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Presidencia veta autonomía de la UIF

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Ayer, el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén vetó la reforma que otorgaba autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República. El Presidente consideró que la reforma a la ley es inconstitucional, por contravenir lo dispuesto en los artículos 86 y 193 de la Constitución.

La autonomía de la UIF consistía en poder recibir, procesar, analizar y diseminar la información independiente de la fiscalía, esto con el objetivo de prevenir o detectar el lavado de dinero.
 
A continuación, las razones del veto:
1. Le da autonomía funcional y técnica a un funcionario diferente al Fiscal General de la República
Para el presidente el veto se fundamenta en el hecho de que se cuestiona la sujeción al principio de legalidad, así como la objetividad, imparcialidad e independencia del Fiscal General y se crea una dualidad de funciones. Además, según el veto enviado la reforma priva al Fiscal de las competencias de origen constitucional que le otorga el articulo 193, ordinal 3° y se transfieren a otro funcionario “no reconocido” en la Constitución y por ello se rompe el esquema donde el Fiscal puede delegar en sus agentes auxiliares ciertas competencias, algo que no implica su desvinculación de las atribuciones conferidas.
“No esta de más expresar que la institucionalidad y las atribuciones conferidas constitucionalmente al Fiscal General, no han sido cuestionadas por los tribunales nacionales (…), la reforma obedece a una recomendación de un entre supranacional de singular naturaleza juridica, en materia de inteligencia financiera, la que sería inoponible frente a la Constitución de la República” expresa el Presidente.
2. Elimina atribuciones de origen constitucional al Fiscal General de la República
El Presidente considera que el artículo 193 de la Constitución es claro y expreso sobre las competencias que tendrá el Fiscal General de la República y estas únicamente pueden ser delegadas a sus agentes auxiliares, sin que ello signifique su desvinculación de sus atribuciones.
3. Rompe el diseño constitucional al crear una institución autónoma dentro de otra institucional autónoma
El Presidente explica que el artículo 193 de la Constitución no reconoce al existencia de entidades “autónomas” dentro de la Fiscalía General de la República, por lo cuál no es posible cambiar el diseño institucional de la Fiscalía, por medio de una ley. “La regulación contraría la Constitución, trastoca la esencia de la Fiscalía y rompe el diseño constitucional, altera el rol conferido al Fiscal General, aunque sea una recomendación atribuida a un organismo supranacional”, dice el veto.

El gobernante sostuvo que la reforma “trastoca la esencia de la Fiscalía” y “rompe el orden establecido” por la regulación constitucional.
4. La recomendación que hizo el GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe) se puede cumplir sin modificar la ley de la FGR

Para el Presidente, dotar de autonomía funcional y operativa a la Unidad de Inteligencia Financiera puede ser lograda respetando el marco constitucional y a través de la vía administrativa, porque no se requieren nombramientos especiales ni modificaciones. “Aunque se hable de nombramiento de comisiones especiales en las recomendaciones hechas por el GAFIC no se tiene vinculación con el objeto de las reformas hechas por la Asamblea”, puntualiza el veto.
La reforma fue aprobada el 20 de julio por la Asamblea Legislativa, sin los votos del FMLN y cumplía con las recomendaciones del Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) de acuerdo a la recomendación 29 referentes a la Unidades de Inteligencia Financiera que puede ser consultada aquí, la institución manifiesta que la UIF debe ser independiente y autónoma operativamente, “la UIF debe contar con autoridad y capacidad para desempeñar funciones con libertad, incluyendo la decisión autónoma de analizar, solicitar y/o comunicar información específica”, reza el literal “e” de la recomendación. En el literal “f” indica que la UIF debe estar “libre de alguna influencia o interferencia política, gubernamental o industrial indebida”.
El Gafi aclara que si un país miembro no acata las recomendaciones que han realizado, las sanciones pueden incluirlo en una declaración pública que ” puede dificultar gravemente sus relaciones internacionales y especialmente financieras y en última instancia ser suspendido o expulsado como Miembro”.
 
Consulte el veto presidencial:

[pdf-embedder url=”http://www.derechoynegocios.technosal.info/wp-content/uploads/2018/08/Veto-presidencial-Fiscalia.pdf” title=”Veto presidencial Fiscalia”]

 

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Fiscalía revela que abogados y custodios ayudaban a pandilleros de MS-13 a ordenar delitos desde prisión

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Lead: La Fiscalía General de la República aseguró que abogados, familiares y custodios colaboraban con líderes de la MS-13 para enviar órdenes criminales desde centros penales.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas sobre presuntas redes de apoyo que permitían a líderes de la MS-13 comunicarse desde prisión para ordenar delitos en El Salvador.

Según la acusación fiscal, abogados y custodios penitenciarios colaboraban con cabecillas de la pandilla para trasladar mensajes cifrados hacia mandos medios y estructuras externas.

El señalamiento surgió durante el juicio masivo contra 486 pandilleros, proceso que desarrolla el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado.

Fiscalía detalla uso de “willas” para enviar órdenes criminales

De acuerdo con el resumen difundido por Centros Judiciales El Salvador, los líderes recluidos en distintos penales usaban un sistema llamado “willas”.

Ese método consistía en mensajes escritos con códigos internos. Luego, esos documentos servían para enviar instrucciones, permisos o decisiones dentro de la estructura criminal.

La Fiscalía sostuvo que cuando la ranfla histórica o la ranfla de penales debía autorizar acciones, la orden salía mediante esas comunicaciones.

Después, abogados, familiares o custodios trasladaban los mensajes hacia otros miembros de la pandilla.

Custodios y abogados ya fueron procesados en otros casos

Centros Judiciales indicó que algunas personas señaladas como colaboradoras ya enfrentaron procesos judiciales y condenas en expedientes anteriores.

La acusación afirma que esos apoyos facilitaron la operación criminal desde las cárceles durante varios años.

Además, el ministerio público sostiene que la red permitía mantener control interno y ejecutar decisiones fuera de prisión.

Fiscalía reproduce audios de la MS-13

Esta semana, la FGR inició la reproducción de audios atribuidos a integrantes de la MS-13.

Según la institución, en esos registros los acusados coordinaban delitos y reportaban hechos ocurridos en clicas y colonias.

La Fiscalía pidió presentar una muestra de 125 audios como parte de la prueba judicial.

Miles de delitos atribuidos a 486 pandilleros

El juicio incluye a 486 acusados, entre ellos supuestos miembros de la Ranfla Nacional, señalada como máxima dirección de la Mara Salvatrucha.

Las autoridades les atribuyen 9,043 delitos cometidos entre 2012 y 2022.

Entre los cargos figuran homicidios, extorsión y violaciones, según la acusación presentada ante el tribunal.

Reportan 525 empleados públicos asesinados

Durante la audiencia, las autoridades también señalaron que entre 2012 y 2022 fueron asesinados al menos 525 empleados públicos.

La mayoría de víctimas eran miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada de El Salvador.

Según la Fiscalía, varios de esos crímenes requerían autorización previa de cabecillas encarcelados.

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Corte Suprema recuerda a los abogados recién juramentados a consultar acuerdo digital en 20 días hábiles

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La Corte Suprema de Justicia hizo un llamado a los abogados recién juramentados para que consulten su acuerdo de autorización profesional dentro de los 20 días hábiles posteriores a la fecha de juramentación.

La institución indicó que el trámite debe realizarse por medio del Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados, disponible en la plataforma oficial de servicios judiciales.

El pasado 24 de abril, la Corte juramentó a 116 nuevos abogados.

Pide consultar acuerdo de abogados en línea

Según el aviso oficial, los nuevos profesionales del derecho deben ingresar al sistema con su número de DUI y la contraseña del Sistema de Notificación Electrónica.

Luego, deben seleccionar la pestaña “Acuerdos” para visualizar el documento firmado electrónicamente por la autoridad competente.

Después, cada usuario deberá descargar el archivo y guardarlo en una memoria USB para presentarlo en el Diario Oficial.

La Corte Suprema recordó que el acuerdo no debe imprimirse.

Plazo de 20 días hábiles

La institución reiteró que el plazo para realizar la consulta corre desde la fecha de juramentación.

Por ello, pidió a los abogados recién autorizados revisar el sistema dentro del tiempo establecido para evitar retrasos en el proceso.

Además, aclaró que quienes ingresen por primera vez a la plataforma deberán actualizar sus datos personales antes de continuar.

Sistema digital agiliza trámites legales

El uso del expediente electrónico busca agilizar trámites legales y facilitar el acceso a documentos oficiales para abogados y abogadas.

Con este sistema, la Corte Suprema fortalece la gestión digital y reduce procesos presenciales.

También permite consultar acuerdos de manera más rápida y segura.

Corte Suprema habilita canal de información

Para resolver dudas, la institución puso a disposición el número 2271-8888, extensión 1202.

De esta forma, los abogados recién juramentados pueden recibir orientación sobre acceso al sistema, consulta del acuerdo y pasos pendientes.

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Juicio contra 486 cabecillas de la MS-13 entra en su segunda semana y Fiscalía sostiene que pruebas fortalecen acusación

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El proceso judicial masivo contra 486 presuntos cabecillas de la pandilla MS-13 avanzó este lunes a su segunda semana de audiencias, mientras la Fiscalía General afirmó que cuenta con abundante evidencia documental, pericial y testimonial para sustentar los cargos contra los acusados.

La causa es considerada una de las más relevantes impulsadas por las autoridades salvadoreñas contra estructuras criminales de alto mando. Según la acusación fiscal, los procesados habrían ordenado y coordinado delitos cometidos en distintos puntos del país entre 2012 y 2022.

Entre los hechos atribuidos figuran más de 47,000 crímenes, incluyendo más de 29,000 homicidios, además de extorsiones, desapariciones y otros ilícitos vinculados al crimen organizado.

Fiscalía presenta nuevos peritajes en la audiencia

Durante la jornada, especialistas de la División Élite contra el Crimen Organizado expusieron análisis técnicos orientados a vincular a los imputados con las operaciones internas de la pandilla

Los peritajes describieron presuntos mecanismos de coordinación territorial, distribución de funciones y control de zonas estratégicas. Para la Fiscalía, esos elementos ayudan a demostrar que la estructura actuaba bajo una organización jerárquica y con capacidad nacional.

Los fiscales sostienen que las decisiones criminales no respondían a hechos aislados, sino a órdenes emitidas desde niveles superiores de mando.

Teléfono incautado aporta información clave

Uno de los elementos destacados en la audiencia fue el examen forense de un teléfono celular decomisado a un integrante de la organización

De acuerdo con la acusación, la información extraída del dispositivo permitió reconstruir canales de comunicación interna, instrucciones operativas y contactos entre miembros de diferentes sectores.

Las autoridades consideran que ese contenido digital refuerza la tesis de una red coordinada con procedimientos definidos para ejecutar acciones ilícitas.

Testigo relata cómo se autorizaban asesinatos

La audiencia también incluyó la declaración de un testigo que explicó supuestos códigos internos utilizados por la pandilla.

Según su relato, empleaban el término “válvula” para autorizar homicidios, especialmente contra agentes de la Policía Nacional Civil y miembros de la Fuerza Armada.

El testigo aseguró que, antes de atacar, los pandilleros identificaban a la víctima, tomaban fotografías y enviaban la información a grupos internos. Posteriormente, afirmó, los llamados “ranfleros” evaluaban la solicitud y emitían una aprobación conjunta.

Para la Fiscalía, ese testimonio evidencia la existencia de una cadena de mando y un sistema interno para ordenar asesinatos.

Proceso continúa bajo atención pública

El juicio se desarrolla bajo fuerte atención pública por la magnitud del caso y el número de imputados. Mientras sectores oficialistas destacan el avance de las acciones contra pandillas, organizaciones críticas mantienen observaciones sobre el desarrollo de procesos masivos

Las audiencias continuarán en los próximos días con la incorporación de más peritos, testigos y pruebas documentales.

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Propiedad intelectual y Mundial 2026: experto advierte riesgos legales por uso no autorizado de marcas y símbolos

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La cuenta regresiva para el Mundial 2026 también abre un frente legal clave: la propiedad intelectual. Expertos señalan que el uso no autorizado de marcas, eslóganes, personajes y símbolos vinculados al torneo puede generar multas, sanciones administrativas e incluso procesos penales.

Carlos Castillo, socio y director de Propiedad Intelectual en Romero Pineda, explicó en una entrevista radial con La Tribu que la protección legal de estos activos comienza varios años antes del evento.

La firma Romero Pineda tiene la representación legal de la FIFA para El Salvador.

Protección legal inicia antes del Mundial 2026

Castillo indicó que los organizadores definen con anticipación qué marcas comerciales, frases promocionales y elementos visuales utilizarán durante la Copa del Mundo.

Añadió que el proceso será particular en esta edición, ya que el torneo se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

“Esto empieza años antes del evento del Mundial de fútbol, para saber qué marcas van a utilizar, eslogan y personajes”, señaló.

Evento privado con alta exposición pública

El abogado y socio de la firma explicó que el torneo tiene enorme visibilidad global, pero mantiene derechos privados sobre sus elementos comerciales.

“Se trata de un evento privado de conocimiento público, pero eso no significa que cualquiera se pueda apropiar de cualquier elemento del evento”, afirmó.

Esto incluye nombres oficiales, logotipos, mascotas, campañas promocionales y material gráfico protegido.

Riesgos legales por uso indebido

Castillo advirtió que una empresa o persona no puede usar referencias del Mundial 2026 para atraer clientes sin autorización.

Según explicó, esa práctica puede constituir competencia desleal e infracción marcaria.

“Atraer clientela por medio de eventos como este es competencia desleal”, sostuvo.

También señaló que las autoridades pueden aplicar distintas sanciones según cada caso.

Multas y posibles consecuencias penales

El abogado indicó que existen infracciones administrativas con multas de alto valor económico.

“También hay infracciones administrativas, pero con multas de cientos de miles de dólares”, detalló.

Además, afirmó que algunos casos pueden escalar al ámbito penal.

“Hemos tenido contacto con la Fiscalía General de la República. Dependiendo de la perspectiva también puede haber una implicación penal”, agregó.

Uso periodístico sí tiene límites claros

Castillo diferenció el uso comercial del uso informativo. Explicó que los medios pueden mencionar el evento dentro de criterios legítimos.

“Bajo términos periodísticos sí hay una utilización leal”, señaló.

Sin embargo, recordó que el desconocimiento de la ley no exime responsabilidad cuando existe una infracción.

Propiedad intelectual gana peso económico

El especialista destacó que la propiedad intelectual protege creaciones humanas tangibles e intangibles.

También indicó que en El Salvador esta materia ha ganado importancia en las últimas décadas por su impacto económico.

Agregó que la seguridad jurídica fortalece la confianza para inversiones, negocios y protección de derechos.

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Cadena perpetua en El Salvador ya está vigente tras entrada en vigor de reformas penales

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La cadena perpetua en El Salvador ya entró en vigencia luego de cumplirse 30 días desde la ratificación constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa a petición del presidente Nayib Bukele. 

La nueva normativa establece prisión perpetua para delitos graves, entre ellos homicidio, feminicidio, violación y pertenencia a organizaciones criminales o terroristas.

La reforma penal fue publicada el 27 de marzo en el Diario Oficial y comenzó a aplicarse este domingo. Con ello, el sistema penal salvadoreño incorpora una de las sanciones más severas de su historia reciente.

Qué delitos tendrán cadena perpetua en El Salvador

La ley fija la cadena perpetua como única pena para personas condenadas por varios delitos de extrema gravedad.

Entre ellos figuran:

Homicidio simple

Homicidio agravado

Feminicidio

Violación en distintas modalidades

Integración a organizaciones criminales

Pertenencia a grupos terroristas

Además, las pandillas pasan a encajar en esa categoría penal.

Reforma penal también alcanza a menores de edad

La normativa incluye a personas entre 12 y 18 años. En esos casos, los tribunales aplicarán revisiones obligatorias para valorar posibles medidas futuras.

Antes de esta reforma, los miembros de pandillas enfrentaban cargos por agrupaciones ilícitas. 

Las condenas iban de 20 a 30 años. Para cabecillas, las penas llegaban hasta 45 años.

Ahora, ese delito se aplicará a otros grupos delictivos no vinculados a pandillas, con penas de 10 a 20 años.

Cuándo podrán revisar condenas de prisión perpetua

La ley ordena revisiones periódicas de las penas. Los jueces deberán evaluar cada cinco años si procede un régimen de libertad controlada.

Los plazos mínimos serán:

25 años para menores de edad

30 años para adultos

35 años en casos con múltiples delitos

40 años cuando existan agravantes

Gobierno defiende medida y organismos la cuestionan

El oficialismo aseguró que la cadena perpetua en El Salvador cumple estándares constitucionales e internacionales, debido a los mecanismos de revisión judicial.

Sin embargo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó la prisión perpetua para menores de edad. El organismo indicó que esa sanción resulta incompatible con fines de reinserción.

Además, Human Rights Watch también expresó objeciones por posibles choques con normas internacionales de derechos humanos.

Reforma entra en vigor durante régimen de excepción

La medida comenzó en medio del régimen de excepción vigente desde marzo de 2022. Esa política permitió miles de capturas y una reducción de homicidios.

No obstante, organizaciones críticas reportan denuncias por violaciones a derechos humanos y muertes bajo custodia estatal.

Con información de Diario El Mundo

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