La jurista salvadoreña, reconocida por su trayectoria en Derecho Constitucional, arbitraje y consultoría institucional, se suma al equipo de la firma como parte de su estrategia de expansión y especialización en Derecho Público.

En un paso estratégico hacia el fortalecimiento de su equipo profesional, la firma salvadoreña Administrative Law Center (ALC) ha anunciado la incorporación de la doctora Ivette Cardona Amaya como nueva socia. Esta decisión refuerza el posicionamiento de ALC como firma referente en Derecho Público en El Salvador y amplía su capacidad para enfrentar desafíos jurídicos de alta complejidad a nivel nacional e internacional.

La doctora Cardona es una reconocida abogada con más de 25 años de experiencia en áreas clave del Derecho Público, incluyendo el Derecho Constitucional, los sectores regulados, el arbitraje y la consultoría técnica. Su formación incluye una licenciatura en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), y un doctorado en Derecho con especialidad en Derecho Constitucional Económico por la Universidad de Salamanca, donde fue galardonada con el Premio Extraordinario de Doctorado. Además, ha complementado su trayectoria con estudios en Economía, Derecho Financiero, Compliance Público y Gestión de Riesgos en prestigiosas instituciones internacionales.

Su carrera profesional ha estado marcada por una destacada participación en el sector público, donde desempeñó cargos relevantes en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, presidió el Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor y lideró el Comité de Apelaciones del Sistema Financiero. Asimismo, ha sido asesora técnica en proyectos de cooperación internacional vinculados a agencias como USAID.

Paralelamente, ha desarrollado una sólida carrera como árbitro ad-hoc en disputas de Derecho Público y Privado, y como docente universitaria en programas de grado y posgrado tanto en El Salvador como en el extranjero. Es autora de múltiples publicaciones académicas y ha participado como conferencista en foros especializados en justicia administrativa y análisis económico del derecho.

Desde su fundación en 2021 por la abogada Jessica Mena, ALC ha evolucionado como una firma jurídica especializada en Derecho Administrativo, contencioso administrativo, Derecho Tributario, regulación sectorial, Derecho Municipal y reforma normativa. En 2023, consolidó su identidad corporativa actual, adoptando el nombre Administrative Law Center, con sede en San Salvador.

La firma presta servicios a entidades públicas, empresas privadas y organizaciones internacionales, ofreciendo asesoría estratégica, litigio contencioso-administrativo y arbitral, así como formación jurídica continua. Su equipo está conformado por profesionales con experiencia en órganos jurisdiccionales, entes reguladores y agencias de cooperación, lo que ha permitido consolidar una propuesta jurídica técnica, preventiva y de alto valor agregado.

La incorporación de la doctora Ivette Cardona responde a una visión institucional de crecimiento que busca fortalecer áreas clave como la consultoría normativa, el análisis constitucional, la resolución alternativa de controversias y el compliance legal. En palabras de la dirección de ALC, “la integración de profesionales con experiencia comprobada en el diseño normativo, la resolución de conflictos complejos y la academia jurídica es fundamental para mantener nuestro compromiso con la excelencia, la ética profesional y la atención estratégica a nuestros clientes”.

Con este nuevo nombramiento, ALC reafirma su propósito de ofrecer soluciones jurídicas sostenibles y anticiparse a los desafíos regulatorios del país y la región. La llegada de la doctora Cardona marca un hito en la consolidación de una firma que combina el conocimiento técnico, la experiencia judicial y el liderazgo académico para transformar el ejercicio del Derecho Público en El Salvador.

Con el objetivo de mejorar la atención educativa en el ámbito judicial, educadores de los Equipos Multidisciplinarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) participaron en un curso especializado sobre alfabetización de adultos, impulsado en coordinación con el Ministerio de Educación (MINED).

La formación, que se desarrolló en dos jornadas, se centró en los aspectos técnicos y metodológicos del “Programa de Educación Básica Integral para Adultos”, brindando herramientas prácticas a los profesionales que trabajan en Juzgados de Familia y Juzgados Especializados de la Niñez y la Adolescencia en todo el país. Además del contenido teórico, los participantes recibieron material didáctico y guías metodológicas orientadas a facilitar la implementación curricular en el contexto judicial.

El jefe del Departamento de Equipos Multidisciplinarios, Manuel Armando Funes, destacó la importancia de actualizar constantemente los conocimientos pedagógicos: “No es fácil alfabetizar, pero debemos ir más allá por nuestra sociedad. Estas capacitaciones fortalecen nuestras competencias para un mejor desempeño en el territorio”.

Por su parte, Sandra Edis Mendoza, coordinadora nacional del Área de Educación de la CSJ, destacó que esta iniciativa permitirá aplicar estrategias efectivas para acompañar a personas involucradas en procesos judiciales: “Las metodologías que conoceremos gracias al MINED serán clave para brindar un aprendizaje significativo y de alto impacto”.

Desde el Ministerio de Educación, el delegado Oscar Omar Bonilla resaltó el valor de la cooperación institucional: “Estas acciones no sólo fortalecen el trabajo técnico, también permiten brindar apoyo integral a personas que más lo necesitan”.

La actividad contó con la presencia de autoridades de ambas instituciones, incluyendo a Cindy Stephanie Martínez, coordinadora de la Oficina Común de los Equipos Multidisciplinarios de la CSJ, y Mario Roberto Ramírez, representante del Departamento de Servicios Educativos del MINED.

Al finalizar el curso, los educadores recibieron diplomas de participación, reafirmando el compromiso interinstitucional de seguir apostando por una educación inclusiva y accesible, especialmente para quienes enfrentan situaciones vulnerables dentro del sistema judicial.

En una decisión que pone en evidencia las tensiones entre el Poder Judicial y las políticas migratorias, la Corte Suprema de Estados Unidos respaldó una orden judicial que obliga al Gobierno federal a facilitar el regreso de Kilmar Abrego García, un inmigrante salvadoreño deportado indebidamente a El Salvador pese a tener protección legal vigente.

El fallo del máximo tribunal valida la posición de la jueza federal Paula Xinis, quien resolvió que la expulsión de Abrego García se realizó en violación de una orden judicial previa y que su caso debe continuar tramitándose “como si nunca hubiera salido del país”. La Corte instó al Gobierno a colaborar con las autoridades salvadoreñas para liberar al inmigrante y tomar las medidas necesarias para reparar la deportación forzada.

El caso cobró relevancia nacional luego de que se hiciera pública la detención de Abrego García en Maryland mientras conducía junto a su hijo de cinco años, quien tiene autismo. Sin previo aviso y sin posibilidad de apelar, fue trasladado a Texas y posteriormente deportado a El Salvador el 15 de marzo, en un vuelo que compartió con presuntos pandilleros. Una vez en su país natal, fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad conocida por albergar a miles de presuntos miembros de pandillas.

Un caso que expone las grietas del sistema migratorio
La defensa del joven salvadoreño, quien emigró siendo adolescente tras recibir amenazas de pandillas, asegura que su cliente no tiene antecedentes penales ni vínculos con organizaciones criminales. Sus abogados han calificado su situación como una “tragedia kafkiana”, denunciando la ejecución de la deportación sin respeto al debido proceso ni notificación legal, en abierta violación de las garantías judiciales.

Este incidente ha vuelto a encender el debate sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria, particularmente en casos donde las decisiones chocan con órdenes emitidas por tribunales federales. La administración del expresidente Donald Trump, bajo la cual se produjo la deportación, reconoció el hecho como un “error administrativo”, pero luego sostuvo que no tiene capacidad de revertirlo al tratarse de una persona ya bajo custodia extranjera.

Un símbolo del choque de poderes
El presidente de la Corte Suprema, John G. Roberts Jr., había emitido una suspensión temporal horas antes de que venciera el plazo impuesto por la jueza Xinis para el regreso de Abrego García. Finalmente, con el respaldo del resto del tribunal, la orden se volvió definitiva, marcando un precedente relevante en casos similares.

Este fallo representa una victoria para quienes defienden el debido proceso en asuntos migratorios y plantea nuevas preguntas sobre la responsabilidad del Estado cuando se cometen errores que afectan derechos fundamentales. Además, se convierte en un caso emblemático de los impactos humanos que pueden generar las políticas de deportación agresiva, especialmente cuando se ejecutan al margen de los tribunales.

El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) llevó a cabo una jornada informativa dirigida a jueces e integrantes de los tribunales calificadores que participarán en la decimoctava edición del Concurso Interuniversitario sobre Competencias para Juicios Orales.

Durante la sesión, se contó con la participación activa de profesionales que tendrán a su cargo la conducción de audiencias simuladas y la evaluación de los equipos universitarios. 

Entre los asistentes se encontraban jueces, capacitadores de la Escuela de Capacitación Judicial (ECJ) y representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes asumirán roles clave como jueces e integrantes de los tribunales calificadores.

Este espacio formativo tuvo como objetivo principal brindar lineamientos claros y fortalecer los conocimientos técnicos de los encargados de evaluar el desempeño de los estudiantes en cada una de las etapas del concurso.

En su decimoctava edición, el certamen se enfocará en una temática de alta relevancia y actualidad: “Delitos contra las mujeres cometidos por medio de las tecnologías de la información y la comunicación”. 

Este enfoque busca fomentar la reflexión y el análisis crítico en torno a los desafíos legales que plantea la violencia digital de género, y cómo deben abordarse desde el ámbito jurídico.

Con iniciativas como esta, el CNJ busca mejorar la formación de futuros profesionales del Derecho y la promoción de una justicia con enfoque de género y adaptada a los retos del entorno digital.

La Procuraduría General de la República (PGR) de El Salvador informó que entre octubre de 2023 y septiembre de 2024 brindó un total de 506,656 servicios de atención a mujeres, lo que representa una disminución del 3 % en comparación con el mismo período anterior, cuando se registraron 521,106 atenciones.

De acuerdo con el informe de rendición de cuentas de la institución, el presupuesto asignado en 2024 para atender casos de violencia y discriminación contra las mujeres fue de $1,994,380, monto destinado principalmente al pago de salarios del personal especializado en esta área.

Una parte clave de esta labor se desarrolla en la Unidad Institucional de Atención Especializada para las Mujeres (UIAEM), donde se atendieron 61,029 mujeres. Estas unidades están presentes en las procuradurías auxiliares departamentales y cuentan con tres delegadas especializadas, junto a un equipo compuesto por 35 defensoras públicas especializadas, dos auxiliares jurídicas, 14 psicólogas y siete trabajadoras sociales.

Entre los departamentos con mayor cantidad de atenciones destacan San Salvador, con 14,846 casos; La Libertad Sur, con 6,589; y San Miguel, con 5,872 atenciones registradas.

Además, en coordinación con el programa Ciudad Mujer, se atendieron 10,917 mujeres a través de servicios como formación técnica, emprendimiento, salud sexual y reproductiva, créditos para mujeres y fortalecimiento de la autonomía financiera.

Detalle de servicios prestados

Durante el periodo reportado, la PGR brindó diversos servicios a las mujeres salvadoreñas:

• 170,297 atenciones generales a usuarias de la institución.
• 769 mujeres fueron acreditadas como mediadoras en sus comunidades.
• 40,929 atenciones psicosociales.
• 32,825 mujeres atendidas en el centro de atención virtual.
• 6,055 atenciones en control de fondos a terceros.
• 53,436 mujeres beneficiadas con defensa pública penal.
• 11,280 mujeres recibieron asesoría en derechos patrimoniales.
• 1,280 atenciones relacionadas con desplazamiento forzado interno.
• 66,189 servicios en temas de familia.
• 537 servidoras públicas y 9,694 trabajadoras atendidas en materia laboral.
• 4,490 mujeres recibieron apoyo en ludotecas.
• 6,148 atenciones en mediación y conciliación.
• 26,248 mujeres fueron atendidas en temas vinculados a niñez y adolescencia.
• 335 atenciones relacionadas con penas juveniles.
• 289 mujeres fueron orientadas sobre quejas y denuncias.
• 163 servicios brindados a través de unidades móviles o itinerantes.
• 3,747 trámites notariales realizados para mujeres.