados, jueces y litigantes. Pero esto permitiría abordar los retos legales y éticos críticos que surgen a este respecto.
Por otra parte, la integración de herramientas avanzadas como el Blockchain, los sistemas de gestión documental automatizados han venido transformando fundamentalmente el cómo se realizan las tareas legales, desde la investigación de casos, hasta la gestión de contratos y la protección de datos. Estas tecnologías, no solo mejoran la eficiencia y precisión en el trabajo legal sino también democratizan el acceso a servicios jurídicos,haciéndolos más accesibles a un público más amplio.
Entre las tecnologías emergentes más significativas, se destaca el uso de la Inteligencia Artificial (IA) para el análisis predictivo y la automatización de tareas repetitivas. Esta tecnología permite a los profesionales legales centrar sus esfuerzos en aspectos más estratégicos y analíticos de su trabajo. Esta optimización no solo reduce los costos operativos, sino que también disminuye la probabilidad de errores humanos en tareas repetitivas, mejorando la calidad del servicio ofrecido a los clientes. Por ello, se redefine la eficacia con la que se llevan a cabo las investigaciones legales, la gestión de documentos y el análisis de datos dentro de la práctica jurídica. Con la IA, los profesionales del derecho pueden analizar grandes volúmenes de información a una velocidad y precisión que superan ampliamente las capacidades humanas. Tenemos el caso de Ross Intelligence,que ofrece respuestas a preguntas legales complejas, basándose en jurisprudencia y legislación relevante, facilitando de esta manera la investigación legal. Por otro lado,tenemos a Kira Systems, que emplea el aprendizaje automático para identificar, analizar y extraer información de contratos y otros documentos legales, optimizando la gestión documental y la preparación de casos.
Ahora bien, respecto a la tecnología disruptiva denominada blockchain, la misma es utilizada para garantizar la seguridad y la transparencia de los documentos legales. Así como de la ejecución de los contratos inteligentes, quienes, al ofrecer un registro distribuido e inmutable, garantiza la transparencia en la gestión de los documentos,reduciendo considerablemente las posibilidades de fraude y manipulación. La notoriedad que provoca el uso de los contratos inteligentes es que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen con condiciones preestablecidas, transformando las transacciones legales al eliminar la necesidad de los intermediarios y validar la agilización de los procesos.
Por otra parte, ethereum, es una plataforma que facilita la implementación de dichos contratos en una variedad de contextos legales, como los de gestión de propiedad intelectual, hasta la ejecución de acuerdos comerciales. Todas estas tecnologías emergentes, están redefiniendo lo que es posible en el campo legal, ofreciendo nuevas formas de abordar desafíos tradicionales y abrir caminos hacia prácticas más eficientes y justas. De ahí el aforismo que dice: JUSTICIA RETARDADA, JUSTICIA DENEGADA.
No cabe duda, que las tecnologías emergentes, están marcando un antes y después del sector legal, transformando así, la dinámica del trabajo dentro de las firmas legales y departamentos jurídicos. Gracias a estas tecnologías se incrementa significativamente la eficiencia y precisión de las diversas tareas que día a día realiza el profesional del derecho,pues al centrar sus esfuerzos en aspectos más analíticos y estratégicos, minimiza el tiempo dedicado a la revisión documental y en análisis de casos, por lo que dirige al sector legal en un entorno más flexible y accesible.
No obstante, la adopción de estas nuevas tecnologías, no están exentas de los desafíos que conllevan a la seguridad y privacidad de los datos, dada a la naturaleza sensible de la información manejada. Por ende, las firmas legales y departamentos jurídicos deben asegurarse de que las soluciones tecnológicas cumplan con estrictas regulaciones de protección de datos, confidencialidad, ciberseguridad. Donde es importante establecer de una forma clara los derechos al consumidor financiero.
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Nombres de dominio y signos distintivos en la futura Ley de Propiedad Intelectual
Entre algunos aspectos que se consideran novedosos destacan el que todo aquel que pretenda registrar un signo distintivo en el cual se incluya un nombre de dominio, debe de adjuntar la documentación pertinente que justifique su uso.
Escrito: Mario Ernesto Avalos | Docente y capacitador judicial en Derecho de Nuevas Tecnologías
La creación de ENIAC en los años 50´s como la primera computadora y el posterior surgimiento de ARPANET a finales de los años 60´s dieron paso al surgimiento del INTERNET y al Sistema de Nombres de Dominio (DNS).
Cada dispositivo existente, tales como las computadoras, los celulares o las tablets poseen una IP (Internet Protocol) que les permite conectarse entre sí para poder navegar por el Internet, revisar el correo, entre otras acciones. Las IP´s consisten en números y caracteres que resultan complicados de recordar para la mente humana, por lo que la tarea se haría casi imposible de realizar si tuviéramos que buscar en algún directorio todas las IP´s de los sitios web que deseamos visitar.
El Sistema de Nombres de Dominio resolvió la problemática recién planteada, ya que a inicios de los años 80´s permitió traducir estas IP´s a palabras fáciles de recordar, elegidas previamente por los usuarios, lo que ahora en día ha brindado gran practicidad en la interconexión masiva de dispositivos, permitiendo el crecimiento exponencial del Internet. Para ilustrar lo anterior, escribimos en nuestro navegador la dirección web https://derechoynegocios.net/ y no la numeración 2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888.
La elección de la palabra utilizada para ingresar un sitio web, o dicho de forma más técnica, la selección de un nombre de dominio de segundo nivel, actualmente no solamente es una cuestión de facilidad, sino que se ha convertido en un tema de trascendencia jurídica, ya que dicho acto selectivo supone en la mayoría de los casos la coincidencia con una marca que ha sido registrada de manera previa por nosotros mismos o por un tercero.
El registro de un nombre de dominio realizado de manera dolosa e incluso de forma culposa, puede facilitar la confusión de algunos signos distintivos tales como las marcas, desprotegiendo a los titulares de éstas últimas, quienes pueden verse limitados el ejercicio de sus derechos o ser objeto de actos de competencia desleal.
Los nombres de dominio han dado lugar al estudio acerca de las teorías relativas a su naturaleza jurídica, su clasificación, formas de transferencia, maneras de identificar a sus registrantes, ciberocupación, normas que regulan tanto las entidades como las formas de solución de conflictos frente a los signos distintivos; y, en general, el tratamiento legal que se traduzca en tutela eficaz, tanto administrativa como judicial.
En El Salvador, en el año 2006 con la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América (TLC), nuestro país se obligó a regular la protección de las marcas frente a los nombres de dominio, contando con procedimientos para resolver controversias relativas al dominio de primer nivel de código de país “.sv” basados en los principios contenidos en la Política de Resolución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de ICANN y ejecutada por la OMPI desde el año 1999 y a proporcionar acceso público en línea a una base de datos confiable de los registrantes de nombres de dominio, cuidando de su privacidad.
Como materialización de lo anterior, por medio de Decreto Legislativo 913, de fecha 14 de diciembre de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 8, tomo 370, de fecha 12 de enero de 2006, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos de nuestro país fue reformada en distintos aspectos, incorporándose el Art. 113-A, el cual reguló de manera prácticamente idéntica a lo dispuesto en el TLC los aspectos descritos en el párrafo supra.
En el mes de julio del presente año 2024, la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno emitió dictamen favorable para la aprobación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, la cual al momento de escribir este artículo, aún no ha sido sometida y aprobada por el Pleno Legislativo. La futura normativa contempla entre otros aspectos en su libro IV, un capítulo denominado “Protección Jurídica de la Propiedad Intelectual en los Entornos Digitales”, compuesto de 8 artículos a partir del número 316, que regulan de una manera más completa el tema objeto de estudio en este artículo.
Entre algunos aspectos que se consideran novedosos destacan el que todo aquel que pretenda registrar un signo distintivo en el cual se incluya un nombre de dominio, debe de adjuntar la documentación pertinente que justifique su uso.
Otro aspecto importante es que SvNet, como entidad nacional administradora del nombre de dominio de código de país “.sv”, tendrá un papel oficioso y protagónico en denegar o, en su caso, cancelar, aquellos nombres de dominio que de manera evidente se constituyan como un medio infractor de la propiedad intelectual de otros. La misma tarea tendrá el Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual (entidad dependiente del Centro Nacional de Registros que la nueva ley crea) en el momento de proceder al análisis de renovación de marcas.
Tal y como anteriormente se expresó, producto del TLC, ley de Marcas y Otros Signos Distintivos vigente reguló la resolución de conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos mediante la Política Uniforme de Resolución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio de SvNet; sin embargo, mediante la creación de la nueva Ley de Propiedad Intelectual, se introduce un mecanismo amistoso adicional de resolución de este tipo de conflicto a través del Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual, el cual debe ser desarrollado por mandato del legislador secundario de manera más amplia en el reglamento de la nueva ley.
Asimismo, la futura Ley de Propiedad Intelectual regula de forma expresa el reconocimiento de acción judicial contra infractores que pretendan realizar actos de competencia desleal mediante el registro de un signo distintivo que contemple la denominación de un nombre de dominio previamente registrado, confiriendo incluso un plazo de prescripción de 5 años para el ejercicio de esa acción.
Finalmente, la futura norma dispone acerca de aspectos relativos a la ciberocupación o registro infractor de nombres de dominio que contengan títulos de obras protegidas y de seudónimos de autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, otorgando especial atención y vigilancia de esta clase de registros a SvNet, como entidad administradora de los nombres de dominio sv.
No existe duda que desde la creación del Sistema de Nombres de Dominio, la evolución jurídica se ha encaminado a regular distintos aspectos relativos a su relación de conflicto con los signos distintivos, produciéndose en la actualidad a nivel internacional abundante doctrina y resolución de casos tanto de manera administrativa como judicial. El Salvador poseerá un marco legal más robusto en la temática que permitirá dilucidar con mayores herramientas las controversias que a futuro sean sometidas en torno a este apasionante tema.
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