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“La paz comienza por uno mismo”
El lunes pasado, La Prensa Gráfica realizó una entrevista al vicepresidente del Grupo Calleja sobre el 25 aniversario de los Acuerdos de Paz.
Durante la entrevista el empresario afirmó que los Acuerdos de paz fueron un logro que debemos aprovechar y no ignorar el gran paso que fue para el país, además, reconoce que el ambiente de violencia hace difícil internalizar la importancia de aquellos acuerdos, y afirma que se deben solventar deudas sociales: reducir la pobreza y lograr mayor desarrollo para comenzar a avanzar.
“Llegar a los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz fue un gran logro, no podemos quitarle la importancia que merece, pero más que celebrarlo debemos de conmemorarlo, ya que a través de él, muchos obtuvieron una voz, pudieron salir de la clandestinidad y tener una vida junto a sus familias, reclamar sus derechos a través de sus palabras y del voto y no de las armas”, afirmó Calleja.
Dentro de estos logros mencionó la creación de instituciones que velan por conservar los derechos ciudadanos, pero también por la conservación de una sana democracia, tal es el caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos o el TSE, entre otras.
“La diferencia de hoy en día es que si bien no vivimos en una paz como sociedad y nos quejamos de la polarización en la que estamos, no podemos compararlo con el conflicto armado del pasado, en que no se tenía esa oportunidad de diálogo, ahora somos afortunados pues contamos con canales democráticos en los que podemos exponer nuestros puntos de vista, usémoslo” dijo Calleja.
Entre los retos a los que se enfrenta nuestro país, menciona el bajo crecimiento económico, la baja inversión, la poca generación de empleo y una crisis fiscal, los altos índices de violencia e inseguridad, producto de falta de entendimiento, “lo cual no nos permite tener un diálogo ni dar un paso más allá, hacia la ejecución en donde se realicen acciones concretas poniendo los intereses del país, de su gente, y dejando de lado la polarización que actualmente enfrentamos”, enfatizó.
Entre las sugerencias que dio el empresario está la inversión al desarrollo humano y social, a la educación y la generación de oportunidades. Y consideró que la pobreza y la falta de oportunidades son nuestros mayores enemigos, y que por ello necesitamos un acercamiento y diálogo entre el Gobierno y el sector privado.
“A pesar de la polarización en que vivimos se necesita de mayor compromiso por parte de los líderes para elevar el debate político y así negociar los grandes temas de país como se hizo en el proceso de los Acuerdos de Paz. Es por esto que es clave construir una mayor confianza entre salvadoreños.” Resaltó
Además Afirmó que debemos de reconocer los diferentes esfuerzos que se han hecho en las diversas instituciones del país para combatir la corrupción y hay que respaldar a las instituciones que estén trabajando bien, de forma independiente, como la Fiscalía General de la República, Sección Probidad de la Corte Suprema de Justicia y la Sala de lo Constitucional. Se tiene que mejorar el sistema judicial y fomentar la transparencia con el afán de fortalecer nuestra democracia, en el Gobierno y en partidos políticos. Hay que despolitizar las instituciones, y modernizar el Estado. Añadió también que el pueblo no clama por soluciones de izquierda o de derecha, piden las respuestas correctas a los problemas que enfrenta el país todos los días. No hay más tiempo para quedarse en las excusas del pasado, hoy nos toca responsabilizarnos por nuestro futuro, ser creativos en la búsqueda de soluciones y ejecutarlas.
Aclaró que es necesario cambiar la situación y la sensación de inseguridad en la que vivimos. “Es lamentable que ahora que se supone que vivimos en una cultura de paz tengamos miedo de salir de nuestras casas y caminar por las calles, debemos trabajar en mejorar las condiciones para que nuestra gente pueda trabajar y labrarse mejor futuro para ellos y los suyos.” También agregó que lo que se necesita es una solución integral, que involucre la participación de todos; donde se logre articular las fuerzas del país para trabajar en la prevención, fortalecer el combate y desarrollar un sistema efectivo de rehabilitación penitenciaria y reinserción, puesto que estamos atravesando una fuga de capital humano, lo que genera una crisis humanitaria, en la que muchos padres se han visto obligados a que sus pequeños emigren. ¡Es hora de cambiar, de despertar, y buscar una solución real y tangible en la que podamos darle un giro, pues solo así será posible empezar a salir del círculo vicioso! Afirmó
Argumentó que es importante que cada sector y cada salvadoreño haga su parte desde donde está. “Es por eso que nosotros como empresarios estamos trabajando desde la nuestra. Debo de reconocer que somos idealistas y partimos de la filosofía que los empresarios debemos de hacer la diferencia, y que las empresas deben migrar a una nueva manera de hacer negocios, en la cual se incorpora una visión social. Los consumidores van premiando esas empresas que buscan retornos no solo para los accionistas, sino también para las comunidades donde operan.”
Como grupo empresarial afirmó que ha sido importante mantener un compromiso claro e ineludible con los salvadoreños, para seguir invirtiendo y apostándole al desarrollo, sobre todo de quienes menos tengan, para que sean ellos los que se vuelvan multiplicadores de progreso, no solo para sus familias, sino también para sus comunidades, puesto que la sostenibilidad de nuestra sociedad se logra únicamente fortaleciendo a la base de la pirámide social, para que no se derrumbe, y que seamos muchos los que empujemos al país hacia el progreso. “La educación es clave, hay que apostarle a nuestra gente. Aprendimos que el camino está en unir esfuerzos para desarrollar el potencial de todos nuestros niños por igual, que es donde está el futuro de El Salvador”.
Además señaló que es deber de todos el promover una cultura de paz, de entendimiento, para poner final a la polarización, a la violencia e inseguridad en la que vivimos, a generar un clima más favorable para que los inversionistas tanto nacionales como extranjeros hagan su parte generando oportunidades con valor agregado para la fuerza laboral de nuestro país.
Para concluir recalcó que se necesita una nueva visión de país, un acuerdo de nación, y un trabajo articulado, donde todos los sectores trabajen hacia un norte definido. Es por eso que debemos de buscar dentro de cada uno de nosotros el perdón y la reconciliación, solo así podemos construir nuestra propia paz, una paz que podamos compartir con todos nuestros hermanos salvadoreños, solo así haremos posible que vivamos en un país en el que podamos celebrar y no conmemorar los Acuerdos de Paz.”
El tiempo es hoy, los actores somos nosotros, tenemos la responsabilidad y entendamos que tenemos la responsabilidad y una deuda en la que tenemos y debemos de trabajar. Como grupo creemos en que si hace 25 años fuimos capaces de poner al país primero y hacer historia, es posible que hoy lo volvamos a hacer, que hoy más que nunca con fe en el futuro debemos unirnos y avanzar, bajo una misma visión que nos llevara a construir un mejor El Salvador.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró válida la prohibición de conciliar o mediar en delitos cometidos por personas reincidentes habituales. La resolución responde a una demanda contra el artículo 38 del Código Procesal Penal.
El demandante alegó que la disposición viola el artículo 11 de la Constitución, que prohíbe juzgar dos veces a una persona por la misma causa. A su juicio, negar la conciliación supone una nueva sanción por una conducta similar.
Sin embargo, la Sala concluyó que la restricción no constituye un segundo juzgamiento ni aumenta la pena por un delito anterior.
La medida busca proteger a las víctimas
Según la resolución, el Legislativo puede limitar los mecanismos alternativos de justicia según la gravedad de los hechos, la afectación de bienes jurídicos y el riesgo asociado a determinadas conductas.
La Sala también sostuvo que la prohibición protege a las víctimas y mantiene la coherencia del sistema de justicia restaurativa.
Además, aclaró que la medida no modifica las reglas para determinar la culpabilidad, no limita el derecho de defensa ni altera la presunción de inocencia.
El tribunal consideró que restringir la conciliación constituye una medida necesaria y no elimina otras posibilidades de resocialización.
Asamblea y Fiscalía defendieron la restricción
Durante el proceso, la Asamblea Legislativa argumentó que la conciliación exige buena fe y que permitirla a reincidentes habituales sería contrario a los objetivos de la medida.
El fiscal general también defendió la facultad del Legislativo para establecer excepciones a los mecanismos alternativos. Asimismo, sostuvo que la prohibición de doble juzgamiento no aplica porque no se trata de procesar nuevamente los mismos hechos.
La Sala emitió la resolución el 2 de septiembre de 2026. El fallo se publicó en el Diario Oficial el 14 de septiembre del mismo año.
La videoconferencia sobre balística forense y su valor en los procesos penales desarrollada por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) ya está disponible gratuitamente en YouTube. La sesión forma parte de un ciclo especializado en investigación criminal desde las ciencias forenses.
El CNJ anunció este lunes que publicó la grabación de la tercera sesión de este programa académico, realizada el 7 de octubre de 2026. La videoconferencia aborda los fundamentos de la balística forense, con énfasis en la identificación de armas mediante el análisis de proyectiles y casquillos.
Análisis científico de armas y municiones
La sesión examina cómo los especialistas analizan las marcas que las armas de fuego dejan en los indicios recolectados en una escena del crimen. Estas señales pueden ayudar a establecer si un proyectil o casquillo guarda relación con un arma específica.
Además, la capacitación aborda el alcance de los estudios balísticos para interpretar los hechos investigados y aportar elementos técnicos a los procesos penales. El análisis también permite examinar la dinámica de los disparos, según las características de los indicios disponibles.
Herramientas para valorar las pruebas periciales
La actividad está dirigida a fortalecer los conocimientos de los operadores de justicia sobre la evidencia científica. Entre sus destinatarios figuran jueces, magistrados, fiscales y defensores, quienes deben valorar los informes periciales durante las investigaciones y los juicios.
La formación integra la oferta académica de la Escuela de Capacitación Judicial del CNJ, como parte del ciclo “Investigación Criminal desde las Ciencias Forenses”.
Cómo consultar la grabación gratuita
Los interesados pueden ver la sesión completa en la videoteca del Consejo Nacional de la Judicatura, alojada en YouTube.
Enlace a la videoconferencia: https://www.youtube.com/watch?v=bSh7V1P2tvM
El material permite consultar los contenidos de la capacitación sin costo y conocer los fundamentos científicos de la balística identificativa, una disciplina utilizada en el análisis de indicios relacionados con armas de fuego.
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador y el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) sostuvieron una reunión de acercamiento el 9 de octubre de 2026.
El encuentro permitió dar continuidad al diálogo sobre asuntos de interés común y fortalecer la coordinación entre ambas instituciones.
Según la información oficial del CNJ, participaron su consejero presidente, Omar Alexander Hernández, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía.
La reunión buscó avanzar en la comunicación institucional y dar seguimiento a temas relacionados con las competencias de ambos organismos dentro del sistema judicial salvadoreño.
Selección de jueces y evaluación judicial, entre los temas centrales
Durante el encuentro, las autoridades abordaron las tres áreas sustantivas del Consejo Nacional de la Judicatura, establecidas en la Constitución de El Salvador.
Estas funciones comprenden la selección de candidatos para cargos judiciales, la evaluación de jueces y la capacitación de quienes integran la judicatura.
Además, las instituciones dieron continuidad al diálogo sobre asuntos estratégicos vinculados con sus respectivas responsabilidades. Sin embargo, los comunicados oficiales no detallaron medidas concretas ni acuerdos adicionales derivados de la reunión.
Coordinación institucional para fortalecer el sistema judicial
El Consejo Nacional de la Judicatura señaló que estos acercamientos buscan articular esfuerzos entre las instituciones judiciales del país.
Asimismo, indicó que la coordinación pretende impulsar iniciativas relacionadas con la idoneidad, la calidad y el desempeño
de la función judicial.
Según el organismo, estas acciones forman parte de su compromiso con el fortalecimiento del sistema de justicia y la atención de las necesidades de la población salvadoreña.
Dos instituciones con funcionres complementarias
La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal del Órgano Judicial de El Salvador. Por su parte, el Consejo Nacional de la Judicatura interviene en la selección de candidatos a cargos judiciales, la evaluación judicial y la formación de profesionales del sector.
Por ello, la coordinación entre ambas entidades resulta relevante para el desarrollo de sus respectivas funciones dentro del sistema de justicia.
La Corte Suprema de Justicia informó sobre el encuentro mediante una publicación en sus canales oficiales. Posteriormente, el Consejo Nacional de la Judicatura también difundió información sobre la reunión y reiteró su compromiso con la cooperación interinstitucional.
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Corte Suprema recuerda a abogados y notarios sus obligaciones para prevenir el lavado de dinero
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador recordó a abogados y notarios las obligaciones que deben cumplir cuando realizan actividades sujetas a supervisión.
La institución explicó que estas medidas buscan fortalecer la prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos relacionados.
Registros deben conservarse hasta por 15 años
Entre las obligaciones figura el mantenimiento de registros sobre clientes con quienes exista una relación profesional, contractual o comercial.
Los abogados y notarios deben conservar información y documentos que permitan reconstruir las operaciones realizadas.
La documentación puede ser requerida por el ente supervisor, la Unidad de Investigación Financiera, la Fiscalía General de la República u otra autoridad competente.
El plazo de conservación debe alcanzar al menos 15 años para las transacciones ya realizadas.
En esos casos, el periodo comienza desde la fecha de finalización de cada operación.
Para la información reciente, el plazo comienza cuando termina la relación profesional o comercial con el cliente.
Abogados y notarios también deben presentar reportes
La CSJ señaló que los profesionales también deben reportar determinadas operaciones y actividades ante la Unidad de Investigación Financiera.
Entre los informes figuran los reportes de operaciones sospechosas, operaciones tentadas y actividades sospechosas.
También deben presentar reportes sobre operaciones reguladas cuando corresponda, según las obligaciones establecidas en la normativa nacional.
La institución destacó que el reporte de operaciones sospechosas resulta clave para detectar posibles actividades ilícitas.
Este mecanismo permite comunicar operaciones que podrían estar relacionadas con delitos financieros o con el uso ilegal de recursos.
Medidas buscan fortalecer la prevención financiera
La Corte Suprema indicó que continuará proporcionando herramientas prácticas para facilitar el cumplimiento de estas medidas.
La Dirección para la Prevención de Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción desarrolla estas acciones.
Además, la institución recordó que las obligaciones forman parte de las medidas de prevención que deben aplicar los abogados y notarios sujetos a supervisión.
El contenido divulgado forma parte de una serie informativa sobre las responsabilidades de estos profesionales en materia de prevención financiera.
Colaboradores de la Sala de lo Contencioso Administrativo y de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos participaron en un curso sobre control de la gestión estatal.
La capacitación abordó las vías de hecho y la inactividad material de la administración pública. Además, buscó fortalecer las competencias jurídicas del personal que participa en estos procesos.
Capacitación aborda límites de la actuación estatal
El curso tuvo como objetivo profundizar en los mecanismos de control jurisdiccional aplicables a las actuaciones de la administración pública.
También buscó consolidar criterios sobre la legalidad que deben regir las decisiones y actuaciones del Estado.
Durante la jornada, los participantes analizaron herramientas relacionadas con la protección de los derechos de las personas frente a posibles actuaciones administrativas.
El proceso forma parte de la actualización técnica del personal vinculado con la jurisdicción contencioso administrativa.
Sala destaca equilibrio entre poder público y derechos
José Ernesto Clímaco Valiente, presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, destacó la importancia de esta jurisdicción.
Según explicó, su función permite mantener un equilibrio entre las potestades de las instituciones públicas y la protección efectiva de los derechos ciudadanos.
“La administración pública tiene una función esencial y sus decisiones inciden diariamente en la vida, obligaciones y actividades de los ciudadanos”, señaló.
La formación busca aportar herramientas especializadas para evaluar las actuaciones de las entidades estatales conforme al marco legal.
Participan magistrados y personal jurídico
En la actividad también participaron los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo Vicente Alexander Rivas Romero, Fernando Galo y Miguel Elías Martínez Cortez.
El curso reunió a colaboradores de esa Sala y de la Gerencia General de Asuntos Jurídicos.
La actualización técnica apunta a modernizar el trabajo jurídico relacionado con el control de la administración pública.
Además, busca reforzar los conocimientos necesarios para atender controversias vinculadas con las actuaciones y omisiones de las instituciones estatales.
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