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Designación de cárteles como organizaciones terroristas en EE.UU. eleva riesgos de cumplimiento para empresas en América Latina

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La decisión de Estados Unidos de designar a varios grupos criminales como organizaciones terroristas elevó los riesgos de cumplimiento para empresas que operan en América Latina.

Especialistas de la consultora Control Risks señalaron que las compañías ahora deben revisar sus operaciones para evitar vínculos con estas organizaciones.

Entre los grupos incluidos en la designación figuran el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, la pandilla Mara Salvatrucha y el grupo criminal Tren de Aragua.

De acuerdo con especialistas citados por Bloomberg, la medida obliga a las empresas a cumplir no solo con leyes locales, sino también con el marco legal estadounidense.

Mayor presión regulatoria para el sector privado

La designación se apoya en medidas adoptadas por el gobierno de Donald Trump, que firmó la Orden Ejecutiva 14157.

Esta disposición permite clasificar a cárteles y otras organizaciones criminales como organizaciones terroristas extranjeras o terroristas globales especialmente designados.

Según el analista Edmundo Sandoval, el principal reto para las empresas es enfrentar un nuevo escenario regulatorio.

“El principal desafío para las empresas es que ahora deben afrontar no solo riesgos de seguridad, sino de cumplimiento significativamente mayores”, explicó Sandoval en declaraciones citadas por Bloomberg.

Además, indicó que las compañías deben asegurar coherencia entre las normas nacionales y las regulaciones de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, designó a cárteles y pandillas como grupos terroristas.

Riesgos de sanciones por apoyo material

Las empresas deben evitar cualquier forma de “apoyo material” a organizaciones terroristas, un concepto clave en la legislación estadounidense.

Según expertos, incluso vínculos indirectos con estos grupos pueden generar sanciones financieras o procesos judiciales.

En la práctica, esto obliga a reforzar controles internos, programas de cumplimiento y procesos de debida diligencia.

Asimismo, las compañías deben revisar relaciones con proveedores, socios comerciales y terceros en toda la cadena de valor.

Sectores con mayor exposición

La consultora Control Risks identificó varios sectores con mayor exposición a estos riesgos.

Entre ellos destacan el sector de hidrocarburos, especialmente el comercio minorista y el transporte de combustibles.

También aparecen actividades como minería, logística, comercio exterior y operaciones marítimo-portuarias.

En estos sectores, el contacto indirecto con economías informales o redes criminales puede elevar los riesgos regulatorios.

Impacto económico del crimen organizado en la región

El contexto regional agrava estas preocupaciones empresariales.

Un informe reciente del Banco Mundial advierte que el crimen organizado afecta la economía de América Latina y el Caribe.

Según el organismo, la región concentra cerca de un tercio de los homicidios del mundo pese a representar alrededor del 9% de la población global.

Además, el crimen organizado puede controlar territorios, financiarse mediante extorsión y debilitar las instituciones públicas.

Debate sobre el alcance de las medidas

Algunos expertos cuestionan el alcance real de la designación de cárteles como organizaciones terroristas.

El exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas, Mike Vigil, afirmó que herramientas legales similares existen desde hace décadas.

Según Vigil, estas medidas incluyen congelamiento de activos, sanciones contra ciudadanos estadounidenses que colaboren con estos grupos y restricciones migratorias.

Sin embargo, el exfuncionario señaló que la estrategia puede generar incertidumbre para empresas que operan en regiones con presencia del crimen organizado.

En ese contexto, especialistas consideran que las compañías deberán fortalecer sus evaluaciones de riesgo y sus políticas de cumplimiento para operar con mayor seguridad en América Latina.