El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador (ANEP), José Luis Saca, afirmó que el sector empresarial mantiene disposición de trabajar con el Gobierno para impulsar inversiones y crecimiento económico.

Durante una entrevista con el periódico estatal Diario El Salvador, Saca aseguró que la gremial apuesta por un diálogo “propositivo, respetuoso y técnico” con el Ejecutivo. Además, destacó que existe apertura para discutir temas relacionados con empleo, competitividad y desarrollo económico.

La ANEP agrupa a más de 15,000 empresas salvadoreñas y representa a distintos sectores productivos del país.

“Desde ANEP creemos que el diálogo siempre es positivo y necesario, especialmente cuando el objetivo común es contribuir al desarrollo económico y a la generación de oportunidades para el país. Con el Gobierno del presidente Nayib Bukele existe la disposición de mantener y fortalecer espacios de comunicación que permitan intercambiar ideas sobre temas clave para la inversión, el empleo y la competitividad de El Salvador”, explicó Saca.

Empresarios buscan fortalecer imagen internacional del país

Saca sostuvo que El Salvador enfrenta el reto de actualizar la percepción internacional sobre sus condiciones para hacer negocios.

Según explicó, empresarios nacionales y extranjeros destacan mejoras en seguridad, tiempos de respuesta y oportunidades de inversión.

El dirigente empresarial afirmó que el sector privado puede convertirse en un “embajador” de la marca país mediante testimonios sobre experiencias positivas de inversión y crecimiento.

También señaló que las empresas ayudan a posicionar a El Salvador como un centro regional de servicios, tecnología, logística, turismo e industria especializada.

Sector privado destaca potencial de tecnología e innovación

El presidente de la gremial empresarial consideró que la inteligencia artificial representa una oportunidad para transformar áreas como educación, salud, logística y servicios financieros.

Además, indicó que las empresas deberán invertir más en capacitación, habilidades digitales y formación continua para adaptarse a los cambios tecnológicos.

Saca afirmó que la inteligencia artificial debe servir para fortalecer capacidades humanas y no únicamente para sustituir empleos.

También destacó que El Salvador tiene ventajas para adaptarse a nuevas tecnologías por su tamaño y capacidad de respuesta rápida.

Gremial plantea cooperación con universidades y organismos internacionales

El dirigente empresarial aseguró que existe una mayor conciencia sobre la necesidad de coordinación entre academia, sector privado y Gobierno.

Según explicó, las industrias requieren nuevas habilidades debido al avance tecnológico y la digitalización de la economía.

Además, confirmó que la Asociación Nacional de la Empresa Privada participará en espacios internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra.

Saca afirmó que la gremial respaldará iniciativas que fortalezcan la reputación internacional de El Salvador y ayuden a atraer inversión extranjera.

Finalmente, señaló que el principal legado del empresariado debe enfocarse en generar oportunidades de crecimiento, empleo y desarrollo para la población salvadoreña.

La Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS) informó que, junto a sus empresas socias y aliados, impulsó resultados económicos, sociales y ambientales en El Salvador durante 2025, con impactos en empleo, sostenibilidad y competitividad empresarial.

De acuerdo con el Informe de Sostenibilidad 2025, la organización impactó a 2,131 unidades productivas, entre grandes compañías y micro, pequeñas y medianas empresas. Además, reportó la generación de 1,910 empleos y beneficios para más de 5,000 personas.

FUNDEMAS señaló que 6,681 personas participaron en procesos de formación sobre sostenibilidad, liderazgo, empleabilidad y cambio climático. La organización atribuyó estos resultados al trabajo conjunto con empresas socias, instituciones públicas y organismos de cooperación.

La directora ejecutiva de FUNDEMAS, Haydée de Trigueros, afirmó que las acciones desarrolladas durante 2025 reflejan el compromiso empresarial con un modelo de desarrollo sostenible y resiliente.

Impactos positivos

Uno de los principales hallazgos del informe indica que el 83 % de las empresas socias reportó impactos positivos en colaboradores, comunidades y cadenas de valor. Además, FUNDEMAS acompañó a 70 empresas en la implementación de 260 acciones relacionadas con sostenibilidad, gobernanza y estrategias ambientales.

La fundación también fortaleció 11 cadenas de valor en sectores como finanzas, industria, agricultura y reciclaje, con el objetivo de ampliar las prácticas sostenibles hacia proveedores y pequeñas empresas.

En el área de empleabilidad, FUNDEMAS continuó liderando la Alianza Multisectorial: Ecosistema para la Empleabilidad, integrada por 189 aliados del sector privado, instituciones públicas, organizaciones civiles y cooperación internacional.

Durante 2025, la iniciativa desarrolló seis espacios de networking con la participación de 537 personas provenientes de 187 organizaciones. Además, la organización ejecutó la tercera edición del programa Semillero de Talento Bancario junto a la Asociación Bancaria Salvadoreña y Catholic Relief Services.

En materia ambiental, FUNDEMAS reportó la recuperación de 21,797 toneladas de material reciclable mediante campañas y acciones de economía circular realizadas con apoyo de empresas aliadas. Según la fundación, estas iniciativas evitaron la emisión de 61,032 toneladas de dióxido de carbono equivalente.

La organización también desarrolló programas de biodiversidad, ecoeficiencia y gestión de riesgos ambientales en 46 empresas. Entre los proyectos destacados figura la restauración de manglares en Barra de Santiago, impulsada junto a Davivienda Seguros y la cooperación alemana GIZ.

FUNDEMAS informó que el proyecto alcanzó 25 hectáreas conservadas y generó empleos verdes en la zona.

Asimismo, la fundación participó en la creación de la Taxonomía Verde de El Salvador junto a entidades financieras y ambientales del país. La herramienta busca facilitar inversiones sostenibles en sectores estratégicos de la economía salvadoreña.

La organización concluyó que los resultados de 2025 reflejan impactos medibles en empleo, sostenibilidad y desarrollo económico mediante la colaboración entre empresas e instituciones.

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras confirmó oficialmente el cese de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia, un tribunal regional creado para resolver disputas entre Estados de Centroamérica.

La Cancillería hondureña informó que la institución perdió su respaldo jurídico después de que Honduras, Nicaragua y El Salvador denunciaran el convenio constitutivo que daba vida al organismo regional.

Según el comunicado oficial difundido este miércoles, Nicaragua notificó su salida el 18 de marzo de 2025, Honduras lo hizo el 29 de abril de 2026 y El Salvador el 20 de mayo de 2026.

Como resultado, el tratado que sostenía legalmente a la Corte quedó sin vigencia.

“La Corte ha quedado desprovista de su instrumento jurídico constitutivo, produciendo en consecuencia el cese de sus funciones y la pérdida de su personalidad jurídica internacional”, indicó la Cancillería hondureña.

Gobierno hondureño defiende retiro del organismo regional

El Gobierno de Honduras aseguró que su salida de la Corte Centroamericana de Justicia fue una decisión soberana y ajustada al derecho internacional.

Además, sostuvo que el proceso se realizó conforme a las normas establecidas en tratados regionales y multilaterales.

La Cancillería también señaló que el acuerdo de sede firmado entre Nicaragua y la Corte perdió validez, debido a que el organismo regional dejó de existir jurídicamente.

Asimismo, Honduras pidió que cualquier medida adoptada por Nicaragua respecto a ciudadanos hondureños vinculados a la institución respete sus derechos y garantías fundamentales.

El comunicado solicitó trato digno, comunicación oficial y garantías consulares para el personal afectado y sus familias.

Autoridades inician proceso administrativo y liquidación de personal

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Honduras ya coordina el cierre administrativo de la Corte Centroamericana de Justicia junto a otras instancias regionales.

El proceso incluye la liquidación de personal, la gestión de bienes y el manejo administrativo del organismo.

Según la Cancillería, las acciones se ejecutarán bajo criterios de transparencia y apego al derecho internacional.

El Gobierno hondureño añadió que continuará coordinando medidas diplomáticas y administrativas con los demás Estados involucrados para garantizar un cierre ordenado.

Tribunal regional enfrentó cuestionamientos en los últimos años

La Corte Centroamericana de Justicia tenía su sede en Managua, Nicaragua, y formaba parte del proceso de integración regional impulsado por los países centroamericanos.

El tribunal funcionaba como órgano jurisdiccional del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), y emitía resoluciones sobre controversias entre Estados y consultas regionales.

Sin embargo, durante la última década, la institución enfrentó críticas relacionadas con su efectividad, alcance jurídico y tensiones políticas entre gobiernos centroamericanos.

Analistas consideran que la salida de varios países refleja el debilitamiento de mecanismos regionales y evidencia las diferencias políticas existentes en Centroamérica.

El cierre de la Corte representa uno de los cambios más importantes en la estructura jurídica regional de los últimos años y abre interrogantes sobre el futuro de los sistemas de integración y resolución de conflictos en la región.

El diario estadounidense The New York Times publicó este jueves que el Gobierno de Guatemala habría aceptado realizar ataques aéreos conjuntos con Estados Unidos contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio guatemalteco. Según el reporte, las operaciones comenzarían el próximo mes como parte de una nueva estrategia regional impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

La publicación señaló que el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sostuvo una llamada telefónica el pasado 19 de mayo con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la que ambos discutieron acciones militares y cooperación en seguridad.

Además, el medio indicó que Guatemala envió una carta formal solicitando apoyo estadounidense para operaciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

De confirmarse plenamente el esquema descrito por el periódico, Guatemala se convertiría en el segundo país de América Latina, después de Ecuador, en permitir una cooperación militar ampliada con Washington para enfrentar al crimen organizado.

El reporte también recordó que Estados Unidos busca fortalecer alianzas regionales para combatir rutas de tráfico de drogas que atraviesan Centroamérica y México.

Funcionarios estadounidenses sostienen que gran parte de la cocaína que llega a territorio estadounidense pasa por corredores terrestres, marítimos y aéreos de la región.

Ministro de Defensa confirma cooperación en seguridad y asistencia tecnológica

Horas después de la publicación del reportaje, el ministro de la Defensa Nacional de Guatemala, Henry Sáenz, confirmó en declaraciones al medio guatemalteco La Hora que existe un acuerdo de cooperación con Estados Unidos para fortalecer el combate al narcotráfico mediante tecnología, capacitación y equipo militar.

Sin embargo, el funcionario aclaró que las operaciones dentro de Guatemala seguirán bajo control exclusivo del Ejército guatemalteco. “Siempre el Ejército es el que va a operar”, afirmó.

Sáenz explicó que la cooperación contempla entrenamiento, transferencia de conocimiento, apoyo de inteligencia, vigilancia satelital y acceso a tecnología militar moderna. También indicó que el fortalecimiento se enfocará principalmente en zonas fronterizas con México, Honduras y El Salvador.

El ministro añadió que Guatemala busca mejorar sus capacidades operativas con radares, visores nocturnos y otros equipos especializados. Según dijo, el levantamiento reciente de restricciones estadounidenses sobre armamento permitirá modernizar recursos militares que permanecieron limitados durante décadas.

Asimismo, insistió en que el marco constitucional guatemalteco impide el ingreso de tropas extranjeras sin autorización del Congreso de la República. “El señor presidente no tiene las facultades legales para poder autorizarle”, sostuvo.

El funcionario también señaló que las conversaciones sobre cooperación regional venían desarrollándose desde reuniones celebradas en Miami dentro de la estrategia denominada “Escudo de las Américas”, una iniciativa promovida por Estados Unidos para enfrentar organizaciones criminales transnacionales.

Aunque confirmó el entendimiento bilateral, Sáenz indicó que la asistencia todavía no se ha materializado en nuevos equipos o despliegues. Según afirmó, las primeras acciones derivadas del acuerdo podrían comenzar a observarse durante el próximo mes.

Presidente y el Gobierno rechazan autorización de operaciones extranjeras

Tras la difusión del informe internacional y las declaraciones del ministro de Defensa, el presidente Bernardo Arévalo negó que Guatemala haya firmado un acuerdo militar para permitir operaciones estadounidenses dentro del país.

“No hay un acuerdo, hay una solicitud”, declaró el mandatario luego de participar en una actividad oficial en el Palacio Nacional de la Cultura, en Ciudad de Guatemala.

Arévalo afirmó que cualquier mecanismo de cooperación internacional debe respetar la Constitución guatemalteca y la legislación vigente. Además, aseguró que el Gobierno mantiene el control de las acciones de seguridad y defensa en territorio nacional.

Posteriormente, el Ejecutivo difundió un comunicado oficial en el que negó la existencia de un convenio que autorice operaciones militares extranjeras dentro de Guatemala.

El documento confirmó que el ministro de Defensa envió una carta al Pentágono para solicitar cooperación en operaciones dirigidas por fuerzas guatemaltecas contra estructuras de narcotráfico. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que la asistencia se desarrollaría bajo acuerdos bilaterales ya existentes y sin presencia de tropas extranjeras ejecutando acciones armadas.

La carta divulgada por el Ministerio de Defensa señala que Guatemala busca liderar operaciones militares activas con apoyo estadounidense para combatir organizaciones señaladas como vinculadas al narcoterrorismo.

El Gobierno reiteró que la estrategia forma parte de un plan de seguridad implementado desde 2024 y aseguró que las autoridades nacionales continuarán resguardando la soberanía del país.

“El Gobierno de la República de Guatemala continúa con su labor activa de protección del territorio, resguardo de nuestra soberanía y fortalecimiento de la seguridad de la población guatemalteca”, indicó el comunicado oficial.

Mientras tanto, el reporte de The New York Times sostiene que Washington intenta ampliar su coordinación militar con países de Centroamérica como Guatemala y Honduras para reforzar el combate regional contra el narcotráfico y aumentar la presión sobre las rutas utilizadas por cárteles de droga.

El Ministerio de Obras Públicas de El Salvador recibió este miércoles la certificación internacional ISO 37001:2016 del Sistema de Gestión Antisoborno, un reconocimiento entregado por AENOR.

La certificación valida la implementación de controles y medidas para prevenir sobornos y fortalecer la transparencia en la gestión pública salvadoreña.

Reconocimiento impulsa controles internos y transparencia

El director general de AENOR para Centroamérica, Arnulfo Pino, entregó el reconocimiento al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

Durante el acto, Rodríguez afirmó que la certificación marca el inicio de un proceso de mejora continua dentro de la institución. Además, destacó principios como tolerancia cero al soborno, rendición de cuentas y protección a denunciantes.

El funcionario explicó que el ministerio mantiene mecanismos para recibir reportes sobre posibles casos de corrupción o irregularidades administrativas.

Ley salvadoreña exige sistemas contra corrupción

Según el ministro, la certificación también responde al cumplimiento de la Ley de Compras Públicas de El Salvador. Esa normativa obliga a las instituciones estatales a implementar sistemas de gestión antisoborno.

Rodríguez señaló que el ministerio habilitó canales de denuncia por teléfono, correo electrónico y mensajería instantánea para reforzar la supervisión institucional.

Además, indicó que estas herramientas buscan facilitar la detección de posibles prácticas ilegales en procesos administrativos y contrataciones públicas.

AENOR destaca modelo aplicado en El Salvador

Arnulfo Pino afirmó que El Salvador es uno de los primeros países en establecer por ley la obligación de certificar sistemas antisoborno dentro de las entidades gubernamentales.

El representante de AENOR aseguró que la medida coloca al país como un referente regional en normas de cumplimiento, transparencia y prevención de corrupción en el sector público.