El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, destacó la mejora en la seguridad de El Salvador, posicionando al país centroamericano como el destino más seguro para los ciudadanos estadounidenses. 

Según Rubio, «mantener seguros a los estadounidenses en el extranjero es nuestra máxima prioridad», y destacó el trabajo del presidente Nayib Bukele como un factor esencial en este cambio.

El gobierno de Bukele ha implementado una serie de políticas que han logrado reducir de manera drástica los niveles de violencia en El Salvador, un país históricamente marcado por la presencia de pandillas y altos índices de criminalidad. 

En los últimos años, estas políticas han resultado en una disminución considerable de la violencia, lo que ha mejorado significativamente la imagen internacional de El Salvador como un destino seguro para los viajeros.

Este cambio ha sido tan relevante que la administración del presidente Donald Trump actualizó su alerta de viaje, colocando a El Salvador en la primera posición en cuanto a seguridad para los estadounidenses, por encima de otros países de la región. 

En este ranking centroamericano, Costa Rica, Belice y Panamá ocupan el segundo lugar, mientras que Guatemala, Honduras y Nicaragua se ubican en el tercer puesto en términos de seguridad para los ciudadanos de Estados Unidos.

Las mejoras en la seguridad de El Salvador se deben a una combinación de medidas, entre las que se incluyen el despliegue de fuerzas de seguridad, políticas de mano dura contra las pandillas y el fortalecimiento de la cooperación internacional. 

La Casa Blanca confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá el próximo lunes 14 de abril al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, para una visita oficial de trabajo. Este encuentro será el primero entre Trump y un líder latinoamericano en la residencia presidencial desde su retorno al poder en enero de este año.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, informó que durante la reunión se tratarán temas clave sobre la colaboración bilateral, con un enfoque particular en el uso del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador, que ha sido destinado para albergar a migrantes deportados desde Estados Unidos, en su mayoría relacionados con las pandillas MS-13 y Tren de Aragua.

Leavitt subrayó que esta visita es un reconocimiento al papel de El Salvador como un ejemplo en la cooperación migratoria, destacando las medidas adoptadas por el gobierno salvadoreño como un modelo a seguir por otros países. La colaboración de El Salvador con la administración estadounidense ha sido elogiada, especialmente por su política de seguridad, que incluye el uso de instalaciones como el CECOT para encarcelar a miembros de pandillas y deportados sin juicio previo.

«El 14 de abril, el presidente Trump recibirá al presidente Bukele de El Salvador en la Casa Blanca. Juntos abordarán cómo continuar reforzando la lucha contra la inmigración ilegal y el crimen transnacional», declaró Leavitt en una conferencia de prensa.

En los últimos años, la estrategia de seguridad de El Salvador, que incluye el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, ha llevado a la captura de más de 86,000 presuntos pandilleros, aunque un número significativo de ellos ha sido liberado tras no comprobarse su vinculación con grupos criminales.

Trump ha expresado su agradecimiento a Bukele por su compromiso en la lucha contra la inmigración irregular, destacando la importancia de esta colaboración. «Gracias a El Salvador y, en particular, al presidente Bukele por su comprensión ante esta situación… ¡No lo olvidaremos!», publicó el presidente estadounidense en la red social X en marzo.

La Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) expresó la importancia de mejorar la capacidad del sistema eléctrico del país para satisfacer una posible expansión de la inversión privada. 

El presidente de la ASI, Jorge Arriaza, señaló que este es uno de los desafíos más significativos para el sector de la construcción en El Salvador.

Aunque la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM) afirmó en febrero que la capacidad energética instalada en el país supera ampliamente la demanda actual, Arriaza destacó que la situación podría complicarse si se registrara un incremento considerable de inversiones. Según la DGEHM, al cierre del año pasado, El Salvador contaba con 3,014 megavatios (MW) de capacidad instalada, una cifra que triplica los 1,000 MW requeridos diariamente en el mercado mayorista.

En términos de participación regional, El Salvador tiene el 15.6% de la capacidad instalada en Centroamérica, que en total alcanza los 19,325 MW. De esa capacidad, el 25.11% corresponde a energía térmica, un 20.53% a hidroeléctrica, un 12.5% a gas natural, un 9.90% a biomasa, y un 8.03% a energía fotovoltaica. 

Además, el país complementa su oferta con la generación de energía a partir de fuentes geotérmicas y distribuida.

Sin embargo, los datos más recientes de la Unidad de Transacciones (UT) muestran que la demanda de energía eléctrica en El Salvador creció un 4.3% en 2024, lo que genera incertidumbre sobre el futuro. 

La DGEHM estima que esta demanda aumentará un 3.7% anualmente durante los próximos 15 años, lo que podría traducirse en una duplicación de la demanda si se concretan nuevos proyectos turísticos y se incrementa la circulación de autos eléctricos.

Arriaza resaltó que la expansión de la capacidad energética ha sido uno de los puntos clave evaluados por las empresas que están considerando operar en el país. Además, el líder industrial expresó su preocupación por cómo la transición hacia vehículos eléctricos podría generar aún más presión sobre el sistema energético nacional.

En este contexto, el Consejo Industrial de El Salvador, en el que participa la ASI, se prepara para discutir estas y otras cuestiones con el presidente Nayib Bukele. Este miércoles se llevará a cabo la primera reunión entre el mandatario y el Consejo Industrial, en la que se abordarán 11 puntos clave para el sector, entre ellos, las necesidades de financiamiento, la ubicación de nuevas zonas francas, la capacitación técnica de la mano de obra y el fortalecimiento de los servicios del sector.

Arriaza adelantó que, tras la reunión, el Consejo Industrial compartirá públicamente los acuerdos alcanzados con el gobierno. Esta reunión representa un paso importante en el establecimiento de un plan de acción conjunto entre el sector privado y el gobierno para abordar los desafíos económicos del país.

La Asamblea Legislativa se encuentra en proceso de elegir al nuevo Procurador General de la República, quien asumirá el cargo por los próximos tres años. Este puesto, clave en la administración pública, es responsable de velar por los derechos de los ciudadanos, brindando servicios de defensoría pública y promoviendo el acceso a la justicia para todos los salvadoreños.
En este contexto, la Comisión Política de la Asamblea ha realizado entrevistas a los ocho candidatos que han presentado sus credenciales, incluyendo al actual procurador, René Escobar Álvarez, cuya comparecencia fue la más extensa durante las audiencias realizadas el lunes pasado.
El Procurador General tiene como función principal garantizar la defensa legal de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, así como la supervisión de la actuación de los tribunales y otros actores del sistema de justicia.
Además, tiene la responsabilidad de promover la mediación y arbitraje en la resolución de conflictos y de brindar apoyo a las personas privadas de libertad, asegurando el respeto a sus derechos fundamentales.
Los ocho candidatos han propuesto una serie de medidas y reformas para mejorar el funcionamiento de la Procuraduría General de la República (PGR). Entre las iniciativas más destacadas se encuentran la expansión de los centros de mediación, la creación de unidades especializadas para la resolución de conflictos, y el impulso de la digitalización y modernización de la institución.
Propuestas clave de los candidatos

1. Dionisio Ernesto Alonso Sosa: Este abogado propone fortalecer la calidad de los servicios de atención de la PGR, mejorar la articulación con otros actores del sector justicia, y expandir los centros de mediación con el apoyo de universidades, permitiendo que los estudiantes de derecho participen en la práctica jurídica.
2. Cándida Dolores Parada de Acevedo: La actual procuradora adjunta propone la creación de una Unidad de Solución Alterna de Conflictos y una aplicación con Inteligencia Artificial para la gestión de casos, especialmente en lo relativo a las cuotas alimenticias. Además, aboga por una reforma a la ley de mediación y arbitraje, y el fortalecimiento de la asistencia legal a los salvadoreños en el exterior.
3. Juan José Losa Lizama: Este candidato se centra en la propuesta de enseñanza de oficios a estudiantes desde séptimo grado, además de una nivelación salarial que favorezca a las mujeres y la atención psicológica a menores de 15 años en hospitales.
4. Nelson Alexander Yanes Iraheta: Con un enfoque en la niñez y la transformación digital, Yanes Iraheta propone modernizar la PGR mediante la colaboración con empresas tecnológicas como Google, y mejorar la mediación territorial en todo el país.
5. René Escobar Álvarez: El actual procurador destacó sus logros, como la creación del Centro de Atención Virtual (Caval), la línea «Estamos contigo» y la ampliación de los servicios de atención. En su discurso, defendió la necesidad de continuar con los proyectos a largo plazo y destacó su trabajo en la defensa de los derechos de las personas bajo el régimen de excepción.
6. Sara Nohemy García Leonardo: García Leonardo propuso mejorar la atención al usuario y enfocar esfuerzos en la prevención de la violencia intrafamiliar, priorizando el bienestar de las personas y las familias.
7. Sara Yolanda González Alfaro: González Alfaro abogó por simplificar las funciones de la PGR y mejorar la eficiencia de los procesos a través de la digitalización, con el fin de reducir la lentitud en la resolución de los casos.
8. Karina Jeanette Martínez Guevara: La magistrada propuso la estandarización de los procedimientos y una mayor agilidad en la resolución de casos, señalando que la mora judicial es un problema crítico que requiere atención inmediata.
   La elección del nuevo procurador será un proceso crucial para el futuro de la institución, que desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos humanos y el acceso a la justicia en El Salvador.
   Con información de diario El Mundo

La Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente el plazo de medianoche de este lunes impuesto para repatriar a Kilmar Armando Ábrego García, un hombre de Maryland que fue deportado por error a El Salvador y encarcelado.
La suspensión, solicitada por el presidente Donald Trump, concede más tiempo para que ambas partes presenten sus argumentos.
La decisión fue tomada por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, quien manejó el caso de emergencia, extendiendo el plazo hasta que se emita una decisión definitiva, lo que se espera en los próximos días.
Ábrego García, ciudadano salvadoreño, fue deportado el 15 de marzo, y actualmente permanece en una prisión de alta seguridad en El Salvador.
La apelación llegó a la Corte Suprema minutos antes de la fecha límite, que obligaba al gobierno de Estados Unidos a devolverlo antes de las 11:59 p.m. del lunes. Los abogados del presidente Trump reconocieron que la deportación fue un error administrativo, pero argumentaron que no era posible traerlo de vuelta debido a que está bajo custodia salvadoreña.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos expresó en su intervención que ordenar la repatriación de Ábrego carece de precedentes y subrayó que la Constitución otorga al presidente la responsabilidad de gestionar la diplomacia exterior y las expulsiones, sin la intervención de los tribunales federales.
A pesar del reconocimiento del error en la deportación, el gobierno estadounidense mantiene que Ábrego debería estar encarcelado, incluso en El Salvador.
El caso ha generado una serie de controversias legales en torno a las políticas de inmigración de la administración Trump, que continúa con una drástica reducción de la inmigración y la deportación de personas, independientemente de su estatus legal en el país.
Este caso es particularmente significativo, ya que es la primera vez que el gobierno de Trump admite un error relacionado con las deportaciones a El Salvador.
El conflicto legal se remonta a hace varios años, cuando Ábrego fue considerado erróneamente miembro de la pandilla MS-13.
A pesar de que la acusación nunca fue corroborada, y de que en 2019 un juez de inmigración le concedió el estatus de protegido, evitando su deportación, Ábrego fue arrestado en marzo de este año, mientras viajaba con su hijo.
El Departamento de Policía del Condado de Prince George había etiquetado a Ábrego como miembro de la pandilla debido a su vestimenta, una acusación que él y sus abogados han desmentido.
En un fallo la semana pasada, la jueza de distrito Paula Xinis calificó la deportación de Ábrego como un “grave error” y un acto “totalmente ilegal”, destacando que el gobierno no tenía justificación para arrestarlo ni para enviarlo a una de las prisiones más peligrosas de El Salvador.
Mientras tanto, el Tribunal de Apelaciones del 4º Circuito rechazó la solicitud del gobierno de levantar la orden de repatriación, destacando que la administración no tenía autoridad para deportar a una persona legalmente residente en el país sin el debido proceso. La jueza Stephanie Thacker, que formó parte de la panel de apelaciones, subrayó que el daño irreparable en este caso es el sufrimiento de Ábrego mientras se encuentra detenido en El Salvador.
La Corte Suprema continúa evaluando el caso y decidirá en los próximos días si se debe permitir su regreso a Estados Unidos o si la deportación será definitiva.