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Gobierno podrá emitir ofertas públicas en activos digitales

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La Asamblea Legislativa aprobó la “Ley de Emisión de Activos Digitales”, con la que se pretende regular las operaciones de activos digitales que se utilicen en las emisiones de ofertas públicas.

La normativa regula los requisitos y obligaciones de los emisores de criptoactivos como proveedores de servicios de activos digitales.

La propuesta de ley menciona entre sus considerandos que «debido a que el mercado de activos digitales ha crecido de una manera acelerada durante los últimos 12 años es imprescindible permitir que el Estado, las instituciones autónomas, el Banco Central de Reserva y el sector privado puedan financiarse en este nuevo mercado» .

En la normativa se define al activo digital como «una representación digital transferible cuyos registros se encuentran enlazados y cifrados para proteger la seguridad y privacidad de las transacciones» que se realizan.

Así, con esta nueva ley, el Gobierno podrá emitir activos digitales a través de ofertas públicas, que son llamados a suscribir o adquirir valores, con el objetivo de venderlos o comercializarlos en una plataforma de intercambio.

Esto lo hará a través del Estado, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Reserva (BCR), y autónomas, sin necesidad de pedir autorización a la Asamblea Legislativa. También están autorizadas a estas emisiones las personas naturales, jurídicas y privadas.

El documento establece la obligatoriedad de crear una Comisión Nacional de Activos Digitales, que será , según el artículo 7, la encargada de «ponderar los derechos de los adquirientes de activos digitales y del público en general, la promoción de la innovación y de la competitividad».

La nueva ley regula todas las transacciones en activos digitales realizadas por el Estado o privados, incluidas deudas, inversiones, derechos a recibir flujos de dinero, activos o utilidades.

La Comisión Nacional de Activos Digitales habilitaría o autorizaría las ofertas públicas de activos digitales, luego de que certificadores autorizados por la misma Comisión concluyan que esas ofertas públicas de criptoactivos o activos digitales sean factibles.

La Ccomisión cobrará tasas por: registros de proveedores y certificadores (tasa registral de 15 salarios y tasa de renovación anual de 10 salarios mínimos del sector comercio), administración y emisión de certificaciones ($50 o su equivalente en bitcoin), y habilitación de ofertas públicas.

También, autorizaría a los proveedores de servicios de activos digitales (exchanges) y a los emisores de las ofertas de activos digitales.

La Comisión podrá constituir sociedades anónimas, mixtas o de cualquier otra índole para realizar inversiones a su favor, y suscribir contratos con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

La normativa también establece la creación de una Agencia Administradora de Fondos Bitcóin (AAB), que sería la encargada de la administración y resguardo e inversión de los fondos provenientes de las ofertas públicas que de activos digitales realice el estado de El Salvador y sus instituciones autónomas y los rendimientos provenientes de dichas ofertas públicas».

La AAB será dirigida por un administrador nombrado por el presidente de la República por cinco años, y cobrará comisiones de administración por los fondos que invierte y maneja hasta un máximo de 0.5 %.

Esta agencia deberá “analizar constantemente nuevas oportunidades de inversión” y cuando invierta debe “procurar que presenten el menor riesgo posible”, dice el proyecto.

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Presidente de la Corte Suprema y representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo abordan cooperación institucional

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El presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, Henry Alexander Mejía, sostuvo una reunión con el nuevo representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país, Jairo Acuña-Alfaro, para abordar iniciativas de cooperación institucional y desarrollo.

El encuentro formó parte de la agenda de trabajo que el representante de la agencia de Naciones Unidas inició con instituciones públicas y actores del sector privado. El objetivo consiste en construir una hoja de ruta que apoye los esfuerzos de desarrollo sostenible en beneficio de la población salvadoreña.

Durante la reunión, ambas autoridades analizaron temas de interés común relacionados con innovación, transformación tecnológica y fortalecimiento de capacidades institucionales.

Agenda incluyó herramientas tecnológicas para la gestión pública

Las autoridades revisaron oportunidades de cooperación enfocadas en procesos de innovación y digitalización dentro de las instituciones.

Además, los participantes abordaron mecanismos para impulsar herramientas que permitan modernizar procesos y fortalecer servicios institucionales.

La reunión también permitió intercambiar perspectivas sobre proyectos vinculados con mejoras operativas y nuevas estrategias de trabajo.

PNUD amplía acercamientos con diversos sectores

Organismo de Naciones Unidas amplía acercamientos con diversos sectores

El nuevo representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo inició una agenda de reuniones con diferentes sectores del país.

La estrategia incluye encuentros con entidades estatales y representantes privados para identificar áreas de colaboración y definir acciones conjuntas.

Además, el organismo internacional busca consolidar iniciativas relacionadas con el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de capacidades institucionales.

Magistrados y delegados participaron en el encuentro oficial

En la reunión participaron los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo, José Ernesto Clímaco Valiente y Fernando Galo.

Asimismo, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo acompañaron el encuentro y participaron en las conversaciones sobre temas de interés común.

Las autoridades desarrollaron la reunión en San Salvador este 1 de julio de 2026.

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El Salvador celebra el Día del Abogado y reconoce la labor de miles de profesionales del derecho

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Cada 30 de junio, El Salvador conmemora el Día del Abogado con actividades académicas, reconocimientos y mensajes institucionales que destacan la labor de los profesionales del derecho en la defensa de la justicia y el cumplimiento de las leyes.

La fecha, establecida oficialmente mediante un decreto legislativo emitido el 5 de junio de 1984, reconoce el trabajo de quienes ejercen la abogacía y participan en la construcción del sistema jurídico del país. Este año, la conmemoración también recordó el papel que abogados y juristas desempeñan en el acceso ciudadano a la justicia.

Además, instituciones públicas difundieron mensajes alusivos a la jornada. La Corte Suprema de Justicia de El Salvador compartió una felicitación enfocada en principios como la legalidad, la integridad y la garantía de derechos.

Una conmemoración creada por decreto hace más de cuatro décadas

El origen del Día del Abogado en El Salvador se remonta a 1984. En ese año, la Asamblea Legislativa aprobó el Decreto Ley N.º 108 durante la administración del entonces presidente José Napoleón Duarte.

La normativa fijó el 30 de junio como el Día del Profesional del Derecho. Desde entonces, la jornada se convirtió en una fecha de reconocimiento para quienes ejercen funciones jurídicas en diferentes sectores.

A 42 años de su creación, la celebración continúa vigente dentro de las instituciones del Estado y de la comunidad jurídica salvadoreña.

Profesionales ejercen en áreas clave para la sociedad

Actualmente, unos 37 mil abogados activos trabajan en el territorio salvadoreño. Los profesionales del derecho desarrollan labores en despachos privados, firmas corporativas y entidades públicas. También participan en áreas como derecho penal, civil, constitucional, administrativo, laboral, tributario e internacional.

Su trabajo incluye representación legal, asesoría jurídica y acompañamiento en procesos judiciales y administrativos.

Universidades y gremios impulsan actividades durante la jornada

La conmemoración también incluye actividades organizadas por universidades, asociaciones de juristas y entidades estatales.

Durante esta fecha se desarrollan foros académicos, conferencias magistrales y actos de reconocimiento dirigidos a profesionales destacados.

Estas actividades buscan fortalecer la formación continua y generar espacios de análisis sobre temas jurídicos actuales.

El sistema legal enfrenta nuevos retos en un entorno cambiante

La celebración ocurre en un contexto marcado por transformaciones políticas, cambios judiciales y nuevas demandas sociales.

Especialistas y entidades relacionadas con el ámbito jurídico señalan que temas como el acceso igualitario a la justicia, la ética profesional y el fortalecimiento institucional forman parte de los desafíos actuales.

Además, la labor del abogado mantiene un papel relevante como mecanismo de orientación y defensa de derechos dentro de la sociedad.

Isidro Menéndez permanece como una figura histórica del derecho salvadoreño

Aunque la fecha conmemorativa no está vinculada con un hecho histórico específico, la historia jurídica nacional reconoce a Isidro Menéndez como una figura central del desarrollo legal salvadoreño.

Nacido en 1795 en San Pedro Metapán, Menéndez participó en la Asamblea de Independencia de 1821 y contribuyó a la construcción de las bases jurídicas del país.

También impulsó proyectos educativos y legales, entre ellos la publicación de la “Recopilación de Leyes Patrias” y la creación del Colegio de Abogados en Ahuachapán.

Su legado permanece como una de las referencias históricas más importantes de la jurisprudencia salvadoreña.

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Federación de Asociaciones de Abogados presenta a 21 aspirantes al Consejo de la Judicatura

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La Federación de Asociaciones de Abogados (Fedaes) presentó a 21 precandidatos que competirán por integrar el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) para el período 2026-2031.

El CNJ es la institución encargada de evaluar, capacitar y proponer jueces y magistrados en el país. De sus siete integrantes, tres deben representar al gremio de abogados.

La Federación deberá presentar tres ternas de miembros propietarios y tres de suplentes, para un total de 18 nombres que serán definidos mediante votación secreta e igualitaria.

Aspirantes inician campaña antes de la jornada electoral

Los candidatos pertenecen a cuatro asociaciones de abogados y podrán realizar campaña desde el 30 de junio hasta el 9 de julio.

El presidente de la Federación, Rey Joaquín Nóchez Peña, señaló que la cantidad de inscritos superó las expectativas iniciales.

Además, indicó que el proceso refleja participación dentro del gremio y afirmó que los candidatos ya pueden solicitar apoyo para la elección.

Las votaciones se realizarán el 11 de julio desde las 8:00 de la mañana en los centros judiciales habilitados en cada departamento del país.

Integrantes actuales buscan mantener espacios dentro del organismo

Entre los participantes aparecen tres integrantes actuales del Consejo Nacional de la Judicatura.

Los abogados Santos Guerra Grijalba, Doris Deysi Castillo de Escobar y Alcides Salvador Funes Teos buscan continuar dentro de la institución.

Funes intenta alcanzar un cuarto período consecutivo y señaló que su experiencia administrativa constituye uno de sus principales argumentos.

Modificación técnica cambia el orden de la papeleta

El comité electoral informó además sobre un cambio en la organización de la papeleta.

Los nombres de los aspirantes aparecerán según el orden de inscripción y no en orden alfabético.

La reforma recibió aprobación por mayoría dentro de la directiva de la Federación y será aplicada durante la elección de este año.

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Corte Suprema presenta resultados de evaluación de programa sobre derechos humanos y prevención de violencia

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La Corte Suprema de Justicia presentó los resultados de la evaluación del Programa Educativo para el Fortalecimiento en Derechos Humanos y Masculinidades para una Vida Libre de Violencia y Discriminación, una iniciativa implementada desde 2022 dentro de procesos judiciales.

Las autoridades informaron que la evaluación permitirá actualizar contenidos y herramientas metodológicas para fortalecer la aplicación del programa y ampliar su impacto.

Hasta la fecha, el proyecto ha brindado atención a más de 3,500 hombres vinculados a procesos judiciales. El programa desarrolla procesos pedagógicos y seguimiento para promover reflexión, responsabilidad y cambios de conducta.

Herramientas educativas buscan reducir nuevas conductas violentas

Las autoridades explicaron que el programa busca prevenir nuevas manifestaciones de violencia mediante procesos educativos y acompañamiento especializado.

Además, la metodología incluye espacios orientados a identificar conductas y promover cambios personales durante el desarrollo de los procesos judiciales.

Jornada reunió a representantes del sistema judicial salvadoreño

La presentación contó con la participación de magistrados de distintas salas de la Corte Suprema de Justicia.

Entre los asistentes estuvieron magistrados de las áreas Constitucional, Penal y Contencioso Administrativo, quienes conocieron los resultados y alcances de la evaluación.

Organismos internacionales participan en el fortalecimiento del proyecto

La iniciativa fue desarrollada por la Dirección de Atención Integral a las Mujeres a través de equipos multidisciplinarios especializados.

Asimismo, el programa recibió apoyo de la Misión Internacional de Justicia y de la Federación Luterana Mundial para impulsar su ejecución y fortalecimiento institucional.

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Candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura avanzan tras elección en universidades privadas

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El proceso para integrar el Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador avanzó con la elección de una terna de candidatos provenientes del sector de abogados docentes de universidades privadas. La selección definió tres aspirantes a miembros propietarios y un candidato suplente para el período 2026-2031.

La Asamblea Legislativa deberá elegir de entre estos a uno de los siete integrantes propietarios que conformarán el organismo responsable de proponer candidatos a jueces y magistrados del sistema judicial salvadoreño.

La terna quedó integrada por Verónica Lisseth González Penado, César Edgardo Castaneda y William Rafael Rebollo como aspirantes propietarios. Además, Óscar Antonio Canales Cisco fue seleccionado como candidato suplente.

La votación mostró diferencias amplias entre los participantes

Los resultados reflejaron distintos niveles de respaldo entre los aspirantes.

Según los datos disponibles, Verónica González obtuvo 82 votos. William Rafael Rebollo recibió 38 votos y César Edgardo Castaneda alcanzó 32 apoyos.

Por otra parte, Óscar Antonio Canales Cisco sumó 30 votos y quedó como aspirante suplente.

El sector registró únicamente cuatro candidatos. Por esa razón, el proceso no logró completar dos espacios destinados a suplencias.

Los antecedentes profesionales marcan el perfil de cada aspirante

Los candidatos presentan trayectorias distintas dentro del ámbito académico y judicial.

Verónica González forma parte del actual Consejo Nacional de la Judicatura para el período 2021-2026. También trabajó como secretaria judicial y especialista en derecho laboral.

Según su presentación profesional, posee dos maestrías y nueve estudios de posgrado.

William Rafael Rebollo ejerce como decano de una facultad de ciencias jurídicas y trabaja como consultor en gestión de proyectos. 

César Edgardo Castaneda trabaja actualmente como jefe de unidad dentro del mismo Consejo Nacional de la Judicatura.

Mientras tanto, Óscar Antonio Canales Cisco ocupa un cargo como magistrado suplente de la Corte Suprema de Justicia y cuenta con experiencia académica y judicial.

El organismo tiene influencia directa sobre futuros nombramientos

El Consejo Nacional de la Judicatura desempeña una función clave dentro del sistema judicial salvadoreño.

La institución propone candidatos para magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de cámaras de segunda instancia y jueces de distintos niveles.

Además, la Asamblea Legislativa elige y puede destituir a sus integrantes mediante una votación calificada.

La etapa actual representa un paso más dentro de un proceso que definirá la futura integración de una institución con influencia directa sobre la selección de funcionarios judiciales del país.

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