La Corte Suprema de Justicia de El Salvador juramentó este viernes a 116 nuevos abogados correspondientes a abril de 2026.

El acto lo presidió el titular del órgano judicial, Henry Alexander Mejía. Con esta ceremonia, los profesionales quedan habilitados para ejercer la abogacía en el país.

Además, los nuevos abogados cumplieron con todos los requisitos legales establecidos para iniciar su ejercicio profesional en el ámbito jurídico salvadoreño.

Ceremonia destaca compromiso ético y responsabilidad profesional

Durante la actividad, el magistrado Fernando Galo tomó protesta a los nuevos profesionales del derecho. La ceremonia mantuvo un carácter solemne y formal.

En ese contexto, las autoridades destacaron la importancia de ejercer la abogacía con ética, integridad y respeto al ordenamiento jurídico.

Asimismo, subrayaron que los abogados deben asumir su rol con responsabilidad para brindar un servicio adecuado a la sociedad.

Participan magistrados y comisión de abogacía

El evento contó con la participación de la Comisión de Abogacía y Notariado. Entre los asistentes estuvieron magistrados y funcionarios vinculados al área jurídica.

También participó el jefe de la Sección de Investigación Profesional, quien forma parte del proceso de habilitación de los nuevos abogados.

La presencia de estas autoridades refuerza la formalidad del proceso de juramentación y control del ejercicio profesional.

Crece el número de abogados habilitados en 2026

Hasta la fecha, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador ha juramentado 582 nuevos abogados en lo que va de 2026.

En enero, tomaron la protesta 239; 126 más lo hicieron en febrero y durante marzo, 101.

En enero, la institución realizó una ceremonia virtual en la que habilitó a cientos de profesionales. Ese acto marcó el inicio del año judicial en materia de abogacía.

Además, estas cifras reflejan un crecimiento sostenido del gremio jurídico en El Salvador. En 2025, el país cerró con más de 1,800 abogados autorizados para ejercer.

En consecuencia, la juramentación de abogados continúa como un proceso clave para garantizar la incorporación de nuevos profesionales al sistema legal salvadoreño.

El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó al excomisionado presidencial de Proyectos Estratégicos, Cristian Herson Flores Sandoval, por solicitar sobornos a empresarios.

La sentencia establece que el exfuncionario pidió más de $200,000 a cambio de supuestos beneficios en licitaciones públicas. Además, ofrecía acceso a influencias políticas que nunca se concretaron.

Junto a él, también fue condenado su asistente, José Ángel Quintanilla Rosales, por el mismo delito de cohecho impropio.

Detalles del esquema de sobornos

Según la resolución judicial, los acusados exigían dinero bajo presión, engaños y abuso de poder. Las víctimas entregaron los pagos con la expectativa de obtener ventajas en proyectos estatales.

Uno de los casos ocurrió en diciembre de 2021. En ese momento, una víctima entregó $50,000 en efectivo al asistente. El dinero había sido solicitado por el excomisionado para facilitar proyectos de infraestructura educativa y portuaria.

Asimismo, otro testigo declaró que entregó $123,170, además de $25,000 y $29,567.58. Estos pagos se realizaron entre agosto y noviembre de ese mismo año. Los acusados prometieron beneficios mediante supuestas consultorías.

Penas impuestas por el tribunal

Como resultado del juicio, Flores Sandoval recibió una condena de cuatro años de prisión.

Además, el tribunal lo inhabilitó para ejercer cargos públicos.

Por su parte, Quintanilla Rosales fue condenado a dos años de cárcel. Sin embargo, la pena fue sustituida por jornadas de trabajo de utilidad pública.

Restitución del dinero y resolución final

El tribunal también resolvió absolver a ambos de responsabilidad civil. Esta decisión se tomó porque restituyeron el dinero a las víctimas antes de la sentencia.

Las autoridades confirmaron que el excomisionado había sido capturado en abril de 2024.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió el juicio masivo contra 486 cabecillas de pandillas.

El mandatario aseguró que los acusados son jefes identificados dentro de estructuras criminales. Además, indicó que muchos ya enfrentaron condenas por delitos graves.

Entre esos delitos mencionó asesinato, violación, extorsión y secuestro. Según explicó, estos hechos reflejan el nivel de violencia atribuido a las pandillas.
Bukele afirmó que el juicio no se limita a delitos individuales. En cambio, se centra en los crímenes que estos líderes habrían ordenado.

Proceso se enfoca en crímenes ordenados por estructuras

De acuerdo con sus declaraciones, el proceso incluye alrededor de 47,000 hechos delictivos. Entre ellos, destacó más de 29,000 asesinatos atribuidos a estas estructuras.

El mandatario sostuvo que las investigaciones buscan establecer responsabilidad en la dirección de las pandillas. Por ello, el enfoque apunta a quienes daban órdenes dentro de estas organizaciones.

Ejecutivo invoca responsabilidad de mando

El presidente señaló que el juicio aplica el principio de responsabilidad de mando. Este criterio permite responsabilizar a líderes por acciones ejecutadas por sus subordinados

Asimismo, comparó este enfoque con antecedentes internacionales como los Juicios de Núremberg. Según afirmó, ese principio ya forma parte del derecho internacional.

Respuesta a cuestionamientos

El pronunciamiento de Bukele fue en respuesta a las críticas de Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch, quien señaló que el procedimiento podría afectar garantías judiciales

También lo calificó como un juicio colectivo.

Estas críticas surgen en el contexto de las medidas de seguridad aplicadas por el Gobierno contra pandillas.

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador recordó que este miércoles 22 de abril de 2026 vence el plazo para completar el formulario en materia de prevención de lavado de activos. El período fue prorrogado; inicialmente vencía el 19 de abril.

La convocatoria está dirigida a abogados y notarios en todo el país. La institución busca medir el nivel de cumplimiento de medidas preventivas.

Además, el proceso permitirá segmentar a los profesionales del derecho que pasarán a la órbita de supervisión.

Objetivo: medir cumplimiento y fortalecer controles

El formulario recopila información sobre la aplicación de normas de prevención de lavado de dinero y activos.

También incluye aspectos vinculados al financiamiento del terrorismo.
Asimismo, incorpora datos sobre medidas contra la proliferación de armas de destrucción masiva.

Con esta información, la autoridad pretende fortalecer los controles y mejorar la supervisión del sector legal.

Modalidades del formulario para abogados y notarios

El sistema ofrece tres modalidades para completar el formulario. Cada profesional debe elegir la opción que mejor se ajuste a su situación

Las categorías incluyen abogados y notarios con dependencia laboral. También abarca a profesionales independientes.

Además, contempla a quienes no ejercen actualmente la profesión.

Cómo completar el formulario en línea

Los usuarios deben ingresar al Sistema de Expediente Electrónico Único de Abogados a través del portal oficial.
Dentro del sistema, deben seleccionar la opción “Iniciar formulario” y completar los datos solicitados.

Luego, deben aceptar una declaración jurada para enviar la información.

Canales de consulta habilitados

La Corte Suprema de Justicia habilitó canales de atención para resolver dudas. Los interesados pueden comunicarse vía telefónica o correo electrónico

Estas herramientas buscan facilitar el cumplimiento del proceso antes del cierre del plazo.

Supervisión y siguientes pasos

El levantamiento de información permitirá identificar el nivel de implementación de medidas antilavado en el sector

Posteriormente, la autoridad podrá definir mecanismos de supervisión más específicos para abogados y notarios.

Con ello, de acuerdo a la Corte Suprema, el país avanza en el cumplimiento de estándares internacionales en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La Corte Suprema de Justicia anunció la ampliación del plazo para completar el formulario electrónico de prevención de lavado de activos. La nueva fecha límite será el miércoles 22 de abril de 2026.

La institución comunicó la medida a través de su Dirección para la Prevención del Lavado de Dinero y Activos, Financiamiento del Terrorismo y Anticorrupción. Además, explicó que la prórroga busca garantizar mayor participación.

¿Quiénes deben cumplir con el formulario?

La Corte indicó que el requisito aplica a todos los abogados y notarios del país. Esto incluye profesionales del sector público, privado y del libre ejercicio.

También abarca a quienes actualmente no ejercen la profesión. La institución reiteró que el cumplimiento de este trámite es obligatorio.

Detalles del formulario electrónico

El documento se denomina “Formulario electrónico para la determinación del índice de madurez de los sistemas de prevención de lavado de activos”. Su objetivo es medir el nivel de cumplimiento en materia de prevención.

Además, forma parte de las acciones para fortalecer los controles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Exhorto a cumplir con el requisito

La Corte exhortó a los profesionales que aún no han completado el formulario a hacerlo lo antes posible. Señaló que este requisito es indispensable dentro del marco legal vigente.

Asimismo, la institución pidió atender la prórroga antes del nuevo plazo establecido.

Fortalecimiento del sistema de justicia

Finalmente, la Corte reafirmó su compromiso con la modernización institucional. Indicó que trabaja junto al gremio jurídico para fortalecer el sistema de justicia.

Según el comunicado, estas acciones buscan consolidar una institución más sólida y confiable para la población salvadoreña.