Legal
Análisis sobre las sentencias de la Sala de lo Constitucional
Entrevista con el Dr. Germán Rivera, abogado, notario y consultor en Derecho Constitucional.
$900 millones y diputados suplentes
Sobre la sentencia de inconstitucionalidad sobre la emisión de 900 millones en bonos. ¿Qué se podría hacer si el Gobierno intenta que se vuelva a aprobar si ya no hay diputados suplentes?
De acuerdo a la sentencia de la Sla, prácticamente el decreto que aprobó los 900 millones al declararse inconstitucional sale del sistema jurídico. Si la Asamblea legislativa quisiera aprobar los 900 millones o cualquier otra cantidad, tendría que someter a un nuevo proceso de aprobación un decreto diferente.
Con respecto a los diputados suplentes, lo que ha dicho la Sala en la sentencia es que actualmente no hay diputados suplentes, será hasta en el 2018 que se elegirán. Las personas que fueron nombradas como diputados suplentes en las elecciones anteriores por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), no podrán tener ningún tipo de participación la función legislativa, la Asamblea terminará periodo solo con los 84 diputados propietarios.
¿Por qué?
Entiende la sala que los diputados suplentes no han recibido la legitimación democrática del electorado en virtud de que no fueron elegidos de forma directa según las características del voto previstas en la Constitución de la República.
El sistema legal actual ha permitido que los diputados suplentes aparezcan en una terna que se registra en el TSE pero el elector no los conoce, él elige al diputado propietario por rostro, pero no al suplente.
Bajo esa lógica, si la Asamblea quisiera aprobar un nuevo decreto tendrá que hacerlo con la mayoría calificada de las dos terceras partes o sea 56 votos, pero con diputados propietarios.
¿Cuáles considera que serían las consecuencias de no tener diputados suplentes?
La asamblea está integrado por 84 diputados propietarios, en ese contexto los diputados suplentes solo se integran es en sustitución de diputados propietarios. Lo que va a implicar es que, mientras termina el actual periodo, el propietario tendrá que estar en todas las diferentes comisiones ya sean permanentes o especiales y en el pleno.
Algunos diputados manifestaron que podrían modificar el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa para redefinir las funciones y atribuciones de los diputados suplentes. ¿Podrían hacerlo?
El tema central es si existe o no existen a partir de la sentencia de la Sala los diputados suplentes. Según la referida sentencia en el actual periodo legislativo no hay diputados suplentes. Eso implica que aunque se reformara el reglamento interno de la Asamblea y se le quisiera asignar algunas labores, podrán continuar en la Asamblea pero con cargos distintos, podrán ser asesores, pues a partir de la sentencia, según la Sala de lo Constitucional, no hay diputados suplentes.
¿Qué debería hacer el TSE para las próximas elecciones? ¿Poner también el rostro de los diputados suplentes? O ¿no es necesario disponer ya, de diputados suplentes?
El mandato que se deriva de la sentencia es que la Asamblea legisle sobre esto, ello implica que deberán hacerse reformas electorales en las que se establezca que en las planillas del próximo proceso electoral estén los diputados propietarios y los diputados suplentes. Eso va a implicar que el elector elija de forma directa y por voto cruzado a diputados suplentes también.
Suspensión del 13 por ciento a la energía eléctrica
Por el momento la sala ha suspendido provisionalmente el aumento del 13 por ciento a la energía ya que el Órgano Ejecutivo pretende regular este tributo, función que es de la Asamblea Legislativa.
¿Por qué el Ejecutivo toma decisiones que no le corresponden?
Desde la perspectiva de los hechos el Órgano Ejecutivo quiere fondos y para ello posiblemente se pudo haber hecho una interpretación de la Ley de Electricidad, la cual fue emitida por la Asamblea Legislativa y en la que se determina los cargos. Ahora bien, en este caso, se produjo una reforma al reglamento de la ley y ahí se establece otro cargo, pero hay una diferencia, esta reforma al reglamento no va por la Asamblea. La discusión es si debía o no ir a la Asamblea Legislativa el tema de ese cargo; desde mi perspectiva creo que sí, porque en el fondo son tributos los que se regulan, son cargas económicas que va a pagar el usuario y esto implica un fondo para el Estado. Ese tributo es un impuesto por sus características.
El decreto dice que es para programas sociales pero luego creo que hay tres versiones más, que es para mejorar la producción energética, para energía renovable, la otra versión es que es para el subsidio,, pero el decreto señala que es para programas sociales. Eso implica quién lo va a recibir, cuándo lo va a recibir y en qué cantidad lo va a recibir.
Entonces, viene la Sala admite la demanda y decreta la medida cautelar de suspensión mientras se evalúa si existe o no la inconstitucionalidad que le ha planteado el demandante.
¿Cuál considera que es el principal argumento de la sala para declarar esta suspensión?
El elemento principal en la demanda es que este es un impuesto y que por lo tanto debió ser aprobado por la Asamblea Legislativa.
¿Los funcionarios que decretaron el aumento desconocieron alguna jurisprudencia constitucional al respecto?
Creo que pudo haber sido una interpretación extensiva de lo que era la Ley de Electricidad y Comunicaciones y entender que en ella ya estaba previsto un cargo de ese tipo. Y por lo tanto, hicieron la reforma al reglamento.
Posiblemente no se entró en un debate muy profundo de estos temas que ya la sala ha señalado, posiblemente sí lo hicieron y no le quisieron atender.
Ley de Amnistía General
¿Qué implicaciones tiene que la Ley de Amnistía General sea declarada inconstitucional y que entre en vigencia la Ley de Reconciliación Nacional?
Hay que irnos un poco atrás. No es la primera demanda que se presentaba en contra de La ley de Amnistía. Ya en el año 2000 la Sala emitió una sentencia en la que si bien dijo que no era inconstitucional establecía ya unos ciertos aspectos que señalaban debían ser llevados a la vía ordinaria y que allí se determinaría si aplicaba o no la ley de amnistía.
Discrepo completamente con el pronunciamiento de un exmagistrado que dice que el año 2000 se declaró constitucional la ley de amnistía y que por lo tanto ya no se podía conocer, no es cierto. El proceso de inconstitucionalidad como tal no tiene por objeto declarar si una norma es constitucional o no, sino declarar si existe o no la inconstitucionalidad que fue alegada. En ese caso, se desestimó la inconstitucionalidad alegada.
Cuando la Sala dice que no existe la inconstitucionalidad alegada, queda la posibilidad de presentar nuevas demandas a futuro, claro ahora dijo la Sala es inconstitucional según los argumentos planteados y por lo tanto, se expulsa toda la ley y se da reviviscencia a la Ley de Reconciliación Nacional.
Visto el texto de la sentencia, visto los alcances, esta sentencia definitivamente genera mucha preocupación en diferentes sectores pero también genera mucha aceptación en otros.
El tema es bien delicado sobretodo si evaluamos los alcances del informe de la Comisión de la Verdad y de las personas que posiblemente pudieran estar involucradas, en los casos ahí mencionados, aspectos que son tomados como elementos esenciales en la sentencia por la Sala.
¿Quiénes serían los afectados?
En todo caso si se llegara a procesar a alguien, si se evaluara la posibilidad de procesarles por la Fiscalía General de la República (FGR) y si se tratara de actuales funcionarios con nombre y apellido, tendrá que ir ante la Asamblea Legislativa e iniciarles el antejuicio porque son funcionarios que a estas alturas tienen fuero constitucional y la Asamblea determinará si procede o no desaforarlo o esperar que termine el periodo y cuando termine, los podría procesar, pero mientras tanto no es un tema que ya mañana van a aparecer los procesos en la vía ordinaria respecto de esos funcionarios, sin fuera el caso.
Si no fueran funcionarios y fueran personas que no tuvieran ningún fuero, habrá que evaluar la posibilidad de si en la vía ordinaria el fiscal va a presentar estas acusaciones y ver si cuenta con las prueba, etc. El Fiscal ha dicho que acatará la sentencia.
Es una situación bastante compleja y es en la vía ordinaria donde se determinará si ese caso por el cual está siendo procesada una persona, es de delitos de lesa humanidad.
En todos estos casos habrá que cumplir a plenitud con un proceso conforme a la constitución, no se va a procesar a alguien y decir es culpable simplemente. Hay que desvirtuar la presunción de inocencia y establecer la culpabilidad de esa persona.
Por otro lado, hay que tener claro que la Sala deja abierto la posibilidad de reclamar los daños y perjuicios que van más allá de la responsabilidad penal, pues pudiera tratarse de personas que consideraron según el informe de la comisión de la verdad, pero que ya fallecieron. Podrán buscar indemnizaciones en esos casos.
Primero hay que conocer el contenido de la sentencia, evaluarla técnicamente y hay que razonarla de manera objetiva no con pasionismos, la sentencia es de la sala y hay que acatarla por su carácter vinculante, art. 183 Cn.
¿Se verá afectada la situación de los militares que España está pidiendo sean extraditados?
Una vez que la Sala declara inconstitucionalidad la ley de Amnistía se abre la posibilidad para que estos casos se conozcan en El Salvador. El caso jesuitas está entre ellos.
Al haberse declarado la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y haberse establecido que esos casos no han prescrito, se abre toda la vía para que sean procesados en El Salvador.
Yo creo que la Corte Suprema podría ahora negar la extradición considerando que van a ser procesados en el país. Pero algunos, otros no. Ahí se va a evaluar quienes pudieran ser juzgados y quiénes no. Porque si fueron juzgados y fueron condenados y luego amnistiados y no cumplieron las penas en aquel entonces, tienen que cumplir las penas ahora. Pero los que no fueron procesados, podrán ser procesados.
Y si en el país no se hace nada, ya hay jurisprudencia de la Sala que no hay que perder de vista, que cuando la fiscalía no ejerza la acción penal las víctimas pueden ir de manera directa a la vía ordinaria.
Si se diera el caso, de que en la vía ordinaria tampoco se da la posibilidad y se niega todo acceso a la justicia. Uno se pudiera preguntar, ¿en este caso cabría la posibilidad del Tribunal Penal Internacional o no? Que ese es otro escenario posible. No hay que perderlo de vista.
Téngase en cuenta que se ha ratificado la jurisdicción del tribunal y se ha dicho que no es con efecto retroactivo: Será un tema de debate, si internamente el país no hace nada en estos casos que pasará. El tema es sumamente complejo.
Legal
Consejo Nacional de la Judicatura analizará implicaciones legales de la tokenización de activos
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) de El Salvador realizará una videoconferencia sobre los efectos legales de la tokenización de activos y los retos que plantea esta tecnología.
La actividad se desarrollará el 28 de agosto de 2026, de 10:00 de la mañana al mediodía.
La conferencia forma parte de las actividades de regulación digital impulsadas por el organismo encargado de apoyar la formación de funcionarios judiciales.
La sesión abordará el marco legal de los activos digitales
La videoconferencia se denomina “Implicaciones jurídicas de la tokenización de activos”.
Durante la jornada, los participantes analizarán el marco legal establecido por la Ley de Emisión de Activos Digitales de El Salvador.
Además, la actividad abordará la relación entre los activos tokenizados y los derechos de propiedad.
Otro de los temas será el uso de smart contracts, o contratos inteligentes, y su validez dentro del derecho civil.
La sesión busca analizar los desafíos jurídicos que surgen cuando bienes o derechos se representan mediante tokens digitales.
Especialista de la Escuela de Capacitación Judicial dirigirá la actividad
La ponencia estará a cargo de la doctora Reyna Verónica Jaime Bermúdez, capacitadora de la Escuela de Capacitación Judicial “Dr. Arturo Zeledón Castrillo”.
La actividad está dirigida a analizar los cambios que introduce la tecnología digital en las relaciones jurídicas.
Además, permitirá revisar los posibles efectos de la tokenización sobre la propiedad y los derechos reales.
La inscripción continúa abierta
El Consejo Nacional de la Judicatura habilitó un proceso de inscripción para participar en la videoconferencia.
La actividad se realizará en línea y forma parte de la agenda de formación relacionada con regulación digital (para inscripción: https://tinyurl.com/2y94r4h2)
El encuentro permitirá abordar cómo el marco jurídico salvadoreño responde a nuevas formas de representar activos y ejecutar acuerdos mediante tecnología digital.
La Fiscalía General de la República de El Salvador mantiene una campaña en redes sociales para prevenir y rechazar actos de soborno dentro de la institución.
La entidad señala que la ética y la transparencia forman parte de sus principios. Además, reafirma su compromiso de prevenir prácticas de corrupción en sus procesos internos.
Canal para reportar posibles irregularidades
Como parte de la campaña antisobornos, la Fiscalía invita a informar sobre cualquier intento o acto de soborno relacionado con los procesos de compras públicas.
La institución habilitó el correo avisoantisoborno@fgr.gob.sv para recibir estos reportes. Según el mensaje difundido, la Fiscalía garantiza el anonimato de las personas que presenten una denuncia.
De esta forma, el mecanismo busca facilitar la comunicación de posibles irregularidades sin exponer la identidad de quienes proporcionen información.
Compras públicas bajo vigilancia
La campaña pone especial atención en los procesos de compras públicas, un área en la que pueden surgir intentos de soborno o prácticas contrarias a las normas de transparencia.
La Fiscalía pide a quienes conozcan un caso que utilicen el canal habilitado para comunicarlo. El llamado forma parte de las acciones institucionales para prevenir actos de corrupción.
Además, la entidad mantiene información sobre su política antisoborno en su sitio web oficial.
La Fiscalía promueve la denuncia
Con esta campaña, la Fiscalía busca reforzar el conocimiento de sus mecanismos para reportar posibles actos de soborno. La institución también destaca la importancia de la participación ciudadana para detectar irregularidades.
El mensaje difundido en redes sociales pregunta a los usuarios si conocen algún caso y los remite al correo habilitado.
Su campaña se enfoca en promover controles y canales de denuncia frente a posibles prácticas de corrupción.
Legal
El Salvador impulsa el desarrollo económico y jurídico en congreso de Derecho Privado, Arbitraje e Inversión
El Primer Congreso Salvadoreño de Derecho Privado, Arbitraje e Inversión reunió a profesionales del sector legal para analizar las tendencias normativas que impactan el desarrollo económico de la región.
La organización profesional Abogados Red coordinó el foro académico con el objetivo de brindar herramientas prácticas ante los cambios del derecho mercantil y corporativo.
Durante la jornada, especialistas locales e internacionales abordaron temas clave para el fortalecimiento del marco regulatorio e impulsaron un espacio de reflexión técnica.
El encuentro buscó promover el intercambio de conocimientos para dinamizar el clima de negocios y la certeza jurídica.
El Poder Judicial respalda el espacio de intercambio jurídico
La Corte Suprema de Justicia participó en la la actividad con la presentación de su presidente, Henry Alexander Mejía, y magistrados de diversas salas. El máximo tribunal apoyó la iniciativa como un mecanismo directo para capacitar de forma continua a los administradores de justicia del país.
En sus palabras de apertura, el titular de la institución judicial llamó a transformar las ponencias en herramientas útiles para el progreso del país. El funcionario destacó la urgencia de fomentar el diálogo entre las dependencias del Estado y los distintos sectores sociales.
Exposiciones magistrales fortalecen la resolución de disputas comerciales
El programa del simposio incluyó la presentación de estudios comparados a cargo de altas autoridades judiciales.
La magistrada de la Sala de lo Civil, Lidia Patricia Castillo Amaya, impartió una ponencia enfocada en las tendencias del recurso de casación civil en Iberoamérica.
Asimismo, representantes de las salas de lo Constitucional, Civil y Penal asistieron al debate técnico para actualizar los criterios jurisprudenciales en materia mercantil y contractual.
Estas ponencias brindaron insumos clave para consolidar un sistema de justicia moderno y dar respuestas oportunas a las demandas del mercado.
Legal
¿Interesado en realizar el examen de notariado? La Corte Suprema le recuerda a los abogados los requisitos para la prueba
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador ya promociona el examen de notariado 2026. La evaluación está dirigida a abogados que buscan ejercer la función pública del notariado.
La institución publicó los requisitos que deberán cumplir los profesionales interesados. Además, recordó que los aspirantes deben contar con las condiciones técnicas necesarias para realizar la prueba.
Estos son los requisitos para participar
Para realizar el examen de notariado 2026, los aspirantes deben cumplir varias condiciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia.
Entre los requisitos se encuentran los siguientes:
- Ser salvadoreño o centroamericano, según las condiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley de Notariado.
- Ser abogado autorizado.
- No estar suspendido ni inhabilitado para ejercer la profesión.
- Poseer la nueva Tarjeta de Identificación de Abogacía.
- Contar con equipo de cómputo con cámara y micrófono.
- Mantener una conexión estable a internet durante toda la evaluación.
- Disponer de una velocidad mínima de internet de 10 megabits por segundo.
- Además, la Corte Suprema recomienda revisar toda la información oficial antes de iniciar el proceso de inscripción.
La prueba se realiza en modalidad virtual
El Examen de Notariado, también conocido como Prueba de Suficiencia para el Ejercicio de la Función Pública del Notariado, evalúa los conocimientos de los abogados que buscan obtener el fiat de notario.
Desde 2021, la evaluación se desarrolla de manera virtual. Asimismo, los aspirantes deben completar previamente un simulacro obligatorio.
La prueba aborda contenidos relacionados con legislación notarial, derecho civil, derecho mercantil y formalidades aplicables a los actos jurídicos.
La nota mínima histórica para aprobar la evaluación se sitúa en 7.0 sobre 10.0.
Los resultados recientes muestran una alta exigencia
Los resultados de las últimas ediciones reflejan un bajo porcentaje de aprobación.
En 2021 aprobó el 1.78 % de los participantes. En 2022, el porcentaje llegó al 7.93 %.
Después, la aprobación alcanzó el 5.67 % en 2023 y el 10.26 % en 2024. En 2025, el resultado volvió a bajar hasta el 5.33 %.
Así, el promedio histórico de aprobación durante la modalidad virtual se mantiene alrededor del 5 % al 6 %.
Más de 7,000 abogados realizaron la prueba en 2025
La edición de 2025 se realizó los días 6 y 7 de diciembre. Según los datos presentados ante la Corte Plena, 9,505 abogados iniciaron el proceso.
Sin embargo, 7,496 profesionales llegaron a la evaluación tras cumplir con el simulacro previo.
De ese grupo, 418 abogados aprobaron la prueba. La cifra representó el 5.33 % de quienes realizaron el examen.
En contraste, 6,971 profesionales no alcanzaron la nota requerida. La calificación promedio general fue de 4.22.
La nota más alta registrada alcanzó 9.0.
La Universidad de El Salvador obtuvo el mayor número de profesionales aprobados. En total, 121 de sus graduados superaron la evaluación de 2025.
Dónde consultar la información oficial
La Corte Suprema de Justicia indicó que los interesados deben consultar la información correspondiente dentro de su Expediente Electrónico Único de Abogados.
También puso a disposición el portal institucional para conocer los detalles del proceso y los requisitos de inscripción.
Los abogados interesados en realizar el examen de notariado 2026 deben verificar directamente la información oficial antes de completar su registro.
Más información: servicios.csj.gob.sv
Legal
El Salvador cierra primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario con agenda de regulación y salud
El Salvador concluyó este miércoles el Primer Congreso Internacional de Derecho Sanitario, centrado en innovación, regulación y nuevos desafíos para el sistema de salud.
El encuentro fue organizado por la Superintendencia de Regulación Sanitaria y reunió a expertos nacionales e internacionales.
La actividad abordó temas jurídicos, científicos y tecnológicos relacionados con la regulación sanitaria y el derecho a la salud.
Además, participaron autoridades de la Corte Suprema de Justicia y especialistas en distintas áreas vinculadas con el sector.
Autoridades judiciales destacan el vínculo entre ciencia y justicia
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Henry Alexander Mejía, participó en el congreso.
También asistió el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Héctor Nahun Martínez.
Mejía señaló que el encuentro permitió ampliar el diálogo sobre el derecho sanitario y sus nuevos desafíos.
Además, destacó la importancia de acercar a los administradores de justicia a los avances científicos, tecnológicos y regulatorios.
Según el magistrado, la Corte Suprema continuará promoviendo alianzas para responder a las nuevas realidades del sector sanitario.
La inteligencia artificial entra en el debate regulatorio
Durante el congreso, Mejía moderó un panel sobre el uso de software como dispositivo médico.
Expertos analizaron las implicaciones y desafíos que plantea esta tecnología dentro del ámbito sanitario.
La agenda también incluyó temas relacionados con inteligencia artificial y ciberseguridad.
Asimismo, los especialistas abordaron la regulación de medicamentos, alimentos, dispositivos médicos y productos veterinarios.
Estos temas reflejan el alcance que las autoridades buscan dar al derecho sanitario en El Salvador.
La regulación sanitaria busca ampliar su alcance
El superintendente de Regulación Sanitaria, Noé García, planteó la necesidad de consolidar el derecho sanitario como una disciplina.
Según García, esta área involucra tanto a profesionales del derecho como a especialistas del sector salud.
También señaló que las conclusiones del congreso podrían contribuir a futuras reformas sanitarias.
El funcionario explicó que la regulación debe proteger el derecho a la salud de toda la población.
Por ello, planteó ampliar el enfoque más allá de la relación entre médicos y pacientes.
Medicamentos, alimentos y dispositivos forman parte del debate
García señaló que la regulación sanitaria incluye productos y actividades que pueden influir en la salud pública.
Entre ellos mencionó medicamentos, cosméticos, productos higiénicos y dispositivos médicos.
También incluyó alimentos, bebidas, tabaco, alcohol e insumos de uso agropecuario.
Además, destacó la regulación de productos y dispositivos destinados al ámbito veterinario.
“Es necesario que El Salvador redefina qué debemos entender por derecho sanitario, pero también redefinir los principios, porque al derecho sanitario no únicamente le corresponde regular la relación médico – paciente, le corresponde regular el derecho a la salud de la población y el derecho a la salud es la regulación de todos los productos que inciden en la salud, todos los establecimientos, todas las actividades desde medicamentos cosméticos, higiénicos, dispositivos médicos de uso humano, de uso veterinario, alimentos, bebidas, tabaco, alcohol y insumos de uso agropecuario”, dijo García.
El funcionario sostuvo que estos sectores requieren normas para garantizar una protección integral de la salud.
El congreso busca fortalecer el sistema regulatorio
El encuentro reunió a especialistas de distintas áreas para compartir conocimientos y experiencias.
Además, la organización planteó fortalecer capacidades y establecer nuevas alianzas en materia de regulación sanitaria.
La agenda incluyó participación nacional e internacional en temas científicos, jurídicos y tecnológicos.
Según García, uno de los objetivos consiste en definir con mayor precisión el alcance del derecho sanitario.
Las conclusiones del congreso podrían servir como referencia para futuras acciones y propuestas dentro del sistema regulatorio salvadoreño.
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