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Congreso de Honduras aprueba reformas legales para aumentar penas por extorsión y crimen organizado
El Congreso Nacional de Honduras aprobó este lunes reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal para aumentar las penas por extorsión y reforzar las acciones contra estructuras criminales.
La iniciativa recibió apoyo unánime del pleno legislativo y forma parte de un paquete de medidas orientadas al fortalecimiento de la seguridad pública y el sistema penitenciario hondureño.
Entre los cambios aprobados destaca la posibilidad de declarar como organizaciones terroristas a las maras y pandillas vinculadas con delitos de alto impacto.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, informó que las reformas fueron incorporadas a la agenda legislativa junto con la Comisión de Seguridad, dirigida por el diputado Marcos Paz.
Coordinación entre fuerzas de seguridad tendrá nuevo organismo
Las reformas crean la Agencia Nacional contra el Crimen, una entidad que coordinará operaciones estratégicas entre instituciones de seguridad e inteligencia.
La nueva agencia trabajará junto con la Dirección Policial de Investigaciones, la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la Policía Militar del Orden Público y las Fuerzas Armadas de Honduras.
De acuerdo con el proyecto, la coordinación entre organismos busca fortalecer la respuesta estatal frente a la extorsión, el crimen organizado y otros delitos violentos.
Las autoridades también esperan mejorar el intercambio de información y acelerar las investigaciones criminales.
Plan penitenciario contempla nuevas cárceles
El paquete legislativo incluye medidas para ampliar la infraestructura penitenciaria en el país
Los congresistas explicaron que las nuevas cárceles permitirán separar a personas consideradas de alta peligrosidad de quienes cumplen condenas por delitos menores.
Según los parlamentarios, la medida pretende reducir el control de grupos criminales dentro de los centros penales y mejorar el orden en las prisiones.
Reformas apuntan a reforzar la seguridad ciudadana
El Congreso sostuvo que las modificaciones legales buscan aumentar la capacidad del Estado para enfrentar la violencia y las actividades delictivas.
Además, los legisladores señalaron que las reformas pretenden ofrecer mayor tranquilidad a la población mediante sanciones más severas y una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad.
