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Tres salvadoreños condenados en EE. UU. por millonario fraude fiscal en sector construcción: implicaciones legales y fiscales

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La Corte Federal del Distrito Medio de Florida dictó sentencia contra tres ciudadanos de origen salvadoreño —Eduardo Aníbal Escobar (45 años), Carlos Alberto Rodríguez (36) y Adelmy Tejada (57)— responsables de un sofisticado esquema de evasión fiscal y fraude electrónico que operó durante casi una década en el sector de la construcción.

La estructura delictiva permitió desviar más de 146 millones de dólares a través de pagos encubiertos a trabajadores no registrados, principalmente migrantes en condición irregular, lo que resultó en una evasión fiscal superior a los 36 millones de dólares, además de millonarias pérdidas para aseguradoras que cubren compensaciones laborales.

Los tres acusados se declararon culpables el 3 de abril de este año y fueron condenados a distintas penas: Escobar a 57 meses de prisión, Rodríguez a 40 meses, y Tejada a 18 meses de cárcel seguidos de seis meses de arresto domiciliario. Además, el juez federal Timothy J. Corrigan ordenó la restitución de $36,957,616 al Servicio de Impuestos Internos (IRS) y $397,895 a compañías aseguradoras perjudicadas.

El caso, presentado por la Fiscalía Federal y liderado por los fiscales Arnold B. Corsmeier y Jennifer M. Harrington, puso al descubierto una modalidad de fraude fiscal recurrente en el sector construcción estadounidense: el uso de empresas fachada para emitir certificados de seguro falsos, facilitando contratos para subcontratistas que, en la práctica, operaban con fuerza laboral no registrada.

Entre 2015 y 2024, las compañías T. Escobar Construction y C. Escobar Construction sirvieron como plataforma para emitir certificados que aparentaban el cumplimiento de seguros laborales. A cambio de una comisión del 6 al 8 % del valor de la nómina, los imputados permitían que subcontratistas utilizaran dichos documentos para presentarse como empresas formalmente aseguradas ante contratistas generales. Sin embargo, las pólizas solo cubrían a un número reducido de empleados y una nómina muy por debajo de la real.

Los fondos derivados de estos contratos eran canalizados a cuentas bancarias de las empresas de Escobar y Rodríguez. Luego, los acusados retiraban millones en efectivo para pagar salarios por fuera del sistema formal, eludiendo toda obligación tributaria o de seguridad social.

Desde una perspectiva jurídica, el caso destaca el uso de estructuras societarias aparentemente legítimas para cometer delitos fiscales y laborales. Además, pone en evidencia el riesgo para aseguradoras que, sin el debido control de veracidad en la nómina reportada, terminan expuestas a cubrir a empleados no declarados.

“El éxito de esta operación es una muestra del trabajo interinstitucional entre el IRS, HSI y autoridades locales para perseguir delitos complejos que afectan tanto a trabajadores como al sistema fiscal estadounidense”, declaró Ron Loecker, agente especial del IRS en Tampa.

Por su parte, Tim Hemker, representante de Investigaciones de Seguridad Nacional, subrayó que este tipo de fraudes no solo afectan al erario, sino que distorsionan la libre competencia y generan prácticas empresariales desleales en el sector construcción, con consecuencias directas en los costos de los servicios.

El caso forma parte de una estrategia federal más amplia para detectar empresas ficticias y prácticas de empleo fantasma en el rubro de la construcción. El enfoque interagencial apunta a reforzar la trazabilidad de pagos, la fiscalización de seguros de compensación y el cumplimiento de leyes laborales, en especial cuando se involucran trabajadores migrantes en condiciones vulnerables.

Con información de Diario El Mundo

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Legal

Agencia de Ciberseguridad de El Salvador pospone hasta nuevo aviso el nombramiento de delegados de protección de datos

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La Agencia de Ciberseguridad del Estado de El Salvador dejó sin efecto la fecha límite para comunicar el nombramiento de los delegados de protección de datos personales.

La autoridad informó que el plazo previsto para el 16 de septiembre de 2026 queda suspendido hasta nuevo aviso.

Por tanto, las empresas e instituciones obligadas por la Ley para la Protección de Datos Personales no deben realizar ninguna acción relacionada con esa fecha.

La agencia indicó que comunicará oportunamente cualquier nueva disposición. Además, pidió a las organizaciones mantenerse atentas a la información oficial.

La fecha anterior queda anulada

La normativa establecía que las entidades obligadas debían comunicar a la autoridad el nombramiento de su delegado de protección de datos.

Ese requisito alcanzaba a organizaciones públicas y privadas que realizaran actividades de tratamiento de información personal.

La nueva comunicación modifica el calendario anunciado previamente. Sin embargo, el aviso no establece una nueva fecha para cumplir con ese procedimiento.

Una figura vinculada al manejo de información personal

El delegado de protección de datos ayuda a las organizaciones a cumplir las reglas sobre el uso de información personal.

Entre sus funciones está supervisar cómo una entidad recoge, almacena, utiliza y comparte datos.

También puede atender solicitudes relacionadas con el acceso, corrección, cancelación u oposición al uso de información personal.

Además, asesora a las distintas áreas y promueve la capacitación del personal sobre protección de datos.

La obligación sigue vinculada a la ley

La Ley para la Protección de Datos Personales establece obligaciones para quienes realizan tratamiento de información personal.

Estas reglas pueden alcanzar a empresas, instituciones, comercios, centros educativos, clínicas y otros servicios.

El cumplimiento incluye revisar procedimientos para manejar datos y establecer medidas de seguridad.

También contempla mecanismos para responder ante incidentes como filtraciones, pérdidas o accesos no autorizados.

La autoridad aclaró que cualquier disposición posterior será comunicada oportunamente por sus canales oficiales.

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Economía

El Salvador alcanza récord de 1.68 millones de tarjetas de crédito

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El uso de tarjetas de crédito sigue creciendo en El Salvador y alcanzó un récord de 1.68 millones de unidades en circulación hasta junio.

La cifra representa un aumento de 8.5 % frente al mismo mes de 2025, cuando circulaban 1,547,788 tarjetas.

En términos absolutos, el mercado sumó 132,945 tarjetas durante el último año, según datos recopilados por la Defensoría del Consumidor.

El crecimiento también alcanza a los usuarios con deudas asociadas a este tipo de financiamiento.

Más salvadoreños recurren al crédito

El número de deudores llegó a 1,090,361 en junio, con un incremento de 13.23 % interanual.

Eso supone 127,439 deudores más que los 962,922 registrados en junio de 2025.

Además, los registros muestran una tendencia ascendente durante los últimos años. En noviembre de 2025, la cantidad de deudores superó por primera vez el millón.

El mercado también había mostrado avances al cierre de cada año. En 2024 circulaban más de 1.32 millones de tarjetas.

Un año después, el número subió a 1.58 millones, un crecimiento de 11.3 % frente a 2024.

El saldo supera los $1,300 millones

El crecimiento también se refleja en el dinero financiado mediante tarjetas de crédito.

La Asociación Bancaria Salvadoreña reportó un saldo de $1,374 millones al cierre del primer semestre.

Ese monto representa un aumento interanual de 10.8 % y confirma la expansión del crédito mediante tarjetas.

El avance ocurre mientras este servicio financiero mantiene un peso importante entre los reclamos de los consumidores.

Por ello, la Defensoría del Consumidor creó en 2018 un observatorio especializado en el mercado de tarjetas.

La herramienta recopila información sobre legislación y estadísticas proporcionadas por la Superintendencia del Sistema Financiero.

Un mercado que amplía su alcance

Los registros muestran que el crecimiento no se limita al último año.

En 2023 circulaban más de 1.31 millones de tarjetas. Para 2024, la cifra superó 1.32 millones.

Luego, el mercado aceleró su expansión durante 2025 y alcanzó 1,577,186 tarjetas al cierre del año.

Con el nuevo récord registrado en junio, el sistema financiero suma más tarjetas y también más personas con obligaciones de crédito.

El comportamiento marca una expansión sostenida del financiamiento mediante tarjetas entre los consumidores salvadoreños.

Con información de Diario El Mundo

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Judicial

El Salvador impone su primera condena a cadena perpetua por homicidio

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El Salvador registró su primera condena a cadena perpetua con la sentencia contra Carlos Arturo Herrera Castro por homicidio agravado y robo.

El acusado recibió la pena por el asesinato de Alexis López Córdova, ocurrido en mayo de 2026 en Arcatao, Chalatenango Sur.

Ataque ocurrió durante un robo

Según la Fiscalía General de la República, Herrera atacó a López con piedras hasta causarle la muerte.

El crimen ocurrió en el cantón Teosinte, donde el condenado despojó a la víctima de su dinero.

El tribunal determinó su responsabilidad por homicidio agravado y robo.

Tribunal emitió la sentencia

El Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador dictó la condena de prisión perpetua.

La Fiscalía destacó que esta constituye la primera sentencia de cadena perpetua registrada en la historia de El Salvador.

La nueva pena comenzó a aplicarse tras cambios en el marco constitucional y las leyes penales.

Reforma abrió paso a la prisión perpetua

La condena se sustenta en la reforma del artículo 27 de la Constitución y en cambios a las leyes penales.

Estas modificaciones entraron en vigor en abril de 2026.

Con ello, el sistema penal salvadoreño incorporó la prisión perpetua entre las penas aplicables bajo las nuevas disposiciones.

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Economía

Industria guatemalteca pone el foco en infraestructura, exportaciones y competitividad

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La industria guatemalteca analiza los desafíos que enfrenta para mantener el crecimiento y competir en los mercados internacionales durante el XXI Congreso Industrial 2026.

El encuentro reúne a empresarios, académicos y representantes del sector público para abordar las tendencias que están transformando la actividad productiva.

La Cámara de Industria de Guatemala organiza el congreso, inaugurado por el presidente Bernardo Arévalo.

Exportaciones mantienen una tendencia positiva

Durante la apertura, Arévalo destacó el desempeño de la economía de exportación de Guatemala.

Según datos del Banco de Guatemala citados por el mandatario, este sector creció 4.3 % en 2025.

Además, señaló que las previsiones para 2026 mantienen una perspectiva positiva para la economía nacional.

El comportamiento de las exportaciones forma parte de los factores que inciden en las oportunidades de crecimiento para la industria.

Conectividad condiciona la actividad productiva

La infraestructura figura entre los principales desafíos señalados durante el encuentro.

El Gobierno desarrolla proyectos para mejorar la conectividad vial en zonas consideradas estratégicas para la actividad económica.

Entre ellos destaca el Anillo Regional C-50, que busca fortalecer las conexiones en el oriente del país.

También avanzan los estudios de viabilidad del MetroRiel, una propuesta para ampliar las opciones de transporte público.

Estas iniciativas buscan atender necesidades de movilidad que afectan a empresas, trabajadores y cadenas productivas.

Sector también enfrenta retos regulatorios

Las regulaciones representan otro de los aspectos que inciden en el desarrollo industrial.

En este ámbito, Arévalo destacó la nueva Ley General del Sistema Portuario Nacional.

El marco legal forma parte de las medidas vinculadas con la infraestructura y las actividades relacionadas con el comercio.

El Congreso Industrial reúne a representantes de distintos sectores para analizar estos desafíos y las tendencias que marcarán el futuro de la producción guatemalteca.

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Legal

El Salvador mantiene acciones de prevención contra la trata de personas

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El Salvador mantiene acciones de prevención y sensibilización contra la trata de personas mediante actividades dirigidas a jóvenes, estudiantes y población escolar.

En ese marco, la Fiscalía General de la República (FGR) participó en una caminata realizada en Santa Tecla bajo el nombre Puedes Verme.

La jornada buscó fortalecer el conocimiento sobre los riesgos de este delito y facilitar la identificación de posibles víctimas.

Prevención busca alentar a jóvenes

Las autoridades buscan que los estudiantes reconozcan señales relacionadas con posibles casos de trata de personas.

Este delito incluye situaciones en las que una persona es engañada, amenazada o forzada para ser explotada.

Entre sus formas se encuentran la explotación sexual, los trabajos forzados y otras actividades realizadas contra la voluntad de las víctimas.

Por ello, la Fiscalía reiteró la importancia de denunciar estos casos ante las autoridades.

Atención incuye apoyo psicológico

Los esfuerzos también abarcan la atención de víctimas y testigos de este delito.

Hasta julio de 2026, la Fiscalía registró 150 atenciones y abordajes psicológicos relacionados con víctimas y testigos.

La institución desarrolla estas acciones mediante su Unidad Especializada de Tráfico Ilegal de Personas y Trata de Personas.

Una jornada que sumó información a la prevención

La caminata comenzó en la Plaza de la Cultura, en el Paseo El Carmen, y terminó en el parque El Cafetalón.

En ese lugar se desarrollaron charlas informativas para los participantes sobre la trata y sus mecanismos de prevención.

La Alcaldía de Santa Tecla organizó la actividad junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

También participaron el Consejo Nacional contra la Trata de Personas y la organización A21.

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