Riesgos emergentes y especialidad del derecho de seguros

El mundo evoluciona a un ritmo vertiginoso y con ello surgen nuevos riesgos, nuevas tendencias, nuevas amenazas y una necesidad de que la protección legal sea más ágil.

Los problemas del mundo son también los locales y sus impactos ya no son solo indirectos: el riesgo climático nos afecta a todos por igual, el avance tecnológico nos plantea interrogantes para las que aún no tenemos la respuesta, el riesgo cibernético y las plataformas digitales tienen repercusiones en nuestra forma de vivir y, por tanto, en nuestros derechos que aún no alcanzamos a prever ni medir.

Si bien estamos en un mundo con mayor acceso a la capacitación, saber en qué temas capacitarse es también crucial para atender la complejidad de las cuestiones que impactan el ámbito del derecho sin estar aún regulados. La ley se enfrenta al reto de tener que caminar a un paso diferente del acostumbrado, necesitamos legisladores cada vez más visionarios. Sin embargo y a consecuencia de este mismo ritmo acelerado, existe una tendencia comprensible a regular estos nuevos riesgos, según aparecen, de forma pareja para todos los ámbitos del derecho, sin tomar en consideración las dificultades específicas de cada sector.

El derecho de seguros, como muchas otras ramas especiales del derecho, posee principios propios que no pueden ser sustituidos por reglas generales o diseñadas para otras especialidades del derecho. Al menos, no pueden hacerlo sin afectar el equilibrio técnico del contrato de seguro o sin modificar su marco legal que, al no estar actualizado, corre el riesgo de generar distorsiones interpretativas y conflictos en su aplicación, especialmente cuando interactúa con otras leyes de carácter especial.

A diferencia de otras jurisdicciones con legislaciones específicas para el contrato de seguro, en El Salvador la regulación de esta materia se encuentra contenida principalmente en el Código de Comercio y la Ley de Sociedades de Seguros. Es cierto que podemos encontrar ahí algunos elementos esenciales del derecho de seguro, pero su alcance resulta limitado frente al aparecimiento constante de dificultades con los riesgos contemporáneos. Si a esto sumamos que son muy pocas las universidades que contemplan en su catálogo de estudio la materia de derecho de seguro, encontramos una brecha importante en la comprensión exacta de todo su alcance.

La situación plantea un desafío: frente a la ausencia del desarrollo normativo especializado y del estudio particular de la materia, se posibilita que los conflictos derivados de la relación contractual de los seguros sean erróneamente analizados mediante reglas generales del derecho civil o mercantil, desconociendo los principios técnicos que hacen al derecho de seguros una rama especialísima del derecho en sí mismo. 

Ante el surgimiento de nuevos riesgos, deben surgir nuevas regulaciones, pero no cualquier regulación, si no aquella que atienda a las especificidades de cada sector. El derecho es dinámico y debe estar en constante actualización, de no hacerlo, corre el peligro de dejar de ser un instrumento de protección y volverse un obstáculo para el avance de la sociedad y su economía. Para evitar cualquier arbitrariedad en la aplicación de la ley, tenemos la función del legislador. Pero el legislador es solo una parte de la ecuación para prevenir este peligro, por el otro lado tenemos a los intérpretes del derecho. En este sentido, es importante encontrar el punto de equilibrio entre seguridad jurídica y leyes lo suficientemente flexibles en su comprensión de los nuevos riesgos. Aquí toma relevancia el papel del intérprete de la ley y para nuestro caso, el intérprete del derecho de seguro (entiéndase los tribunales, supervisores, abogados, asesores, etc), pues su papel es fundamental para asegurar que se haga una lectura fidedigna de los principios propios del derecho de seguro con el fin de llegar a soluciones integrales, enfocadas a aportar justicia para todas las partes intervinientes.

No podemos interpretar las pólizas con criterios de carácter civil, ni mucho menos cometer el error de imponer coberturas no previstas sin estadísticas sobre sus posibilidades de ocurrencia, pues estaríamos distorsionando el cálculo actuarial y afectando el principio de mutualidad de toda la masa asegurada. Al ser el seguro un instrumento de transferencia del riesgo y las aseguradoras gestoras de riesgos, se convierten en una garantía de estabilidad y en la columna vertebral del sector financiero. Al desconocer la técnica aseguradora mediante la imposición de reglas generales con obligaciones y cargas a las aseguradoras, sin distinguir a su especialidad, hacemos tambalear esa estabilidad y obtenemos el resultado contrario al deseado: inseguridad jurídica, incremento de litigios, reducción de la oferta aseguradora y/o encarecimiento del seguro.

Si por el contrario, tomamos en cuenta principios del derecho de seguro para interpretar las pólizas, como la mutualidad que es la base técnica y social del seguro, donde la colectividad reparte el riesgo de un evento fortuito; el interés asegurable, que requiere el vínculo legal de quien solicita el seguro para garantizar que el contrato no se desnaturaliza, ni que haya intenciones fraudulentas en su contratación; la aleatoriedad, que implica que el evento que se asegure sea incierto y futuro; la buena fe, que impone esa confianza entre asegurador y asegurado a declarar sus riesgos tal como son conocidos, etc. Si tomamos en cuenta todos esos principios al momento de regular y gestionar los nuevos riesgos que están surgiendo, desde un punto de vista más especializado, entonces podemos realmente minimizar los impactos que estos puedan tener en nuestras economías.

En definitiva, la aparición de nuevos riesgos desafía los modelos tradicionales de aseguramiento, pero también los marcos jurídicos que los regulan. No es la primera vez que el sector asegurador enfrenta riesgos desconocidos, a lo largo de su historia, el seguro se ha mantenido en constante evolución, adaptándose a nuevas realidades económicas, tecnológicas y sociales. Sin embargo, esta adaptación solo ha sido posible cuando los riesgos han sido comprendidos y gestionados desde una perspectiva integral.

Reducir su impacto o atenuar sus efectos exige, por tanto, un enfoque que combine conocimiento jurídico, tecnológico, técnico y financiero. En este contexto, resulta indispensable la participación de equipos interdisciplinarios especializados y capaces de analizar el riesgo desde múltiples dimensiones, así como, anticipar sus implicaciones regulatorias, operativas y económicas.

Finalmente, será importante avanzar hacia marcos normativos que, sin perder la solidez de sus principios fundamentales, otorguen algún grado de flexibilidad necesaria para adaptarse a la evolución constante de los riesgos. Solo así será posible preservar la función económica y social del seguro como mecanismo de gestión y transferencia del riesgo. De no hacerlo así, nos exponemos a trasladar de forma desproporcionada la carga de estos nuevos riesgos al sector asegurador, comprometiendo su sostenibilidad y, con ello, la capacidad misma del seguro para cumplir su función vital dentro de la economía.