El Congreso Nacional de Honduras aprobó este lunes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para aumentar las penas por extorsión y reforzar las acciones contra estructuras criminales.

La iniciativa recibió apoyo unánime del pleno legislativo y forma parte de un paquete de medidas orientadas al fortalecimiento de la seguridad pública y el sistema penitenciario hondureño.

Entre los cambios aprobados destaca la posibilidad de declarar como organizaciones terroristas a las maras y pandillas vinculadas con delitos de alto impacto.

El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, informó que las reformas fueron incorporadas a la agenda legislativa junto con la Comisión de Seguridad, dirigida por el diputado Marcos Paz.

Coordinación entre fuerzas de seguridad tendrá nuevo organismo

Las reformas crean la Agencia Nacional contra el Crimen, una entidad que coordinará operaciones estratégicas entre instituciones de seguridad e inteligencia.

La nueva agencia trabajará junto con la Dirección Policial de Investigaciones, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Policía Militar del Orden Público y las Fuerzas Armadas de Honduras.

De acuerdo con el proyecto, la coordinación entre organismos busca fortalecer la respuesta estatal frente a la extorsión, el crimen organizado y otros delitos violentos.

Las autoridades también esperan mejorar el intercambio de información y acelerar las investigaciones criminales.

Plan penitenciario contempla nuevas cárceles

El paquete legislativo incluye medidas para ampliar la infraestructura penitenciaria en el país

Los congresistas explicaron que las nuevas cárceles permitirán separar a personas consideradas de alta peligrosidad de quienes cumplen condenas por delitos menores.

Según los parlamentarios, la medida pretende reducir el control de grupos criminales dentro de los centros penales y mejorar el orden en las prisiones.

Reformas apuntan a reforzar la seguridad ciudadana

El Congreso sostuvo que las modificaciones legales buscan aumentar la capacidad del Estado para enfrentar la violencia y las actividades delictivas.

Además, los legisladores señalaron que las reformas pretenden ofrecer mayor tranquilidad a la población mediante sanciones más severas y una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad.

El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 18 años de prisión al exalcalde de Rosario de Mora, Juan Miranda Pérez, por los delitos de peculado y malversación de fondos públicos.

La sentencia establece que el exfuncionario causó un perjuicio económico superior a 250,000 dólares a la alcaldía del municipio salvadoreño durante su gestión entre 2009 y 2012.

Además, el tribunal ordenó el pago de 254,245.98 dólares como responsabilidad civil por los daños ocasionados a la administración municipal.

Investigación determinó uso irregular de recursos públicos

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas que acreditaron la apropiación de 250,922.26 dólares pertenecientes a la municipalidad de Rosario de Mora.

Según la resolución judicial, el exalcalde utilizó de forma indebida fondos municipales mientras ejercía el cargo de jefe comunal.

Las autoridades también concluyeron que Miranda Pérez incurrió en malversación al pagar dietas con recursos destinados exclusivamente a proyectos de desarrollo local.

El caso involucró fondos del programa FODES 75 %, una partida estatal asignada a obras y proyectos municipales en El Salvador.

Tribunal descontó pagos realizados por exmiembros del concejo

La condena económica disminuyó luego de que el tribunal descontara 15,000 dólares ya cancelados por integrantes del concejo municipal.

Los exfuncionarios fueron condenados anteriormente mediante un procedimiento abreviado realizado el 5 de diciembre de 2023.

Con esa decisión, el monto final de responsabilidad civil quedó fijado en poco más de 254,000 dólares.

Caso refuerza controles sobre administración de alcaldías

La resolución judicial se suma a otros procesos relacionados con el manejo de fondos públicos en gobiernos municipales salvadoreños.

Las autoridades señalaron que los recursos utilizados irregularmente debían financiar proyectos comunitarios y no gastos administrativos.

Además, el fallo reafirma las obligaciones legales de los alcaldes y concejos municipales sobre el uso de dinero público.

El tribunal sostuvo que las pruebas permitieron establecer la responsabilidad penal del exalcalde por ambos delitos contra la administración pública.

La Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT) anunció una modernización del Proceso de Categorización Ambiental para agilizar trámites, reducir tiempos y fortalecer las evaluaciones técnicas de proyectos.

La institución informó que la actualización incorpora un nuevo formulario digital y mejoras dentro del Sistema DOT. Con estos cambios, las autoridades buscan realizar evaluaciones ambientales y territoriales más rápidas desde la etapa inicial de factibilidad.

Además, el nuevo mecanismo reducirá el tiempo de llenado del formulario de 45 a 10 minutos. El proceso también pasará de ocho a cuatro pasos, según detalló la entidad.

Nuevo sistema digital busca reducir tiempos de gestión

La modernización integrará variables territoriales, ecosistémicas y constructivas dentro de un mismo modelo técnico. De esta forma, el Gobierno pretende desarrollar análisis más objetivos y ordenados para distintos proyectos.

Entre los criterios que evaluará el sistema figuran el uso de suelo, la sensibilidad territorial y el manejo de aguas residuales. También analizará la intervención en cuerpos de agua, así como el tratamiento de residuos y materiales peligrosos.

Por otra parte, la plataforma incorporará mapas ambientales y territoriales actualizados. Según las autoridades, esta herramienta fortalecerá el análisis geoespacial automatizado y disminuirá las recategorizaciones durante el proceso regulatorio.

Sistema DOT aplicará criterios según cada tipo de proyecto

La propuesta establece parámetros diferenciados para distintos sectores productivos y de infraestructura. Entre ellos aparecen proyectos habitacionales, obras viales e hidráulicas, industria, energía, logística y saneamiento.

Asimismo, el sistema incluirá evaluaciones específicas para equipamientos especializados. Con ello, la institución busca aplicar regulaciones proporcionales según la complejidad de cada proyecto.

En el caso de las gasolineras, la plataforma asignará automáticamente la clasificación ambiental C3. Debido a ese cambio, los desarrolladores ya no deberán completar el formulario de categorización ambiental.

La categoría C3 corresponde a proyectos con potencial impacto ambiental alto. Por ello, este tipo de iniciativas requiere evaluaciones técnicas más estrictas y medidas especiales de manejo ambiental.

Gobierno busca fortalecer inversión y planificación territorial

Las autoridades aseguraron que la reforma mantendrá las clasificaciones de impacto bajo, leve, moderado y alto. Según explicaron, el objetivo es mantener controles ambientales acordes al nivel de riesgo de cada obra.

Finalmente, el Gobierno señaló que la modernización del sistema permitirá agilizar procesos regulatorios, fortalecer la planificación territorial sostenible e impulsar la inversión en El Salvador.

La Dirección General de Aduanas de El Salvador emitió una alerta por el ingreso de juguetes con marcas presuntamente falsificadas procedentes de China.

Las autoridades detectaron el cargamento en la Aduana Marítima de Acajutla como parte de controles relacionados con propiedad intelectual y comercio internacional.

Autoridades identifican juguetes con marcas presuntamente falsas

Según el aviso oficial, la mercancía estaría vinculada con marcas registradas de la empresa Spin Master Toys UK Limited, propietaria de los cubos Rubik.

El cargamento está compuesto por 10 bultos que contienen unas 10,000 unidades de juguetes importados desde China.

La Dirección General de Aduanas explicó que el procedimiento se desarrolla bajo la Disposición Administrativa de Carácter General Nº DGA 001-2025.

Esa normativa regula la protección de derechos de propiedad intelectual en operaciones de importación, exportación y tránsito de mercancías.

Procedimiento administrativo seguirá hasta junio

La institución informó que la publicación oficial del caso comenzó el 18 de mayo de 2026 y permanecerá vigente hasta el 21 de mayo.

Además, estableció que las partes interesadas tendrán hasta el 1 de junio para comparecer ante la autoridad aduanera.

Mientras tanto, las autoridades continuarán con el proceso administrativo correspondiente para determinar la situación legal de la mercancía.

Aduanas refuerza controles contra productos falsificados

La Dirección General de Aduanas señaló que estas acciones forman parte de los mecanismos de observancia en frontera implementados para frenar el ingreso de productos apócrifos.

Según la institución, los controles buscan proteger las marcas registradas y evitar la comercialización de mercancías falsificadas en el mercado salvadoreño.

Las autoridades también indicaron que mantendrán vigilancia en puertos y puntos de ingreso para detectar posibles violaciones a derechos de propiedad intelectual.

La interpretación auténtica del artículo 28 de la Ley de Impuesto sobre la Renta entrará en vigencia este 19 de mayo, según la publicación realizada en el Diario Oficial el pasado 11 de mayo de 2026.

La reforma aclara los requisitos para deducir pérdidas, mermas y gastos relacionados con la producción de renta en actividades comerciales, industriales y de servicios.

Reforma aclara requisitos para gastos deducibles

La nueva interpretación establece que las pérdidas consideradas como gasto deducible deberán estar registradas en la contabilidad o en registros especiales del contribuyente.

Además, la disposición indica que estas deducciones podrán aplicarse aunque no resulte impuesto computado.

El artículo 28 regula los costos y gastos necesarios para producir renta, incluyendo mermas, pérdidas y otros gastos vinculados con actividades económicas.

Con la actualización, las autoridades buscan precisar el alcance de las deducciones fiscales permitidas bajo la legislación tributaria vigente.

Interpretación mantiene cambios aprobados en 2019

La normativa ya había recibido una interpretación auténtica en mayo de 2019. En ese momento, se aclaró que los costos y gastos deducibles debían estar destinados exclusivamente a la actividad económica del contribuyente.

La reforma vigente mantiene ese criterio y agrega la obligación de documentar y registrar adecuadamente las pérdidas y mermas deducibles.

Asimismo, el texto señala que esos registros podrán constar en la contabilidad formal o en registros especiales autorizados.

Medida impactará procesos tributarios y contables

La entrada en vigencia de la interpretación podría influir en los procesos contables y fiscales de empresas y contribuyentes.

Especialistas en materia tributaria deberán ajustar la documentación y los controles relacionados con gastos deducibles para cumplir con los nuevos criterios legales.